SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Tres años de impunidad es lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha propiciado en favor de Manuel Horacio Cavazos López, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien desde 2019 es acusado de agredir sexualmente a sus propias hijas.
El proceso en contra el presunto agresor y también contra la negligencia de las mismas autoridades, ha llevado Mariel Albarrán, abogada y madre de las menores que en septiembre de 2019, cuando ellas tenían 5 y 7 años, refirieron ser abusadas sexualmente por su padre.
Para Albarrán han sido tres años de tortuoso camino de violencia institucional, “yo digo que de suplicar justicia en la Ciudad de México”, cuenta en entrevista con EMEEQUIS.
“Desde el día uno que denunciamos nos hemos encontrado con obstáculos de todo tipo, pero además de la violencia que ejerció el agresor, también nos encontramos con la violencia institucional”, al afirmar que las mismas autoridades han dado protección y beneficios contra el exfuncionario que ha intentado en varias ocasiones ser ratificado de manera vitalicia y regresar a su cargo.
El año pasado se había dado carpetazo a la denuncia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encubriendo al agresor, decretó el no ejercicio de la acción penal. Afirmaron que no se contaba con las las pruebas suficientes, pese a que la misma autoridad las ha modificado o no las ha tomado en cuenta para judicializar la investigación.
“Materialmente los actos existen, pero al momento de tomar una determinación la Fiscalía los ignora”, refiere la madre.
Tras un amparo y diversas denuncias contra de funcionarios públicos por obstaculizar el proceso de justicia, la investigación volvió a abrirse en julio de 2022.
Ahora la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emite la recomendación 10/2022 respecto a la inacción y transgresiones cometidas por parte de las autoridades capitalinas, para evitar la justicia en favor de las menores.
Este avance pinta como una luz en el túnel de la impunidad y falta de justicia por la que han tenido que atravesar Mariel y sus hijas, con la convicción de ser escuchadas, pese a que saben que se enfrentan a protección institucional para el denunciado.
PROTECCIÓN DESDE LA FISCALÍA
“¿Para qué denuncia?, Le va a hacer más daño a sus hijas del que ya les hizo el agresor”, con esa frase intentaron disuadir a Mariel Albarrán de presentar una denuncia formal por abuso sexual en contra de su expareja y padre de sus hijas.
En septiembre de 2019 presentó la denuncia, le hicieron estudios psicológicos a sus hijas que corroboraban el daño del abuso sexual ejercicio por su propio padre. Avanzó con normalidad el proceso, hasta que en la Fiscalía supieron que el denunciado era un funcionario público.
“Cuando se enteraron que se trataba de un Magistrado empezaron a entorpecer todo”, afirma Mariel. En ese momento a ella le negaron presentarse a los dictámenes psicológicos de sus hijas, comenzaron a alterar las pruebas y negarse a integrarlas dentro de la carpeta.
“Cambiaron palabras de la transcripción. En uno de los audios se escucha a la menor de mis hijas diciéndome ‘Mamá ven por mí, no puedo estar feliz’, mientras llora. Pero en la transcripción la policía de investigación cambió las palabras y dice ‘Mamá, quiero que seas feliz’. Le da una connotación distinta”, cuenta su madre.
En la carpeta de investigación versan diversas pruebas, entre ellas dictámenes psicológicos donde las menoras expresan la violencia sexual que vivieron, realizados por el Centro de Atención especializado y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, sin embargo fueron desestimados por la fiscalía.
El mismo funcionario público que intentó hacer que Mariel desistiera de la denuncia, José Manuel Fuentes Cruz, es uno de los señalados de obstrucción a la justicia, ya que se ha movido más de cinco veces de circunscripción para estar al tanto de la carpeta y evitar que esta se judicialice.
La madre lo denunció ante el Órgano Interno de Control, así como a la perito Estrella Romo, por obstruir la justicia contra ellas y sus hijas al desestimar su palabra y denuncia.
“Con todo esto no es posible que no podamos acceder a la justicia, evidenciando a servidores públicos, señalando todas las omisiones y obstáculos”, hasta este momento la carpeta no está judicializada afirma Mariel Albarran.
CDHCM SE PRONUNCIA CONTRA ACTUACIÓN DE FISCALÍA
El caso de Mariel y sus hijas fue estudiado por la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para publicar la recomendación 10/2022 que, además, contempla otros dos casos relacionados a infancias y omisión de las autoridades capitalinas.
Los tres res casos derivaron de denuncias presentadas por las madres de las víctimas entre 2020 y 2021, que tienen en común la “ausencia de garantías en el interés superior de las infancias en procesos de investigación ministerial relacionados con niñas y niños víctimas de violencia y que las personas imputadas son familiares cercanos”, como explicó María Lucía García Hernandez, funcionaria de la CDHCM en conferencia de prensa.
Reconoció que para llegar a la recomendación presentada este lunes 31 de octubre, la institución realizó 31 solicitudes de información a la autoridad, 8 consultas de carpetas de investigación, 9 intervenciones de acompañamiento psicosocial, así como 9 acompañamientos a peticionarias.
OMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO
En calidad de autoridad responsable, la Comisión local de Derechos Humanos dirigió el exhorto a la Fiscalía General de la Ciudad de México respecto a la omisión de garantizar el interés superior así como el derecho de acceso a la justicia de niñas y niños que han sido víctimas de violencias.
La titular de la Comisión, Nashieli Ramírez, solicitó que tanto las víctimas directas como las indirectas de la recomendación fueran inscritas en el registro de víctimas de la Ciudad de México para establecer planes de reparación integral por la inacción del Estado, así como asignar estrategias de seguimiento para supervisar los casos y la protección de los derechos humanos, así como establecer valoración de riesgo para las niñas, niños y sus madres.
La funcionaria aseguró que con esta recomendación se “da cuenta de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Se hace evidente que las víctimas no contaron con los apoyos institucionales adecuados y suficientes para que se investigara con un enfoque de derechos humanos”, dijo en conferencia de prensa.
De la misma forma, reconoció que se encontraron irregularidades en las que incurrieron funcionarios públicos, por lo que se pidió hacer las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos para establecer sanciones por obstruir el proceso de justicia.
“En la práctica pareciera que todos los mecanismos no son efectivos para la protección de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados”, afirmó la presidenta Nashieli Ramírez Hernández.
Identificadas en la recomendación como el caso 2 y las víctimas directas 3 y 4, se establecen las faltas en las que incurrió la justicia en contra de las hijas de Mariel, entre las que destacan: la negativa de medidas de protección, así como para atender la recomendación de la psicóloga del Centro de Terapia de Apoyo a Delitos de la propia Fiscalía; mismas violaciones que ya habían sido denunciadas por Mariel Albarrán.
Se remarca también el descrédito y minimización que dio la Fiscalía hacia el testimonio de las niñas y el caudal del material probatorio, ya que pese a que se solicitó “realizar diligencias adicionales para acreditar los hechos denunciados proponiendo tan sólo 6 días después el ejercicio de la no acción penal”, explicó Maria Luisa García Hernández, Cuarta Visitadora General de la CDHCM.
@GloriaPE_
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