Aunque Ricardo Sheffield dijo frente al presidente que iba a presentar acusaciones penales, la Fiscalía no ha recibido ningún expediente de esta dependencia.
La leyenda urbana del “rastrillo” en bombas de gasolina para despachar menos dejó de serlo cuando Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, presentó evidencias de cómo funciona este software, en la conferencia presidencial del 3 de junio pasado.
El tema generó conversación, pues todos hemos pasado en alguna ocasión por ese momento de incertidumbre, cuando la aguja de la gasolina no llega a donde suponemos que debe llegar por lo que hemos desembolsado.
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Mientras en la pantalla se mostraban imágenes de este aparato, Sheffield narraba cómo le cayeron en la jugada a una gasolinera de Champotón, Campeche: “Descubrimos a los que están haciendo trampa con este software, que aparentemente no es pirata, porque pareciera que, en el mercado negro, el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por abajo del agua el rastrillo”.
Ante el presidente López Obrador, que miraba muy interesado, Sheffield prometió que a las gasolineras que usaran este medio para robar al consumidor las iba a alcanzar el largo brazo de la ley: “Ya le tocará a la Fiscalía General indagarlo más a fondo, porque estamos, por instrucciones del señor presidente, presentando la denuncia penal en contra quien resulte responsable, porque esto ya es un delito, esto no es una falta administrativa por este rastrillo”
A los pocos días encontró otra situación similar en Monclova, Coahuila, además de varios expendedores que se negaban a ser revisados.
Esta actitud firme de Sheffield infundió zozobra y tensión entre los gasolineros chuecos del país, por la promesa de mano dura contra estos abusos. Pero nos cuentan por ahí que ha vuelto la calma, pues no hay rastro de las denuncias que supuestamente se interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la Profeco.
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En sus presentaciones, conocidas como “Quién es quién en los precios” de gasolinas y gas LP, Sheffield señala por nombre y apellido a las gasolineras que tienen un margen de ganancia por arriba de lo normal, así como a las que se niegan a ser verificadas o incurren en otras irregularidades. En el caso de Campeche, por ejemplo, se trata de la empresa Combustibles e Imagen.
Cuando se reveló este caso, el titular de la Profeco dijo que había presentado una denuncia penal ante la FGR y a esta se suman otras más que el propio Sheffield Padilla ha declarado que se han interpuesto contra gasolineras que se niegan a ser verificadas por su institución, por considerarse delitos federales.
Nos dimos a la tarea de comprobar los dichos de gente del círculo cercano y al parecer no hay tales denuncias o desaparecieron mágicamente, porque en los registros de la FGR no están los expedientes de averiguaciones por ninguno de estos casos.
A PARTIR DE 2017 NO HAY DENUNCIAS DE PROFECO
La FGR requirió la información sobre todas las denuncias presentadas por Profeco a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y a la Coordinación de Planeación y Administración. En el Sistema Institucional de Información Estadística de esta última, se tiene a la Profeco como institución denunciante con 174 averiguaciones previas iniciadas entre 2014 y 2016. A partir de 2017 no se ha abierto un solo expediente derivado de alguna denuncia de la Profeco.
Entonces, o la Fiscalía oculta información o el procurador miente: si es el último supuesto, Sheffield Padilla estaría metido en problemas, pues su promesa de mano dura la hizo ante el presidente. Lo cierto es que el guanajuatense, licenciado en derecho y exmilitante panista, no es ningún novato, por lo que debería investigar la existencia de “rastrillos” en su propia oficina, pues se le están perdiendo documentos.
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