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EMEEQUIS.- Contratos por tres meses, sin prestaciones sociales, sin médicos ni medicinas, con cargas excesivas de trabajo, jornadas de más de 10 horas, incluso, fines de semana y muchos malos tratos.
No se trata de la descripción de la situación laboral antes de la Revolución Mexicana, sino que sucede hoy, todos los días, entre los “servidores de la nación” de la Secretaría del Bienestar.
Juan trabajó haciendo labor territorial para la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018; él, al igual que más de 30 millones de mexicanos, creyó que las situación en el país iba a cambiar y se trataría a los pobres con dignidad, pues el candidato puntero repetía sin cesar el lema “Primero los pobres” y Juan era pobre y desempleado.
Después de la victoria, inmediatamente siguieron las movilizaciones —voluntarias en ese momento— porque había que esperar a que el nuevo gobierno asumiera las riendas del país. Pero las promesas hechas se desdibujaron después del 1 de diciembre de hace tres años.
Al ejército de personas que trabajaron en las campañas se le ofreció pertenecer a un grupo de trabajo cuya función inicial sería hacer el censo de la población de aquellos que serían inscritos en los nuevos programas sociales del gobierno federal. Sustituyeron a los “jefes de manzana” del PRI y asumieron la tarea de censar a los mexicanos, casa por casa, igual que lo que hicieron en el proceso electoral.
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Casi 20 mil personas fueron contratadas por honorarios para el programa, sin que se supiera con claridad cuáles eran las funciones, objetivos o incluso el perfil que debían de tener estos trabajadores.
La propia Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias entre los responsables del programa, quienes en distintas entrevistas manifestaron inconsistencias en cuanto a sus funciones u objetivos de su trabajo.
NI CONTRATADOS NI DESPEDIDOS
La estructura de pagos incluye cuatro categorías: la más baja es de poco más de 10 mil pesos mensuales y la más alta de 73 mil pesos. Entre éstas aparecen dos categorías intermedias con pagos de 28 y 36 mil pesos mensuales. Las diferencias operativas entre ellas no son conocidas, incluso por los mismos trabajadores que han ocupado algunas de estas posiciones.
A pesar de que ya han pasado tres años desde que se incorporaron a la Secretaría de Bienestar, y en su mayoría han sido contratados y recontratados cada tres meses, la seguridad en el empleo no es un tema del que pueda hablarse.
“Nos tienen trabajando los siete días de la semana. Nos amenazan con no renovarnos contrato, que hay muchos que quieren trabajo”, se queja Juan cuando se refiere a sus contratos trimestrales. “Una persona que estaba en el PT nos dijo que, si formábamos un sindicato, no podrían corrernos”, comenta al preguntarle por si han hecho algo al respecto de los despidos injustificados.
De acuerdo con información recabada vía la Ley de Transparencia, la Secretaría del Bienestar reconoce que los trabajadores contratados bajo este régimen carecen de prestaciones sociales, es decir, que no cuentan con servicio médico, vacaciones o aguinaldo.
Inclusive, desde el punto de vista laboral, al no ser empleados, no pueden ser despedidos: únicamente no se les recontrata para el siguiente periodo de tres meses.
RECURSOS PROPIOS PARA TRABAJO PÚBLICO
El pago que reciben es “a mes vencido”, es decir, una vez que transcurre el mes laborado se les hace el pago correspondiente; sin embargo, los traslados, alimentos y cualquier otro gasto que hacen para cumplir su función —que suele ser en la calle— corren por cuenta propia.
Sus actividades son llamadas “encomiendas” y pueden ser desde visitas, llamadas o entrega de tarjetas. De nuevo, los gastos van por su cuenta aunque aún mantienen la esperanza de que en algún momento reciban algunos “viáticos”.
Los servidores no tienen tarjeta de entrada o salida que registre sus horarios. Los coordinadores le dan seguimiento a su trabajo por geolocalización que se registran en los teléfonos celulares a través de un grupo de WhatsApp. Y no a todos los servidores les dan el equipo celular; algunos tienen también que poner el suyo al servicio de la Secretaría del Bienestar.
Los trabajos son asignados por el coordinador a través de un grupo en la aplicación de mensajería. Ahí les dicen dónde y a qué hora deben presentarse a laborar. Una vez en el lugar “suben” su ubicación al grupo para reportar que ya se encuentran laborando y lo mismo hacen para reportar que ya terminaron la tarea en el lugar.
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A pesar de estar bajo la figura de honorarios, reciben órdenes de presentarse a horas específicas en lugares determinados y, de acuerdo con la propia Secretaría y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son considerados como servidores públicos, pero carecen de cualquier prestación social.
“Un día normal inicia a las 8 de la mañana que me piden presentarme a algún lugar, termino como a las 3 de la tarde, pero aún me quedan 150 llamadas (telefónicas) por hacer”, explica Renan, quien recibe una hoja en Excel con los números telefónicos de los ciudadanos a los que, por encargo de la secretaría, debe llamar y registrar en una computadora que también es usada por sus hijos en sus tareas escolares. “Aquí entre nos, sólo porque mi doña me ayuda puedo terminar de hacer las llamadas”.
SI NO TE GUSTA, PUEDES IRTE
Entre la carga de trabajo con adultos mayores y los demás receptores de programas sociales, son las personas con discapacidad las que más trabajo requieren, porque al no poder moverse con libertad, a la llamada le suele seguir una visita para que firmen documentos a mano.
El trabajo para un “servidor de la nación” contratado por honorarios es de lunes a domingo e, incluso, en fin de semana reciben llamadas de los coordinadores y pueden ser citados los domingos por los responsables de la delegación.
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Entre los programas que tienen a su cargo se encuentra “La escuela es nuestra” para la cual se conforman las asambleas escolares de padres de familia con el objetivo de decidir el destino de un fondo de 500 mil pesos que el gobierno federal les proporciona.
En algunas ocasiones los contratistas seleccionados para llevar a cabo los trabajos no los realizan, o no los terminan adecuadamente, por lo que los delegados regionales —como es el caso de Yucatán— envían a los “servidores de la nación” para terminar los trabajos de albañilería o recoger los escombros de la obra que no retiró el contratista.
La respuesta ante la inconformidad por lo general es la misma: “si las condiciones no les gustan, podemos no recontratarlos”.
SERVIDORES DE SEGUNDA
En Yucatán, el candidato perdedor de Morena a la gubernatura fue nombrado “superdelegado”, una especie de servidor público que pretendía sustituir a los titulares de las delegaciones del gobierno federal en las entidades.
Según los entrevistados, quienes prefieren guardar anonimato para no tener represalias, los contratos de los servidores se manejan como cuota política de los delegados o subdelegados; es decir, que cada uno de ellos tiene un número de espacios de los que puede disponer y sin mayores explicaciones.
Cuando los “servidores de la nación” de Yucatán se quejaron con los responsables de que los usaban como albañiles, la respuesta fue pedirles su baja del trabajo.
A principios de 2021, al salir de algunas conferencias mañaneras podía observarse un grupo de funcionarios de diferentes estados del país uniformados y despedidos por diversas causas, desde quejas por la falta de prestaciones laborales hasta despidos injustificados.
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Suelen no ser recibidos por nadie; sin embargo, “servidores de la nación” en Nuevo León informaron que ya estaban en pláticas para su recontratación, aunque a la fecha todavía no se concretaba y contaban con la promesa de palabra de la superdelegada en ese estado, Blanca Díaz.
El pasado 21 de julio, la diputada morenista Laura Pérez Segura propuso un punto de acuerdo en el que reconoce las precarias condiciones laborales de los “servidores de la nación”, documentando los malos tratos, abusos, autoritarismo y trato déspota.
El punto de acuerdo recuenta quejas en Tabasco por maltrato laboral y despidos injustificados, en Oaxaca por explotación laboral y trato déspota, en Zacatecas también por despidos injustificados, en Yucatán por maltrato y hostigamiento, y en Jalisco por jornadas laborales excesivas.
La diputada reconoce en su documento que la Secretaría del Bienestar debe trabajar para “brindarles estabilidad laboral, prestaciones laborales de ley, jornadas laborales de ley y un ambiente y trato laboral digno; así como incorporar procedimientos administrativos claros en contra del hostigamiento y acoso laboral del que pudieran estar expuestos”.
Lo cierto es que, aún después de tres años, siguen padeciendo el ser servidores públicos de segunda.
@salamillab
