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Análisis

La Iglesia avanza… de la mano de la #4T

¿Estamos frente al final del Estado laico? Eso está por verse pero, por lo pronto, las iglesias Católica, Evangélica, Adventista, Presbiteriana, Del Nazareno y Metodista, entre otras, mantienen un intenso diálogo con el grupo parlamentario que encabeza Ricardo Monreal.

Por ANÁLISIS ESPECIAL
18 dic 2019

Monreal convocó a las iglesias interesadas en trabajar en la ley reglamentaria del Artículo 24 Constitucional para que hicieran una propuesta. Foto: Cuartoscuro.com

Por Luis Guillermo Hernández y María Eugenia Jiménez

 

La brecha que separaba al gobierno de México de las iglesias continúa estrechándose en tiempos de la Cuarta Transformación.

Una serie de propuestas legislativas, que plantea reformar de manera radical la Ley de Asociaciones Religiosas, que permaneció casi inalterada los últimos 27 años, se discute en el Senado, mientras que, en paralelo, en el Ejecutivo se intensifican los acercamientos y conversaciones entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y líderes religiosos de todos los credos, para alcanzar acuerdos de colaboración.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja de la mano de las Iglesias, eso es innnegable. Lo ha hecho desde el primer día.

Desde Palacio Nacional se ha articulado la modificación del marco legal para que la Cuarta Transformación aproveche la vasta estructura y penetración de las iglesias, que cubren todos los rincones de la geografía nacional.

En mayo pasado, el gobierno modificó el reglamento que rige la actuación de la Secretaría de Gobernación, para que la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos impulsara acercamientos formales con las iglesias, con miras a articular los objetivos sociales de esta administración en tareas de reconstrucción del tejido social y pacificación.

Esto marcó un primer acto sin precedentes históricos, desde que en 1857 se concretara la separación constitucional de las iglesias en asuntos sociales de índole no religiosa. A cambio, las iglesias empujan la consolidación de reformas legales que les permitan nuevos y menos estrechos márgenes de acción social y económica. 

LA LEY REGLAMENTARIA DEL 24

En este entramado, el Poder Legislativo no se ha mantenido al margen. El líder de la bancada mayoritaria en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, ha encabezado su propia estrategia de acercamientos políticos con los líderes religiosos.

Monreal convocó a las iglesias, interesadas en trabajar en el diseño de la ley reglamentaria del Artículo 24 Constitucional faltante desde el año 2012, para que hicieran una propuesta conjunta que, a lo largo de por lo menos tres reuniones privadas, la última de éstas el 2 de diciembre pasado, él se comprometió a impulsar en el Pleno.

Se trata de una iniciativa que reforma la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada ya ante el pleno de la llamada Cámara Alta, por la senadora monrrealista María Soledad Luévano Cantú.

Ese documento, elaborado en conjunto con los representantes de las iglesias Católica, Confraternidad Nacional Evangélica de México, Adventista, Cristiana, Ministerio Casa de Dios México, Presbiteriana, Del Nazareno, Metodista y Cristiana Independiente Pentecostés, recoge los compromisos de la facción monrrealista en la Cámara Alta y plantea, entre sus asuntos medulares, desaparecer aspectos simbólicos fundamentales en la relación Iglesia-Estado y permite una apertura religiosa sin precedentes.


Primera página de la iniciativa presentada por María Soledad Luévano.

 

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Pero de acuerdo con el sacerdote Manuel Corral, secretario de Relaciones Institucionales de la Arquidiócesis de México, quien colabora en este tema con el representante de la Conferencia del Episcopado Mexicano, las iglesias no buscan reformar la Constitución, sino sólo pautar los lineamientos de la ley reglamentaria del artículo 24.

Según la iniciativa elaborada por la facción monrrealista y los representantes religiosos, se abre la posibilidad de hacer valer el derecho a “otorgar y recibir acompañamiento, asistencia y asesoramiento espiritual acorde a su doctrina y profesión religiosa en cualquier lugar, incluidos los centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, sean de carácter público o privado, instalaciones de los cuerpos de policía y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada de México”.

En lo económico, el documento plantea la posibilidad de dotar a las iglesias de regímenes menos rigurosos para recibir donaciones y la obtención de propiedades, además de que se crea una base legal para que los feligreses puedan contribuir al sostenimiento de sus congregaciones.

Se abre la puerta a la “objeción de conciencia”, para que el ciudadano pueda abstenerse de cumplir con ordenamientos que contravengan su credo y se plantea que el Estado custodie esta determinación.

Una fuente de alto nivel de la Secretaría de Gobernación confirmó a EMEEQUIS que la iniciativa no fue consensuada con el Ejecutivo, ni se ha girado instrucción alguna al respecto, sino que se trata de un ejercicio de naturaleza legislativa: "Es un tema que se dialoga y se dialogará permanentemente", dijo.

Hasta el momento del cierre de este artículo, los senadores Monreal y Luévano no habían respondido positivamente a las peticiones de entrevista.

Tras una andanada de críticas que se desató al conocerse detalles de la iniciativa, el senador Monreal anotó en su cuenta de Twitter: “Los senadores ejercen su derecho de iniciativa, pero éste tiene que ser discutido en el grupo parlamentario, para su aval. Así sucederá con la presentada por la senadora Soledad Luévano sobre libertad religiosa. Sin precipitación ni regresión, todas las voces serán escuchadas”. 

CAPELLANÍAS MILITARES

Controversial en buena parte de sus planteamientos, la iniciativa considera una vieja demanda de la iglesia católica, relacionada con permitir el libre ejercicio del culto religioso dentro de cuarteles e instalaciones militares.

Se trata de la creación de Capellanías Militares, actualmente prohibidas expresamente por la ley, mediante las cuales se podría ofrecer asistencia espiritual y creación de centros religiosos en las instalaciones de los cuerpos policíacos y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada.

Aunque en la práctica se permite el ingreso regular de religiosos, principalmente a los ministros de culto católicos, México es el único país de América Latina donde no existe la colaboración de una capellanía militar con las autoridades.

Otro cambio significativo es el relativo a la prohibición de asistir a eventos religiosos para todas las autoridades federales: “Sin menoscabo de la laicidad del Estado, las autoridades antes mencionadas podrán asistir en su carácter a actos de culto público, así como, a las actividades que tengan motivos o propósitos similares”.

Durante el sexenio de Vicente Fox, este asunto causó más de una controversia, por la asistencia del entonces presidente a cultos religiosos en la Basílica de Guadalupe y a la Catedral Metropolitana, además de su aparición con un crucifijo entre las manos el mismo día de su toma de posesión.

APERTURA Y… COLABORACIÓN

Desde que el gobierno López Obrador eliminó el obstáculo legal para la participación de las iglesias en su proyecto social y político, al reformar el reglamento  interior de la Secretaría de Gobernación en mayo pasado, los acercamientos entre iglesias y gobierno se han incrementado.

Uno de los cambios más significativos de esa ordenanza fue el relativo a las atribuciones de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

El inciso XIX del Artículo 83 del reglamento, relacionado con las funciones y atribuciones de la Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social, es un verdadero vuelco histórico en lo referente a la participación eclesiástica en la vida pública nacional

XIX. Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”.

Para coordinar los trabajos con los liderazgos religiosos, el presidente López Obrador designó como responsable de la Dirección General de Asuntos Religiosos al exsacerdote de Chiapas, Héctor Humberto Miranda Anzá, quien junto con el director adjunto, Jorge Lee, un abogado especializado en derecho eclesiástico, personalmente buscó a los representantes de las iglesias para colaborar en la reconstrucción de la paz en México.

Hasta la fecha, en esas reuniones han participado representantes de las iglesias Católica, Anglicana, Evangélica, Luz del Mundo y de la Cienciología, así como representantes de las iglesias Luterana, Budista, Musulmana, Sikh y Judía integradas al Consejo Interreligioso de México.

En estas mesas, el gobierno pidió a los líderes eclesiásticos presentar sus propuestas y diagnósticos, bajo un eje rector, que se desprende de una Guía para Invitados a las Mesas Sectoriales, elaborada por la propia subsecretaría y que les fue entregada previamente:

“Dado el nuevo enfoque que pretende tener la Dirección General de Asociaciones Religiosas ¿Qué sugiere para favorecer la participación de las Asociaciones Religiosas, grupos y movimientos religiosos en la reconstrucción del tejido social, garantizando el Estado laico y asegurando una perspectiva incluyente y equitativa?”

La guía establece que uno de los objetivos del plan es “contribuir a la gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”.

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La Secretaría de Gobernación elaboró también un diagnóstico sobre la realidad social en México en el cual se establece que para impulsar una gobernanza democrática fundamentada en el desarrollo democrático, la participación, la vinculación social y la creación de ciudadanía, una estrategia es “promover y coordinar la participación de las Asociaciones Religiosas, grupos y movimientos religiosos en la reconstrucción del tejido social, garantizando el Estado laico y asegurando una perspectiva incluyente y equitativa”.

Para ello, el gobierno de López Obrador se propone “innovar mecanismos de participación social a partir de la transformación del lenguaje cotidiano, rescate de valores éticos y morales e instalación de capacidades ciudadanas que promuevan ciudadanía en general”.

Actualmente, la Dirección de Asociaciones Religiosas tiene registradas 9 mil 359 asociaciones religiosas, en su mayoría católicas y evangélicas, que junto con el resto de religiones cuentan con más de 95 millones de seguidores, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.

 

SEMBLANZAS

Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) es periodista, académico y autor, con 25 años de experiencia profesional. Su trabajo ha sido publicado en decenas de medios mexicanos y de Iberoamérica, donde también ha recibido distintos reconocimientos. Actualmente es columnista de Rompeviento, académico universitario y director del proyecto Sexta W.

María Eugenia Jiménez Cáliz (@marujica) es una periodista mexicana con más de 25 años de experiencia y especialización en asuntos religiosos y sociales. Es una de las reporteras radicadas en México que más ocasiones ha sido convocada para cubrir giras papales. Su trabajo ha sido publicado en medios como Milenio, Newsweek en Español y Aristegui Noticias, entre otros. Actualmente es periodista freelance.

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