En los dos años de la pandemia e inicios de 2022, el número de intentos de feminicidio se disparó hasta llegar a 1,426 de carpetas de investigación por tentativa de feminicidio; sin embargo, los procesos de justicia se atrasaron por el confinamiento y los perpetradores son liberados
EMEEQUIS.- “Tengo que volar para poder vivir” fue la nota que Arlín le dejó a su abuela antes de salir de casa. Tras vivir cuatro años de agresiones por parte de Antonio N, quien fuera su pareja desde 2017, decidió emigrar por miedo a ser asesinada.
Durante la pandemia Antonio entró a su casa por la noche; llegó a su habitación y pensando que ella dormitaba intentó violarla. En ese momento ella supo que ni en su propia casa podría estar segura y era momento de volar.
Desde el 4 de agosto de 2021, la joven de 22 años dejó su casa en Nayarit para refugiarse en la Ciudad de México hasta convertirla en su hogar. Tuvo que emigrar perdiendo cercanía con su familia, su carrera universitaria como estudiante de derecho y su trabajo en su estado de origen porque las amenazas y agresiones subían cada vez de nivel.
Tuvo una relación de un año y medio con su agresor, la cual describe como una pesadilla que afectó gravemente su salud mental hasta tener problemas de depresión e ideación suicida. Ha pasado más tiempo viviendo violencia sin ser su novia que el tiempo que duró su relación.
“Llega un punto de tanto miedo que pierdes hasta el sentido de ser y de vivir. Lo único que me ha parado de no cometer suicidio es pensar que es lo que él quisiera”, cuenta la sobreviviente de feminicidio en entrevista con EMEEQUIS.
A manos de su agresor sufrió violaciones equiparadas, agresiones físicas, e incluso un intento de estrangulamiento que casi le cuesta la vida.
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“Sigo teniendo miedo por vivir. Las sobrevivientes tenemos el privilegio de seguir gritando nuestros nombres, aunque muchas veces ya no vivimos, sino que sobrevivimos porque le quita mucho sentido a la vida cuando alguien te está persiguiendo”.
La pandemia no contuvo la violencia, la duplicó. De 2020 a 2022 las carpetas de investigación iniciadas por el delito de tentativa de feminicidio subieron al doble de las que se habían registrado en los últimos ocho años.
Mediante solicitudes de información a todas las fiscalías del país, EMEEQUIS construyó una radiografía sobre las investigaciones abiertas por tentativa de feminicidio ocurridas desde hace una década; siendo los últimos dos años los que muestran una tendencia en incremento que incluso supera la cifra de denuncias ocurrida de 2012 a 2019.
VIOLENCIA SE RECRUDECIÓ EN PANDEMIA
Obligadas a vivir en encierro y confinamiento con sus agresores, la violencia para las mujeres se agravó en tiempos de pandemia. Como muestra de ello, el aumento en llamadas de auxilio y el número de mujeres que ingresaron en refugios para salvar sus vidas.
De acuerdo con información obtenida de las fiscalías de todo el país; de enero de 2020 a marzo de 2022 se han abierto mil 426 carpetas de investigación por el delito de tentativa de feminicidio. Mostrando una tendencia al alza al registrar 608 en 2020: 682 en 2021 y 93 en lo que va de este año.
Nuevo León es el estado que más investigaciones registra por este delito con 579 carpetas; seguido de Jalisco con 132; el estado de Guanajuato con 93; 81 en Tabasco; 55 en Chihuahua y 50 en la Ciudad de México y Zacatecas respectivamente.
Los estados que no dieron respuesta son Baja California, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala que afirma no contar con información ni registros sobre el delito.
“Nos hemos percatado que ha habido un aumento de violencia contra las mujeres en este periodo de confinamiento. En este periodo de pandemia entraron a la colectiva muchas más compañeras”, explica Carolina Ramírez Suárez, fundadora de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio en México; la primera unión de mujeres que han sobrevivido a intentos de feminicidio en el país.
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La también sobreviviente afirma que este aumento se debe a que no hay una atención eficaz hacia la prevención y la atención de los delitos de violencia contra las mujeres. También reconoce que la figura de tentativa de feminicidio se está usando más en las instituciones de justicia, que suelen reclasificar los casos como lesiones dolosas o violencia familiar, dando un margen de ventaja a los agresores porque las penas son menores.
De acuerdo con la investigación “Las Sobrevivientes: Olvidadas por la Justicia”, de 2012 a inicios de 2020 se registraron 1 millón 712 mil 522 carpetas de investigación por ataques y agresiones de extrema violencia contra mujeres. Sin embargo, de estos, el 68% fueron clasificados como violencia familiar, 32% como lesiones dolosas y sólo 0.05% se abrieron por tentativa de feminicidio. Es decir, en los últimos ocho años solo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intentos de feminicidio.
Este aumento de clasificación del delito de tentativa de feminicidio también puede tratarse de un esfuerzo por nombrar y reconocer las violencias, lo cual se está haciendo carrera contra el sistema de justicia que suele lastimar a las mujeres que denuncian, como afirma Carolina Ramírez
“Nos han enseñado que es vergonzoso ser víctimas de violencia. Cuando hay abuso, acoso o cuando hay una agresión que tenga que ver contra nuestro cuerpos, el asunto siempre ha sido callar. Todo esto ha ido cambiando; hay una tendencia muy importante para que la vergüenza cambie de bando. No es tuya, sino que la tiene que vivir el perpetrador”, explica la activista.
LA TORTURA INSTITUCIONAL
A pesar de que las agresiones iniciaron en 2017, fue hasta este año que Arlín pudo compartirlas y reconocer que era una sobreviviente de feminicidio; sin embargo, afirma que el proceso legal es desgastante y revictimizador. “Por qué tendrían que cuestionar tanto a las víctimas sobre cómo está su salud mental para que sea legítima su denuncia y no a los agresores”, cuestiona la sobreviviente.
En la Ciudad de México le asignaron medidas de protección como parte del operativo “Código Águila”, pero afirman que son deficientes “La protección me la dan mis amigas, mis redes de apoyo feministas, no el gobierno. Lamentablemente todas las medidas de protección son ineficientes y se pierden entre tantas víctimas que lo necesitamos”, relata.
Además de las agresiones físicas, emocionales y económicas que viven con sus agresores, al denunciar, las sobrevivientes también se enfrentan a un proceso de justicia que cuestiona sus palabras, las revictimiza e impide lograr una sanción contra los perpetradores.
Afirman sentirse en un limbo jurídico, ya que mientras sus procesos no avanzan, los agresores continúan libres y corren el riesgo de volver a ser agredidas.
Carolina Ramírez describe el proceso jurídico como una tortura institucional porque “al denunciar nos enfrentamos con tratos crueles, inhumanos y degradantes que son equiparables a la tortura”; además de que, en casos donde ya los agresores estaban en prisión y las carpetas judicializadas, por la pandemia se atrasaron y se propició a la liberación de los agresores.
Antes de la pandemia se había logrado la judicialización de las carpetas de investigación, o que los agresores estaban en prisión preventiva, “nos topamos con la excarcelación de muchos de los agresores por parte del poder judicial, sigue la desestimación de feminicidio y aunque lo clasifiquen así después lo cambian”, explica la activista.
Debido a que en algunos casos venció el plazo de dos años para que los agresores estuvieran en prisión preventiva durante la etapa de investigación, las fiscalías decidieron liberarlos, lo que implica un riesgo inminente para las víctimas
Esta situación le ocurrió a Mónica Hernández, quien volvió a sentir intranquilidad desde que su ex pareja y agresor Jorge N. fue liberado por la fiscalía de Veracruz en noviembre de 2021.
“Ella tiene una depresión muy grande. De repente quiere tirar la toalla e irse a otro país. Imagínate ver a tu perpetrador cuando vas al super, sales de tu casa, donde sea”, cuenta Ramírez.
El agresor ahora vive cerca de su domicilio, en la zona boscosa de El Zapotal en el estado de Veracruz, que se encuentra a 25 kilómetros de la capital. Donde se puede llegar sólo en auto. Pese a que a ella le asignaron la medida de protección de rondines policiales ella no se siente segura y ahora el hombre que intentó asesinarla en 2019 está en libertad.
LA PIEZA FALTANTE EN LA LEY
Las leyes en torno a la tentativa de feminicidio no están armonizadas en el país, ya que sólo cuatro estados: Nuevo León, Puebla, Durango y Campeche, la contemplan dentro de sus Códigos Penales.
De acuerdo con especialistas esto representa un reto para que jueces y Ministerios Públicos acrediten las agresiones como un intento de feminicidio.
En Cámara de Diputados se encuentra una iniciativa para reformar los artículos 63 y 325 del Código Penal Federal que establece las sanciones y tipos de violencia que deben contemplarse como tentativa de feminicidio.
La propuesta presentada por los diputados del PRD, Elizabeth Pérez Valdez y Héctor Chávez Ruiz fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Igualdad de Género.
De acuerdo con el documento la punibilidad para la tentativa de feminicidio “será entre la mitad de la mínima y dos terceras partes de la máxima” de las sanciones impuestas por el delito de feminicidio, que son de 40 a 60 años de prisión. Además de que deberá pagar la reparación del daño a favor de la víctima.
Para que el delito sea considerado una tentativa de feminicidio se dará prioridad al dicho de la víctima, así como la valoración psicológica y de riesgo.
Al respecto, la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio refiere resulta importante que en esta se incluya el concepto de lesiones feminicidas, además de que el criterio para determinar la tentativa no puede sólo ser a consideración del Ministerio Público.
@emeequis
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