SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El 26 de abril de 2017, un día después de que el PAN denunció la transferencia de 13 millones de pesos del ayuntamiento de Texcoco a la organización política de Higinio Martínez y a Morena, la entonces alcaldesa Delfina Gómez Álvarez dio tres explicaciones diferentes en menos de 24 horas sobre naturaleza de esos movimientos de dinero público.
Primero admitió que había aplicado los descuentos y extraído el dinero. Después que sólo a unos cuantos, y al cabo lo admitió del todo. Y dio versiones contradictorias sobre el propósito de la operación financiera.
Las versiones ofrecidas por la entonces candidata morenista al gobierno del Estado de México, fueron: (1) Que era para pagar una deuda del ayuntamiento, (2) que era una caja de ahorro de los trabajadores, (3) que era para pagar créditos de los empleados al Institutos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
Lo cierto es que el ayuntamiento no tenía convenio con Fonacot desde 2012, y Delfina entró al ayuntamiento hasta 2013. Un denominador común de sus versiones, fue la afirmación de que los trabajadores mismos habían solicitado ese descuento.
Después de practicar una investigación sobre esas operaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer en enero pasado que en realidad se trataba de un fraude.
El dinero descontado quincena a quincena de manera obligatoria a 474 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco se transfirió a una estructura financiera que a su vez derivaba los recursos al Grupo Acción Política (GAP), una organización encabezada por Higinio Martínez.
Casi 40 de los cheques expedidos para el movimiento de esos recursos fueron autorizados y firmados por la propia Delfina Gómez. Una parte del dinero del diezmo de Delfina fue invertido en CETES, y hasta fue usado para efectuar préstamos personales, como documentó entonces EMEEQUIS.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió sentencia y multó a Morena con 4.5 millones de pesos. Pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEED) ha omitido procesar a los protagonistas de la operación presuntamente delictiva.
No es extraño: José Agustín Ortíz Pinchetti, titular de dicha instancia, es cercano a AMLO y a la propia Delfina Gómez.
El asunto vuelve a cobrar relevancia con miras a la elección de gubernatura en 2023 en el Estado de México. Delfina repetirá como abanderada de Morena, tras derrotar en la encuesta interna al propio Higinio Martínez.
Delfina competirá por segunda vez por el Estado de México. Foto: Facebook.
SÍ, PERO NO, BUENO SÍ, UN POCO, NO TANTO…
El lunes 25 de abril de 2017, el entonces presidente del PAN, Ricardo Anaya, denunció que la exalcaldesa de Texcoco y a la sazón candidata morenista al gobierno del Estado de México, había quitado el 10% a la nómina del ayuntamiento durante su gestión como alcaldesa para transferirlo al GAP y a Morena.
Mostró cheques, pólizas, y organigramas sobre la operación financiera para extraer el dinero de la nómina del ayuntamiento. Y anunció que acudiría a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para denunciar a Delfina Gómez, Andrés Manuel López Obrador, y Victoria Anaya, mano derecha de la exalcaldesa y operadora principal de los recursos del diezmo.
Al día siguiente, Delfina Gómez salió a ofrecer explicaciones. Estaba tan ávida de darlas, que dio tres diferentes.
Primero, en una entrevista con Carmen Aristegui, admitió que había aplicado los descuentos. Según esto, se trataba de una especie de cooperación voluntaria de los trabajadores de la alcaldía, que al parecer angustiados por las finanzas municipales, estaban ávidos de saldar adeudos de administraciones anteriores.
Dijo: “Fue una acción de coherencia y de esfuerzo de los ciudadanos para pagar una deuda”.
Según Delfina, su administración había heredado una deuda de más de 200 millones de pesos de la gestión del priísta Arturo Martínez Alfaro, quien ocupó el cargo de alcalde de Texcoco de 2012 a 2013. El detalle era que dijo “ciudadanos”, no “trabajadores”.
No bien terminaba de dilucidarse la extraña declaración, cuando apareció en una conferencia de prensa a la que había convocado para, primero, negar, y después admitir, los descuentos y la extracción de los recursos.
Primero leyó un documento con siete “precisiones” numeradas. Todas ellas eran paja, salvo la número cuatro. En ella, decía de manera textual:
“Es falso que haya existido un descuento generalizado a los trabajadores del Gobierno de Texcoco; de hecho, protegimos a los empleados de menor nivel al homologarles su salario y aumentarles sus ingresos”.
Entonces no había sido “generalizado”. ¿A quienes sí y quiénes no?, le preguntaron. Comenzó entonces un enredo mayor de Delfina.
Explicó: “Algunos solicitaron esos descuentos para el Fonacot, otros a lo mejor para caja de ahorro, pues cada grupo de trabajadores tiene su libertad de decidir cómo quiere manejar sus recursos”.
Las preguntas no eran respondidas. Más bien, se multiplicaban. ¿Los recursos se habían extraído para pagar una deuda? ¿para una caja de ahorro de los trabajadores? ¿para pagar Fonacot? ¿Para Higinio? ¿Para el GAP? ¿Para Morena?
La mañana anterior, en alusión a la entonces reciente defensa que había hecho AMLO de una operadora veracruzana de Morena, llamada Eva Cadena, que entonces recientemente había sido videograbada recibiendo dinero para fines electorales por canales extralegales, Ricardo Anaya había dicho:
“El dinero de Duarte, los fajos de billetes con Eva Cadena, el dinero de Texcoco… No Andrés, este dinero no es de aves que cruzan el pantano y no se manchan, es de aves de rapiña”, había dicho Ricardo Anaya la mañana anterior.
LA ESTAFA DE LA MAESTRA
Como lo publicó EMEEQUIS en enero pasado, una parte de los fondos extraídos del ayuntamiento de Texcoco por Delfina Gómez Álvarez y por los miembros de su red, para subvencionar a Morena, fue invertida en operaciones con Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES).
María Victoria Anaya Campos, secretaria particular de la entonces alcaldesa (2013-2015), posterior coordinadora de giras de la candidata morenista al gobierno del Estado de México (2017), y operadora principal de los fondos sucios, “invirtió” a plazos parte del dinero.
De acuerdo con la resolución SUP-RAP-403/2021 dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 1.42% del capital manejado por la estructura financiera ilegal provenía de “la compra y venta de CETES e inversiones a plazo obtenidos por el atesoramiento de recursos captados con las retenciones salariales y/o para las obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política”.
Además, la operadora del dinero también lo usó para conceder créditos personales.
En la operación de ordeña al ayuntamiento texcocano también participaron integrantes y familiares de los grupos políticos de los exalcaldes, como Alejandro Gómez Álvarez, director del DIF-Texcoco en la administración municipal de su hermana, la hoy “presidenta de los Comités de Defensa de la 4T”; Alberto Martínez Miranda, secretario del ayuntamiento en la etapa del saqueo y hermano del senador Higinio Martínez Miranda, coordinador de Morena en el estado de México.
De los cheques expedidos por ese ayuntamiento para la construcción de la estructura paralela de financiamiento a Morena y para subvencionar las campañas políticas de Delfina Gómez, ella dio el visto bueno a 74 pólizas y firmó 26 cheques; Alberto Martínez Miranda firmó todos en calidad Tesorero; y Horacio Duarte, entonces secretario del ayuntamiento y actual Administrador General de Aduanas, firmó 21 de las pólizas.
Del análisis de las disposiciones a través de cheques cobrados en efectivo, la Unidad Técnica Fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral (INE) ―en el que se basó el TEPJF― no pudo determinar el destino de 1.9 millones de pesos.
“JINETEARON” EL DINERO SUCIO
Las transferencias de dinero al fondo de “diezmos” de Delfina Gómez respaldadas con documentación alcanzaron los 13.89 millones de pesos, provenientes en su mayoría de las retenciones a 472 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.
No obstante, al abordar la erogación de los recursos acopiados por los operadores del fondo, el TEPJF concentró su análisis en el monto que se movió a través de cheques cobrados en efectivo, excluyendo las transferencias electrónicas.
Así, quedó un universo de análisis de 8.55 millones de pesos erogados del fondo. Este monto se construyó de distintas fuentes: 86.59% ($7,370,401.19) con las retenciones a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, 9% ($776,176.48) con las retenciones a Trabajadores del DIF-Texcoco; 2% ($179,387.47) con aportaciones de personas físicas para presuntas obras de caridad del GAP (Grupo de Acción Política), 0.75% ($63,793) con “otros ingresos” de difícil identificación; y el 1.42% ($120, 976.42) con los “rendimientos por operaciones con CETES”.
En éste último rubro, el TEPJF especifica: “El 1.42 %, equivalente a 120,976.52 (ciento veinte mil novecientos setenta y seis pesos 52/100 MN.), del total de ingresos de la cuenta bancaria, corresponden a los ingresos por la proporción de la compra y venta de CETES e inversiones a plazo obtenidos por el atesoramiento de recursos captados por la persona en comento relacionados con las retenciones salariales y/o para las obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política”.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE detalla al respecto: “Los ingresos reflejados como operaciones de compra y venta de CETES e inversiones a plazo fijo (…) asciende a la cantidad de $120,976.52 (ciento veinte mil novecientos setenta y seis pesos 52/100 M.N.), tienen relación directa con los recursos captados (vía abono de cheque y transferencia electrónica) que se relacionan con el sistema de captación de recursos proveniente de retenciones salariales y/o para obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política”.
Pero también concedieron créditos personales. La resolución del Tribunal consigna “la manifestación de una persona quien cobró un cheque, por un monto de $41,000.00 (cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.), informando que el objeto del recurso fue el acto de préstamo en su beneficio”.
Otro caso es el de María Ivett García Mellardo, que obtuvo recursos del Gobierno del Estado de México a través de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, “mediante el libramiento de 5 cheques por la cantidad de $39,003.65 (treinta y nueve mil tres pesos 65/100 M.N.)”.
García Mellado efectuó después endosos a la María Victoria Anaya Campos, operadora principal del fondo fraudulento.
Cuando la entidad fiscalizadora indagó las operaciones del fondo fraudulento, confrontó a García Mellado, quien explicó “que el endoso de los cheques derivó de una deuda personal con la ciudadana María Victoria Anaya Campos, la cual fue para cubrir el parto y atenciones médicas de su hijo”.
Del análisis total de los recursos erogados del fondo acopiado a través de chequee cobrados en efectivo, la autoridad fiscalizadora no pudo determinar el destino que 1.9 millones de pesos.
La razón está en que “se presentaron impedimentos tales como no localización, negativa a la recepción u omisión de respuesta” por parte de los beneficiarios de los cheques.
EL HERMANO DE DELFINA
Cómo lo corroboró el Tribunal, el 9% de las erogaciones en cheques del fondo de los diezmos provenía de las retenciones a Trabajadores del DIF-Texcoco, cuyo director era Alejandro Gómez Álvarez, hermano de Delfina.
Pero en total rebasaron los 800 mil pesos. La autoridad fiscalizadora del INE “detectó que en la cuenta bancaria con terminación 8477 a nombre de la ciudadana María Victoria Anaya Campos, fueron depositados 30 cheques provenientes del Sistema Municipal DIF Texcoco que ascienden a la cantidad de $ 776,176.48 (setecientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 48/100)”.
Además, identificó “2 transferencias electrónicas por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)”.
DEL GAP A MORENA
Como ha sido difundido con profusión, el fondo construido por Delfina Gómez y su grupo con retenciones a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, nominalmente estaba destinado a financiar actividades del Grupo de Acción Política (GAP), organización que fue dirigida durante años por Higinio Martínez y Horacio Duarte, y que agrupaba a distintos funcionarios y representantes populares del PRD en el estado de México.
Sin embargo, desde 2014 Higinio y Duarte pasaron a formar parte de Morena. Pero el rubro no se cambió en la operación de retenciones salariales en Texcoco.
De acuerdo con la Unidad Fiscalizadora, los fondos se utilizaron principalmente para financiar las actividades de promoción para el registro de Morena como partido político (2013-2014) y las campañas electorales de Delfina Gómez Álvarez para diputada federal (2015) y para gobernadora del estado de México (2017).
En 2019 cuando la autoridad fiscalizadora les requirió su testimonial sobre los diezmos, todos ellos negaron la operación con el mismo argumento: que en Morena no hay ninguna organización denominada GAP.
No obstante, con base en la documentación bancaria, la entidad fiscalizadora determinó que Delfina Gómez Álvarez, presidenta municipal durante el periodo en cuestión (2013-2015), autorizó la emisión de 26 de los cheques destinados al fondo y dio el visto bueno a 49.
Respecto de Horacio Duarte Olivares, que fungía como secretario del Ayuntamiento de Texcoco ―y como representante de Morena entre 2014 y 2018 ante el consejo General del INE ―, firmó 21 de los cheques destinados al fondo de los diezmos.
En cuanto a Alberto Martínez Miranda, tesorero, firmó la emisión de todos los cheques. Además se demostró su afiliación a Morena desde el 3 de noviembre de 2013, cuando era tal una organización ciudadana, y después de 2014, cuando obtuvo registro de partido político.
LOS OPERADORES
Los artífices y operadores del fondo fueron, conforme al cargo que ocupan entonces y el que desempeñan ahora:
Delfina Gómez Álvarez, entonces presidenta municipal de Texcoco, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Beneficiaria principal de la construcción del fondo.
Horacio Duarte Olivares, entonces secretario del ayuntamiento de Texcoco, actual Administrador General de Aduanas.
María Victoria Anaya Campos, entonces secretaria particular de la presidenta municipal y operadora principal del fondo, ahora directora de la Región 24 en el estado de México de Programas del Bienestar (2020-2021). Fue también coordinadora de giras de Delfina Gómez. Entre febrero de 2013 y marzo 2015 habría recibido en su cuenta personal 11.9 millones de pesos de las retenciones a empleados del ayuntamiento de Texcoco. Con los recursos del fondo se le señala por efectuar diversos depósitos y expedir cheques a personas físicas y morales ligadas a Morena, incluído un depósito directo a ese partido, el 5 de mayo de 2015, por 200 mil pesos. Habría invertido en CETES.
Higinio Martínez Miranda, actual senador por Morena, se ostentaba entonces como dirigente del GAP.
Alberto Martínez Miranda, hermano del anterior, entonces tesorero municipal, posterior contralor municipal en Tultitlán (2021). Se le señala por participar en la operación y las transferencias.
Sara Iveth Rosas Rosas, entonces directora de Recursos Humanos, ahora regidora del ayuntamiento de Texcoco (2022-). Habría recibido en su cuenta personal 9 cheques por 2.07 millones de pesos.
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