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“Me quieren desalojar”. Acusan de despojo a gobierno de Alfonso Durazo

Los adultos mayores Delia Rosas Martínez y Miguel Ángel Flores Rascón denuncian al gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, de despojarlos de un terreno de dos hectáreas con un valor actual de 60 millones de pesos, ubicado en una zona de alta plusvalía de Hermosillo.

Por Áxel Chávez
16 may 2022

Acusan a gobierno de Sonora
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, durante una reunión con autoridades de la sierra de Sonora. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Los últimos meses, la familia Flores Rosas, originaria de Hermosillo, Sonora, enfrentó el Covid-19, cuando doña Delia, a sus 77 años, salió positivo y, tras la manifestación de los síntomas, fue cuidada por su esposo Miguel Ángel, quien, a sus 80 años, apenas se vale por sí mismo.

La salud de doña Delia empeoró tras la enfermedad, lo cual derivó en una grave neumonía que la mantuvo al borde de la muerte y de la que, a la fecha, aún no se recupera, ya que no logra caminar por si no es con ayuda y permanece en terapia y tratamiento médico.

Delia Rosas Martínez y Miguel Ángel Flores Rascón denuncian al gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, de despojarlos de un terreno de dos hectáreas con un valor actual de 60 millones de pesos, en una de las áreas de más plusvalía en el municipio, donde el metro de terreno se oferta entre los 4 mil y 4 mil 500 pesos, pero casas habitación en zonas residenciales que ahí se han asentado superan los 5 millones de pesos. 

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“Le pido al gobernador que me deje mi casita, que nos arregle este pedacito de terreno, no puede ser tan injusto que esas personas que son millonarias y tienen ese bolsillo acaparado me quieren desalojar para hacerse más millonarios”, solicitó doña Delia, quien, al ser dada de alta e iniciar su recuperación, fue notificada del desalojo del predio en el que han vivido por más de 10 años, debido a que el gobierno de Sonora invalidó las escrituras de su hogar.  



Doña Delia resultó afectada por Covid y don Miguel sufre del corazón. Fotos: Especial. 


ASÍ INICIÓ EL PROBLEMA

El problema legal por las tierras, cuenta, inició con la llegada de Ricardo Mazón Lizárraga, dueño de la empresa Pro Vida S.A de C.V., quien convenció a Carlos Solís Álvarez, posesionario original de la tierra de 260 hectáreas donde vivían al menos ocho familias, de firmar un fideicomiso que conllevaba la integración de los ocho polígonos del terreno donde se desarrollaría un conjunto habitacional y se repartirían las utilidades.

Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y el posesionario original de la tierra entró en una batalla legal para concluir el fideicomiso.

La familia de adultos mayores explica que tras un acuerdo, el posesionario accedió a cederle una parte del terreno al empresario y otra al gobierno del estado, con el objetivo de construir el ahora conocido como Estadio Sonora, todo ello en 2013.


Notario certificó testimonios de que la pareja de la tercera edad tenía condiciones de vida difíciles. 


En entrevistas ofrecidas durante su campaña a la gubernatura, Durazo Montaño reconoció a Ricardo Mazón Lizárraga como “uno de los tres grupos de poder en Sonora”, arropado en su momento por la exgobernadora Claudia Pavlovich.

Sin embargo, aunque Durazo Montaño aseguraba que llegaría a derrocar a esos grupos de poder y corrupción, además de que no utilizaría “los instrumentos del poder” en contra de los ciudadanos, existe un vínculo entre el gobierno sonorense y el empresario: Jesús Borchardt Ojeda, abogado de Mazón y representante legal del actual gobierno morenista.

La situación de las tierras data desde el gobierno de Guillermo Padrés (2009-2015), quien acordó con los posesionarios, como agradecimiento a que se desprendían de gran parte del terreno para realizar el estadio, ayudarles a obtener un título de propiedad, que se expediría una vez que el gobierno tuviera la titularidad de la tierra. Por este motivo, la tierra pasó a propiedad privada.

Los afectados dijeron que Durazo Montaño había prometido ser empático con la situación; sin embargo, acusan que fue él quien “terminó de ejecutarnos, sin importarle despojarnos del patrimonio que por años nos costó construir, sino la plusvalía y el número de hectáreas del lugar”, toda vez que se trata de una zona privilegiada del crecimiento de la ciudad, en la parte poniente conocida como Puerta Oeste.

En este lugar, añadieron, ubicado en el Boulevard Colosio y Héctor Espino, Puerta Oeste, en Hermosillo, Sonora, la plusvalía creció con los años y el metro de terreno se oferta entre los 4 mil y 4 mil 500 pesos; mientras que las construcciones de casas habitación en zonas residenciales superan los 5 millones de pesos.

“Son cosas que pasan en nuestro México y estamos decepcionados de la impartición de justicia, estamos desprotegidos”, añadieron los afectados, quienes han pasado los últimos días custodiados por policías con armas de fuego, que, denuncian, los han amedrentado para sacar sus pertenencias del lugar que fue su hogar.

En la actuación que hizo el pasado 5 de mayo el notario público número 58, Pablo Lincoln Tapia Muñoz, afirmó que, al ingresar a la vivienda de Miguel y Delia, ella se encontraba postrada en una cama al interior de una recámara. “Me respondió que se siente muy mal porque hace poco acaba de salir del Covid y estaba convaleciente”, certificó. 


La zona en cuestión. 


EL VALOR DE LOS TERRENOS

El 8 de abril del 2015, a Miguel Ángel Flores Rascón le fue escriturado el inmueble de dos hectáreas, que él afirma construyó con el esfuerzo de 35 años de trabajo como minero de la mina de Cananea, Sonora, donde, remarca, hasta el momento no tiene seguridad social ni jubilación. En el predio construyó una casa.

Aunque el predio se escritura en 2015 por el gobierno del estado, la familia insiste que ya lo tenían en posesión y lo habían adquirido al señor Carlos Solís Álvarez desde 2012, cuando la tierra costaba diez pesos el metro; es decir, 100 mil pesos la hectárea.

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La familia denuncia que la señora Delia Rosas Martínez se encuentra casada bajo el régimen de sociedad legal con Miguel Ángel Flores, régimen que es copropiedad, pero que ella jamás fue oída ni vencida en juicio, por lo que nunca se le notificó, ni se atendió su condición de adulto mayor con problemas motrices.

Ellos denuncian que el 8 de abril de 2022 se programó una audiencia constitucional para tratar el caso el 10 de mayo de 2022, pero “al percatarse de ello, el licenciado Jesús Borchardt Ojeda solicita el 3 de mayo el ‘despojo’ y el 5 de mayo lo llevan a cabo el actuario que lleva la diligencia”, en la que se establece su condición de salud.

El 3 de mayo, todos los que aparecen en la escritura 1,647 –ocho familias– fueron desalojados, con excepción de una de las personas asentadas, a quien los pobladores atribuyen cercanía con el gobierno de Durazo. 

En la administración de Guillermo Padrés Elías, el gobierno de Sonora, interesado en construir un estadio de beisbol que sería la sede de la serie del Caribe, llegó a un acuerdo con Carlos Solís Álvarez para que cediera 50 hectáreas para la entidad, según la sesión del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de fecha 21 de mayo de 2013, en la cual se establece el reparto. A cambio, el gobierno comprometía titularle la tierra, para regularizarla.


Escritura pública. 


De acuerdo con los afectados, el gobierno se quedó con 15 hectáreas para la construcción del estadio, el C6 y el Poder Judicial federal y los estacionamientos del estadio, que está en comodato a la familia Mazón Lizárraga. 

El señor Miguel Ángel Flores denunció que los policías que acompañaron al representante del gobierno de Sonora para efectuar el desalojo lo agredieron. Él, con base en dictámenes médicos, sufre del corazón. Los hechos ocasionaron que se le subiera la presión y requiriera atención médica.

EMEEQUIS solicitó al gobierno de Sonora una postura respecto a la acusación de despojo por parte de los adultos mayores y se encuentra en espera de una respuesta oficial. 

  

@axelchl 


RESPUESTA DEL GOBIERNO DE SONORA








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