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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– El Poder Judicial está en la mira. Morena amenazó con quitarles la tercera parte de su presupuesto. ¿El motivo? La invalidación de reformas prioritarias para López Obrador. Sin embargo, la ministra presidenta Norma Piña, respaldada por la plana mayor del Poder Judicial, lo ven de otra manera: esto no es austeridad, sino un ataque a su autonomía.
Este guión nos resulta familiar. Bajo la dirección de Lorenzo Córdova, el INE enfrentó recortes impulsados por una Cámara de Diputados dominada por Morena y aliados. Ya con Guadalupe Taddei al mando, el gasto electoral pasó a segundo plano.
Para 2024, Norma Piña propone un presupuesto de 84 mil millones de pesos, un aumento del 4% considerando la inflación. Aunque no es una cifra insignificante, estamos hablando del órgano encargado de impartir justicia en el país.
En términos del PIB, esto representa apenas el 0.26%. O, para ponerlo en perspectiva: de cada 100 pesos del presupuesto federal, sólo 95 centavos irán al Poder Judicial.
Desde 2018, el Poder Judicial ha sido ejemplar en la reducción de sus gastos. Aquel año, contó con un presupuesto de 96 mil millones de pesos. Para 2024, este monto se ha reducido en un 11%.
Sin duda, el presupuesto judicial debe ser revisado, al igual que el del Congreso y el Gobierno Federal. Sin embargo, el oficialismo utiliza la austeridad como arma política para asfixiar a las instituciones que no se someten a la voluntad del Presidente.
Además, el discurso oficialista de ‘hacer más con menos’ tiene pies de barro. Las prioridades de López Obrador suelen requerir más dinero del solicitado inicialmente a la Cámara de Diputados.
En 2022, el Poder Ejecutivo ajustó el presupuesto en más de 350 mil millones de pesos, beneficiando principalmente a las dependencias vinculadas a las megaobras presidenciales.
En contraste, áreas como la Secretaría de Salud se apretaron el cinturón con 11 mil millones de pesos menos. En los primeros seis meses de 2023 repitió la dosis: sufrió un recorte de 26 mil millones de pesos. Y ya tenemos los resultados de este tipo de decisiones. Según las últimas cifras de Coneval sobre pobreza: Se duplicó el número de personas sin servicios de salud.
Entonces, si los recortes al Poder Judicial son impulsados por revanchas políticas, ¿qué futuro nos espera?
La impunidad y la violencia son problemas graves en México. Las estadísticas son alarmantes: de cada 100 delitos denunciados, sólo 2 se resuelven. Y eso que la mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian.
Lamentablemente, el debate no gira en torno a cómo enfrentar la impunidad y garantizar la justicia. No discutimos de la responsabilidad compartida entre el Poder Judicial, la Fiscalía General, fiscalías y poderes judiciales locales, así como la Guardia Nacional y policías tanto estatales, como municipales.
En lugar de ello, somos testigos de tensiones políticas y rivalidades. De como los ataques que provienen de legisladores como Ignacio Mier y Alejandro Armenta, son motivados por su aspiración a la candidatura oficialista por la gubernatura de Puebla.
Al hablar de acceso a la justicia, recordemos a los verdaderos responsables. Ante propuestas de recortes, exijamos un debate técnico que ponga nuestros derechos en primer plano. No se trata de cuánto recortar, sino de cuánto invertir para garantizar derechos.
La autonomía del Poder Judicial no es un lujo, sino un requisito para cualquier democracia que aspire a la justicia y la igualdad.
Cada peso destinado debe ser una inversión destinada a la garantía de nuestros derechos y en la construcción de un país más justo.
En lugar de ceder ante rencores políticos, es urgente que el debate sobre el presupuesto se centre en lo que verdaderamente importa: ¿cómo garantizamos un sistema de justicia que sirva a todos los mexicanos?
El 8 de septiembre, cuando se presente el Paquete Económico, no solo estará en juego una cifra, sino el cumplimiento de nuestros derechos. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos informados, exigir que se priorice la justicia sobre la política.
@Juan_OrtizMX
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