SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Carmen Sánchez ya no camina sola. En 2014 comenzó su lucha tras ser agredida con ácido en el rostro y varias partes de su cuerpo. Primero fue por recuperar su salud, después por encontrar justicia contra el hombre que intentó asesinarla.
A casi una década, su agresor, Efrén García, fue condenado a 46 años y 8 meses de prisión. Es la primera sentencia en América Latina en la que una ataque de violencia química es sancionado de manera ejemplar, por el delito de tentativa de feminicidio.
La lucha por justicia que emprendió Carmen, inició en un momento en que las leyes en México no reconocían como violencia feminicida las lesiones físicas de por vida que dejan los ataques con ácido,quemaduras con fuego o el rociar sustancias corrosivas.
Esta sentencia, pionera en el país, “abre las puertas a la esperanza para muchas mujeres que están en el mismo proceso que, como yo, están buscando arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano”, comenta la sobreviviente de violencia química en entrevista con EMEEQUIS.
Ahora Carmen camina acompañada de otras mujeres que vivieron la misma forma de agresión, quienes esperan que sus violentadores sean sancionados, que las autoridades reconozcan estas violencias y que se genere un sistema integral de atención para sobrevivientes de violencia ácida y química, con acceso eficiente a servicios de salud.
Fueron nueve luchas, una por cada año en el que Carmen Sánchez también se enfrentó con violencia institucional. La revictimización en los Ministerios Públicos, falta de peritos especialistas, suspensión y retrasos de audiencias, que su agresor gozara de libertad sin ser detenido.
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Este jueves 11 de mayo la justicia dio un giro. La jueza María de Jesús Sánchez Cabrera aplicó la pena máxima por tentativa de feminicidio en contra del agresor, pese a que el proceso aún permanecerá abierto por conseguir una reparación integral del daño.
“Para mí es cerrarle la puerta a la impunidad y empezar a mandar los mensajes que esperan todas las mujeres, de que así pasen 10 años, los agresores van a ser castigados y sentenciados. La violencia química comienza a ser castigada”, afirma Carmen Sánchez.
En busca de justicia para todas. Foto: @CarmenAnchez.
LA DEUDA POR REPARAR EL DAÑO A LAS SOBREVIVIENTES
Llevar el proceso de justicia, también implicó para Carmen un camino de sanación físico y emocional.
Está a unas semanas de enfrentarse a su cirugía 65 para recuperar su salud física y estética. Las intervenciones reconstructivas se han dado para restablecer la funcionalidad y movimiento de diversas partes de su cuerpo y sanar las heridas provocadas por el ácido.
En cada cirugía, Carmen sigue poniendo en riesgo su vida, afirma Ximena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez. “Son necesarias para seguir restituyendo parte de lo que la violencia química le arrebató y para poder recuperar parte de su vida y de su identidad”, explica.
En la sentencia dictada en los juzgados de Mixquic-Chalco, en el Estado de México, aún hay deuda en la reparación integral del daño que la violencia química le trajo a Carmen y su familia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 85/2019, reconoció que las hijas de Cármen Sánchez son víctimas indirectas, pues también han sufrido daños a consecuencia de la tentativa de feminicidio. Sin embargo, en la sentencia condenatoria no se les contempló para reparar el daño infligido, tampoco el valor económico que la víctima dejó de percibir por los daños físicos.
“Considero que la condena por la reparación del daño se quedó muy corta. Creo que la juez indebidamente dejó de valorar la pericial que se presentó, donde se contempla no sólo el daño que sufrí por la agresión, también se contempla lo que dejé de percibir todo este tiempo a consecuencia de la violencia. Dejé de llevar una vida cotidiana y normal”, refiere Carmen.
La reparación integral del daño continúa siendo una utopía para las mujeres sobrevivientes de feminicidio, aún más cuando las afectaciones físicas dejan secuelas físicas y emocionales para toda su vida.
“No es suficiente estar vivo o mantenernos con vida, cuando nos han arrebatado toda nuestra libertad humana nuestra identidad personal, o cuando nos han dejado con afectaciones emocionales físicas y emocionales. Cuando nos enfrentamos a vulnerabilidad y revictimización social y a la precarización económica”.
Por esta falta en la reparación del daño, la defensa de Carmen impugnará la resolución y el proceso se mantendrá abierto, para que sean reconocidas las víctimas indirectas, y también las omisiones del Estado frente al proceso de justicia.
Fueron 9 años hasta obtener la sentencia, pero todavía falta reparación del daño. Foto: @CarmenAnchez.
¿QUÉ SIGUE PARA LAS DEMÁS VÍCTIMAS?
La magnitud completa sobre las mujeres que han sufrido ataques con ácido y sustancias químicas es desconocida en México.
La Fundación Cármen Sánchez acompaña a 39 mujeres sobrevivientes; sin embargo, estadísticas de la Secretaría de Salud apuntan que pueden ser más de 3 mil casos durante los últimos 12 años.
Por la falta de cifras y reconocimiento en datos oficiales, la impunidad en los casos también se agrava para que lleguen a una sentencia condenatoria. Pese a que estos casos deben juzgarse bajo la figura de tentativa de feminicidio, suelen reclasificarse como lesiones dolosas o violencia familiar.
“Las ambigüedades legales son causadas por la falta de una figura jurídica”, refiere Ximena Canseco, pues aún en el Código Penal Federal la violencia ácida no tiene una tipificación, y tampoco la tentativa de feminicidio a nivel nacional.
Considera que para que más sentencias ocurran es necesaria “la capacitación, sensibilización, y la asesoría legal para que pueda evidenciar que efectivamente los ataques con ácido y cualquier sustancia química ponen en riesgo la vida de las mujeres”, comenta.
Antes de la sentencia contra Efrén García, la Fundación identificó dos casos previamente, pero ninguno bajo los estándares de tentativa de feminicidio.
La sobreviviente de violencia química, Martha Ávila, logró una sentencia contra su agresor en 2017, sin embargo, el caso se juzgó como homicidio en grado de tentativa, no se aplicó la perspectiva de género para investigarlo como un intento de feminicidio. Se dio una condena mínima de 8 años de prisión bajo un juicio abreviado.
Un caso más se dio en Puebla, donde el ataque químico fue considerado como violencia familiar y el agresor obtuvo beneficios de disminución de la pena.
“Pedimos una sentencia ejemplar, sin ningún tipo de beneficio judicial para el imputado. Ellas siguen en riesgo de volver a sufrir un nuevo atentado por parte de los agresores. Muchas sobrevivientes han dicho que si los dejan libres las matan, y creo que es algo muy cierto, porque el cometido era acabar con su vida”, explica Canseco.
Protesta frente a Palacio Nacional. Foto: @CarmenAnchez.
Carmen Sanchez espera que la sentencia que logró marque un precedente y pueda usarse para más casos de violencia química. Durante el juicio se realizaron cinco periciales especializadas para casos de ataques químicos, en los que se consideraron a nivel contextual, los daños provocados a nivel físico, emocional, y social de la sobreviviente.
La violencia ácida aún no está tipificada en las leyes, tampoco la tentativa de feminicidio encuentra una homologación en todo el país. Las mujeres sobrevivientes se enfrentan en una carrera de obstáculos, en la que el reconocimiento de este tipo de violencia resulta vital para conseguir justicia.
“Vamos a seguir insistiendo en cada uno de los estados que se reformen cada uno de los códigos penales para que ninguna otra mujer vuelva a atravesar todo lo que nosotros hemos atravesado”, afirma Carmen Sánchez.
@GloriaPE_
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