SOBRE EL AUTOR
Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– Se unieron a las marchas a favor de la democracia, también firmaron una moratoria constitucional para evitar reformas que la pongan en riesgo, además votaron en contra Plan B de la reforma electoral. Aun así, PAN, PRI y PRD decidieron sumarse a Morena, PT y PVEM como hermanos para debilitar el Tribunal Electoral.
Primero crearon un grupo de trabajo a principios de febrero. Lo conformaron diputados de 6 de los 7 grupos parlamentarios de San Lázaro. El objetivo fue revisar las atribuciones del árbitro electoral. Sólo Movimiento Ciudadano decidió no sumarse.
Fruto de ese trabajo, los coordinadores parlamentarios del oficialismo y Va por México presentaron una reforma constitucional para limitar este órgano especializado del Poder Judicial. ¿Su excusa? Que se ha excedido en el desarrollo de funciones.
No detallan casos concretos, pero es innegable la molestia de las cúpulas partidistas y de los grupos parlamentarios contra el Tribunal Electoral. Sólo en esta legislatura los magistrados electorales:
1. Ajustaron la fórmula de representación proporcional del Partido Verde, a fin de asegurar que la Cámara de Diputados tuviera verdadera paridad de género con 250 legisladoras.
2. Ordenaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dominada por Morena y aliados, incluir a Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural en la Comisión Permanente, órgano legislativo que opera en los recesos del Congreso.
3. La gota que derramó el vaso fue cuando obligaron a la Jucopo a integrar la lista de aspirantes para la Presidencia del INE sólo con mujeres. Por esta razón el INE está liderado por una mujer por primera vez en su historia.
Así que estamos ante una reforma constitucional que carece de cualquier vocación democrática, y que nace desde el revanchismo de las cúpulas partidistas. Y con ello, impiden que el Tribunal Electoral pueda proteger los derechos políticos de las y los ciudadanos.
No es el primer intento para debilitar al Tribunal Electoral. A principios de 2022, Morena, PT y PRI presentaron una modificación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estaban molestos por la orden del órgano electoral de incluir a Movimiento Ciudadano en la integración de la Comisión Permanente. Paradójicamente, el PAN votó en contra. Hoy la bancada azul respalda una reforma constitucional que retoma esa propuesta.
PAN votó en contra de limitar al Tribunal Electoral hace un año. ¿Qué cambió?
Diversos expertas y expertos en el tema coinciden en las implicaciones de esta reforma constitucional. En primera, permite al Congreso y los partidos políticos, sin intervención judicial, tomar decisiones que afecten los derechos políticos de mujeres, de personas indígenas y afromexicanas, de la comunidad LGBT+ y las personas con discapacidad. Olvidan que las autoridades electorales son quienes les han obligado a cederles espacios de representación.
Se limita la judicialización de decisiones internas de los partidos políticos. Esta es una propuesta que retoman del Plan B. No quieren controles que verifiquen que se apeguen a la Constitución y a la ley. De haberse aprobado hace unos meses esta reforma, el Tribunal Electoral no podría analizar la anulación de la extensión de mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández al frente de Morena, el cual fue impugnado por militantes del propio partido.
Se obliga que el Tribunal Electoral se apegue estrictamente al texto de la Constitución y a ley, quitándole la posibilidad de recurrir a la interpretación. Omiten que fue gracias a esa facultad lo que favoreció los avances en la protección de los derechos políticos, como la participación política de mujeres y de minorías.
Quitar esta facultad de interpretación también abre la puerta a la impunidad. Es de sobra conocido que los partidos políticos buscan lagunas legales para incumplir con sus obligaciones. Pero se les ha obligado a rectificar, e incluso se les ha sancionado gracias a dicha facultad del Tribunal Electoral.
Organizaciones de mujeres han levantado la voz contra esta reforma. Y no es para menos. El papel del Tribunal Electoral fue clave para materializar la paridad de género. Primero en la integración del Congreso, después en las gubernaturas y ayuntamientos. También ha impedido que los partidos asignen a mujeres candidatas en municipios, distritos y estados poco competitivos.
Un análisis filtrado de la SCJN sobre esta reforma constitucional señala que podría empeorar la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues tendría que cargar con la responsabilidad de resolver las controversias por motivo de las decisiones internas del Congreso.
El mensaje que mandan PAN, PRI y PRD es de traición a una ciudadanía que les brindó su confianza para ser contrapeso al partido en el poder. De una ciudadanía que llenó decenas de ciudades en dos ocasiones para proteger la democracia, así como sus instituciones. Para las dirigencias partidistas vale más mantener en sus cargos burocráticos que los intereses ciudadanos.
Aún en el caso de que esta reforma constitucional se caiga en los próximos días, los únicos perdedores serán los partidos de la alianza opositora mientras que Movimiento Ciudadano habrá capitalizado grandes bonos democráticos sólo por mantenerse firme desde un principio.
@Juan_OrtizMX
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