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Entrevistas

Los secretos de la casa de Rosi Orozco (y su oposición a la “Ley de Gobierno Padrote”)

El combate a la trata no debe hacerse mediante la imposición de tarifas al sexoservicio, considera la activista, quien encabezará una lucha para frenar la iniciativa de Temístocles Villanueva

Por Óscar Balderas
20 sep 2019

En 90 por ciento de los casos de prostitución hay trata involucrada, dice Orozco. Foto: Emeequis.

Una cumbia sonaba fuerte en uno de los barrios más elegantes de México. Ahí, las calles vigiladas por guardaespaldas y cámaras en lo alto de mansiones no suelen contaminarse con ruido, menos si se trata de un género musical que nació en los arrabales. Sin embargo, el 10 de agosto de 2015, los acordes de la Sonora Dinamita flotaban por Lomas de Chapultepec, la colonia donde los más ricos de país tienen sus residencias.


 

Si alguien hubiera buscado de dónde salían esas cumbias habría llegado hasta el 137 de la calle Sierra Amatepec, un inmueble con historia propia. En los 90 se convirtió en la casa de Vicente Carrillo Leyva, hijo del “Señor de los Cielos” y capo del Cártel de Juárez, quien la transformó en su centro de operaciones: por ahí pasaron policías corruptos, vendedores de drogas y sicarios que tenían la encomienda de dominar al viejo Distrito Federal.


 

La casona también se convirtió en su salón de fiestas, a donde llegaban mujeres con las que los invitados festejaban toda la noche con drogas y alcohol… hasta que en 2009 un operativo terminó en la detención de Carrillo Leyva y su casa fue decomisada y ofrecida por el gobierno mexicano a ciudadanos y asociaciones civiles través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.




 

Seis años más tarde, en el verano de 2015, Sierra Amatepec 137 volvió a ser la sede de una gran fiesta con mujeres. Pero esa vez el anfitrión no fue un narco, sino una activista, Rosi Orozco, presidenta de la asociación Comisión Unidos vs. la Trata. En lugar de criminales, la fiesta se llenó con decenas de chicas que nacieron en los pueblos más vulnerables del país y que bailaban en el jardín donde está una cancha de raquetbol. Orozco habitó esa casa meses después del arresto de Carrillo Leyva gracias a que su esposo Alejandro Orozco firmó un convenio para rentar la casa al SAE y ahí vivió sin sobresaltos hasta que el 21 de mayo de este año el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó públicamente desalojarla.

 

 

“A MUCHA GENTE LE CAUSÓ RUIDO QUE YO ‘TUVIERA’ UNA CASA DEL SAE”


 

Aquel martes, Rosi Orozco se enteró por la conferencia mañanera que su casa, y otras propiedades, serían las primeras que requería la nueva administración del SAE. El tema se volvió rápidamente tendencia nacional en Twitter por el nombre que daba el presidente López Obrador al organismo responsable de recuperar esos inmuebles: “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.


 

“Ese concierto es el recuerdo más feliz que tengo de esa casa”, cuenta Rosi Orozco a cuatro meses de la mudanza forzadada. “También tengo recuerdos muy dolorosos, como cuando llegó a vivir Zunduri (la niña esclavizada en una tintorería en Tlalpan) y tenía más de 600 heridas. No me desalojaron solo a mi: esta casa era también un refugio para niñas víctimas de trata de personas”.


 

La polémica se desató cuando los enemigos de Rosi Orozco aseguraron que la Cuarta Transformación pedía la devolución de las casas porque supuestamente fueron entregadas irregularmente a la activista y su esposo a cambio de apoyo político para los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 


 

Sin embargo, el director del SAE, Ricardo Rodríguez, desmintió esa versión. En una entrevista posterior, el funcionario dijo que requerir las casas no significaba que los inquilinos hubieran cometido algún delito,  sino que formaba parte de las estrategias de austeridad del nuevo gobierno. Tres meses después, por ejemplo, el SAE vendió en 102 millones de pesos al empresario Carlos Bremer la mansión de Zhenli Ye Gon, preso por delitos contra la salud, con el fin de pagar estímulos a deportistas nacionales. Sin embargo, el desalojo había comenzado ya una marcha irreversible para Rosi Orozco.


 

“A mucha gente le causó ruido que yo ‘tuviera’ una casa del SAE en Lomas. Pero yo había vivido casi toda mi vida en Lomas de Chapultepec: era mi colonia y mi casa familiar estaba a ocho calles, en Sierra Cotopaxi 230, de donde huí por amenazas de muerte en mis primeros años como activista. Sierra Ametepec era una casa segura que ofrecía el SAT y mi esposo y yo pagamos renta para ocuparla. Tengo los recibos para comprobar que no solo fui puntual en los pagos, sino que mi familia pagó varios arreglos porque la casa se nos entregó muy deteriorada. Esa remodelación se hizo en gran parte porque aquí vivieron niñas como Karlita, Mizty, Neli, cuyos casos siguen abiertos y sus tratantes están libres. Queríamos que vivieran en una de las zonas más seguras de la ciudad”.


 

Esas jóvenes eran –algunas aún lo son– piezas fundamentales en juicios contra peligrosos tratantes de personas como Gerardo Altamirano, alias “El Cepillo”, o Noé Quetzal Méndez, “El Oso”, considerado el padrote más poderoso en la ruta de tráfico de mujeres mexicanas y centroamericanas rumbo a casas de seguridad disfrazadas de prostíbulos en Nueva York.


 

La fiesta fue maravillosa para ellas. Son las víctimas de los peores casos, las que sufrieron los daños más terribles. Imagínate lo que fue para ellas llegar a una casa bonita, que las recibieran como invitadas de lujo y que la Sonora Dinamita les cantara una canción hecha especialmente para ellas”, narra Rosi.


 

Aquella tarde, la música sonó hasta tarde. Algunas chicas incluso se quedaron a dormir en la casa, ocupando habitaciones y estancias como si fueran suyas. Lo que alguna vez fue una casa del dolor ajeno, parecía recomponer su energía con la presencia de esas sobrevivientes a las que les dolían los pies por tanto bailar.


 

“Cuando parecía inevitable, dije ‘si me van a pedir la casa, adelante’. Yo la entregué sin problemas. Si es un asunto de combatir la corrupción, yo le dije que soy la primera en decir que combatir la trata de personas es combatir la corrupción”, recuerda.

 

 

“¡SERÍA EL COLMO QUE EL GOBIERNO COBRARA!”


 

Ahora, desde una nueva casa que ha habilitado como centro de atención a víctimas y sobrevivientes, Rosi Orozco dice no añorar Sierra Amatepec 137. En lugar de voltear hacia atrás tiene la vista puesta en dos temas: reforzar la campaña global “Hoja en Blanco” para dar una nueva vida a las que escaparon del infierno de la explotación sexual y prepararse para una batalla que en los próximos meses dará su organización ante el Poder Legislativo.


 

Esa lucha inició formalmente el pasado 5 de septiembre, cuando el legislador de Morena Temístocles Villanueva presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de ley que busca legalizar la prostitución en la Ciudad de México. La propuesta contiene dos elementos, entre los más notorios, que preocupan a activistas contra la explotación humana y feministas: la expansión de zonas de tolerancia para servicios sexuales y que las personas en situación de prostitución deban pagar una tarifa única al gobierno capitalino a cambio de obtener derechos laborales como trabajadoras no asalariadas, supuestamente para evitar la trata, argumentó el diputado.


 

“Nuestras leyes hoy castigan el beneficio económico de la explotación ajena, ¡sería el colmo que el gobierno cobrara! ¡se volvería el principal padrote de las víctimas! ¿Y por qué les llamo víctimas? Porque hoy está demostrado, gracias a un estudio de la Fundación Scelles de Francia, que el 90% de lo que parece prostitución en el mundo es, en realidad, trata de personas”.


 

“Además, nosotros tenemos nuestra propia investigación. Conocemos el caso de una chica que desgraciadamente sigue en La Merced, que no hemos podido rescatar, y que dice que en su calle hay 45 mujeres pagando a una madrota y solo cuatro no pagan derecho de piso. Esa iniciativa lo que propone no es cambiar la situación de esas mujeres, sino que el dinero solo cambie de mano”.


 

El “modelo Ámsterdam” que legalizó la prostitución mediante las famosas vitrinas, asegura Rosi Orozco, ha probado ser un fracaso. Hace años que el Barrio Rojo busca sacudirse su sórdida fama, desde que descubrió que muchas de sus mujeres provenían de países pobres de Europa del Este y eran traficadas por padrotes. Según la activista, esa derrota demuestra que la tendencia internacional debe ir en sentido contrario: para proteger a las mujeres hay que imitar lo que hace Francia, que para financiar programas sociales para mujeres vulnerables cobra altísimas multas a los clientes explotadores.


 

“Yo sé que para muchos esa es una visión conservadora. No lo es. Negarse a que el cuerpo de una mujer vale lo que un hombre quiere pagar por ella es, incluso, una idea de avanzada. Y vamos a defenderla, vamos a presentar todos los argumentos para endurecer las leyes contra los padrotes, no cargarle la mano a las víctimas”.


 

Rosi Orozco mira por el ventanal de su casa. Se queda callada. Está por cumplir 60 años y no recuerda un día de su vida, desde que se involucró en el tema de trata de personas, que no haya dado batalla. Lo hizo cuando sacó adelante la actual ley general antitrata, cuando le tocó defender los cambios en la ley, cuando se peleó con la organización criminal  Zona Divas y también cuando desalojó la casa que compartía con las víctimas. Por un momento, respira hondo, como asumiendo que enfrente tiene otra batalla más.


 

“Vamos a convencer. En un país con miles y miles de mujeres desaparecidas, dime ¿qué padre o madre de familia quiere que haya zonas de tolerancias donde paren a las jóvenes? Primero los pobres es primero las víctimas”.

 

@OscarBalmen

 

 

 

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