SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– En su búsqueda por revocar la orden de aprehensión en su contra por presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile obtuvo un revés de la autoridad judicial, que alcanza al principal imputado en la causa penal en la que es coacusado (263/2020), el político hidalguense Gerardo Sosa Castelán.
A ambos, la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de crear un mecanismo para dispersar recursos mediante despachos contables apócrifos y empresas que simulaban operaciones, pero sólo existían en papel. Este dinero, cuyo rastreo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegó a los 58.2 millones de pesos, tenía como receptores finales a cuentas de personas relacionadas con el denominado Grupo Universidad, que tiene el control político y económico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Entre éstas se encuentran las hijas, también prófugas, de Sosa Castelán: Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto.
TE RECOMENDAMOS: BOLETO A CASA. GERARDO SOSA CASTELÁN RECIBE PRISIÓN DOMICILIARIA, PERO LA TRAMA DE CORRUPCIÓN SIGUE
Este revés judicial significa que el colegiado determinó que existen elementos de probable responsabilidad en lavado de dinero no sólo de Zamudio Isbaile, sino también de Gerardo Sosa, además de advertir sobre el potencial político y económico de ambos para una eventual evasión, motivo por el cual persiste la orden de aprehensión contra el primero. En tanto que el segundo sigue su proceso en prisión domiciliaria.
Este grupo político, aliado con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde 2018, fue responsable de la operación política para promover la consulta de Revocación de Mandato en Hidalgo y mantiene posiciones políticas en los congresos estatal y federal.
EL ESQUEMA PARA DESVÍO
A Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la UAEH, la FGR lo señala como el cerebro de este entramado de corrupción; a Zamudio, como el operador financiero, segundo en la estructura de lo que denominó “una organización delictiva”, con una forma de mando vertical, con poder político y de control sobre la casa de estudios.
En la última sentencia al respecto, en la que negó el amparo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió, por unanimidad, que la orden de aprehensión librada desde agosto de 2020 contra Zamudio Isbaile es válida, porque existen elementos para considerar su posible participación en los delitos que se le imputan; además, refiere que en la misma situación se encuentra Sosa Castelán, quien sigue su proceso en su domicilio con la medida de monitoreo a través de brazalete electrónico por acuerdo con la FGR. Él también trata de invalidar las acusaciones del ministerio público federal, cuya imputación se basa en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con el rastreo que hizo la UIF por las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, basado en informes de la CNVB, el esquema para drenar las arcas de la UAEH operó, al menos, de 2011 a 2018.
“Hay indicios razonables y suficientes de que en conjunto con Gerardo Sosa Castelán, como dirigentes de la agrupación que era conformada por subordinados de ambos, idearon la manera de que los recursos (…) se movilizaran en diversas empresas y finalmente se depositaran a los beneficiarios finales, entre los que está el revisionista (Zamudio Isbaile)”, sostuvo la autoridad.
El tribunal determinó que, hasta el momento, “sí se cuentan con datos de prueba suficientes para tener por acreditados los hechos con apariencia de delito” en los que Francisco Natalio es coacusado y el presunto principal actor es Gerardo Sosa.
TE RECOMENDAMOS: VISIONARIOS 4T. SE HICIERON MILLONARIOS VENDIENDO CUBREBOCAS… DE 175 PESOS
Añadió que los “indicios”, que son los elementos que la FGR presenta como posibles pruebas de la movilización de los recursos que salían de la UAEH a cuentas relacionadas con el denominado Grupo Universidad, son “razonables” y “resultan idóneos para sustentar el acto reclamado”.
Con esto, se confirmó la sentencia recurrida y, por lo tanto, se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Zamudio Isbaile.
Para la FGR, este contador de profesión es el creador de cuatro despachos contables que recibían dinero de la universidad y, posteriormente, lo transferían a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que lo enviaba a los receptores finales, entre ellos Gerardo Sosa y sus hijas, así como Anastasia Elizabeth Baños Baños –igualmente con orden de aprehensión– que, señala la fiscalía, es “la mano derecha” de Zamudio en estas posibles operaciones ilícitas. Estos despachos son Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.
ARGUMENTACIÓN DEL ACUSADO
Francisco Natalio alegaba que era injustificada la acción de la FGR, que libró orden de aprehensión en contra suya. Según el acusado, “no se justificó la necesidad de cautela para el dictado de la orden de aprehensión”, además de alegar que no se encontraban evidencias de su participación. Este recurso, a través del amparo, lo requirió el contador desde que su jefe político Sosa Castelán fue detenido –el 31 de agosto de 2020– y recluido inicialmente en el Centro Federal de Readaptación Número 1, el Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
La autoridad judicial consideró que quedó debidamente acreditada esta necesidad de una medida cautelar, por los elementos que presentó la Fiscalía, que probó la creación de los despachos, la empresa fachada y las transferencias, pero, además, lo acreditó al ser Zamudio Isbaile “parte de un conglomerado influenciado por la política del estado de Hidalgo”, que, dijo, cuenta con la capacidad económica, y también política, para evadirse de la acción de la justicia.
Razones que, según el Tribunal, “se estiman suficientes para justificar que existe un riesgo latente de fuga en caso de solicitársele su presentación mediante citatorio, pues no debemos perder de vista los recursos que manejaban y su relación política en la localidad donde se desarrollan los hechos, lo que pudiera obstaculizar el desarrollo de la investigación que se sigue en su contra”.
También, los jueces remarcaron que, como planteó de inicio la FGR, los implicados en el presunto caso de lavado de dinero, “cuentan con grandes cantidades de recursos, lo que les permite y facilita la adquisición de medios para evadirse de la acción de la justicia”.
Añadieron que uno de los delitos que se les imputa es el de delincuencia organizada, “cuyas penas que eventualmente pudieran imponérsele a los miembros del grupo político acusado es de entre 10 y 20 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación”. Al ser considerado delito grave, la medida cautelar es adecuada, insistieron.
EN PRISIÓN DOMICILIARIA
El pasado 4 de febrero, Gerardo Sosa abandonó la cárcel de máxima seguridad del Altiplano para continuar su proceso en su domicilio. De acuerdo con su defensa, su estado de salud se encontraba altamente deteriorado. La FGR validó la medida.
En el juicio que concluyó en abril pasado por el homicidio de su hijo Gerardo Sosa Cravioto –acaecido en febrero de 2019– el exrector, exdiputado federal y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo estaba considerado como testigo, además de ser víctima indirecta de los hechos; sin embargo, no participó a través de comparecencia virtual, como el Poder Judicial del estado tenía previsto, porque sus abogados argumentaron que estaba convaleciente por cirugías en el corazón y el cerebro.
Además de Francisco Natalio, por este caso de presunto lavado de dinero continúan prófugas las hermanas Sosa Cravioto y Anastasia Elizabeth Baños Baños, subalterna de Zamudio Isbaile.
@axelchl
