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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– Estos días fueron cruciales para nuestra democracia. Se instaló el Comité Técnico de Evaluación que calificará a los candidatos a ser Consejeros Electorales del INE. El Senado inició la discusión de lo que resta del Plan B. Se realizaron elecciones extraordinarias en Tamaulipas. Y no menos importante, se alista una nueva marcha ciudadana en defensa de la democracia.
La integración del Comité Técnico levanta polémicas.
Este órgano está conformado por 7 personas elegidas de esta forma: 1) Dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2) Dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 3) Tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo).
Hace unos meses en esta columna advertí el riesgo de dicho proceso, toda vez que Morena y aliados dominan la CNDH y la Jucopo. Esto les permitía imponer a 5 perfiles afines al oficialismo.
Eso fue lo que precisamente sucedió.
Enrique Galván Ochoa, participó en la elaboración de la “Constitución moral” y escribió el prólogo de uno de los libros del presidente; Evangelina Hernández Duarte, ha ocupado varios cargos en la administración de López Obrador; Andrés Norberto García Repper Favela, fue representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas; Ernesto Isunza y Araceli Mondragón no ocultan sus simpatías por el presidente y por Morena en redes sociales.
El CTE deberá integrar 4 listas con cinco nombres cada uno (quinteta). Entonces la Jucopo elegirá a los 4 finalistas. Enviará dichas propuestas al Pleno de la Cámara de Diputados para ser votados a más tardar el 30 de marzo. Para ser elegidos tendrán que obtener mayoría calificada. Si no hay acuerdo, los nuevos consejeros electorales del INE se deciden por sorteo (insaculación).
Panorámica de la marcha del 22 de noviembre pasado. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com.
Por la forma en cómo se desarrolló la integración del CTE, existe un gran riesgo de que las listas sean integradas en su mayoría por personas afines al oficialismo y/o sin experiencia probada.
El Plan B por fin es aprobado por el Senado.
Tras semanas de espera, llegó el dictamen del segundo decreto del Plan B. Recordemos que el proceso legislativo de las reformas electorales del presidente ha estado plagado de irregularidades.
En primera, el Plan B se discutió y votó en el mismo día que la reforma constitucional fue rechazada. Es decir, los diputados oficialistas burlaron la Constitución que impide que un mismo asunto se vuelva a discutir en un mismo periodo legislativo.
En menos de 9 días, el Plan B ya estaba aprobado por ambas cámaras del Congreso excepto por un artículo: la cláusula de la “vida eterna” que permite la transferencia de votos entre partidos de coalición.
Ahora bien, el dictamen efectivamente elimina esa propuesta polémica. Pero no por ser antidemocrático, sino porque el Senado considera que la Cámara de Diputados cometió un error de proceso legislativo al quitarlo.
Verán, si una propuesta es aprobada por ambas cámaras, no debe tocarse. Eso pasó con la cláusula de la vida eterna. Pero ante la amenaza de veto de López Obrador, los diputados prefirieron eliminar la propuesta. Para el Senado es inconstitucional. Entonces, para ‘enmendar el error’, mejor quitan el tema de la ecuación. Aunque para la oposición, esa decisión del Senado es otra irregularidad del proceso legislativo.
¿Suena enredado? Lo es. Pero eso ocurre cuando se legisla al vapor para cumplirle al presidente.
Una vez aprobado el dictamen por el Senado, el segundo decreto del Plan B será enviado al presidente, quien tendrá hasta 40 días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que entre en vigor, se abre un plazo de 30 días para que sea impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahí será otra batalla.
Precisamente por esa razón, es que cobra mayor relevancia la próxima marcha ciudadana en defensa de la democracia del próximo 26 de febrero. Están convocadas decenas de ciudades, pero el principal acto será la sede de la SCJN. Habrá que estar atentos al número de participantes, así como las reacciones del presidente porque se realiza justo en el Zócalo, considerado como ‘su territorio’ y ‘termómetro político’
Los resultados de las elecciones extraordinarias en Tamaulipas nos deben importar a todos.
Son varios mensajes que nos dejan estas elecciones que se realizaron para ocupar el escaño que dejó el lamentable fallecimiento de Faustino López Vargas. El primero es para partidos políticos y ciudadanos. Fue altísimo el número de personas que decidieron no votar. Casi el 80% de los 2.7 millones de electores convocados. Eso obliga una profunda reflexión para los partidos políticos, cuyas plataformas y candidatos no son atractivos. Aunque también como ciudadanos, porque esta falta de participación permite que sean las estructuras partidistas quienes decidan por nosotros.
El segundo mensaje es para la oposición. Arrasó José Ramón Gómez Leal de la coalición Morena-PT, pues logró más del 70% de los votos Tanto la elección de 2018 como la de 2022 en Tamaulipas, fueron reñidas con muy poca diferencia de votos. En esta elección prácticamente destrozaron la fuerza política que dominaba Tamaulipas hace unos meses. Esto debe ser una señal de alerta para las dirigencias de Va por México en las elecciones de Coahuila y Estado de México.
El tercer mensaje es para el oficialismo. El INE demostró que tiene toda la capacidad y experiencia para organizar elecciones confiables. En Tamaulipas se instaló el 100% de las 4 mil 777 casillas en 43 municipios. Participaron mil 127 supervisores y capacitadores asistentes y 26 mil 748 representantes de partidos políticos. También logró la meta de tener mínimo 33 mil 449 ciudadanos para ser funcionarios de casilla. Es un sistema que funciona gracias al trabajo de miles de ciudadanos.
@Juan_OrtizMX
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