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Análisis

Comiendo con el enemigo: los sistemas alimentarios en la pandemia

Todo indica que en América Latina se consumen más alimentos ultraprocesados y menos frutas y vegetales durante la pandemia. Esta es la gran oportunidad política para ir por reformas hacia una alimentación saludable, sostenible y asequible, escribe JOSÉ LUIS CHICOMA.

Por José Luis Chicoma
18 jun 2020

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Los ultraprocesados generan una "falsa sensación de confort" y por eso su alto consumo, a pesar del daño que causan. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com

EMEEQUIS.– Irónicamente, el principal enemigo del momento, el Covid-19, está desnudando muchos problemas con nuestra alimentación que no queríamos ver, y prendiendo fuego a muchas bombas de tiempo, que van estallando una tras otra. 

El descontrol de nuestros mercados públicos los ha convertido en focos de contagio. La gran paradoja de nuestros tiempos se ha agravado en estos meses: el hambre crece, a pesar de que seguimos produciendo suficientes alimentos para todos, y las prioridades políticas pueden amenazar nuestra seguridad alimentaria. Aunque declaremos esenciales a los trabajadores de los sistemas alimentarios, los tratamos como descartables, y seguimos de espaldas a los campos y mares, sin otorgarles suficiente apoyo. Frente a un virus que hace más vulnerables a aquellos que tienen enfermedades ocasionadas por la mala alimentación, somos presas de un Síndrome de Estocolmo con los ultraprocesados, consumiendo más chatarra, encerrados en casa. 

Los mercados como centro de contagio. Siempre han sido el puente con el resto del país y el mundo, con clientes y comerciantes que van de puesto en puesto para realizar sus compras, en espacios densos y, por ende, han sido una fuente de propagación de plagas. Era lógico que iba a ser así con esta pandemia, particularmente en muchos países de América Latina, que agregan una mezcla letal de factores: muchos trabajadores informales, con ingresos diarios muy bajos, que compran con efectivo sus alimentos, varias veces a la semana. 

Lastimosamente, frente a la claridad del reto de controlarlos prioritariamente, porque son centros estratégicos de abastecimiento de alimentos, se hizo muy poco. A pesar de un confinamiento muy estricto en Perú, cuando los contagios no bajaban, realizaron pruebas en los mercados, encontrando cifras altísimas de contagio de Covid-19, de hasta el 86% entre los comerciantes. En Ciudad de México, en gran parte por no tomar medidas eficientes de precaución, decenas de mercados han tenido que cerrar y han establecido medidas estrictas de reapertura. Recién a finales de abril en la Central de Abastos, el mercado mayorista más grande del mundo, se decretó obligatorio el uso de cubrebocas y restricciones mayores a la entrada de visitantes, y sólo paulatinamente se han establecido centros de testeo y medición de temperatura. 

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Los mercados de alimentos han sido olvidados durante décadas. Con figuras de gobernanza que no garantizan la eficiencia, ni la transparencia, han tenido varios problemas de gestión e infraestructura, que se desnudan en esta pandemia. Es la perfecta oportunidad para que los gobiernos locales asuman su responsabilidad, y convoquen comités de emergencia, multisector y multidisciplinarios, que incluyan a comerciantes, distribuidores, arquitectos, especialistas en salud pública y más. Estos comités deberán plantear medidas inmediatas que eviten que los mercados sigan siendo focos de contagio en todos los años en los que conviviremos con esta pandemia, desde garantizar mayor distancia e higiene, a reducir el uso de efectivo, entre otras. Y aprovechar para planear las medidas de modernización de mediano plazo. 

La paradoja más grande: no faltan alimentos, pero tendremos más hambre. Antes de la pandemia teníamos más de 820 millones de personas que sufrían de inseguridad alimentaria, y 135 millones con inseguridad alimentaria severa. Las primeras estimaciones dicen que la cifra subirá a 265 millones, aunque en esta época dónde los pronósticos empeoran casi todos los días, esta cifra aumentaría con los desempleados de olas de contagios posteriores y sus impactos en la pobreza. El cóctel explosivo de cualquier crisis alimentaria tiene conflictos, cambio climático y/o crisis económicas. Si se suma la pandemia, este cóctel es nuclear.  

A la vez, se siguen produciendo alimentos que no llegan a quienes los necesitan. Algunos agricultores de Sinaloa, que ya no pueden vender sus tomates a cadenas de comida rápida y hoteles de EU, los destinan a alimento de ganado. Productores en Chihuahua prefieren tirar sus cebollas al río, antes de venderlas por precios irrisorios. Y así en todo el mundo, con varios productos desperdiciados que no pueden llegar a sus consumidores, desde leche y vegetales a ganado sacrificado. Esto en un contexto en el cual índices internacionales de precios de alimentos van a la baja, aunque en América Latina sí han aumentado ligeramente.

Para evitar una catástrofe alimentaria se tienen que sacrificar otras prioridades políticas. La amenaza del aumento del hambre es mayor en un país como México, dónde más de la mitad de los trabajadores son informales o laboran en micro y pequeñas empresas, y dónde más de 12 millones se han quedado sin ingresos, casi de la noche a la mañana. Gran parte de esta población ha tenido remuneraciones menores al ingreso mínimo vital, vive de ingresos diarios, y, por lo tanto, carece de ahorros. 

Por lo mismo, se tienen que tomar medidas urgentes y radicales, redireccionando un presupuesto significativo, desde programas de infraestructura y sociales –que son más políticos que urgentes–, hacia transferencias en efectivo, cupones para alimentos saludables, y canastas de alimentos. Esto implica un esfuerzo logístico sin precedentes para que –a través de compras públicas, y trabajando con bancos de alimentos y redes de solidaridad–, los alimentos que se sigan produciendo, cosechando y pescando, puedan llegar a aquellos con hambre. 

Un día sin trabajadores esenciales. ¿Cómo sería nuestra vida sin ellas y ellos? No nos podríamos alimentar. En todo el mundo, el sector alimentario ha sido declarado como uno de los esenciales, porque no puede parar a pesar de los confinamientos. Esto ha significado que en gran parte de la agricultura y comercialización y venta de alimentos, los trabajadores han continuado sus actividades y el impacto económico negativo que han sufrido puede ser menor que en otros sectores que pararon abruptamente. 

Sin embargo, tienen un riesgo más alto de contagio, dado que en general el sector agroalimentario es intensivo en mano de obra, aunque depende de la actividad o cultivo (más en frutas y hortalizas que en commodities), y la exposición y frecuencia de contacto con acopiadores o compradores, entre otros factores. Además, sectores como el agrícola son particularmente vulnerables a la inestabilidad económica en América Latina, con un 80% de empleo informal, mucho más alto que en la industria (53%) y los servicios (52%). El caso de las mujeres en zonas rurales es extremo: en México, 6 de cada 10 viven en pobreza, y sólo 13% tiene acceso a servicios de salud. 

Por lo mismo, aunque son declarados esenciales, en realidad son descartables. Para que los decretos de esencialidad dejen de ser simbólicos, en fundamental mantener los empleos de quienes producen y comercializan nuestro alimentos, con atención médica gratuita si se contagian, apoyos para medidas sanitarias de prevención, asegurando el libre movimiento de trabajadores agrícolas, muchos de ellos, migrantes internos y externos, y garantizando que les lleguen prioritariamente los programas sociales de emergencia. También con créditos, reembolsables y no reembolsables, para los productores agrícolas y pesqueros de pequeña escala.

El síndrome de Estocolmo con los ultraprocesados. Todo indica que en América Latina, durante esta pandemia, se ha dado un incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados y una disminución de frutas y vegetales. A pesar de que los ultraprocesados nos secuestraron en una epidemia de sobrepeso (75% de adultos en México), obesidad (24% de la población total en América Latina) y diabetes (101 257 muertes en México el año pasado), y de que 7 de cada 10 muertos por COVID-19 en México sufren de obesidad, sobrepeso, diabetes o hipertensión, hemos regresado a ellos por más. 

El síndrome no es irracional: los ultraprocesados son baratos, fáciles de almacenar, duraderos y dan una falsa sensación de confort. Además, mientras se pueden interrumpir ciertas cadenas logísticas de frutas y vegetales, se mantiene intacta la distribución de productos ultraprocesados. Y lo peor: el “Covid-washing”, con muchas empresas que aprovechan la pandemia para lavar su imagen, donando los mismos alimentos que han puesto a la población en la mayor vulnerabilidad frente al virus.  

La idea de que nos íbamos a alimentar de manera más saludable no sólo debería ser una fantasía que se vive en Instagram, con todos esos panes de masa madre y canastas caras de frutas vegetales, de aquellos que se pueden dar el lujo de comprarlas y cocinarlas. Esta es la gran oportunidad política para ir con todo por reformas que hagan que la alimentación sea saludable, sostenible y asequible: promover que la lactancia materna sea exclusiva por al menos los primeros seis meses, más impuestos a productos chatarra para subsidiar alimentos saludables, venta exclusiva de alimentos saludables en escuelas y restricción total de publicidad de chatarra a niñas y niños, entre otras. 

No hay que darle la espalda al mar. Si la cobertura mediática que se le da a la agricultura es escasa, inclusive en estos tiempos de mayor conexión con nuestros alimentos, la de la pesca es casi nula. Sin embargo, es una de las actividades más afectadas. Antes que cambiaran nuestras vidas en este lado del mundo, pescadores en México ya sentían en febrero el impacto de la baja demanda de algunas especies en China, como la langosta. 

De hecho, el cierre de restaurantes y hoteles en todo el mundo, ha sido un golpe muy severo a la venta de ciertas especies que se consumen principalmente por esa vía (y que ni sabemos preparar en casa), como los ostiones. La otra cara de la moneda han sido aquellos productos no perecibles, como el atún y la sardina, que los consumidores están demandando más. 

Sin embargo, muchos pescadores no han salido a pescar porque no tienen mercado asegurado para sus productos. Esto hace urgente que programas y compras públicas de alimentación tengan que priorizar productos pesqueros nacionales, entre otras medidas de apoyo a los pescadores ribereños. 

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Entre tantas malas noticias, se abre una luz de esperanza: ¿es la pandemia algo bueno para la sostenibilidad de ciertos peces? En la Segunda Guerra Mundial la pesca paró por algunos años en el Mar del Norte, lo que resultó en la recuperación de algunas especies sobrexplotadas, como el bacalao. Dado que esperamos que la pandemia sea más corta que la guerra, sólo se podrían recuperar algunas especies más pequeñas, con un ciclo de vida más corto, como los callos de hacha. Las malas noticias para la sostenibilidad vienen de esas especies que son más demandadas, como el atún; pescadores que tienen meses sin ingresos, que pueden ocasionar un rebote hacia la sobreexplotación cuando se regrese a la normalidad; y baja supervisión de pesca ilegal por confinamientos y temor a contagios.

La convivencia con nuestro enemigo nos ha forzado, por fin, a preocuparnos por nuestros sistemas alimentarios. Nos obliga a preguntarnos sobre cómo lograr mayor eficiencia en el manejo de los mercados públicos; cómo podemos comprar de manera más directa con agricultores y pescadores; qué calidad de vida tienen los campesinos; cómo con tanto progreso, millones de personas sufren de hambre; por qué estamos adictos a esos productos ultraprocesados que nos enferman; y mucho más. 

Esta pandemia, el evento más disruptivo en la vida de muchos, puede ser la oportunidad más desperdiciada, si no la aprovechamos para encontrar las soluciones para que nuestros sistemas alimentarios sean saludables, sostenibles y justos para todos. 

 

 

@joseluischicoma

 

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José Luis Chicoma

Director ejecutivo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

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