DEA, CIA, ATF, ICE… Con distintos grados de discreción, varias oficinas civiles y militares estadounidenses han dejado huella de actividades en el país. El FBI tendrá acceso a la investigación del caso LeBarón.
La comunidad de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos tiene en México uno de sus puntos de actividad más intensos: aquí operan al menos 12 agencias de civiles y militares que trabajan con distintos tipos y niveles de discreción, con una cantidad de personal variable y con objetivos que en ocasiones confluyen en algún punto de sus agendas.
De acuerdo con diversos reportes oficiales del gobierno de Estados Unidos, las agencias de seguridad con presencia en México se dedican a recabar información sobre combate al narcotráfico, rastreo y persecución de delincuentes prófugos, lucha contra el terrorismo y seguimiento de armas. También realizan análisis del fenómeno migratorio, monitoreo de capitales e inversiones con dinero de origen dudoso, búsqueda y localización de personas de interés e intercambio de datos en materia de defensa hemisférica y regional.
En la lista de organismos de inteligencia con mayor presencia en México se encuentran la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas (DEA), pero también han dejado huella en nuestro país la Agencia de Control de Armas de Fuego y Tabaco (ATF), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO).
Los reportes y estudios académicos consultados por EMEEQUIS muestran que la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y elementos de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) han operado en territorio mexicano.
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Luego del asesinado de integrantes de la Comunidad LeBarón, ocurrido en las inmediaciones de Sonora y Chihuahua, resurgió la polémica sobre el nivel de colaboración entre el FBI y otras agencias de seguridad con el gobierno mexicano.
En la conferencia mañanera del lunes 11 de noviembre, el canciller Marcelo Ebrard explicó esta colaboración: “Entre México y Estados Unidos hay un tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua. Hay en particular un convenio de 1994 entre la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y el FBI, para casos específicos, mismo que ha tenido aplicaciones a lo largo de estos años en muchos casos, numerosos casos. Se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones, como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente el caso de El Paso” (un tiroteo en el que fallecieron ciudadanos mexicanos).
LA DEA ENCABEZA LA LISTA
De las 12 agencias con presencia en México, la DEA encabeza la lista, porque de todas es la que mayor protagonismo ha alcanzado en los últimos 15 años, al tener una participación mayor y más abierta con los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Información de la Embajada de Estados Unidos en México señala que “localizada en Ciudad de México, la MCCO (Mexico City Country Office) es la oficina principal de la DEA en México. Cinco oficinas regionales alrededor del país asisten a MCCO en la lucha contra el narcotráfico. Estas oficinas están localizadas en Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán, Mérida y Monterrey”.
En el primer año de gobierno de López Obrador ya desplegaron agentes y operadores para tratar de detener en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán.
Basta mencionar que tres meses antes de que se echara a andar el operativo para tratar de detener a Ovidio Guzmán, el director de la DEA, Uttam Dhillon, viajó a Culiacán para entrevistarse con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, con quien acordó que un grupo de legisladores y agentes de varios organismos de seguridad estadounidenses viajaran a la brevedad a la zona en la que grupos de la delincuencia organizada tenían laboratorios para el procesamiento de drogas sintéticas.
El encuentro de la DEA con el gobernador fue en el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, que encabeza el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo. Ahí estuvieron los comandantes Maximiliano Cruz Ramos (9ª Zona Militar), Carlos Ramón Carrillo del Villar (III Región Militar), así como representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina. En la comitiva de Uttam Dhillon iba también John S. Creamer, quien es Consejero de la Embajada de Estados Unidos en México.
El director de la DEA escuchó del gobernador sinaloense una lista de logros y avances en el combate al narco, comenzando por el uso de dos drones que se utilizaron para localizar narcolaboratorios y campos de entrenamiento del cártel de Sinaloa. El gobernador le pidió a la agencia apoyo de tecnología que permitiera seguir adelante con acciones para enfrentar a los narcotraficantes.
En contraparte la DEA solicitó que un grupo de 12 personas, entre agentes, legisladores y funcionarios federales, pudieran ver de cerca los campamentos de droga sintética hallados por la Marina, para así tener una idea más clara de lo que estaba ocurriendo en México.
El viaje de los 12 norteamericanos se llevó a cabo a finales de septiembre y fue hecho público sólo hasta que los agentes y legisladores estuvieron de regreso en su país.
La reunión había pasado desapercibida, con muy bajo perfil, hasta que ocurrió el operativo fallido del 17 de octubre. La prensa sinaloense recuperó la historia de aquella visita y ligó el viaje y el operativo con la exigencia norteamericana de capturar a Ovidio.
Lo que ocurrió fue que varios medios alimentaron lo ocurrido con nuevos datos y reprodujeron fotos del amplio grupo de visitantes junto a un helicóptero Mi-17 de la Marina, el cual los llevó durante tres días a las zonas de los laboratorios. Previo a esto, la Marina negaba haber transportado al personal de la DEA y haber tomado parte en la logística de la visita. Días después, el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, reconocía en conferencia mañanera que, en efecto, sí habían transportado a los norteamericanos.
EL FBI TAMBIÉN ENTRA EN ACCIÓN
El asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón, pertenecientes a una comunidad de ciudadanos mexicoamericanos que residen en el norte del país desde hace décadas, ha traído de nuevo a la mesa de discusión el tema de la presencia y operaciones de agentes norteamericanos en territorio nacional.
El gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido no sólo una vía de cooperación para resolver los crímenes a través del despliegue del FBI, dada la doble nacionalidad de las mujeres y niños asesinados. Aunque en principio el presidente López Obrador se negó a recibir cualquier tipo de ayuda, al final la Cancillería mexicana aceptó la cooperación, pero con límites precisos.
Si esto se da, no será novedoso, ya que agentes del FBI y de otras entidades de seguridad e inteligencia han trabajado de manera abierta y encubierta en México, tal como ha sucedido con agentes mexicanos en algunos países.
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En los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Neto se dieron reforzamientos importantes en la colaboración de inteligencia, intercambio de información sensible, capacitación y entrenamiento de unidades operativas, principalmente en lucha contra el narcotráfico y en combate urbano.
Estos acuerdos implicaron el adiestramiento de tropas y funcionarios especializados en inteligencia de gabinete y operativa.
INTELIGENCIA BINACIONAL
Bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón se autorizó la operación de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), que funcionó entre 2010 y 2012 desde un edificio ubicado en el 265 de la avenida Reforma, a unas calles de la Embajada de los Estados Unidos.
En la estructura de la OBI –en la que las agencias de inteligencia mexicanas tuvieron un papel secundario– el Pentágono era la entidad dominante y en ella estaban representadas la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). En la OBI operaban además el FBI, la DEA y la ATF.
Otras agencias que operaban en la OBI eran las de Inteligencia de Guardia Costera (CGI), la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE) y la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI). La OBI abrió dos estaciones –una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana– con las que reforzó la inteligencia antiterrorista y antinarcóticos.
Ahí operaron durante casi tres años al menos 10 agencias de inteligencia del gobierno norteamericano en distintos niveles y con objetivos definidos, esto de acuerdo con sus relaciones de intercambio de información, cooperación y acción con sus contrapartes mexicanas.
La llegada de Peña Nieto significó solamente un reacomodo de las misiones diplomáticas bajo las cuales funcionaron las agencias de seguridad norteamericanas en México. Los trabajos de inteligencia y cooperación quedaron enmarcados en otra figura, otro esquema operativo denominado “Centro de Fusión México”, puesto en marcha en 2013 con el regreso del PRI a la Presidencia de la República.
La presencia y despliegue de agentes de inteligencia y operadores de las distintas entidades norteamericanas se vio reforzada por un suceso trágico: la muerte del agente especial del ICE, Jaime Zapata, asesinado en 2011 en San Luis Potosí, cuando se dirigía con otro compañero a la ciudad de Monterrey.
Zapata y su acompañante fueron atacados a tiros por sicarios del cártel de los Zetas. Su compañero, Víctor Ávila, resultó gravemente herido. Los atacantes fueron detenidos y extraditados. Se les sentenció a cadena perpetua en una corte de los Estados Unidos.
Semanas después del ataque a Zapata se supo que él y Ávila iban armados con pistolas que no pudieron utilizar para repeler el fuego de los fusiles de los sicarios. La portación de armas por parte de agentes norteamericanos estaba prohibida entonces.
El gobierno mexicano hizo un extrañamiento por esta situación, pero un ataque en 2012 a dos elementos de la CIA en el tramo de Tres Marías abrió el debate sobre si era pertinente autorizar que el personal de inteligencia y operativo enviado a México portara armas de fuego para su protección.
PUEDEN PORTAR ARMAS
El tema quedó en el aire y fue retomado en el gobierno de Peña Nieto. El 23 de abril de 2015 se publicó el Decreto con el que se modificaron los artículos 11, 27 y 28 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que “los servidores públicos extranjeros” puedan portar armas de fuego para su protección y defensa.
El articulo 27, ya modificado, señala que “a los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de permisos de licencia temporal para turistas con fines deportivos”.
El texto agregaba que la Secretaría de la Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley, los cuales podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los casos que prevé el artículo 31 de la presente Ley.
Y el artículo 28, más específico en cuanto a la situación de agentes estadounidenses, señalaba que “la Secretaría de la Defensa Nacional podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad, permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a Jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40 o equivalente”.
En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Sedena se justifique la necesidad de su uso, añade el Decreto en su parte final.
ALGUNOS EXPEDIENTES
Agosto 24 de 2012.– Sobre la carretera federal que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, los agentes de la CIA, Stan Dove Boss y Jess Hoods Garner y el entonces capitán de Fragata Fabián Molina Llera, son atacados a balazos por 14 elementos de la Policía Federal cuando se dirigían a un centro de entrenamiento de la Marina. Los agentes y el capitán iban al Cerro del Capulín, en Xalatlaco, Estado de México, en donde Dove y Hoods impartirían un curso a las Fuerzas Especiales de la Marina sobre combate urbano, esto como parte del Proyecto Sparta promovido por contratistas de seguridad norteamericanos.
Febrero 21 de 2014.– Operación Gárgola. Mazatlán, Sinaloa. Tres grupos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina-Armada de México son concentrados y desplegados vía aérea desde las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Marina en la Ciudad de México para ejecutar la captura de Joaquín Guzmán Loera. La operación se realizó con base en información de inteligencia recabada durante más de cinco años por Andrew J. Hogan y “Brady”, agentes de la DEA asignados a la captura del jefe del cártel de Sinaloa. Ambos participaron activamente en la operación, armados y vistiendo uniformes de camuflaje similares a los de la Marina. Hogan escribió el libro Hunting el Chapo, narrando su experiencia de años recopilando datos para dar con el capo. Hay al menos dos fotos de Andrew Hogan y “Brady” junto a Guzmán Loera, maniatado y con vendaje en los ojos.
Enero 8 de 2016.– Operación Cisne Negro. Los Mochis, Sinaloa. Tres meses de persecución en zonas urbanas y en una parte de la sierra de Sinaloa y Durango, previo a la navidad, dieron sus frutos en la primera semana del año que acababa de comenzar. Nuevamente, con datos de la DEA, la Marina llevó a cabo una operación para detener a Joaquín Guzmán Loera en una casa de seguridad de la que escapó por un sistema de túneles y alcantarillas. El Chapo y su jefe de escoltas, Orso Iván Gastelum, roban un auto, huyen por la carretera hacia Navojoa. Un policía federal los detiene al atender el reporte de robo de vehículo. Mientras la Marina y la Policía Federal se pelean por la custodia y autoría de la detención del Chapo, Hogan y Brady le confirman a la DEA la identidad del detenido en su segunda recaptura.
@JorgeMedellin95
Cientos de expolicías federales quieren sumar su veteranía y conocimientos al nuevo cuerpo de seguridad del presidente, pero los militares les dan portazo y tampoco quieren darles su finiquito. El maltrato a los uniformados comienza a generar peligrosas molestias en la tropa.
Desde abril pasado la defensa a cargo de César de Castro presentó una moción para aplazar la fecha de sentencia, luego de recibir nueva evidencia que podría exonerar a su cliente, pero fue hasta este lunes que el juez Brian Cogan determinó que se presentó una “buena causa” y aplazó la sentencia hasta el 1 de marzo de 2024.
