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Investigaciones

El montaje de Sheinbaum: el “duro golpe a la delincuencia” que resultó una pifia

Hace tres meses la policía capitalina detuvo a 26 “extorsionadores” que resultaron ser operarios de pipas de agua. Los acusaron de violentos, pero una cámara de vigilancia demuestra lo contrario. Muchos siguen presos a pesar de las pruebas a su favor.

Por INVESTIGACIONES ESPECIALES
18 mar 2021

Los detenidos en realidad eran operarios de pipas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante una conferencia. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.

Por Sandra Romandía y Santiago Alamilla


EMEEQUIS.– Las pruebas de un “duro golpe” a extorsionadores de piperos no aparecen por ningún lado. La versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está plagada de huecos e imprecisiones. Videos y documentos muestran que los detenidos son las propias víctimas de la supuesta extorsión. 

La narrativa oficial cuenta con todas las características de un montaje, al estilo García Luna, en el que gente inocente paga tiempo en la cárcel sólo por estar en el lugar y hora equivocados. Una pifia que no ha sido aclarada por la policía comandada por Omar García Harfuch ni por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La historia comienza el 9 de diciembre del año pasado, cuando la SSC informó que había llevado a cabo la detención de 26 personas pertenecientes al Sindicato Libertad, quienes supuestamente se encontraban extorsionando y amenazando la integridad física de operadores de “pipas” para transporte de agua, ya que no les permitían laborar a menos que les entregasen una cantidad de dinero. 

 

El gobierno capitalino difundió la imagen de los detenidos. 

 

Según los reportes de la policía, esa mañana los ahora detenidos acudieron a Cuemanco, lugar donde está el pozo número 19 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), armados con palos, navajas y un arma de fuego. Las autoridades  informaron que estas personas amenazaban a los operadores y gritaban consignas contra el gobierno, amenazando con lastimar a los choferes e impidiendo que salieran a realizar su trabajo hasta que no se les pagara una cantidad de dinero determinada. Una vez realizado el pago podrían continuar con su trabajo de acarreo de agua.

Sin embargo, videos y documentos en poder de EMEEQUIS demuestran que la narrativa oficial se contrapone con la versión que se observa en las evidencias. Adicionalmente, según se desprende de la revisión de lo sucedido, los detenidos no parecen tener relación con los delitos mencionados y que ahora forman parte de la carpeta de investigación CI-FIEC/CI/UI-1C/D/00392/12-2020. 

 

 


 

En los videos que muestran los hechos, ese día por la mañana, se observa cómo los “piperos” se presentaron como todos los días en el pozo Tláhuac-Neza 19, ubicado en Cuemanco, Alcaldía de Xochimilco. Estos “piperos” son los operadores de los camiones cisterna que, debido a la mala calidad de los servicios públicos, son contratados por el gobierno de la ciudad para llevar agua potable a los hogares donde no cuentan con servicio de agua corriente.

Aquel 9 de diciembre, Claudia Sheinbaum dijo ante los medios de comunicación que el Sindicato Libertad se dedicaba a hacer negocio con el traslado de cascajo. Y arremetió contra la supuesta responsabilidad de los detenidos: “No puede ser que a punta de pistola se exija una cuota, se exija un monto determinado”. 

Tras ser consultados por esta revista digital, personal del departamento de Comunicación Social de la  SSC dijo que no tenían comentarios sobre el tema, ya que toda la información se dio en su momento.

Y LLEGÓ LA POLICÍA: A CORRER

Parecía un día como cualquier otro. Los trabajadores esperaban la asignación de la “papeleta”, es decir, del volante que hace las veces de vale con que el representante del sistema de agua de la CDMX ordena el destino del líquido, para que con este documento puedan, posteriormente, recibir el pago por la prestación del servicio. 

Los camiones cisterna –“pipas”– son contratados de manera indirecta por el gobierno de la CDMX. A través del SACMEX se contrata a diferentes empresas para la prestación del servicio de acarreo de agua y éstas, a su vez, para lograr el número de viajes que la ciudad necesita, suelen subcontratar los camiones que hagan falta. 

Poco después de las 9 de la mañana, en cuestión de minutos, el sitio donde se encuentra el pozo 19 se llenó de policías. En los videos se observa a los operarios platicar en espera de su asignación cuando, de repente, todos emprenden la carrera mientras los agentes de la policía corren detrás de ellos, deteniendo a 26 personas.  

“Mediante llamada telefónica me entero que empezó a concentrarse presencia policial en el sitio donde estaba laborando, posteriormente recibo llamadas de otros chavos donde me dicen que a Francisco Guerra, el que me había llamado primero, había sido detenido también”, explica en entrevista para EMEEQUIS Francisco Barraza,   apoderado legal de la empresa Roca Urbanizaciones.


Las imágenes de lo que en realidad pasó contradicen la narrativa oficial. 


Al momento de la detención y la presentación a los medios de comunicación de las personas capturadas, probablemente los policías de la Ciudad de México ignoraban que una cámara de vigilancia, instalada en el comercio que se encuentra justo frente a donde sucedieron los hechos, grabó fielmente lo ocurrido. Esas imágenes exponen contradicciones con respecto al discurso oficial:  los detenidos no traían palos, no se aprecia que gritaran consignas, no se ven señales de violencia, ni de amenazas, ni mucho menos que estuvieran impidiendo que los operadores realicen su trabajo. Lo más grave, que se sabría después, es que la policía no detuvo a supuestos extorsionadores, sino que remitió a la cárcel pública a los supuestamente extorsionados: la SSC detuvo a los choferes y operadores de las pipas, trabajadores todos de la empresa contratada por el SACMEX para transportar el líquido. 

 

La empresa dio la cara por los afectados. 

 

 A los detenidos se les trasladó a la agencia 50 del Ministerio Público. Los cargos por los que se les presentó a la justicia, según las autoridades, son: alteración de la paz pública, extorsión, portación de armas de fuego exclusivas del ejército y narco-menudeo; este último porque, casualmente, a los detenidos les encontraron marihuana en bolsitas de plástico, todas idénticas, en los pantalones, a veces en el bolsillo derecho y otras en el izquierdo, incluso en los que usaban ropa deportiva. Todas las bolsitas resultaron iguales y prácticamente conteniendo la misma cantidad, sin embargo, en ninguna parte del expediente consta que éstas tuvieran las huellas digitales de quienes se supone las cargaban. El mismo caso aplica para la pistola que supuestamente portaba uno de ellos.

EL SUPUESTO DENUNCIANTE FUE DETENIDO

Documentos en poder de EMEEQUIS demuestran que uno de los detenidos fue posteriormente presentado por la SSC como la víctima, es decir, la persona que, según la autoridad, denunció las extorsiones y las amenazas que justifican la presencia de los cuerpos armados en el lugar. La policía y el Ministerio Público basan su actuación y acusación en la declaración documental del señor Francisco Guerra, a quien denominan “la víctima”. No obstante, el señor Guerra fue detenido al mismo tiempo y de la misma manera junto con sus compañeros de trabajo.

 


Francisco Guerra fue detenido y víctima a la vez. 


“Trabajo en las pipas, en la empresa Roca, en Cuemanco. Soy coordinador de las pipas. Llegaron las patrullas allá a Cuemanco, yo estaba trabajando marcando mis números de pipas que iban a salir, cuando llegaron los granaderos y nos agarraron a todos, luego nos trajeron aquí, al búnker o agencia 50”, declaró Guerra ante el juez.

Desde la primera audiencia, Guerra manifestó ante el juez –después de que la Fiscalía hiciera hasta lo imposible para que no compareciera– que nada de lo que aparece en la denuncia fueron declaraciones suyas, y que firmó el documento sin saber de qué se trataba, ya que la autoridad correspondiente le informó en su momento que, sólo firmando dicho documento, sería liberado.

Según las declaraciones que hizo ante el juez, ni siquiera pudo leer la denuncia que firmó y que es la base con la que permanecen detenidos sus compañeros, puesto que al momento de su detención no tenía consigo sus lentes, mismos que le son indispensables para poder leer; lo que implica que la denuncia, a pesar de que está firmada por él, no es suya. 

“No pude leer en ese momento, no tenía mis lentes, me dijeron que si firmaba el documento estaba liberado, me podía retirar, yo no estoy acostumbrado a este sistema, me dijeron que si firmaba me podía ir, no leí la declaración. Yo no alcanzo a leer, me dijeron que no había ningún problema, que lo firmara y ya podíamos salir”, le dijo Francisco Guerra al juez.

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Las declaraciones hechas por los policías, y que se encuentran en poder de este medio, resultan prácticamente idénticas, como si se hubieran puesto de acuerdo para decir lo mismo a partir de un texto ya preparado: todos señalan haber visto los palos que no se aprecian en los videos, todos aseguran haber escuchado las consignas que nadie grita y en todos los casos afirman que los detenidos pertenecían al Sindicato Libertad, porque los mismos detenidos lo aseguraban. La realidad es que nadie, ni los detenidos, ni los familiares, ni el representante legal de la empresa, ni el del gobierno de la ciudad, manifestaron que los miembros del referido sindicato en algún momento estuvieran presentes, o hicieran algo que corrobore lo que los policías dijeron haber visto y escuchado.

 

 

Las declaraciones de los policías no concuerdan con lo que en realidad pasó. 


Sin embargo, el apoderado legal de Roca Urbanizaciones aseguró que los que sí pidieron una “cuota” fueron los propios policías durante el día anterior. “El día ocho, algunos choferes me indicaron que se había aproximado una unidad, unos policías, y que les habían dicho que querían hablar con el encargado...  y que les dijeron que querían hablar conmigo porque querían ver la manera de... mmm, apoyarnos para que no hubiera ningún problema, en que nos infraccionaran los camiones y eso, y ver cómo nos, pues de alguna manera… como que diéramos una cuota para que no fuéramos molestados”, declaró Barraza.

EL INFIERNO DE RICARDO

Esa mañana prometía ser un día ordinario para Ricardo, hermano de Omar, quien, como desde hace más de ocho años, se vistió con su chaleco de seguridad amarillo reflejante con los logos de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas. Acudió a su centro de trabajo para operar su pipa. Su trabajo consiste en cumplir una asignación diaria de viajes para proveer de agua a las colonias de la Ciudad de México, que aun en pleno siglo XXI no cuentan con un flujo corriente y constante.

Ricardo se formó desde antes del amanecer para hacer fila, ya que los que llegan más temprano al pozo tienen la oportunidad de hacer más viajes. Mientras desayunaba en la fonda que se encuentra frente al sitio donde se llenan los contenedores, se dio cuenta que una patrulla de la SSC llegó cerrando el paso para impedir que las pipas pudieran salir. Sus compañeros se acercaron a los policías para preguntarles por qué no les dejaban realizar su trabajo. Ricardo no se preocupó hasta que el lugar se llenó de antimotines que empezaron a perseguir a los operadores y a cuanta gente se encontraba ahí, hasta un señor que hacía su venta de tamales desde un triciclo fue detenido. 

Ricardo también fue capturado y acusado por la SSC. Las supuestas evidencias en su caso son las mismas: uso de palos, amenazas, insultos contra el gobierno, extorsión y, claro está, la bolsita de plástico con marihuana en el bolsillo derecho de su pantalón.

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“Yo llegué a Cuemanco, cargué mi camión a las siete de la mañana y en lo que esperaba mi vale me fui a desayunar, estaba desayunando cuando de repente llegaron varios patrulleros o policías, empezaron a hacer una bola y de repente nos empezaron así, a agarrar a todos, parejo, sin preguntar… les preguntamos que ¿por qué? Pero nunca nos dijeron, ¡Tú subete! (al camión de granaderos), te subes por las buenas o te subes por las malas; cooperé a subirme al camión de granaderos para que no me golpearan, porque a todos los estaban golpeando”, dijo Ricardo cuando le explicó al juez lo sucedido.

Omar, su hermano, apenas se enteró de la situación de Ricardo se apersonó a la agencia donde estaba detenido, pero sus intentos de hablar con él fueron inútiles. La incomunicación a la que los detenidos fueron sometidos impidió que pudiera verlo, incluso al abogado particular contratado para defenderlo se le impidió acreditar su personalidad. No fue sino hasta que Omar presentó una queja urgente ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. Sólo entonces se le permitió hablar con el acusado y presentar a su defensor particular. Más de 12 horas transcurrieron en la incomunicación y más de un día sin asesoría legal, anomalías que violentan las garantías individuales y los derechos de los detenidos.

Para Omar resulta increíble que a pesar de que la empresa ya ha declarado que su hermano es uno de sus operadores, que se encontraba laborando y que la supuesta víctima ha desconocido su supuesta denuncia, los operadores sigan detenidos después de ya prácticamente tres meses.

 

 Ricardo Ortiz, uno de los detenidos injustamente. 

 

¿QUÉ ES EL SINDICATO LIBERTAD?

En las declaraciones de los agentes policiacos, en poder de EMEEQUIS, tal como si alguien les hubiera dictado, se puntualiza que los detenidos se autoproclamaron miembros del “Sindicato Libertad” y que se encontraban extorsionando a los “piperos”.

El Sindicato Libertad es una organización laboral registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sus documentos se encuentran vigentes hasta el 2024 con la categoría de Federación y Confederación independientes, es decir que no pertenecen a la CTM, CROC o similar; ambas tienen a Hugo Bello Valenzo como presidente. Estas organizaciones agrupan a varios sindicatos que operan principalmente en la Ciudad de México. 

A esta agrupación se le ha acusado de diversos delitos que van desde la extorsión, el secuestro y el uso de recursos de procedencia ilícita. Incluso sus actividades han merecido operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, para congelar sus cuentas bancarias y hasta detener y consignar a su líder.

En años anteriores se les ha señalado también como responsables de extorsionar a transportistas de agua e incluso incendiar sus camiones.

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Sin embargo, ninguno de los detenidos, ni la empresa, ni la parte que representa al gobierno de la ciudad han coincidido con las declaraciones de los policías. Si hubo alguna extorsión o amenaza de algún miembro del Sindicato Libertad contra los transportistas, solamente los uniformados lo percibieron y notaron, a ninguno de los detenidos se les ha podido vincular con esta organización.

Hasta este día, Ricardo Ortiz Miranda y otros más siguen en prisión por un operativo que estuvo plagado de irregularidades. Sus nombres y reputación fueron ventilados en medios de comunicación, sin la presunción de inocencia. Han vivido tres meses tras las rejas, a pesar de que la empresa –supuesta víctima de la extorsión– ha señalado a los detenidos como sus trabajadores.

Tres meses han pasado sin importar que uno de los detenidos en el sitio fue reclasificado de acusado a acusador. Son tres meses ya de un encarcelamiento que continúa, a pesar de que la supuesta víctima desconociera la denuncia: “Que nunca pudo leer y que no se apega a lo que realmente sucedió”.

Tres meses han pasado y sus familias siguen esperando su regreso a casa.

 


@Sandra_Romandia

@salamillab

 

 

 

 

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