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EMEEQUIS.– El feminicidio de Luz Raquel Padilla en Jalisco mostró no sólo el aumento de extrema violencia con que se agrede a las mujeres en el país; sino también que las madres y familiares cuidadoras de personas con discapacidad también son discriminadas, perseguidas y vulneradas.
La interseccionalidad de la discriminación por motivo de discapacidad ha provocado que las violencias se expandan al entorno familiar y de las personas cuidadoras, haciendo que se potencien las barreras de esta población por tener una vida digna.
Provoca que se intensifiquen las condiciones de opresión que enfrentan y lleguen carencias económicas, de acceso a educación, salud y justicia causados por un entorno de discriminación. Incluso hasta llegar hasta situaciones de violencia verbal y física, como ocurrió con Luz Raquel, agredida por vecinos que se quejaban del ruido que producía su hijo con padecimiento de espectro autista.
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De 2018 a 2022, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha registrado 350 expedientes de quejas por actos de discriminación contra personas con discapacidad y sus familias.
La mayoría de las quejas se presentaron durante 2018 con 136 expedientes; 56 durante 2019, 57 en 2020, 61 en 2021 y 40 tan sólo en lo que va del año.
Las colectivas y organizaciones, formadas principalmente por madres dedicadas de tiempo completo al rol de cuidados, como “Yo Cuido”, o “Familias y Retos Extraordinarios A.C. de manera permanente han solicitado apoyo al gobierno para hacer de los cuidados una corresponsabilidad de gobierno, instituciones públicas y privadas, así como del apoyo de sociedad en general.
Sin embargo, hasta el momento la creación de un Sistema Integral de Cuidados sigue debatiéndose en el legislativo sin que se convierta en una realidad.
De acuerdo con los datos de Conapred a los que EMEEQUIS tuvo acceso, 79 de las quejas fueron presentadas por madres, refiriendo que sus hijas o hijos que viven con alguna discapacidad estaban también siendo víctimas de discriminación.
En 69% de las quejas se atribuyen los actos de discriminación a personas particulares, mientras que servidores o poderes públicos son señalados por el 30.2%. En este caso, se refieren principalmente a la falta de acceso a oportunidades de trabajo, servicios de salud y seguridad social. Señalando como responsables al ISSSTE, IMSS, entre otras.
De acuerdo con los datos de Conapred, 79 de las quejas fueron presentadas por madres.
Xareni Maya y su hijo, quien padece de trastorno del espectro autista, prácticamente tuvieron que exiliarse de su hogar en la colonia Popotla de la Ciudad de México, por la violencia que una vecina ejercía contra ellos.
“Me caga tu hijo, no lo soporto”, les gritó, además de amenazar con “desaparecerlos”. En el Ministerio Público les dijeron que no había delito que perseguir.
De acuerdo con cifras de Conapred, 1 de cada 4 personas que presentó denuncias por discriminación por motivos de discapacidad tuvo que salir de sus lugares de origen.
Esto quiere decir que en el 25% de los casos, las personas con discapacidad y sus familias se ven forzadas a dejar sus hogares por motivos de violencia o en busca de mejores oportunidades, como acceso a trabajo y atención médica.
LAS DISTINTAS FORMAS DE DISCRIMINAR
Las razones de quejas principalmente, que también permean en el círculo de las personas cuidadoras son: el no permitir a las personas con discapacidad entrar a centros educativos, despido de centros laborales, no incluir a las personas con discapacidad en pólizas de seguros, y la falta de infraestructura vial o de accesos para personas con discapacidad.
Las entidades donde se presentaron más quejas son la Ciudad de México, con 151 expedientes, 39 en Estado de México, 20 en Jalisco y 12 en Quintana Roo.
¿CONAPRED SIN DIENTES PARA ERRADICAR DISCRIMINACIÓN?
Pese a las muestras de agresión, intolerancia y violencia contra las personas con discapacidad, para el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación lo más importante es ejercer sanciones de conciliación y cambio cultural, pero no pueden impulsar una dimensión punitiva.
En entrevista, Mario Alfredo Hernández Sánchez, vocero en temas de discapacidad y no discriminación de Conapred, reconoce que el mandato de la institución es el reconocimiento de la discriminación y cambios de contexto de las víctimas, pero sin imponer multas o sanciones.
“Mucho se ha discutido sobre si el Conapred tiene o no tiene dientes para castigar actos de discriminación”, sin embargo, refiere que la meta es el cambio en la dimensión cultural del problema por medio de “la obligación de quienes han discriminado tomen cursos de capacitación, de sensibilización, se comprometan con la modificación de las dinámicas que llevaron la discriminación; hasta hacer publica esta denuncia”.
El plan de acción una vez que se presenta una denuncia, según el Conapred, es analizar el riesgo de la víctima y canalizar con instancias de justicia para brindarles protección. Posteriormente, hacer un análisis del contexto que derivó a los actos de discriminación y buscar que los responsables se les impongan sanciones.
Conapred afirma que los actos que derivan a la discriminación de las cuidadoras y familias están inmersos en un contexto de discriminación estructural.
“El fundamento de esta violencia no es una acción individual, es la percepción generalizada de que estos grupos no deberían de estar en los espacios públicos y que la violencia es una forma de contenerlos”, dice Mario Hernández, en referencia a los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI que muestran que en México aún existe falta de entendimiento al contexto que enfrentan las personas con discapacidad.
Sin embargo, afirma que es necesario implementar un marco de armonización jurídica frente a estos casos en todas las entidades del país para que se sigan estándares de derechos humanos con enfoque en discapacidad en todos los estados del país.
“El trabajo de política pública tiene que ir de la mano con cambio cultural en lo local, pero también trabajo de armonización legislativa bajo los estándares de derechos humanos y los estándares locales. Es importante que cuando se denuncien estos casos y que involucren a personas con discapacidad, el Ministerio Público sepa exactamente qué hacer, cómo proteger y evitar revictimización hacia estas personas”, dice el funcionario.
@GloriaPE_
