SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– La camioneta de un grupo armado “levantó” a Fernando Hernández de la Cruz hace más de un año en Altamira, Tamaulipas. Desde ese día se encuentra desaparecido.
El herrero de oficio viajó al estado para apoyar a dos de sus amigos que habían sido detenidos. Al ser liberados por el Ministerio Público, los tres hombres fueron plagiados por un grupo de sujetos armados. Junto a ellos, también se llevaron a dos mujeres que eran parejas de los detenidos. Horas más tarde, ellas fueron puestas en libertad, pero de los tres hombres se desconoce su paradero desde el 22 de junio de 2022.
“El Cártel del Golfo no mata a mujeres ni a niños”, le dijeron los captores a las mujeres antes de liberarlas. Fue de esa forma que las familias de los desaparecidos supieron que quienes se habían llevado a sus hijos es el grupo delictivo detrás de asesinatos, secuestros y desapariciones en el estado de Tamaulipas; presuntos responsables del caso más reciente por el secuestro y desaparición de un grupo de 32 migrantes centroamericanos.
Hasta el día de hoy la razón del rapto de los tres hombres es desconocida para sus familias. El mismo día en que ocurrieron los secuestros dieron parte a las autoridades y se inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada.
A cerca de dos años de su desaparición, el nombre de Fernando Hernández de la Cruz no existe en los registros oficiales. Fue eliminado del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, o en su caso, su desaparición nunca fue contabilizada por las autoridades como las más de 114 mil personas desaparecidas en México.
“Ellos quieren desaparecer los registros. De por sí ya están desaparecidos y los desaparecen de las listas, obviamente no quieren hacer su trabajo por buscarlos. Se les hace bien fácil borrarlo y ya acabó el asunto”, denuncia Laura, madre de Fernando, quien pide cambiar su nombre por temor a represalias: es una de los familiares que han interpuesto amparos contra el borrado de los desaparecidos.
Amparo por el borrado de Fernando.
Colectivos y madres buscadoras han iniciado 74 amparos, hasta la primera semana de enero, para evitar que sus familiares sean borrados de los registros oficiales. En dos de cada tres amparos, los nombres de los desaparecidos no forman parte del Registro Nacional de Datos de Desaparecidos (RNPED), después de ser verificado por las madres en la consulta pública del listado oficial.
Estos amparos se han difundido a través de todo el país, pero principalmente fueron iniciados en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Guerrero, acompañados por los colectivos: 10 de marzo, Amor por Nuestros Desaparecidos, Colectivos Unidos de Nayarit y la Plataforma Nacional de Víctimas.
Estos mecanismos jurídicos fueron iniciados por las familias a razón del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la realización de un nuevo censo de personas desaparecidas, para verificar y rectificar la cantidad de desaparecidos en registros históricos.
Este nuevo conteo ha dado como resultado la reducción de la cantidad de personas desaparecidas en el país. Circunstancia con fines políticos que, incluso, fue denunciada por la excomisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, después de renunciar a su cargo.
“PIERDEN” CASOS RELACIONADOS CON SECUESTROS
La desaparición de Juan Alejandro Polanco Pinales fue reportada por su familia siete meses después del día que ocurrió. Temían por su seguridad tras amenazas del grupo delictivo que lo secuestró y pidió rescate, pero nunca más supieron sobre su paradero desde el 4 de noviembre de 2020 en Matamoros Tamaulipas.
Denunciaron ante la fiscalía de la entidad la desaparición con motivo de secuestro y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió la ficha de búsqueda por el hombre de 33 años que fue retenido mientras manejaba una camioneta deportiva color negro.
Tres años después, su nombre desapareció del Registro de Personas Desaparecidas.
Desaparecido desde 2020.
“No se encontraron coincidencias de la búsqueda, o existe solicitud de que no se haga pública la información de la persona desaparecida o no localizada, o la persona ya fue localizada”, refiere la consulta pública al registro nacional que conjunta los datos de las personas extraviadas y no localizadas desde el año 1961.
Por el borrado de su hijo, Alejandrina Pinales interpuso el juicio de amparo 1394/2023 en donde se reclama que el reporte de desaparición fue eliminado o extraído de la herramienta que corresponde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a cargo de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
Alejandrina Pinales interpuso el juicio de amparo 1394/2023 en donde se reclama que el reporte de desaparición fue eliminado.
“Después de tres años que mi hijo no está aquí, ahora no está desaparecido para México y después de tres años, me di cuenta que yo puse la denuncia y no está desaparecido. Imagine si una vez salió algún cuerpo y nunca me hablaron”, reclama Alejandrina Pinales, madre buscadora en entrevista con EMEEQUIS.
Afirma que pese a que le tomaron pruebas de ADN a ella y a los hijos de Juan Alejandro, las autoridades ahora ejecutan una segunda desaparición institucional al eliminar su nombre de los registros oficiales.
“Estoy indignada. Si a mi hijo lo eliminaron, o nunca lo registraron en la lista, ¿qué es lo que están haciendo? Hay denuncia, yo he andado en búsquedas, ¿que las muestras de AND no van a donde mismo al registro de desaparecidos?, se pregunta Alejandrina, quien ahora luchará porque su hijo sea reintegrado y eso no afecte en la investigación de las autoridades por encontrarlo.
La misma circunstancia se ha replicado en casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas por motivo de secuestro, como afirma la abogada y fundadora del Colectivo 10 de Marzo de Tamaulipas, Delia Quiroa.
“Pensamos que quitaron personas porque no fue exactamente una desaparición que se denunció ante una fiscalía de desaparición”, afirma que los casos más frecuentes se trata de personas desaparecidas cuyos casos pudieran estar relacionados con otros delitos como el secuestro o la trata de personas.
Otros de los casos que fueron denunciados con amparo es el de Roberto Quiroa Flores Valdez, hermano de la abogada y activista, cuyo registro por desaparición tampoco forma parte de las cifras oficiales.
En respuesta al juicio de amparo las autoridades refirieron que el reporte de la víctima fue replicado tres veces, razón por la que se eliminó, sin embargo ocurrieron tres secuestros y del último se perdió contacto absoluto.
Las cifras recientes del RNPED refieren que, del año 1961 a enero de 2024, sólo hay reporte de 334 personas en calidad de desaparecidas relacionadas con el delito de secuestro. El mayor registro histórico se reporta en los años 2010 (63 casos), 2011 (44) y 2019 (30).
En tanto, los estados con mayor incidencia de desapariciones por secuestro son Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
DENUNCIAN ALTERACIÓN DE CIFRAS Y MÁS DE 700 ELIMINADOS
La realización de un nuevo censo para rectificar el número de personas desaparecidas en México a través de visitas a domicilios para verificar que las personas aún se encuentren ausentes, causó la renuncia de la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.
Tras su salida de la institución, la exfuncionaria declaró en un taller impartido por el Colegio de México, que la razón de su dimisión fue la intención del gobierno por disminuir la cifra de personas ausentes.
“Su intención es muy clara y es lamentablemente, reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente de este gobierno”, dijo la doctora en derecho, quien fue sustituida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
Tras ese cambio de estafeta en la Comisión Nacional de Búsqueda, el número de personas desaparecidas en el registro ha tenido variaciones irregulares en los registros de la Secretaría de Gobernación.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó en diciembre del 2023 que, tras la realización del nuevo censo, se había logrado la localización de 15 mil 681 personas que aún formaban parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas; en tanto, la titular de la Comisión de Búsqueda, Teresa Reyes, anunció que en el país hay reporte de 92 mil personas desaparecidas.
En tanto, las últimas cifras reportadas por el RNPED contabilizan que, de noviembre del año 1961, al 10 de enero de 2024, hay un total de 114 mil personas desaparecidas que aún no han sido localizadas.
Sin embargo, listas que han sido compartidas por el Colectivo 10 de marzo de madres buscadoras de Tamaulipas, reportan el borrado de al menos 793 personas desaparecidas del registro oficial a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Delia Quiroa, abogada y fundadora del colectivo, refiere que estas listas fueron filtradas a colectivos de madres a través de exfuncionarios que fueron despedidos de la comisión de búsqueda federal. En las listas que publican en las redes sociales del colectivo, pueden identificarse nombres de personas desaparecidas junto a la leyenda de “eliminados”.
“Eso para nosotros es desaparición forzada. A lo mejor no materialmente, pero sí de manera administrativa. Estás desapareciendo a los desaparecidos, al no reconocer la desaparición esa es una característica de desaparición forzada. No quieren aceptar que hay personas desaparecidas aún con denuncia, con respaldo de las familias, aún con fichas de búsqueda emitidas por las autoridades”, declara la buscadora Delia Quiroa en entrevista con EMEEQUIS, quien exige que el gobierno federal explique las irregularidades en los registros.
Al solicitarle a la Secretaría de Gobernación, a través de la dirección de información, una postura institucional sobre el borrado de personas de los Registros oficiales, omitieron responder hasta el cierre de este reportaje.
@GloriaPE_
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