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Los 18 haitianos desaparecidos: la pista que apunta al gobierno de Cabeza de Vaca

Una llamada anónima a la fiscalía de Tamaulipas apunta a que 18 migrantes estarían dentro de las instalaciones del gobierno, pero no bajo resguardo de autoridades, sino en poder de un grupo criminal llamado “Panteras”, quienes trabajan con la administración estatal.

Por Redacción EMEEQUIS
6 sep 2021

Los 18 desaparecidos de Haití.
Cabeza de Vaca en una reunión virtual con la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y otros gobernadores. Foto: @fgcabezadevaca.

EMEEQUIS.– Una pista no atendida por el gobierno de Tamaulipas podría revelar dos grandes escándalos: la ubicación de 18 migrantes haitianos desaparecidos en territorio nacional y, al mismo tiempo, la presunta colusión entre la administración del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el crimen organizado.

Esta historia comienza el pasado 17 de junio, cuando un camión de pasajeros que había iniciado su viaje en Tapachula, Chiapas, no llegó a su destino final, la frontera norte: en la carretera que conecta a los municipios Tampico y Mante el vehículo se volcó con 51 migrantes haitianos a bordo, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de Tampico.

Por temor a ser detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, 18 huyeron del hospital e intentaron cruzar por su cuenta hacia Estados Unidos por regiones cuyo control está en manos del Cártel del Golfo, quienes luchan por las rutas migrantes contra su rival el Cártel del Noreste, una violenta escisión de Los Zetas.

En el camino hacia Texas habrían sido privados de la libertad por miembros del crimen organizado, quienes no han pedido rescate por ellos, lo que hace pensar a familiares y autoridades que no se trata de un secuestro tradicional, sino de un rapto con fines de reclutamiento armado o explotación en sembradíos de droga.

El crimen sigue sin resolverse por desinterés –no por falta de pruebas– pues desde el mes pasado la fiscalía estatal a cargo del abogado Irving Barrios recibió información anónima de que los migrantes desaparecidos podrían estar retenidos por criminales en el penal de Altamira, cerca de los límites con Veracruz.

“EL LARRY” Y SUS AMIGOS EN EL GOBIERNO

Fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmaron a EMEEQUIS que la pista ha llegado hasta los responsables de resolver el caso, pero no han extendido la búsqueda por temor a que, si encuentran a los migrantes, sus jefes después tengan que explicar cómo es que el crimen organizado usa instalaciones del gobierno como casas de seguridad.

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De acuerdo con la información enviada a las autoridades, los responsables serían integrantes de uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, los llamados “Panteras”, quienes los habrían introducido al penal con la complacencia de las autoridades.

Dentro del Penal de Altamira, Larry Hernández, alias “El Larry” –uno de los líderes del Cártel del Golfo– es quien los mantendría encerrados. El informante anónimo alertó que aquel hombre es quien realmente tiene las llaves del penal, pues decide quién entra, quién sale y quiénes se quedan hasta que él lo decida. 

La hipótesis de quien alertó a las autoridades es que, bajo el control de “El Larry”, los migrantes haitianos estarían vivos y obligados a trabajar para el Cártel del Golfo como una manera de “ganarse” el derecho a ser liberado y pagar por el “agravio” de usar las rutas del crimen organizado sin pagar por ellas.

La versión no suena descabellada a la luz de hechos recientes en Tamaulipas y en las cárceles del norte del país: el estado que gobierna Cabeza de Vaca tiene la peor calificación a nivel nacional en el rubro de penales estatales con un penoso 5.4 de 10, según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los visitadores de la CNDH han confirmado que el control de las celdas en Tamaulipas lo tiene el crimen organizado, hay “autogobierno” por parte de los internos, el personal es insuficiente y en riesgo de ser cooptado por criminales y se han normalizado actividades ilegales dentro de las instalaciones como la venta de drogas, extorsión y tortura.

El uso de las celdas del gobierno como mazmorras del crimen organizado sería una más de las muestras de que cárteles y autoridades locales trabajan de la mano.

CÁRCELES COMO FOSAS CLANDESTINAS

No sería el primer caso: en 2017, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del gobierno de Coahuila confirmó que dentro del hoy demolido Centro de Readaptación Social de Piedras Negras miembros de Los Zetas incineraron los cuerpos de, al menos, 150 personas desaparecidas entre 2009 y 2012. Todo con el permiso de las autoridades.

Esa misma investigación confirmó que Los Zetas usaban el penal de Piedras Negras como una extensión de sus propiedades: cuando había operativos del Ejército mexicano y la Marina contra sus altos mandos, los capos se refugiaban en la cárcel para no ser atrapados. Adentro vivían como reyes: drogas, alcohol, mujeres, jacuzzis, pantallas planas.

Los Zetas aprendieron a controlar el penal por el Cártel del Golfo –el grupo presuntamente responsable del secuestro masivo–, que desde la década de los 90 tomó el control de los penales estatales como sus bodegas de droga, casas de descanso de sus líderes, celdas de castigo para policías rebeldes y campos de exterminio para sus rivales.

Dos años después de esa investigación, en 2019, también en el norte del país, el gobernador neoleonés Jaime Rodríguez “El Bronco” dio su visto bueno para que la CNDH, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades locales entraran al ya clausurado penal de Topo Chico para buscar restos óseos de desaparecidos. 

Y este año, la VII Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos dobló las manos de la burocracia de otro gobierno panista y entró al Centro de Reinserción Social en Irapuato, Guanajuato, donde se reportaron 11 hallazgos de posibles desaparecidos.

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Actualmente, colectivos de padres y madres de desaparecidos mantienen abiertas solicitudes para entrar a cárceles municipales, penales estatales, reclusorios, centros federales y hasta prisiones militares en, al menos, 16 entidades del país, pues sospechan que el crimen organizado ocupó sus espacios como fosas clandestinas.

A 80 días de la desaparición de los 18 migrantes haitianos activistas como Wilner Metelus, presidente Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, insiste que la apatía del gobierno de Tamaulipas por saber dónde están y quiénes son responsables de su desaparición podría ser mortal.

La violencia contra los migrantes haitianos no sólo ocurre al sur de México a manos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. En el norte, los viajeros indocumentados también sufren terribles formas de violencia y la inacción de las autoridades.

El tiempo corre no sólo contra los 18 haitianos desaparecidos, sino para el gobierno de Cabeza de Vaca, ¿a qué hora los buscará en el penal de Altamira?

 

@emeequis 



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