SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Las acusaciones contra la Guardia Nacional (GN) por presuntos asesinatos y violaciones a los derechos humanos que transcurren sin castigo no comenzaron con la liberación del gendarme que el miércoles 27 de abril mató a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato. En realidad, es el sello de la corporación.
La GN ha acumulado en sus 36 meses de existencia un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a derechos humanos, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH).
De acuerdo con un desglose efectuado por EMEEQUIS de los datos del SNAVIDH, entre las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de junio de 2019 a abril de 2022, destacan 200 que denuncian detención arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante; 75, intimidación; 27 son por tortura, siete por desaparición forzada y 10 por homicidio.
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Puertas adentro del organismo, la insubordinación se ha expandido con celeridad. De acuerdo a su informe de 2020, la GN aplicó ese año 600 sanciones disciplinarias por diversas infracciones entre las que pueden contarse alteraciones del orden y omisión de hechos en los reportes de servicio. Para 2021, los castigos por infracciones aumentaron más de 12 veces, pues fueron 7 mil 586 correctivos y sanciones disciplinarias.
La atmósfera de relajación no se circunscribe a la gendarmería ni a mandos de gradación media. El propio comandante en jefe de la GN, Luis Rodríguez Bucio, ha incurrido en serias violaciones a la ley, como poner al servicio de eventos de Morena los aviones de la corporación y acudir él mismo a los eventos proselitistas del partido oficialista.
En contraste, cuando se trata de enfrentar al crimen, la GN ha exhibido problemas de coordinación logística, falta de pericia e incluso sus miembros han sido videograbados mientras huyen de grupos criminales en Veracruz, Chihuahua y Michoacán.
YA SON 11 QUEJAS POR HOMICIDIO
Un muchacho de 19 años es la víctima de asesinato más reciente de la GN: Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de agronomía en el campus Copal de la Universidad de Guanajuato, que el miércoles pasado salía de un convivio en un jardín de fiestas, subió con sus amigos a una camioneta, los elementos de la GN presuntamente marcaron el alto al vehículo, y el tirador disparó. La vida del chico había terminado.
Para sus padres, Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, es una tragedia que marcará el resto de sus vidas. Para la GN, “un incidente”. Así se refirió al hecho la corporación en su comunicado sobre el crimen.
Familiares de la víctima y la comunidad de la Universidad de Guanajuato exigieron justicia. Pero el tirador que segó la vida de Ángel Yael ya es un hombre libre. De acuerdo con un comunicado de la casa de estudios, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo imputó “tentativa de homicidio”, lo que facilitó al juez de control la liberación del inculpado.
Ahora, cuesta arriba, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero buscará apelar, según expone en sus postura de reacción frente a la liberación, ocurrida el sábado: “El Ministerio Público Federal formuló imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa (…) Bajo razones expuestas por el propio Juez de control, mismas que forman parte de la causa penal, la FGR se encuentra en total desacuerdo de que se haya emitido auto de no vinculación a proceso en favor de Iván ‘N’, quien fue puesto en libertad”.
El de Ángel Yael no es el único expediente de homicidio en el que se hallan vinculados elementos de la GN. Ya en su Informe Anual de 2020, la corporación admitía que cinco de sus miembros se hallaban implicados en procesos penales por homicidio:
“Con relación al número de integrantes de la GN sancionados penalmente, se da cuenta de que en el ejercicio 2020, se contaba con cinco elementos vinculados a proceso por la probable comisión de los delitos de homicidio y contra la administración de justicia, sin que hasta el momento dentro de la causa penal que se sigue en su contra se les haya dictado sentencia”.
No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido hasta el 10 quejas por asesinato a manos de la GN, desde la fundación de dicha gerdarmería.
De acuerdo con el desglose efectuado por EMEEQUIS, la primera denuncia fue fue presentada en 2019 por un asesinato ocurrido en un sitio indeterminado. En 2020 fue denunciado otro caso de homicidio, ocurrido en Chihuahua. Y en 2021 se presentaron quejas por casos de “privación de la vida” a manos de la corporación en semicastrense en Ciudad de México (1), Guerrero (2), Querétaro (1), San Luis Potosí (1), Sonora (1) Tabasco (1) y uno más sin ubicación precisa.
A esos expedientes se suma el caso de Ángel Yael con lo que sumarían ya 11 casos de presuntos asesinatos en los que hay imputaciones públicas de responsabilidad a miembros de la GN.
GN, LA ERA DEL TERROR: TORTURA Y DESAPARICIONES FORZADAS
Además de los homicidios que los ciudadanos le imputan, la GN ha sido denunciada por violaciones de orden diverso, que van de retenciones ilegales a la destrucción o apropiación indebida de inmuebles, y los cateos sin los protocolos que exige la observancia de la ley.
Del amplio catálogo de violaciones a los derechos humanos que los ciudadanos han denunciado ante la CNDH, las detenciones arbitrarias son de las más reportadas. Alcanzan ya los dos centenares: 4 en 2019, 86 en 2020, 95 en 2021, y 15 en lo que va de 2022.
También menudean las denuncias contra miembros de la GN por “trato cruel, inhumano o degradante”, violación que alcanza ya las 177 quejas: 2 en 2019, 42 en 2020, 59 en 2021 y 14 en lo que va del año en curso.
Los padres consideraron “indignante” la libertad del acusado.
Pero las quejas más perturbadoras, después de las relacionadas con asesinatos, son las de torura y desaparición forzada.
De acuerdo con la definición que da la Secretaría de Gobernación en sus sitio web, la desaparición forzada “es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes”.
La GN ha sido denunciada por ese delito ante la CNDH. En 2020 llegó la primera queja, por un caso ocurrido en Michoacán, imputado a miembros de la corporación multicitada. Pero en 2021 aumentaron los casos. Se presentaron denuncias en Baja California (2 casos), Veracruz (2), Sinaloa (1) y Campeche (1).
No menos perturbadoras son las denuncias presentadas contra elementos de la GN por tortura. Van ya 27 quejas, la primera en 2019, en Jalisco. Para 2020 fueron cinco, por hechos perpetrados en el estado de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, y un caso de ubicación indeterminada.
Para 2021 hubo 15 casos de tortura denunciados: en el estado de México (4 casos), Ciudad de México (2), Tamaulipas (2), Guerrero (2), Chiapas (1) Veracruz (1), otra vez San Luis Potosí (1), Morelos (1) y Baja California (1).
La postura del rector de la Universidad de Guanajuato sobre la liberación del acusado.
RELAJACIÓN INTERNA
Pero al interior de la corporación también hay un ambiente de relajación creciente. En su Informe de Actividades 2019, la GN reportó que al 31 de diciembre de ese año, “no cuenta con elementos sancionados disciplinariamente”.
Muy diferente fue el reporte de 2020, donde admitió “que en el ejercicio 2020, se contaba con cinco elementos vinculados a proceso por la probable comisión de los delitos de homicidio y contra la administración de justicia, sin que hasta el momento dentro de la causa penal que se sigue en su contra se les haya dictado sentencia”.
Pero además, el Informe de Actividades 2020 reporta que “en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se impusieron 600 sanciones disciplinarias a diversos elementos en sus modalidades de restricciones y arrestos; resaltando, entre otros, los siguientes motivos: por no presentarse a realizar limpieza de armamento, por no informar a la superioridad los hechos ocurridos en su servicio, por portar el uniforme desarreglado, presentarse desaseado en su persona, proferir palabras obscenas, alterar el orden, entre otros”.
Habiendo sido ya un aumento drástico entre 2019 y 2020 en el número de sanciones para meter al órden a los elementos de la GN, fue aún mayor el del año subsecuente.
El Informe de Actividades 2021 reportó: “Se impusieron 7 mil 586 correctivos disciplinarios y sanciones a diversos elementos de la institución”. Se trataba de un crecimiento de más de 12 veces el número de sanciones del año 2020.
El documento detalló: 1,380 amonestaciones, 4,990 arrestos, 1,200 restricciones, 10 suspensiones de empleo, cuatro cambios de unidad, dependencia o instalación, y dos “comisiones en observación de su conducta”.
El desorden terminaría por reflejarse en la cabeza misma de la corporación, el general y comandante en jefe de la misma, Luis Rodríguez Bucio, quien también recibió un apercibimiento, pero del Instituto Nacional Electoral (INE).
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El 6 de abril de 2022, el organismo electoral dictó medidas cautelares a siete miembros del gabinete de AMLO, ante los actos del día 2 del mismo mes, cuando diversos funcionarios federales y estatales viajaron en el avión de la GN a ciudades donde se afectarían actos proselitistas.
El INE determinó que se trataba de “difusión y promoción del proceso de Revocación de Mandato por personas servidoras públicas, contraviniendo a los principios de imparcialidad y neutralidad al que están obligados, esto derivado de su participación activa en eventos realizados en los estados de Sonora, Veracruz y Coahuila”.
Ellos fueron Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Rocío Nahle García, secretaria de Energía; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y es desde luego el general Luis Rodríguez Bucio, titular de la GN, quien no sólo dispuso del patrimonio institucional de la dependencia a su cargo al poner la aeronave al servicio de los actos de Morena, sino que participó en los mismos.
Ángel Yael en imagen tomada de su cuenta de Facebook.
ANTE EL CRIMEN, RETIRADA
Entre las denuncias que ha recibido la GN ante la CNDH, están 74 quejas por “intimidación” de la gendarmería de la GN contra ciudadanos, la mayoría de las cuales ―53― se concentró en 2020. Sólo se registró una denuncia de este tipo en 2019, en 2021 fueron 14, y en 2022 van seis.
El caso es que dichos actos intimidatorios contrastan con las jocosas escenas que con frecuencia protagonizan los miembros de la corporación.
Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2021 en Veracruz, una patrulla de la GN marcó el alto a un vehículo que circulaba frente a su unidad oficial. Pero al cabo percatarse de que se trataba de un convoy de tres camionetas en el que viajaban hombres armados que bajaron empuñando sus armatostes, los tripulantes del vehículo de la GN echaron en reversa y huyeron.
Una videograbación, que se viralizó en redes, muestra el momento de la grácil retirada de los miembros de la corporación.
Otro hecho semejante ocurrió en Chihuahua a principios de este año. Era de madrugada, y las cámaras de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua detectaron una camioneta de modelo reciente con reporte de robo. Los policías municipales comenzaron a perseguirla y pidieron apoyo a la GN.
Pero los miembros de la corporación insignia del gobierno salieron huyendo rumbo al municipio de Cuauhtémoc. El saldo: dos municipales heridos y los elementos de la GN desaparecidos hasta que salió el sol, cuando reaparecieron sanos y salvos.
Y a principios de abril del año pasado, se difundieron videos que muestran a miembros de la GN, y del Ejército, saliendo de Aguililla, en Michoacán, a toda velocidad, ante la presunta llegada de unidades del grupo delictivo conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que libraba una guerra contra la banda delincuencial denominada Cárteles Unidos.
@estedavid
