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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Es probable que no exista un problema mayor, en materia de seguridad pública, que el de las desapariciones. Esto es así, porque los hechos suelen ocurrir en ambientes de alta criminalidad y en los que se asocian delitos diversos como secuestro, extorsión, tortura y homicidio.
Las cifras son elocuentes. Desde 1962 y hasta el 2 de agosto de este año, se reportaron 290 mil 824 desapariciones. En este rango, 110 mil 106 permanecen sin encontrar.
Los números son engañosos. La mayoría de estos avisos se resolvieron en su momento y en muchos casos se localizó a la persona desaparecida.
Por ejemplo, 66 mil 403 personas fueron localizadas entre finales de 2018 y el verano de 2023, y de ellas, 5 mil 425 sin vida.
Lo que ocurre, es que existen distorsiones en la comunicación y son de origen. En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un corte sobre la situación, pero se incluyeron en el mismo saco a las desapariciones que a las no localizaciones.
Como suele ocurrir, el desbarajuste ya fue complejo de remediar, porque se mezclaron los intereses políticos y el genuino espanto de las organizaciones protectoras de derechos humanos.
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Con frecuencia se comete el error de soltar datos, sin contexto adecuado, pensando que ello sólo afectará a quienes eran responsables en el pasado, cuando lo que ocurrirá tarde o temprano, es que las responsabilidades se transfieren porque se trata de asuntos de Estado y que responden a problemas de carácter estructural.
Por eso el presidente López Obrador ordenó que la Secretaría de Bienestar trabaje puerta por puerta, a partir del padrón de vacunación del Covid-19, para que se busque a quienes están ausentes. Quiere otros datos y seguro se los van a proporcionar.
Como no se conoce la metodología, los resultados van a ser inciertos y requerirán de validaciones diversas, sobre todo para que no existan dudas sobre el trabajo que se está realizando.
Seguramente harán localizaciones de personas, lo que está muy bien y servirá para ajustar los números. Es indispensable tener mediciones certeras y que ayuden a comprender las diversas fases del fenómeno.
Al margen de esto, el verdadero problema está en otro lado, en las acciones del crimen organizado, en las miles de fosas clandestinas que hay en el país.
Hay una crisis de carácter forense, porque no hay recursos suficientes para el estudio de los cuerpos que son encontrados, lo que pospone los cotejos de ADN con familiares de personas desaparecidas. Ese es otro drama, porque es muy distinto el localizar que el identificar.
Karla Quintana, la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, renunció al cargo, no especificó los motivos, aunque habló de “los contextos actuales”. Esto ya desató toda clase de especulaciones y fortaleció la idea de que el registro se rasurará para no seguir contrariando al presidente de la República, quien se queja de que las cifras son utilizadas por sus adversarios para denostarlo.
Sería grave que detrás de la renuncia de Quintana existieran presiones de ese tipo, pero es poco probable que Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, las tolerara. Es más, ya precisó que no tiene vela en el asunto.
A estas alturas, lo que está en juego es el prestigio de los responsables de atender el drama humano que significa que una persona desaparezca. Ajustar registros sin rigor sería esfumar a los desaparecidos.
Pero tampoco hay que hacerse ilusiones, el desastre es de tales magnitudes que no se reparará en el corto plazo y mucho menos porque la estrategia de seguridad es un rotundo fracaso.
La situación no cambiará, y menos en la medida en que no se corrija lo que no funciona y por ello continuarán desapariciones ligadas a trata de personas, que es frecuente contra los migrantes, a las rivalidades criminales y a la leva que realizan las organizaciones delictivas.
Tampoco se revertirá la situación si no se acompaña a las familias de las víctimas en su peregrinar. Vamos, el presidente de la República nunca se ha reunido con los colectivos de madres buscadoras y probablemente no lo hará. Un contraste, por cierto, con quienes sí lo hicieron en su momento.
Ese es el nudo que tendrá que desatar quien gobierne desde octubre del próximo año, y ojalá lo haga recuperando la experiencia que se construyó a lo largo de décadas en materia policial, pericial y forense.
@jandradej
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