“No queremos más familias en agonía”. Un plan para devolverlos a casa

* Colaboración especial de Pie de Página en EMEEQUIS.

EMEEQUIS.– A las siete de la mañana del 2 de octubre del 2019 los peritos dieron el arranque de la exhumación en el cementerio de Villa de Fuente en Piedras Negras. A unos 20 metros de la ubicación de las fosas comunes estaban instalados los familiares de personas desaparecidas. En la bitácora de la señora Hortensia Rivas, que busca a su hijo Víctor Manuel Guajardo, el día quedó registrado así:

7:15 Inician la exhumación.

8:50 Acordonaron las zonas a exhumar.

9:30 Se toman las fotos en lo general y particular del lugar, se ponen los trajes tidex.

9:51 Informa la médico forense que empezarán a excavar los panteoneros.

10:32 Se encuentra ataúd de madera forrado de azul a 80 cm de profundidad.

11:00 Sacan bolsa para rotularla.

11:22 Retiran ataúd. Informan que el cuerpo está dentro del ataúd envuelto en una tela café y se sacan los restos. Los ingresan a la bolsa rotulada quedando la fosa con profundidad de 1.10 metros. Ingresan la bolsa a la unidad frigorífica.

14:04 Se encuentra restos en bolsa de pellón a una profundidad de 1.16 metros.

14:10 Sacan bolsa.

14: 21 Ingresan peritos y sacan cuerpo.

14:23 Ingresan cuerpo a unidad refrigerada.

Esta es una de las jornadas de exhumación que cada mes se realizan en los panteones municipales de Coahuila como parte del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense^[1] que surgió en el 2017 por el empuje de las familias de personas desaparecidas. El Plan, según los lineamientos legales, busca reintegrar a las familias los cuerpos de personas fallecidas, que fueron recuperados en exhumaciones y en operativos de campo y, posteriormente, identificados.

Desde su inicio hasta el cierre del 2019 el Plan había exhumado 87 cuerpos de ocho panteones (además de los 47 cuerpos de una exhumación masiva en Saltillo a finales de ese mes). De ellos, nueve se habían identificado y seis se entregaron a sus familiares, hasta esa fecha, según los registros de la Fiscalía obtenidos por transparencia[2].

Este Plan es uno de los primeros intentos en el país por poner orden al desorden forense (otro caso es el de Tamaulipas, que inauguró un panteón forense en Miguel Alemán) y la complejidad de la tarea es avasallante: cada fosa común que se excava revela más dificultades para entender estos años de horror desde el relato de los cementerios; cada cuerpo exhumado requiere trabajo de análisis e identificación que se va acumulando.

En el año 2017 el Plan Estatal de Exhumaciones arrancó con la encomienda de exhumar 544 cuerpos no identificados de los cementerios (49 de ellos en estado de osamentas, el resto con materia blanda). Este número no fue al azar, surgió de las averiguaciones previas que se encontraron en todo el estado de Coahuila con cuerpos NN (no identificados), entendiendo que todos los cuerpos no identificados recogidos por la autoridad ministerial se registraban en una averiguación previa y se inhumaban a los panteones. 

Pero al poco tiempo de iniciar el Plan las familias, organizaciones que las acompañan y autoridades descubrieron que no sería así de simple: cuando hicieron la primera exhumación en el panteón de Acuña descubrieron –a través del diagnóstico en terreno– que en lugar de los 40 cuerpos que sumaban en las Averiguaciones Previas (AP), había más de cien.

Así, la tarea de exhumación pasó de 544 cuerpos no identificados y registrados en AP, a 768 cuerpos, durante el proceso de exhumaciones y recopilación de información en panteones. Y el número seguirá variando según las prospecciones y exhumaciones realizadas. 

“Si bien teníamos una base a partir de los cuerpos registrados en la AP, estos han subido conforme hacemos exhumaciones o preguntamos en los panteones y se podrían ir a mil, lo deducimos por los testimonios de los panteoneros que registran los cuerpos”, dice José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila.

Esto es, aún con un plan –que se logró gracias al impulso de las familias, al respaldo de organizaciones civiles de derechos humanos y la alianza con el gobierno estatal–, la tarea es avasallante: la Fiscalía estima que hay mil cuerpos inhumados sin identificar en fosas comunes del estado y que con el ritmo de trabajo del Plan de Exhumaciones –cuatro cuerpos por mes– se tardarían al menos 20 años en exhumar esos cuerpos sepultados hasta antes del 2017, que entró en vigor el Plan. 

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Hortensia y su compañera Yolanda Vargas, del grupo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con base en Piedras Negras, acudieron a la exhumación en el panteón de Piedras Negras del 2 y 3 de octubre del 2019 como parte de ese Plan: representantes de las familias de distintos colectivos de búsqueda en el estado deben estar presentes en todos los procesos para documentar el trabajo de la autoridad, vigilarlo, evaluarlo. 

También acudió Cristian Iván García, de 45 años, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), quien vive en Torreón y busca a su hermano Carlos, desaparecido en el año 2008.

“No es fácil ir a las exhumaciones, de pronto me pongo mal, yo lo busco en vida. Es mucho dolor de imaginar lo que les pasa a las personas desaparecidas, pero yo quiero estar para saber cómo están trabajando y para hacer aportes a familias, yo quiero aprender y saber más para apoyar”, dijo Cristian al concluir la exhumación.

En estas exhumaciones participan integrantes de todos los colectivos del estado, Grupo Vida, Voz que Clama Justicia, Búscame, además de los nombrados.

UN PLAN PARA EXHUMAR

La historia del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense comenzó a gestarse en el año 2012, cuando la emergencia de cuerpos inhumanos sin identificar aún no era evidente a nivel nacional. 

Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización que ha acompañado la lucha de las familias en busca de sus desaparecidos, cuenta que en ese año 2012 se fundó el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), un espacio de gobierno, sociedad civil, familias y expertos en el que se proponían y analizaban las acciones para la búsqueda. Por propuesta de ese grupo surgieron varios espacios de trabajo entre familias, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales (como el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y gobierno. Uno de esos espacios fue la Comisión Técnica Forense que, en el año 2016, convocó a crear la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas^[3], primera en su tipo a nivel nacional y en la que se ordenaba la creación del Plan Estatal. 

El proceso no fue fácil, no sólo por las negociaciones políticas, sino por el estado emocional de las familias de personas desaparecidas. Fundec siempre ha impulsado la búsqueda en vida, hablar de “lo forense” fue doloroso.

María Elena Salazar es mamá de Hugo, desaparecido en julio del 2009, forma parte de Fundec, uno de los primeros colectivos de familias de desaparecidos fundados en el país hace 10 años. “En un principio trabajábamos interlocución con el gobierno, cuando vemos que los otros colectivos iban a buscar a los campos dijimos no podemos sólo estar sentadas en la interlocución, ¿qué más hacemos para que esas compañeras en campo no sólo encuentren y acumulen restos, sino ver qué se hace con esos restos? Es un problema y es más doloroso porque piensas que ahí pudiera estar tu hijo y no ser identificado. Se sacaban cuerpos, pero no sabíamos qué pasaba con ellos y queríamos que se hicieran cosas bien hechas”.

Así fue que las familias impulsaron el Plan porque consideraban importante obtener información verídica de las exhumaciones y que éstas se hicieran conforme a protocolo. El Centro Fray Juan de Larios, por su parte, ayudó a la generación de procedimientos, metodología, componentes de política pública. “Por ejemplo, de la mano del CICR entendimos que sin información no podemos hacer planes, entonces empezamos a ver a quiénes estamos buscando en fosas comunes –para ello la búsqueda de registros en las AP– y qué tenemos en esas fosas comunes”, dice Blanca Martínez, directora del Fray Juan.

La ley de exhumaciones también creó el Grupo de Gestión de Información que fue el encargado de analizar todas las carpetas de investigación del estado con cuerpos NN para arrancar el Plan. Integrantes de este grupo acudieron a las fiscalías a revisar carpeta por carpeta para llegar al total de 494 carpetas que sumaban 544 cuerpos inhumados. 

“En las fiscalías pedimos que nos trajeran las AP, las revisamos e hicimos un plan de trabajo para cada caso, cada cuerpo, según la información de la AP. Así descubrimos que había cuerpos con hipótesis de identificación que nunca habían sido exploradas, por ejemplo, una identificación encontrada con el cuerpo, un tiquet de depósito bancario, una inicial en un cinto, o cruce de las huellas dactilares, porque en unas 30 AP había registro dactilar del cuerpo”, agrega Blanca Martínez. 

El Grupo de Gestión de Información tiene aún como tarea terminar de revisar las 494 carpetas con cuerpos NN y los 1495 expedientes de denuncia de desaparición -que había hasta el 2018-: un total de mil 989 expedientes de cuerpos sin identificar y personas desaparecidas, dos caminos paralelos que, al cruzarse, pondrían nombre a los cuerpos y un retorno a un desaparecido. 

Fernando González, coordinador general del Plan Estatal, explica que la metodología para comenzar las exhumaciones contempladas en el Plan la compartió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (además de capacitación a los funcionarios que lo llevarían a cabo): para abordar un problema, primero tienes que ver la magnitud del problema, cuántos cuerpos y dónde están. Por eso se partió de las AP.

“Este fue el primer acercamiento, el documento en papel”, dice el funcionario.

EL ARRANQUE DEL PLAN

Seguir el Plan parecía sencillo: reunir las 494 carpetas, acudir a los panteones donde se indicaba que habían sido inhumados los 544 cuerpos, exhumarlos, procesarlos, identificarlos y entregarlos a sus familiares.

Las familias, colectivos y gobierno decidieron arrancar en el Panteón de Acuña porque era el que tenía menos registros en Averiguaciones Previas. Empezar por lo más sencillo fue la idea. El 17 de abril del 2017 un equipo de cuatro especialistas –en antropología,  arqueología, odontología y criminalística de  campo– realizarían la exhumación. Se sacarían los cuerpos, se llevarían a laboratorio para hacer la identificación y se cruzarían con los cuestionarios Ante Mortem, a ver si algún cruce daba un nombre.

“Pero al exhumar nos dimos cuenta que, si en una Averiguación Previa decía que en una fosa había dos cuerpos, en la práctica encontramos cuatro. O si decía tres cuerpos, en la práctica encontrábamos uno. Nos dimos cuenta que la información no era veraz y había que acudir con los administradores de panteones”, explica el fiscal José Ángel Herrera. (A raíz de este hallazgo, hicieron un manual para que los panteoneros homologaran el registro en todo el estado).

“Llegamos al panteón de Acuña con un registro de 34 Averiguaciones Previas que sumaban 40 cuerpos en total. Cuando acudimos, vimos que son más. Y de las hipótesis de identificación que teníamos, no todas se confirmaron”, dice Blanca Martínez. 

Es decir, había al menos dos fuentes de información: la que arrojaban las Averiguaciones Previas y la que arrojaban los registros de panteones. La tercera fuente y la más verdadera es la que saldría al hacer las exhumaciones.

Lo mismo pasó en el panteón La Piedad de Piedras Negras, que se exhumó en julio del 2018 por primera vez. En los registros de las Averiguaciones Previas sumaban 33 cuerpos y cuando se hizo la prospección (que no la exhumación pues la prospección significa revisar los registros de los panteones y recorrer el espacio con los panteoneros para saber cuántas fosas comunes hay, sin desenterrar) daba un total de 70 cuerpos, de los que se han exhumado 41 hasta noviembre del 2019.

“No podemos casarnos con la información ni con la del expediente, ni con la de panteoneros. El trabajo es lo que nos va a ir vislumbrando. Los números no concuerdan y no van a concordar. Lo importante es que no los estamos segregando. Podrían ser menos o más, hay que ver ambas posibilidades.  Eso lo sabremos hasta que exhumemos todas las fosas que tenemos”, dice Fernando González.  

Desde el año 2017 que inició el Plan a noviembre del 2019 se realizaron 21 exhumaciones (además de una exhumación masiva en el panteón de Saltillo) de las que se exhumaron 87 cuerpos, de los cuales nueve se identificaron y seis fueron entregados a sus familiares, de acuerdo con información entregada por la Fiscalía del estado a través de peticiones de información[4]. 

Destaca que, de los nueve cuerpos identificados, tres no tenían denuncia por desaparición. Esos nueve cuerpos identificados son del género masculino con un rango de edad que va de los 22 a los 50 años. Las causas de muerte incluyen asfixia y hemorragia cerebral (vinculadas con muerte violenta); fueron encontrados en parajes, en un arroyo, en un puente internacional y en colonias de zonas urbanas; e inhumados en fosas comunes entre los años 2012 y 2017.

De los cuerpos exhumados desde el arranque del Plan a noviembre del 2019 faltaban de analizar 16. El proceso es lento porque el equipo que se encarga de ese trabajo también atiende los cuerpos que llegan día a día a la morgue: baleados, accidentados, ahogados. Así el tiempo se reparte: por ejemplo, en el 2019 el equipo a cargo del análisis de cuerpos revisó 31 cuerpos pertenecientes al Plan (cuerpos sepultados en fosas comunes hasta antes del 2017) y 39 cuerpos del día a día (cuerpos no identificados de las muertes del día). Es decir, la tarea diaria superó a la emergencia forense acumulada en la última década. 

Esta ha sido una de las quejas constantes de las familias, que no haya personal que dedique el cien por ciento de su tiempo a atender esa emergencia forense. Lentas las exhumaciones, pues por capacidad de los recursos humanos el Plan estipuló la exhumación de 4 cuerpos al mes; lentas las identificaciones. 

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“Es muchísimo el trabajo que estamos haciendo y con un solo equipo para exhumar e identificar, pues vamos a necesitar muchísimos años para identificarlos a todos”, dice Raúl Reyes, integrante de Fundec, quien busca a su hijo Raúl Ignacio. “Estamos viendo, de acuerdo a las exhumaciones, que son más cuerpos de los que pensábamos y que no hay espacio para guardarlos, eso también hace lento el proceso”. 

El Plan estipula que los cuerpos exhumados no pueden ser re inhumados en los panteones, sino almacenados en el Centro de Identificación Humana, que está en construcción y para el cual el gobierno federal destinó 90 millones de pesos^[5]. Mientras el Centro está concluido –se estima que para el verano de este 2020–  los cuerpos con materia blanda se inhuman de nuevo en el panteón con fosa individual y registro, y las osamentas se almacenan en un espacio destinado dentro del Semefo.

Además del desfase entre los datos de las Averiguaciones Previas, el registro realizado por los panteoneros y lo que realmente se ha encontrado en las fosas comunes, la puesta en marcha del Plan evidenció la falta de información sobre los cuerpos NN que fueron sepultados en fosas comunes. 

“En los expedientes faltaba información, cuando se inhumaron nadie pensó en el cuerpo, no era parte fundamental de la investigación criminal, no se preocupaban por saber quién era esa persona, a lo mucho por investigar el hecho delictivo, quién lo cometió y llevarlo a autoridades. Jamás se pensó que ese cuerpo en algún momento iba a ser buscado, por eso no había antropólogos registrando”, explica el coordinador estatal del Plan, Fernando González. 

Otra cosa que se descubrió es la ausencia de protocolos de inhumación. Por ejemplo, en los panteones de Monclova se encontró que los cuerpos eran inhumados de manera individual;  en Saltillo, entre los años 2009 y 2014 las inhumaciones fueron en fosas colectivas anuales; en Torreón inhumaban en fosas colectivas semanales.

LO QUE NO CUADRA

En la puesta en marcha del Plan se encontró que el número de cuerpos registrados en las Averiguaciones Previas y los panteones no cuadraba; lo mismo con las fosas comunes. La Mesa de Coordinación Forense, el espacio que integra a autoridades, familias y organizaciones de derechos humanos y donde se decide la ejecución del Plan, decidió hacer prospecciones para tener otro número más certero sobre las fosas y los cuerpos sepultados.  

Esta prospección se hizo con la colaboración de familiares y autoridades. Las familias midieron el panteón, contaron tumbas, registraron. La experiencia fue tan fuerte que algunas decidieron no volver a las prospecciones o exhumaciones, pero reafirmaron la importancia de su trabajo en colaboración con las autoridades. 

Hasta el cierre del 2019, de acuerdo con solicitudes de información a la Fiscalía estatal, se habían hecho prospecciones en los dos panteones de Torreón y en uno de Piedras Negras. En Torreón 1 se encontraron 121 fosas sin que se hayan contabilizado los cuerpos; en Torreón 2 fueron 73 fosas, también sin contabilizar los cuerpos. En Piedras Negras se encontraron 59 fosas con 62 cuerpos.

Sin embargo, en una solicitud de información realizada para este reportaje el municipio de Piedras Negras respondió que en el cementerio había 984 cuerpos sin identificar sepultados en igual número de fosas comunes. La disparidad de la información es muy grande y sigue sumando confusión a las cifras. 

Fernando González, coordinador del Plan, la explica así: “Las 59 fosas con 62 cuerpos que contabilizamos en la Fiscalía se refieren a fosas y cuerpos relacionados con investigaciones de la Fiscalía, es decir, pertenecen a un expediente o averiguación o acta circunstanciada. Son cuerpos relacionados con la investigación de la comisión de un ilícito, verificado en una prospección y la documentación que lo liga”. 

Los 984 registrados por el municipio, agrega,  son cuerpos que no tienen un debido registro, que la administración del panteón al llevarlos a sepultar no les puso nombre, o cuerpos de personas que no fueron registradas ante el registro civil, como el caso de menores de edad que murieron antes de tener nombre. Así hace la distinción entre cuerpos desconocidos, aquellos que el panteón no tiene registro adecuado; cuerpos no identificados, aquellos que están relacionados a investigaciones judiciales.

“Del trabajo en campo aprendimos que la prospección tampoco nos da los números exactos, nos da visión de la problemática. La certeza nos la dará la exhumación completa”, agrega el funcionario.

El coordinador del Plan da un ejemplo para abonar a la complejidad: en Piedras Negras realizaron una exhumación y el panteonero les señaló una fosa donde había un cuerpo NN entregado por la Fiscalía. “Cuando exhumamos vimos un cuerpo en ataúd, vestido con traje y sin la cicatriz de la necropsia. Es decir, se trataba del cuerpo de un particular, de una persona sepultada por sus familiares”. Como ya se había abierto la fosa la Fiscalía siguió con el protocolo: exhumó, tomó muestras, identificó y devolvió a la familia, que debió sepultar de nuevo a su familiar por error de las autoridades. La Fiscalía se tuvo que hacer cargo de los nuevos gastos del entierro. 

El hecho de que existan más -o a veces menos- cuerpos en las fosas comunes respecto a los registrados en las AP o en las bitácoras de los panteones detona un pregunta importante: ¿cómo es que los cuerpos llegaron ahí?

El fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, lo explica en “los altos niveles de violencia” que vivió Coahuila la década pasada. “Eso ocasionó que en los panteones municipales no se llevara a cabo un registro. De acuerdo a la versión de algunos panteoneros, llegaba gente de la delincuencia organizada y en las fosas que se encontraban abiertas dejaban los cuerpos. Había un clima de miedo y nadie decía nada”.

–¿Por qué un delincuente iría a un cementerio a tirar cuerpos?

–Es lo que nos hemos preguntado porque vemos que en enfrentamientos recogen cuerpos y se los llevan, pero no sabemos a dónde. Yo creo que esa explicación no es muy lógica, pero no suena otra de porque llegaron los cuerpos ahí, porque no la hay. 

–En Tetelcingo, Morelos, lo que se descubrió fue la responsabilidad de las autoridades, que sepultaban sin registrar.

–No puedo decir si hay responsabilidad municipal porque hay que hacer una investigación respecto a cómo llegaron esos cuerpos ahí o falta de registros veraces en cada panteón.

Fernando González, coordinador del Plan, piensa otra cosa. “No creemos que sean inhumados por el narco porque esos cuerpos los hemos encontrado en bolsa. Y la fosa es identificada porque el panteonero te dice: aquí está. Si fuera una fosa no relacionada con la investigación, los cuerpos no estarían en bolsa y los panteoneros no la tendrían registrada como fosa que llevo la fiscalía”. 

González explica que en los casos en que encontraron más cuerpos de los registrados se abrió carpeta de investigación por la posible realización de una inhumación ilegal. “De esa investigación se podría saber si fue inhumación ilegal o sólo no se registró”, dice. “Nosotros abrimos la carpeta por aquellas fosas que nosotros no lo teníamos en el listado de expedientes, pero que el panteonero nos dice fueron enviados por la Fiscalía”. Esto abre un pendiente más a partir de las exhumaciones: investigar cómo los cuerpos no registrados llegaron ahí y quiénes son los responsables. 

Hortensia Rivas, la madre de Piedras Negras que busca a su hijo desaparecido, relata que en las investigaciones que familiares han hecho, los mismos panteoneros les contaron que la delincuencia organizada entraba en la madrugada y los obligaban a enterrar los cuerpos. Raúl Reyes, integrante de Fundec, cree que las autoridades están involucradas “que las mismas autoridades hacen eso para no dejar evidencia, entonces esa puede ser una hipótesis no lo sabemos. Los malos dejan los cuerpos ahí y las autoridades los entierran”.

Silvia Ortiz, de Grupo Vida, suma otro problema más: el envío de cuerpos NN a las facultades de medicina para prácticas estudiantiles. Envíos que se hicieron sin registro, sin notificación. “Nosotras lo denunciamos en los periódicos, a la fecha no saben cuántos cuerpos fueron enviados a las facultades porque la Fiscalía dice uno, Medicina dice otro y los panteoneros dicen otra….”. 

Otro ajuste que se hizo a partir de la ejecución del Plan fue comenzar con exhumaciones masivas.  Esto es: no ir cuerpo por cuerpo según las AP, como fue el plan inicial, sino exhumar todo el panteón y procesar esos cuerpos. (Es el proceso que decidieron seguir en Tamaulipas, exhumar todos los cuerpos del panteón y colocarlos en el panteón forense en Miguel Alemán, hecho exclusivamente para esto).  

Parece lógico, para saber qué hay debajo de la tierra, hay que desenterrarlo. Pero luego vino otro inconveniente en Coahuila: ¿por cuál panteón comenzar? ¿cómo se decide eso? Todos los colectivos tienen prioridad de exhumar los panteones de su región. ¿Dónde se almacenan esos cuerpos? ¿se exhuman para volverlos a inhumar en una fosa común? ¿Hay capacidad para procesarlos? 

Los funcionarios José Ángel Herrera, Fernando González y la activista Blanca Martínez coincidieron que el riesgo de las exhumaciones masivas es la capacidad para almacenar los cuerpos y procesarlos, pues éste trabajo lleva entre 3 y 5 días por cada cuerpo. 

Aún así se arrancó la primera exhumación masiva en el Panteón Municipal La Paz de Saltillo, el 18 de noviembre de 2019, según registró el reportero Armando Ríos del diario Vanguardia ^[6].

“Dicha fosa fue abierta luego de ocho años de insistencia por parte de una de las madres que integran los colectivos de búsqueda de desaparecidos de Coahuila, quien tenía desde diciembre del 2011 datos de que su hijo podría ser una de las personas que fueron sepultadas en el lugar, cuestión que fue denunciada ante el Ministerio Público Federal”, escribió el reportero.

En el proceso estuvo presente la Brigada de la Esperanza, conformada por los siete colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Estado – y entre ellas, la familia de la persona que denunció el hallazgo de su hijo en dicho lugar-. La exhumación masiva concluyó dos semanas después y se exhumaron 47 cuerpos, diez más de los que estaban registrados en esa fosa^[7].

“Fue muy importante el empuje de las familias para esta exhumación masiva, porque teníamos datos para una probable identificación: el testimonio de una mamá cuyo hijo fue asesinado hace ocho años y la entonces PGR (ahora FGR) le mostró que estaba sepultado en este panteón, aunque no hay registro exacto del lugar. Se tuvo que hacer exhumación masiva para avanzar en esa identificación”, dice Blanca Martínez.

“Este es un ajuste que tuvimos que hacer al Plan original. Y a partir de esta exhumación masiva vimos que fue acertado. Lo que seguirá es trabajar a partir de las AP y su comparativo con la base de datos Post Mortem (para lograr cruces) y paralelamente las exhumaciones masivas. Vámonos parejo. Estamos aprendiendo y ajustando”, agrega Martínez. 

Si bien el Plan estipula que los cuerpos exhumados y analizados no deben ser inhumados de nuevo en panteones, en el caso de la exhumación masiva los cuerpos con tejido blando se inhumaron de vuelta en el panteón de Saltillo en fosas individuales y las osamentas se almacenaron en el Semefo, mientras está listo el Centro para el resguardo. 

“Para hacer esta exhumación se tomaron consideraciones, como el que tendríamos espacio para almacenar los cuerpos en un lugar que donó el panteón de Saltillo”, explica Fernando González.

EXHUMACIÓN INICIAL

Hortensia, Yolanda y Cristian llegaron con otros 11 compañeros de distintos colectivos a la exhumación del 2 y 3 de octubre del 2019 en Piedras Negras. Todos los familiares recibieron una tarjeta informativa básica de lo que se realizaría, la exhumación de cuatro cuerpos.

Hortensia en su libreta registró el proceso:

7:15 Inician la exhumación.

8:50 Acordonaron las zonas a exhumar.

9:30 Se toman las fotos en lo general y particular del lugar, se ponen los trajes tidex.

9:51 Informa la médico forense que empezarán a excavar los panteoneros. 

“Somos observadoras, no participamos en la exhumación, documentamos la exhumación y hacemos notar ante la Mesa de Coordinación Forense todo lo que hacen, errores y eso”, explicó Hortensia sobre su trabajo.

“No es fácil estar ahí con el calorón, con los mosquitos. Cuando sale los cuerpos expiden olor. Es un olor muy penetrante. Estás en el campo, hay mosquitos”, dijo Cristian.

En esta búsqueda de inicios de octubre se tenía planeado exhumar cuatro cuerpos, dos cada día, pero al final fueron cinco cuerpos porque en la fosa uno exhumada el 2 de octubre apareció un cuerpo extra que no estaba registrado. Estaba en una bolsa de plástico, abajo del féretro de madera. 

Ese día cuando estaban las exhumaciones el ambiente comenzó a llenarse de un olor a descomposición, lo que hizo evidente que ese cuerpo era reciente. “Era un cuerpo reciente, de inicios de 2019. Nuestra pregunta es ¿por qué exhumamos de este año? ¿No se supone que el Plan de Exhumaciones es para puros cuerpos que fueron enterrados antes del 2017, sin registro, sin pruebas?”, preguntó Cristian.

Si bien el Plan no delimita años específicos, la Mesa de Coordinación Forense –que es el espacio donde familias, organizaciones y autoridades proponen y deciden la ejecución del Plan– definió que el Plan se concentraría en los cuerpos inhumados antes del 2017, pues se supondría que a partir de existir esta reglamentación, las autoridades harían bien su trabajo en el registro, análisis e inhumación de cuerpos NN. Es decir, que los cuerpos sepultados después de iniciado el Plan se harían con toda la documentación, análisis forense y serían exhumados hasta que se entregaran a sus familiares.

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“Es hora de que aún no se cumple como se debería de llevar, todas las personas que se inhumen sin ser identificadas se iba a hacer examen de ADN, se iba a inhumar en fosas separadas pero eso es un relajo. Hay muchas irregularidades aún. Por eso como familias impulsamos que se cumplan todos los protocolos”, reclamó Hortensia. “Es muy doloroso que esté pasando esto. Que una persona ni siquiera descansa su cuerpo en paz, lo traemos para arriba y para abajo: inhumas, exhumas, inhumas, exhumas, inhumas, exhumas, cuerpos sin identificar”, agregó. 

Blanca Martínez explica que sí, es cierto que a la fecha, dos años después de implementarse el Plan, sigue habiendo ministerios públicos que no realizan las diligencias ministeriales y el debido registro del cuerpo.  “A pesar de que existe el Plan desde hace dos años siguen los problemas de cuerpos inhumados sin registro por parte de los ministerios públicos. Sí es cierto que hay errores en el trabajo ministerial y forense, porque no se les hicieron análisis a los cuerpos o no se registraron bien antes de inhumarlo”.

Reconoce también que la existencia del Plan no resolverá en automático la identificación de los cuerpos recién fallecidos. “El que tengamos un Plan no quiere decir que de inmediato se identifiquen los cuerpos de personas recién fallecidas. Eso no se puede garantizar. Lo que sí tenemos que cuidar es el trabajo ministerial, pues es probable que sigamos teniendo personas recién muertas que no sepamos quiénes son”.

En el caso de este cuerpo del 2019 exhumado en Piedras Negras, se trató de un cuerpo que, según la autoridad, “estaba en posibilidad de ser identificado y entregado”. A la fecha está en espera de ser analizado. 

Después de siete horas y media de trabajo, la exhumación del 2 de octubre en Piedras Negras terminó. Las familias salieron del espacio destinado a la “observación”, a unos 20 metros de la fosa, se acercaron al espacio de la fosa, hicieron un círculo, cerraron sus ojos y realizaron una oración.  Ellos están ahí para revisar el trabajo hecho por la autoridad y también para acompañar a quienes han sido recuperados de esa oscuridad. 

“Es importante lo que hacemos, que estemos aquí porque así una familia va a tener la posibilidad de ver a su amado volver a casa”, dijo Yolanda al terminar la exhumación.

El trabajo aquí revisado se concentra en las fosas comunes de los panteones municipales del estado. Aquí no se analizó el trabajo de exhumación e identificación de los cuerpos o restos humanos encontrados en fosas clandestinas o campos de exterminio, que también se incluyen en el Plan.

UN TRABAJO PARA LOS DESAPARECIDOS

La experiencia adquirida por las familias, colectivos y autoridades con la puesta en marcha del Plan Estatal de Exhumaciones en Coahuila puede ayudar a generar procedimientos, metodología, componentes de política pública ahora que se eche a andar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, dice Blanca Martínez, directora del Fray Juan de Larios que acompaña a las familias de desaparecidos.

El trabajo ha sido largo, de al menos siete años que comenzaron las conversaciones entre familias, activistas y gobierno para crear leyes y materializarlas en este Plan. 

“Hemos sabido de muchas historias dolorosas, que han entregado polvo, piedras, huesos de animales en lugar de los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Ya no estamos cegadas, hemos aprendido mucho, a pesar del dolor”, dice Lourdes Herrera, de Fundec, mamá de Brandon Esteban y esposa de Esteban Acosta, desaparecidos en agosto del 2009 en Coahuila. “Cuando nos pasó la tragedia andas en lo individual y muchas puertas se cierran, pero nos encontramos y hemos tenido muchos logros, trabajo digno que nos ayuda y ayuda a otras personas de desaparecidos”.

“A los cuerpos los recogían sin ningún protocolo, seguimiento, nada. Por eso digo que va a ser un trabajo titánico y tenemos que seguir afinando lo que hemos empezado a construir para que podamos identificarlos a todos y regresarlos a casa”, dice María Helena Salazar, mamá de Hugo, integrante de Fundec. “No queremos más familias en agonía, no queremos dejar este círculo abierto a nuestros otros hijos. Le apostamos, a pesar de que vemos este panorama, que los vamos a devolver a casa”.

@DanielareaRea