SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. Alejandro Encinas, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación declaró que entre el 16 y 17 de febrero sostuvieron pláticas con los abogados de del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio en Israel, país donde supuestamente se encuentra refugiado desde que terminó su encomienda en la administración de Enrique Peña Nieto.
El vuelo al que se refiere Encinas se realizó en el avión matriculado XC-PFM de la Guardia Nacional, un Gulfstream G350 de 18 años de antigüedad y que salió el 13 de febrero a Tel Aviv en Israel con ruta Gander-Innsbruck-Tel Aviv. El vuelo no fue informado oficialmente por el gobierno mexicano hasta el día de hoy.
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Anteriormente esa aeronave también realizó vuelos donde usó de manera intermedia el aeropuerto de Innsbruck en Austria. Estos vuelos se realizaron el 2 de marzo de 2021 y el 17 de junio del mismo año. Debido a que los vuelos de esta aeronave, al igual que los del avión XC-PFT cuyo indicador fue usado por un avión comercial en sus vuelos a Houston como informó EMEEQUIS el pasado mes de abril, fueron catalogados como de “seguridad nacional”, el gobierno mexicano se ha negado a proporcionar información relativa a sus planes de vuelo y pasajeros.
La documentación de los vuelos del avión oficial en esas fechas, se encuentra en las fotografías y videos que fueron tomadas por Christoph Plank, José Ramos y Andreas Stockl, fotógrafos aficionados radicados en Austria.
Foto de Andreas Stoeckl del 17 de junio 2021
A Zerón se le acusa de haber torturado a los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando fungió como director de la agencia de investigación criminal de la entonces PGR.
Según se ha dado a conocer en la prensa israelí, Zerón vive en Tel Aviv cobijado por el empresario David Avital, socio preponderante de la empresa dueña del sistema de espionaje “Geomatrix” para espiar equipos telefónicos celulares. A pesar de que las escuchas telefónicas legales solamente están autorizadas para la Federación mediante la intervención de un juez federal, esta tecnología fue adquirida, además de la PGR, por los gobiernos de los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur, Puebla, Jalisco, Yucatán, Hidalgo y la Ciudad de México.
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Entre 2018 y 2022 la empresa Neolinx de México le ha facturado casi 241 millones de pesos a distintas entidades de la administración pública para asuntos relacionados con la seguridad y consultas de geolocalización de aparatos celulares. A pesar de existir 58 contratos con esta empresa, no se encuentra registrada en el registro público del comercio.
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