SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Querían comida y agua para beber. La protesta de los migrantes detenidos en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez en demanda de los insumos precedió a la tragedia de marzo pasado.
Agua potable ya no había, y las raciones de alimentos eran escasas, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) que dirige Francisco Garduño Yáñez, ha reportado a las instancias de transparencia y fiscalización un gasto de 2 mil 151.61 millones de pesos en servicios de alimentación para personas retenidas en las estaciones migratorias en lo que va del sexenio.
De esa cantidad, 1 mil 530.32 millones de pesos, es decir, el 71% del total, han sido asignados a la empresa Operadora de Comedores Saludables (OCS), de acuerdo con registros de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, consultados por EMEEQUIS.
En 2021 OCS acaparó el 88.6% del total del gasto en alimentos para migrantes; en 2022 recibió el 98.5% de las asignaciones; y en 2023 se convirtió en proveedor único, al menos hasta ahora, pues ha captado el 100% de los 535 millones de pesos destinados al rubro señalado por el INM.
EMEEQUIS preguntó al INM si OCS había cumplido puntualmente con el suministro de alimentos durante el primer trimestre de 2023, y en especial a la Estación Migratoria de Ciudad Juárez. Por toda respuesta, la dependencia recomendó “ver el video en donde se muestra que, contrario a lo que han difundido en él, se aprecia la entrada de comida y los garrafones de agua”.
No obstante, la propia indagatoria judicial del siniestro consigna que “algunos (migrantes) recibieron su cena, pero muchos se quedaron sin sus alimentos, porque no alcanzó la comida y empezaron a manifestarse”.
Más aún, la dependencia acepta, en documentación oficial, la crisis alimentaria. En la justificación de un contrato asignado de manera directa a OCS por monto de 166 millones de pesos ―ya antes denunciado por EMEEQUIS―, adicionales a las partidas presupuestales ordinarias del INM, el organismo admite que el aumento de flujos migratorios propició en sus estaciones “una mayor demanda del servicio de alimentos, provocando que algunos estados de manera anticipada agotaran los recursos financieros que les habían sido asignados en el presente año”.
OCS es una empresa fundada en 2014 en Cuernavaca, Morelos y, de acuerdo con documentos notariales indexados en el Registro Público de Comercio, consultados por este medio de comunicación, desde 2019 el administrador único y apoderado general es José Antonio Jalil Álvarez, la sociedad es presidida por Pablo Manuel Fernández Sánchez, tiene como secretario a Erick Eduardo Álvarado Cárdenas, y forma también parte del consejo de administración César Mora Tirado.
En la justificación de los contratos se acepta la escasez del suministro de alimentos ante el aumento del flujo migratorio.
OCS: PROVEEDOR ÚNICO
En 2019, el INM erogó 482.68 millones de pesos en alimentos para los migrantes retenidos en las estaciones de la dependencia, de los cuales 16.52 millones fueron asignados a OCS, a través de cinco contratos, uno por licitación (CS/INM/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/2019) y cuatro cuatro de ellos por adjudicación directa (CS/125/2019/, CS/126/2019, CS/127/2019, CS/128/2019), cuya suma representa apenas el 3.42% de la erogación total de la dependencia en víveres.
En el ejercicio 2020, la dependencia reportó egresos por 320 millones en alimentación para personas presentadas o retenidas en las estaciones migratorias, de los cuales 207.36 fueron destinados a contratos con OCS, de los cuales cuatro fueron asignados por licitación y en participación conjunta con otras empresas (CS/INM/016/2020, CS/INM/017/2020, CS/INM/018/2020 , CS/INM/019/2020), y suman 188.25 millones; más tres adjudicados de manera directa (CS/INM/038/2020 y CS/INM/026/2020) por 19.1 millones de pesos.
En 2021, el INM destinó 318 millones para el servicio de alimentación a migrantes, de los cuales 282.6 se asignaron a OCS. Fueron 29 los contratos asignados a dicha empresa, 13 por licitación (CS/INM/032/2021, CS/INM/033/2021, CS/INM/034/2021, CS/INM/035/2021, CS/INM/036/2021, CS/INM/037/2021, CS/INM/039/2021, CS/INM/042/2021, CS/INM/043/2021, CS/INM/044/2021, CS/INM/045/2021, CS/INM/046/2021 y CS/INM/048/2021), que sumaron 139.3 millones.
Además, 15 contratos por adjudicación directa (CS/INM/009/2021, CS/INM/104/2021, CS/INM/110/2021, CS/INM/112/2021, CS/INM/120/2021, CS/INM/123/2021, CS/INM/124/2021, CS/INM/125/2021, CS/INM/130/2021, CS/INM/132/2021, CS/INM/135/2021, CS/INM/136/2021, CS/INM/138/2021, CS/INM/139/2021 y CS/INM/049/2021), por un total de 143.3 millones de pesos.
De modo que en 2021, OCS captó el 88.86% de las erogaciones efectuadas por el INM en alimentación para las personas retenidas en sus estaciones.
Para 2022, el gasto de la institución en alimentos para los migrantes llegó a 495.34 millones, de los cuales 488.25 fueron asignados a OCS a través de cinco contratos, uno por licitación (LA-004K00001-E4-2022), con monto de 281 millones, y cinco por adjudicación directa ( CS/INM/004/2022, CS/INM/028/2022, CS/INM/060/2022, CS/INM/062/2022 Y CS/INM/064/2022), que sumaron 207.2 millones de pesos.
Es decir, el año pasado, OCS se llevó 98.5% del total de las erogaciones del INM en alimentos para migrantes.
En 2023, la dependencia en cuestión ha efectuado un gasto, hasta el mes de junio, de 535.59 millones en el rubro en cuestión. Todos fueron para OCS o para propuestas conjuntas que encabezó: 100%. Por licitación (CS/INM/045/2023) obtuvo 281.93, y por adjudicación directa (CS/INM/0/2021, CS/INM/008/2023) sumó 253.6 millones de pesos.
De manera global, entre enero de 2019 y junio de 2013, de acuerdo con los registros públicos disponibles, el INM ha efectuado un gasto de 2 mil 151.61 millones en la contratación de servicios alimentarios para migrantes, de los cuales, 1 mil 530.32 millones de pesos hicieron sonar la campanilla de la caja registradora de OCS, es decir el 71.12%.
Registro público de comercio.
ESCASEZ DE COMIDA EN LAS ESTACIONES DEL INM
El 28 de diciembre de 2022, el INM asignó a OCS el contrato CS/INM/008/2023, de manera directa, por el “servicio de alimentos para personas extranjeras migrantes presentadas en las estaciones migratorias y/o estancias provisionales de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración (INM), así como personas connacionales repatriadas y personas migrantes atendidas por Grupos Beta”.
Y le entregó todas las partidas: “Partida 1 (Puebla, Tlaxcala y Veracruz), partida 2 (Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo), partida 3 (Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora), partida 4 (Nuevo León y Tamaulipas), partida 5 (Ciudad de México, estado de México, Morelos, Hidalgo y Jalisco), partida 6 (Chiapas, Guerrero Michoacán y Oaxaca), partida 7 (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas)”.
La partida 7 de uno de los contratos.
El monto del contrato, con vigencia del 1° de enero al 31 de marzo de 2023, se estableció en 166 millones 637 mil 931 pesos.
Los detalles sobre los insumos y la logística para el cumplimiento del compromiso contractual no pueden citarse porque el INM omitió subir copia del contrato, así como los anexos respectivos en su reporte de compranet.
Y aunque ahora insiste en que la estación de Ciudad Juárez recibía agua y alimentos, en la justificación de la excepción para efectuar de manera directa el contrato de los servicios alimentarios, el INM admite una crisis de escasez de comida en las estaciones migratorias “ante la situación atípica que provocó la crisis sanitaria internacional causada por el virus del SARS CoV-2, así como la actual política migratoria del gobierno en los Estados Unidos de América”.
Tal situación, aduce la dependencia, “se traduce en aspectos cruciales que han detonado el incremento de los flujos migratorios, lo que ha traído como consecuencia una mayor demanda del servicio de alimentos, provocando que algunos estados de manera anticipada agotaran los recursos financieros que les habían sido asignados en el presente año, por lo que adelantando una situación similar para el ejercicio fiscal 2023, se realizará la contratación”.
No obstante, la institución admite la obligación legal de dar condiciones dignas de alojamiento y alimentación a las personas detenidas en sus unidades:
“El Estado por conducto de este instituto está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso y provisión de alimentos de forma ininterrumpida, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario específica y de mayor cuidado, grupos vulnerables, familias que por las malas condiciones de salud en que son rescatadas, necesitan alimentos especiales; así como personas que presentan algún tipo de enfermedad, tal como hipoglucemia, hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión, entre otra patologías consideradas graves, en las cuales se debe considerar una dieta adecuada para cada padecimiento.
Mientras tanto, la migración sigue en ascenso. Foto: Damián Sánchez / Cuartoscuro.com.
NORMATIVIDAD IGNORADA
Y es que todo soporte legal que sustenta la existencia y funcionamiento del INM enfatiza la obligación de alojamiento digno a los migrantes y alimentación adecuada.
La Ley de Migración, en su Artículo 107, indica:
“Las estaciones migratorias deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: (…) II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndoles tres alimentos a l día. El instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición, como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.
(…) Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten”.
El Artículo 109 prevé que “todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a las estación migratoria: (…) VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario.”
El Reglamento de la Ley de Migración, en su Artículo 226, establece que “las personas extranjeras presentadas en las estaciones migratorias o en las estancias provisionales tendrán derechos: (…) XIV. Recibir durante su estancia un espacio digno, tres alimentos al día y enseres básicos de aseo personal”.
Y el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM, en su artículo 22, indica:
“Durante su estancia en la Estación Migratoria o en la Estancia Provisional, los alojados contarán con agua potable y recibirán tres alimentos al día los cuales serán proporcionados por el instituto de forma gratuita. El responsable deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se resuelve su situación migratoria”.
Una cosa es el menú de los contratos y otra lo que les dan.
SÍ FALTÓ ALIMENTO Y AGUA EN CIUDAD JUÁREZ
El incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez sí fue precedido por escasez de alimentos y de agua potable para las personas detenidas. Al menos eso es lo que consignó la carpeta de investigación 491/2023 sobre el incendio que causó la muerte de 40 personas en ese lugar, la noche del 27 de marzo pasado.
El Diario de Ciudad Juárez publicó parte de su contenido el 2 de abril. En su reporte relata que el día del incendio hubo desabasto de agua, de comida y hasta de papel higiénico en la estación.
La situación fue informada por Omar Indalecio P. M., empleado de la compañía encargada de la seguridad en la unidad migratoria, a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales, quien ordenó a los guardias rellenar los garrafones con agua de la llave para aliviar la situación, pero una oficial de nombre Paloma instruyó que no se acatara la orden del funcionario:
“Ella me respondió que no realizara esa indicación, debido a que el agua no era potable porque tenía tiempo que no habían cambiado los filtros de agua y tenían una tonalidad amarilla”.
La tragedia de Juárez de marzo pasado. Foto: Juan Ortega / Cuartoscuro.com.
La mujer dijo a Omar Indalecio que ella suministraría el agua potable a los migrantes, pero después de tres horas de espera infructuosa, los guardias decidieron tomar agua de los baños para calmar la sed de las más de 60 personas encarceladas en la estación.
La indagatoria también detalla la situación referente a la falta de alimentos. A las 6 de la tarde estaba previsto el suministro, pero no alcanzó.
“Algunos recibieron su cena pero muchos se quedaron sin sus alimentos, porque no alcanzó la comida y empezaron a manifestarse. Se acercó una señorita que le dicen Liz, que es la encargada de la estación en la mañana y le dije enfrente de ellos que no habían comido y ella contestó: ¿y qué?, yo tampoco he comido”, atestiguó Abel Gerardo, otro de los guardias de la estación.
Cabe señalar que los desayunos, cenas y comidas que se prometen en los contratos del INM con OCS se prometen aguas de frutas, flanes, huevos, jamón de pavo, guisados con carne de res y carne de cerdo, filetes de pescado, guarniciones de verduras, infusiones…
Pero muchas veces las raciones consistían en un puñado de galletas, como ha sido denunciado por migrantes.
@estedavid
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