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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Estalló la indagatoria del caso Ayotzinapa. Tenía que ser, sobre todo por los intereses que dentro de la propia FGR se están confrontando y que se suman a las diferencias que se tienen con la Comisión de la Verdad y con los integrantes del GIEI.
El equipo del fiscal Alejandro Gertz y el de Omar Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial de Litigación e Investigación, no van por la misma ruta.
Por eso se están dando a conocer cuestiones que deberían ser reservadas, en tanto no pasen la prueba de la investigación ministerial. El informe de la Comisión de la Verdad no es el de la FGR, aunque a veces esto se confunda. El primero tiene márgenes de libertad narrativa, pero el segundo no.
Pero Gómez Trejo coincide más con las conclusiones de Encinas, que con las instrucciones de la propia FGR y por eso las cosas están haciendo agua.
La tensión consiste en que la verdad histórica, más allá de declaraciones, no se ha podido desmontar y por un hecho hasta ahora innegable: los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, fueron privados de su libertad por policías municipales y entregados a sicarios de los Guerreros Unidos para que los asesinaran.
La propia FGR, aunque no la Unidad de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, se está desistiendo de las solicitudes de captura contra elementos del Ejército y exfuncionarios de Guerrero, porque las acusaciones son insostenibles.
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Aunado a ello, está bastante clara la participación del alcalde, José Luis Abarca, como autor intelectual de la barbarie que se desató en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Lo que se está dilucidando es el grado de participación, y si la hubo, del entonces coronel José Rodríguez Pérez, responsable del 23 Batallón de Infantería, y del capitán José Martínez Crespo.
El 20 de septiembre, el juez Enrique Beltrán los sujetó a proceso, bajo la causa penal 15/2022-III, y por eso se mantienen detenidos en el Campo Militar 1-A.
En el expediente se narra la participación de elementos del 23 Batallón en las horas en las que se sucedían los problemas. El coronel Ramírez Pérez estuvo informado de lo que iba aconteciendo. Los soldados acudieron a indagar diversos puntos de la ciudad, para auxiliar a Los Avispones de Chilpancingo, e inclusive localizaron a 25 normalistas en el Hospital Cristina, donde los jóvenes habían llevado a uno de sus compañeros que se encontraba herido. Ahí estuvo el capitán Martínez Crespo por instrucciones del coronel. Los jóvenes se retiraron mientras los soldados acudieron a asegurar el perímetro donde se encontraban dos cadáveres.
Por lo pronto, los militares Ramírez Pérez y Martínez Crespo, están acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud y no por la desaparición de los 43 normalistas, ya que eso se podrá sustentar a lo largo del juicio, si es que se cuenta con los elementos para ello.
En el diario Reforma se publicaron mensajes de WhatsApp que dan pistas de la participación de diversos personajes. La información es de alto impacto, porque confirma las responsabilidades de Abarca e implica a los mandos militares, quienes, en complicidad con los Guerreros Unidos, habrían participado en los hechos.
Pero para que tengan utilidad en los juicios los mensajes de texto, se requiere que haya existido prueba anticipada, es decir, que los fiscales hayan acudido ante un juez para validar lo que se estaba recabando. Es dudoso que así haya ocurrido. Si en la Comisión de la Verdad y en la FGR solo tienen los pantallazos de los mensajes, no tendrán utilidad mayor, porque nunca habrá la certeza de que sean atribuibles a los personajes en cuestión.
Pero, además, hay que entender la indagatoria en su complejidad. Los datos de que los muchachos fueron cremados en el basurero de Cocula, provienen de testimonios de participantes. Algunos han sido desestimados porque se obtuvieron por tortura, pero otros permanecen firmes.
Quizá por ello es que se conoció una parte del informe de la Comisión de la Verdad que estaba reservado, porque le pega de modo directo al Ejército Mexicano y porque con toda razón generaría enojo en la sociedad por lo que, en apariencia, revela.
Pero en el fondo no va a cambiar la dinámica de los procesos en curso, ni significará un golpe de timón en la historia judicial del caso.
Hay que distinguir entre el irreprochable trabajo de las periodistas Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar y de las posibilidades reales de que ello motive una ruta distinta a una indagatoria que sigue, aunque con matices diversos, confirmando lo que alguna vez concluyó el entonces fiscal, Jesús Murillo Karam.
@jandradej
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