SOBRE EL AUTOR
Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– La defensa del INE se ha centrado en la discusión de la Reforma Electoral, y no es para menos, porque la propuesta presidencial implica una amenaza en nuestro sistema electoral.
Sin embargo, el futuro del árbitro electoral no sólo está en juego en la discusión de la iniciativa presidencial en el Congreso, sino también en el análisis del Presupuesto Federal y la próxima elección de consejeros electorales.
Voy por partes.
1. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral
Con la llegada de López Obrador al poder, así como el control de Morena de las cámaras del Congreso, el INE ha recibido menos recursos para hacer frente a sus responsabilidades.
En 2019, el recorte fue de 8.4%; en 2020, de 8.6%, y 2021, de 4.3%. Sin embargo, con la aprobación de la legislación en materia de consulta popular, la pobreza franciscana empeoró para el INE.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP / Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
En la discusión del presupuesto de este 2022, el árbitro electoral sufrió un recorte de más de la cuarta parte (-26.1%) de lo solicitado: 4 mil 913 millones de pesos menos.
El árbitro electoral impugnó esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde obtuvo la razón y la Cámara de Diputados fue obligada a revisar dicha reducción. Sin embargo, Morena y aliados le negaron recuperar esos recursos.
Ahora en la discusión del Presupuesto Federal para 2023 el partido guinda repitió la fórmula, pues el INE no recibirá 4 mil 475 millones de pesos. Es decir, el 24.2% de lo que solicitó para el siguiente año.
Con esta tendencia, queda claro que la gran amenaza vendrá dentro de un año, en la discusión del Presupuesto Federal para 2024. Con el pretexto de profundizar la pobreza franciscana en vísperas de la siguiente elección presidencial, Morena junto a sus aliados pueden entorpecer el actuar del Instituto Nacional Electoral con nuevos recortes presupuestales.
2. Elección de Consejeros Electorales
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, así como los consejeros José Roberto Ruiz, Adriana Margarita Favela y Ciro Murayama concluyen sus funciones en abril de 2023.
Sus relevos deberán pasar por un largo proceso para ser elegidos. Primero tendrán que ser calificados por un Comité Técnico de Evaluación (CTE) integrado por siete personas:
● Dos propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
● Dos por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI)
● Tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo)
La CTE conformará listas, de cinco aspirantes por cargo, para ser turnadas a la Jucopo. Dicho órgano determinará los elegidos para ser Consejero Presidente y Consejeros Electorales. Esta propuesta deberá ser avalada por dos terceras partes de los diputados presentes (como si fuera reforma constitucional).
Aquí existen dos maneras para vulnerar al Instituto Nacional Electoral.
A) Acuerdo Morena-PRI
Hoy Morena domina tanto la CNDH como la Jucopo, por lo que tendrá el poder para elegir a cinco de siete integrantes del CTE. Es decir, tiene mayoría para asegurar que los afines al Presidente estén dentro de las listas que enviarán a Jucopo.
Y así como lo hicieron para aprobar las Reformas Militaristas, una alianza Morena-PRI es suficiente para aprobar la propuesta de Consejero Presidente y tres Consejeros Electorales sin necesidad de los votos del resto de la oposición.
De esta forma 8 de los 11 integrantes del Consejo General de INE, incluido el Presidente Consejero, serán perfiles elegidos durante esta administración federal.
B) Retrasar la elección de los cuatro consejeros
El congelamiento de nombramientos se ha convertido en una acción recurrente para paralizar a organismos, tribunales y reguladores que son contrapesos al poder del Presidente.
Como ha sucedido, una vez que los integrantes de determinado órgano se retiran o concluyen sus periodos en el cargo, se retrasa la designación de los relevos con lo que se afecta el quórum necesario para tomar decisiones.
Esto sucede actualmente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, ambos órganos autónomos como el INE, donde solo cuentan con 4 de 7 comisionados.
Si deciden esta vía, el INE tendrá solo 7 consejeros electorales, tal como propone la Reforma Electoral del Presidente.
3. Aprobación de la Reforma Electoral
Aquí voy a enfocarme en las implicaciones sólo para el árbitro electoral.
Primero, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) no solo es un cambio de nombre. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales del INE pasan al nuevo INEC. El encargado de dicha transición será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), es decir queda en manos del Gobierno Federal.
Segundo, el INEC dejaría de tener la facultad para integrar el padrón electoral. Si bien la iniciativa presidencial no establece en quién recae dicha responsabilidad, por lo menos sabemos que estará en manos del INDEP mientras se define su destino.
Tercero, la elección de Consejeros Electorales por voto directo prácticamente acaba con su autonomía. La reforma presidencial define que el Presidente, el Congreso y la SCJN propondrán 20 candidatos cada uno. Quienes tendrán mayor ventaja serán los elegidos por dedazo del Ejecutivo Federal, porque su designación no necesita no necesitará la mayoría calificada de 628 legisladores ni 11 Magistrados. Además existe el riesgo de que reciban, como ocurre con los actuales aspirantes oficialistas, de exposición mediática, uso discrecional de recursos públicos y uso de programas sociales, entre otros.
Cuarto, la eliminación de 32 institutos locales implica que las atribuciones y obligaciones serán asumidas por un INEC que tendrá igual o menos recursos públicos con los que cuenta actualmente INE. Y no sólo eso, ¿Cómo dará certeza a elecciones, consultas y mecanismos de participación ciudadana a nivel local? ¿Tratará igual a Oaxaca con sus más de 400 municipios que gobiernan bajo el sistema de usos y costumbres que Tlaxcala con 60 municipios?
La Reforma Electoral podría ser discutida y votada antes del 15 de diciembre. Actualmente existen coincidencias entre Morena y PRI, como el voto electrónico, la eliminación de institutos y tribunales electorales locales, menos recursos públicos a partidos, y combatir la intromisión del crimen organizado. Con el PAN también existen coincidencias como el voto electrónico, y se rumorea que el oficialismo estaría dispuesto a incorporar la segunda vuelta presidencial.
Quizás no se materialice la iniciativa presidencial en sus términos más polémicos, pero las Reformas Militaristas nos dejaron como lección que pesan más los intereses cupulares de los partidos políticos que el futuro de la democracia en México.
Para la ciudadanía, la larga lucha para defender el INE apenas empieza.
@Juan_OrtizMX
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