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Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.- Octubre de 2023 será recordado como un mes negro en la historia legislativa de México. En un periodo sorprendentemente corto, se aprobaron decisiones que tendrán un impacto duradero en la vida de los mexicanos.
El Senado nos había dejado el Viernes Negro, una noche donde la mayoría oficialista impuso la aprobación de 20 reformas en 10 minutos cada uno, sin análisis ni debate. ¿Qué pasó entonces en octubre?
Empecemos con el “Home Office Legislativo”, una reforma que permite a los diputados sesionar a distancia en cualquier circunstancia. Aunque esta modalidad se adoptó inicialmente debido a la pandemia, se ha mantenido incluso después de que la emergencia sanitaria terminó. Lo más sorprendente es la velocidad con la que se aprobó esta reforma (un solo mes), en contraste con otras iniciativas que han estado en espera durante meses, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Luego, tenemos la extinción de 13 fideicomisos judiciales. Estos fondos, lejos de financiar beneficios para los ministros, ofrecen apoyos esenciales para servicios médicos, pensiones complementarias y vivienda para los trabajadores judiciales. La medida fue aprobada con apenas 260 votos a favor en la Cámara de Diputados y también pasó en el Senado, aunque con más polémicas.
El proceso legislativo para extinguir estos fideicomisos fue atropellado. No se permitió el análisis por parte de las comisiones de justicia. Además, se incorporaron de último minuto a dos senadores para asegurar la mayoría en una de las comisiones que discutía la reforma.
La ironía es que, mientras se eliminan fideicomisos judiciales por ser “presuntos instrumentos de corrupción,” se aprueban tres nuevos fideicomisos para las fuerzas armadas. Estos nuevos fondos corren el riesgo de caer en la opacidad en el uso de recursos públicos.
El primer de estos nuevos fideicomisos está destinado a la empresa estatal “Tren Maya S.A de C.V,” operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se financiará con recursos provenientes de la emisión de visas a extranjeros. El monto total de estos recursos es desconocido, pero una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia revela que en 2022 se obtuvieron más de 10 mil millones de pesos.
Estos recursos originalmente se destinaban en gran parte para la promoción turística y para mejorar los servicios del Instituto Nacional de Migración. Ahora, se desviarán para financiar un proyecto que ya ha absorbido más de 500 mil millones de pesos.
Los otros dos nuevos fideicomisos serán operados por la Sedena y la Marina para financiar la “Aerolínea del Bienestar” y los aeropuertos a su cargo. Estos fondos se financiarán a partir del cobro de una tasa del 9% a concesionarios de aeropuertos. La justificación técnica para esta medida es inexistente.
Para cerrar el mes, se aprobó la Ley de Ingresos de 2024. Propone ingresos por 9 billones de pesos, pero solo se recaudarán 7.3 billones de pesos por ingresos propios. La diferencia se cubrirá con deuda, lo que significa que casi el 20% del presupuesto vendrá de endeudamiento.
En definitiva, octubre de 2023 será recordado como un mes en que el Congreso tomó decisiones apresuradas que tendrán un impacto duradero en la vida de todos los mexicanos.
Este episodio nos recuerda la importancia de la participación ciudadana en el proceso legislativo. Cuando los legisladores no son vigilados de cerca, pueden tomar decisiones que nos afectarán durante años, y no siempre para mejor.
Como ciudadanía debemos involucrarnos, informarnos y exigir transparencia y responsabilidad a nuestros representantes. Solo así podremos empezar a incidir en que las decisiones que se toman en las cámaras de Diputados y Senadores estén realmente alineadas con las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad.
@Juan_OrtizMX
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