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Ven en Samuel García “ignorancia jurídica y soberbia”

“Samuel García, siendo abogado, no quiso reconocer la facultad soberana que tiene el Congreso, facultad constitucional, de poder estar nombrando al gobernador interino”, señala el experto constitucionalista Francisco Burgoa. “Es un gobernador con licencia y, por lo tanto, está impedido de ejercer funciones”, señala el abogado penalista Gabriel Regino.

12 / 03 / 23

Por Maricarmen Gutiérrez Romero y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez 

EMEEQUIS.– En un par de días, Samuel García vio desmoronarse su anhelo de competir por la Presidencia: ante un Congreso hostil, las normativas de ley y sus propios errores, tuvo que tirar la toalla, pero ahora corre peligro de ser denunciado por ostentarse como gobernador cuando ya hay uno interino. 

Para desentrañar las razones que llevaron a esta crisis en Nuevo León, EMEEQUIS entrevista a Francisco Burgoa, especialista en derecho constitucional, quien explica los errores que llevaron a Samuel García a una crisis gubernamental de difícil retorno: 

“Por ignorancia jurídica, por soberbia. No tengo más palabras para describir que él fue. Él es el único responsable de esta situación en la que se encuentra actualmente. Porque él fue el que solicitó licencia para separarse por seis meses, que es el tiempo que la Constitución exige como requisito”. 

El experto señala que ahora García incumple lo que mandata la Constitución de no haber estado en el cargo durante los últimos seis meses previos a la elección (6 de junio de 2024). “Y por la otra: Samuel García, siendo abogado, no quiso reconocer la facultad soberana que tiene el Congreso, facultad constitucional, de poder estar nombrando al gobernador interino”. 

El emecista realizó una interpretación personal, “en sus consideraciones estrictamente personales y políticas, quería que porque la ciudadanía de Nuevo León votó por un gobernador de Movimiento Ciudadano, entonces él quería también una persona de Movimiento Ciudadano o afín a su proyecto de gobierno”. 

Burgoa apunta que García quería imponer a quién iba a ser la persona que ocuparía el cargo: “Eso de ninguna manera es admisible, porque es facultad del Congreso el poder nombrar y además, así como la ciudadanía de Nuevo León votó para que Samuel García ganara, también la ciudadanía de Nuevo León votó para que hubiera un contrapeso”. 

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Para el experto, desde el punto jurídico, la designación de un gobernador interino estuvo muy clara, pero que “frente a la voluntad soberana del Congreso, (a Samuel) eso es lo que no le gustó, y empezaron a surgir todas estas demandas de amparo, controversias constitucionales, juicios que empezaron a ser todavía más complejos desde el punto de vista jurídico, pero que al fin y al cabo tenía que ver con que pudiera estar rechazando, ratificando lo obvio, que es que el Congreso sí tiene la facultad de nombrar, y nombró a quién hoy sí es elegible, que es Luis Orozco, el primer gobernador interino”.  

Durante las horas en las que García recurrió a jueces para anular la voluntad del Congreso, “todavía estaba muy seguro de que él iba a dejar su cargo, iba a hacer de forma temporal; él iba a regresar como precandidato a la presidencia a partir del primer segundo de este sábado 2 de diciembre, pero cuando la Suprema Corte emite un comunicado en donde informa sobre la suspensión para garantizar que Luis Orozco es el gobernador interino (…) Samuel García no quiere respetar la voluntad del Congreso”. 

 Francisco Burgoa acusa desconocimiento jurídico de Samuel García. 

“Cuando él estaba 100% seguro de ganar la Presidencia”, menciona Burgoa, “¿quién en su sano juicio, teniendo esa seguridad, va a dejar esta precandidatura por continuar como gobernador (…) está ocultando algo, tiene miedo de que le investiguen algo; ya se han hecho públicas algunas auditorías (…) se menciona que hay un desfalco, entonces esas situaciones yo creo que están pesando mucho respecto a, en palabras coloquiales, tiene un desastre en el Poder Ejecutivo”.

¿Y LA LICENCIA? 

Burgoa aclara si García puede simplemente anular la licencia que le pidió al Congreso: “Samuel presentó un escrito formal para pedir esta licencia para separarse de su cargo, pues también tiene que presentar un escrito ante el Congreso en donde se le indique que él va a continuar o que desea que se concluya de forma anticipada esa solicitud de licencia”.

Señala que, para que García regrese al cargo, lo tiene que aprobar el Congreso: “No nada más es una cuestión de que Samuel García lo diga. Inclusive una diputada de Movimiento Ciudadano (…) dice que no hay ningún artículo en la Constitución ni en la ley que diga que el Congreso tiene que aprobar la reincorporación de Samuel García ni mucho menos aprobar el desistimiento de su licencia”. 

Burgoa recalca que, en este momento, García no es un servidor público: “En mi opinión, ese sólo acto (de publicar mensajes como si fuera funcionario) podría ser constitutivo de que estuviera cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas”. 

El constitucionalista señala que, si quisiera, Luis Enrique Orozco podría someter la situación a controversia ante el Tribunal: “La (Suprema) Corte y el Tribunal Electoral confirmaron que el Congreso es el que tiene la facultad para nombrar a gobernador interino”. 

Recalcó que ningún servidor público puede recibir instrucciones de Samuel García porque no es es gobernador: 

“Si Samuel García insiste en estar ejerciendo funciones que no le corresponden como gobernador, porque no es gobernador (…), él está empezando a sumar motivos por los cuales se pueden presentar denuncias cuando menos por este delito de abuso de autoridad”. 

Sin embargo, Burgoa señala que Samuel García “tendría todo el derecho de poder continuar como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano en estos momentos, ¿por qué? Porque jurídicamente la licencia sigue vigente (…) es decisión de él no continuar, él quiere quedarse como gobernador”. 

“No estamos en un país en donde los caprichos personales están por encima del marco jurídico, sea federal o estatal”, agrega el experto. 

Detalla que Samuel García “todo lo que ha demostrado” es que o “desconoce la Constitución y la ley (o que) a pesar de que la conoce, ha hecho todo lo que está haciendo, entonces hay un dolo de estar violando conscientemente la Constitución”. 

El día de hoy, Ulises Carlín, Consejero Jurídico del Gobierno estatal y la diputada local de Movimiento Ciudadano, Tabita Ortiz, entregaron “el acuerdo donde se refiere que Samuel García resume su responsabilidad como mandatario estatal”, según información de Telediario Monterrey. 

Este documento apunta que Samuel García, debido a sus “facultades constitucionales”, reasumirá el puesto y dejará definitivamente la contienda presidencial. Ahora la pelota está del lado del Congreso, que deberá definir si García regresará a la cabeza del Poder Ejecutivo del estado o se quedará fuera del cargo por seis meses. 

En un análisis en redes sociales, Burgoa también comenta más detalles sobre la situación de García: “¿en qué artículo (…) dice que el gobernador de Nuevo León -que ya cuenta con licencia aprobada por el Congreso- puede reincorporarse en el momento que él quiera, inclusive antes de que se venza la licencia por tiempo determinado? Me gustaría que nos pudiera ilustrar porque, en caso de no existir el fundamento, implicaría que sólo quieren interpretar las cosas a su conveniencia.” 

“¿Para ustedes un Acuerdo está por encima de la decisión soberana del Poder Legislativo? y que no solamente es la licencia sino también es el nombramiento del interino, lo que implica definir la conclusión anticipada del nombramiento que los diputados hicieron del gobernador interino; ¿o esto no cuenta?”.

El experto apunta que todo acto que Samuel García realice aparentando ser gobernador lo pueden ir documentando (publicaciones del Periódico Oficial, por ejemplo) y ya presentar las denuncias ante la Fiscalía por el delito de usurpación de funciones públicas, por lo cual los servidores públicos que “estén realizando acciones u omisiones por mandato de SG también pueden ser denunciados:

-Secretario General de Gobierno.

-Secretario de Seguridad.

-Consejero Jurídico del Gobierno.

-Director del Periódico Oficial”.

TRIBUNAL DECLARA INFUNDADA SU QUEJA

Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundado el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por Samuel García, dándole la razón al Congreso local que designó al gobernador interino del estado conforme a derecho. 

 El Tribunal Electoral considera infundadas las quejas de Samuel García. 

“Siendo que la formulación de los consensos necesarios para llevar a cabo la designación en modo alguno puede interpretarse en el sentido de que debe existir unanimidad en la votación para la designación de la gubernatura interina, porque ello implicaría establecer una votación calificada que no se encuentra exigida por la Constitución local ni por las normas que regulan el funcionamiento del Congreso local”. 

El documento inclina la balanza todavía más en contra de los deseos de Samuel García. La crisis continúa, y la caída libre de la carrera del emecista, también. 

 Gabriel Regino advierte de consecuencias legales si Samuel García se ostenta como gobernador. Foto: Cuartoscuro.com.

“IMPEDIDO DE EJERCER FUNCIONES” 

Por su parte, Gabriel Regino, profesor de Derecho Procesal Penal, Garantías y Amparo Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo en entrevista con EMEEQUIS que la única autoridad que le puede permitir a un gobernador ausentarse “es el Congreso del estado por ser quienes representan la voluntad popular. En una ficción, el pueblo es el congreso”.  

“El Congreso tiene la facultad a su vez de designar quién es el que va a sustituir al gobernador durante ese plazo”, agrega. 

Además, Regino está de acuerdo en que García ya no puede dar órdenes en el gobierno de Nuevo León, ya que no está en funciones: “En el momento en que la fuerza civil le haga caso a Samuel García, está cometiendo de manera conjunta el delito de rebelión.”

“Samuel García es un gobernador con licencia. Y por lo tanto, está impedido de ejercer funciones”, lo que quiere decir que el emecista puede ir a la cárcel, ya que estaría violando la ley. 

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