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Outsourcing vive: AMLO dio 476 millones a empresas de subcontratación

El gobierno de AMLO cedió casi 500 millones de pesos a empresas de subcontratación de servicios de limpieza. Desde la Secretaría del Trabajo hasta la Oficina de la Presidencia contrataron a compañías con dudoso historial.

Por Alejandra Crail
15 abr 2021

outsourcing en el gobierno mexicano
López Obrador en conferencia en Palacio Nacional, en la que presentó una propuesta para regular el outsourcing, Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cedido al menos 476 millones de pesos a empresas de subcontratación para cubrir los trabajos de limpieza de bienes muebles e inmuebles de la administración pública federal. 

Por medio de respuestas a solicitudes de transparencia, 12 dependencias federales reconocieron haber contratado a empresas de outsourcing para cubrir este servicio en lo que va del sexenio de AMLO.  

De acuerdo con un análisis de los contratos realizado por EMEEQUIS, las empresas que más recursos han recibido por parte de secretarías federales suman quejas, inhabilitaciones y sanciones por no inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –violando sus derechos básicos a un trabajo digno–, por incumplimiento en los servicios, por fingir competencia para obtener contratos, presentar documentación falsa, entre otros.

Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), pasando por Cultura, Economía, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, y hasta la misma Secretaría del Trabajo y la Oficina de la Presidencia desembolsaron millones de pesos en outsourcing para limpiar sus inmuebles.

Estos contratos se han mantenido, pese a la promesa del presidente de eliminar la subcontratación en el servicio público federal, misma que podría materializarse en las reformas recién aprobadas por la Cámara de Diputados en materia de outsourcing y que están en proceso de revisarse en el Senado de la República. 

Entre las cosas que contemplan las modificaciones está la prohibición de la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones, salvo en aquellos casos en que se trate de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón. 

Pese a este señalamiento, aún no queda claro qué es considerado un servicio especializado, lo que podría dar cabida a que las personas que prestan servicios de limpieza permanezcan en este esquema. 

 

Inversión en subcontratación. 


Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, explica que desde antes de las reformas se contemplaba una obligación solidaria por parte de quien recibe el servicio para con los trabajadores que los prestan, sin embargo, la ley permitía una interpretación que dejaba fuera de obligaciones a las dependencias contratadas. Asimismo, recalca que la Ley Federal del Trabajo deja en claro que el trabajo no es una mercancía y que el suministro de personal es violatorio de derechos humanos porque se vendía, literalmente, mano de obra. 

“En el caso de los organismos públicos, la subcontratación debe prohibirse porque no hay una razón para compararlos con una empresa privada, no son negocios”.

 



 

LAS GANONAS

La mayoría de los recursos quedaron en manos de únicamente cinco empresas: Joad Limpieza y Servicios, S.A. de C.V., Fireky, S.A. de C.V., Rapax, S.A. de C.V., Green Mamba Services, S. de R.L. de C.V. y Gerlim S.A. de C.V., en conjunto con Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V.

El 63% de los recursos que gastó la administración de AMLO en outsourcing por servicios de limpieza quedó en poder de estas compañías. 

De esas cinco ganonas, no hay mayor beneficiaria que la empresa Joad Limpieza y Servicios, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Miguel Ángel Castillo Zempoaltecatl. Esta empresa incrementó 20 veces sus ganancias con la llegada de AMLO, por medio de contratos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que dirige Víctor Manuel Villalobos Arámbula. 

 

Aumento en el número de recursos por contratos de Joad Limpieza y servicios. Fuente: QuienEsQuien.

 

En 2018, el último año del peñanietismo, la empresa, que acumula denuncias por no dar de alta a sus trabajadores ante el IMSS e inhabilitaciones por incumplimiento en los servicios, apenas recibió 5 millones de pesos en contratos; pero en 2019, por medio de cuatro contratos, sumó 106 millones de pesos sólo con esta dependencia federal. 

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La empresa está ubicada en Ermita Iztapalapa #278, un edificio que suele rentar oficinas para fungir como consultorios médicos. En 2019, el año en que mayor cantidad de recursos recibió, se vio envuelta en un escándalo tras haber recibido un contrato con la Cámara de Diputados por 57.8 millones de pesos para brindar el servicio de limpieza, pero en San Lázaro se percataron de que ninguno de los trabajadores estaba dado de alta ante el IMSS.

 

 Presunta sede de Joad Limpieza y Servicios en Iztapalapa. Foto: Especial.


Joad Limpieza y Servicios fue inhabilitada en 2016 por la Contraloría General de la CDMX e investigada por la Auditoría Superior local por deficiencias en sus trabajos y el incumplimiento de servicios, asimismo, la –entonces– Procuraduría de Justicia capitalina la multó con 72 mil pesos tras incumplimiento en un contrato celebrado.  

Además, está ubicada como la empresa que el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) contrató para brindar el servicio de limpieza en sus instalaciones tras despedir a su personal, mismo que mantiene un plantón sobre Paseo de la Reforma, afuera del Senado de la República. 

 

 

 Protesta a las afueras del Senado. Fotos: Alejandra Crail. 


La segunda empresa que más contratos ha obtenido en este sexenio es Fireky, S.A. de C.V., ligada al empresario Fernando Sanromán. Con la Secretaría del Trabajo, que comanda Luisa María Alcalde, y con la Secretaría de Cultura, de Alejandra Frausto, ha obtenido casi 56 millones de pesos en contratos.  

Esta empresa estuvo ligada a un escándalo en la Procuraduría General de la República en 2017, pues un viejo proveedor, la empresa Ficot, cedía los contratos tras una inhabilitación por falsificación de documentos aparentemente a un competidor nuevo, que era nada más y nada menos que Fireky. Sin embargo, ambas empresas pertenecían a la misma persona. Este empresario ya acumulaba sanciones con otras empresas del mismo ramo: Mantenimiento Roc y Fejastec. 

Apenas en febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Fireky por tres meses. La empresa ha sido señalada por no pagar a sus trabajadores en plena pandemia y negarse a afiliarlos al Seguro Social.

 

 Sanción a la empresa Fireky.


La Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera ayudó a que la empresa Rapax, S.A. de C.V. se convirtiera en una de las más beneficiadas del sexenio, al darle un contrato de 54 millones de pesos por el servicio de limpieza. 

La empresa compartió administrador único, Gualberto Olmedo Cruz, con otra de las mayores beneficiadas del sexenio, la empresa Ocram Seyer, S.A. de C.V. Asimismo se le ha ligado a Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, secretario general de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL), hijo de Manuel Reyes López, líder sindical del mismo ramo y respaldado por la priista Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque la empresa niega la relación. 

Esta empresa, además, ha recibido contratos millonarios con organismos descentralizados. El portal Quien Es Quien muestra contratos de 315 millones de pesos sólo en 2020. Además, también presentó un incremento atípico en el número de contrataciones con la llegada de AMLO al poder. 

 

Contratos de Rapax. 

 

La Secretaría de Economía que hoy dirige Tatiana Clouthier y que antes comandaba Graciela Márquez Colín apostó por una empresa que también fue inhabilitada por la Función Pública. 

Green Mamba Services, S. de R.L. de C.V. obtuvo poco más de 43 millones de pesos en contratos con esta dependencia, pese a tener un historial de inhabilitación en 2014.  

La quinta empresa que mayor número de recursos ha obtenido es Gerlim, S.A. de C.V., en conjunto con Comercializadora de Servicios Reyson, S.A. de C.V. que se han beneficiado con al menos 41 millones de pesos .

Gerlim ha sido señalada por simulación de competencia en concursos públicos, además de haber sido denunciada por trabajadores por retener pagos, no inscribirlos ante el seguro social ni otorgarles las prestaciones que por ley les corresponden. 

Además tiene una investigación abierta dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Función Pública por presuntos actos de corrupción y su relación con empresas factureras

SUBCONTRATACIÓN EN GOBIERNO SE PRESTA A CORRUPCIÓN

Históricamente el outsourcing ha representado una precarización en aumento de las condiciones de los trabajadores, señala Pablo Franco, una situación que se agrava en el sector del gobierno porque la subcontratación “ha sido una herramienta utilizada para la corrupción: usualmente nos encontramos con que son empresas ligadas a funcionarios, es común que surjan nuevas empresas contratadas con el cambio de administración”. 

Franco, quien fuera presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la CDMX, explica que muchas de las empresas que brindan servicios de subcontratación son, en realidad, empresas fantasma que contratan a personas con escritorios a media calle o en la explanada de unidades habitacionales y que tienen registrados sus domicilios oficiales en hogares particulares precarios. 

Estas prácticas se suman a las violaciones de los derechos de los trabajadores: falta de pago antes de despedirlos o antes de que la empresa desaparezca, exigir la compra de un uniforme a cambio de un empleo, no darlos de alta ante el seguro, evitar que generen antigüedad. 

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En el marco de la aprobación de las reformas a la subcontratación, Arturo Herrera, titular de la SHCP, dijo que el gobierno federal tendrá que absorber a todos los empleados contratados por outsourcing con el mismo presupuesto que ya se aprobó, sin que esto signifique un costo extra para las finanzas públicas. 

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado calcula que hay al menos 500 mil trabajadores subcontratados, la mayoría de ellos para proveer servicios de limpieza, vigilancia y tecnología.  

A decir de Franco, pese a los avances legislativos, aún queda pendiente que las y los trabajadores se organicen en la defensa de sus derechos, para quitar el chip de que “es un lujo” tener un trabajo y que no se deben exigir condiciones dignas para ejercerlo. 

“El abuso es estructural, culturalmente se acepta el trabajo precario y si bien el Estado tiene la obligación de mejorar las condiciones, aún falta capacitación para que ellos mismos defiendan sus derechos, si la reforma no es usada por los mismos trabajadores, no sirve”, advierte.

 

 

@AleCrail

 


 

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