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Ni médicos, ni medicinas: el “seguro popular” de AMLO esconde sus gastos

“Ni es seguro, ni es popular”, decía AMLO, pero a su sustituto, el Insabi, se le han asignado más de 200 mil millones de pesos para comprar medicinas y mejorar la atención médica. A más de un año de entrar en funciones, aún no reporta en qué gasta el dinero.

Por Alejandra Crail
4 mar 2021

Insabi, opacidad en su presupuesto.
Protesta en la CDMX por la falta de atención y medicamentos para enfermos de cáncer. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Nadie sabe qué hace ni en qué gasta el dinero el mecanismo que sustituyó al Seguro Popular. Incluso, pocos recuerdan cómo se llama. A pesar de que AMLO lo inauguró con bombo y platillo en enero de 2020, el Insabi no rinde cuentas sobre los 200 mil millones de pesos que le han sido asignados desde entonces. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la creación de aquel programa bajo el argumento que acabaría con la corrupción alentada por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero nada: a poco más de un año del decreto para su creación oficial, la información sobre el ejercicio de su presupuesto en 2020 y en lo que va del año es nula.

Una revisión de EMEEQUIS del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de este instituto deja ver que, aunque en 2020 recibió los recursos que correspondían al Seguro Popular y al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud –112 mil millones de pesos–, no hay forma de saber en qué usó el dinero. Lo mismo que ocurre este año, con un presupuesto de 89 mil 301 millones de pesos, de los que la ciudadanía no sabe nada.

Del Instituto de Salud para el Bienestar apenas sabemos que es dirigido por Juan Antonio Ferrer, el licenciado en administración de empresas tabasqueño que era el delegado en Tabasco del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Fue nombrado titular del organismo directamente por López Obrador, apenas se publicó el decreto de su creación al cierre de 2019, con un sueldo de 159 mil pesos mensuales brutos. 

“Eso que llamaban Seguro Popular, ni era seguro ni era popular. Vamos a garantizar que no falten médicos, medicinas, atención médica, medicamentos gratuitos. (...) No va a ser un asunto fácil porque hay muchas resistencias, había mucha corrupción en todo. Hasta en la compra de la medicina se robaban el dinero. Estamos poniendo orden”, dijo AMLO en enero del año pasado, cuando el Insabi arrancó oficialmente operaciones.

¿Quién le vende al Insabi las medicinas que nos aplican en los hospitales públicos? Nadie sabe, nadie supo. ¿Los contratos se dieron por medio de un concurso o fueron adjudicaciones directas? ¿Las empresas contratadas están libres de sanciones? La opacidad cabalga al tiempo que el discurso oficial presume que ahí, en el Instituto de la colonia Guadalupe Inn, hay transparencia.

Si bien este organismo no ha hecho pública la información por medio de su página, como lo mandata la ley, es posible determinar, por medio de Compranet, que el año pasado gastó 16 mil 660 millones de pesos en la adquisición de insumos médicos, servicios –entre ellos contratar a una agencia de viajes y remodelar el inmueble que se les cedió– y arrendamientos. El 75% de ese dinero se otorgó por medio de adjudicaciones directas.

Sin embargo, ese universo de gasto que es comprobable por medio de los reportes a la Secretaría de Hacienda, es mínimo: quedan volando más de 90 mil millones de pesos asignados en 2020 de los cuales es imposible conocer en qué fueron utilizados.

Sobre el presupuesto para 2021, hay menos información. En Compranet no han registrado ninguna compra por medio de un contrato, como tampoco lo han hecho en su página de transparencia.  


Juan Antonio Ferrer en una conferencia mañanera. Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com.


DEL SEGURO POPULAR AL INSABI PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

Andrés Manuel López Obrador tenía 14 días como presidente de México cuando anunció la descentralización de los servicios de salud para la población sin seguridad social. Un golpe duro a la política que había instaurado el gobierno de Vicente Fox en 2003 para incluir a la población sin respaldo del IMSS o el ISSSTE. Ese anuncio afectaría a nada más y nada menos que 54 millones de mexicanos.

Meses más tarde, ante Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, AMLO dijo: “Vamos a federalizar el sistema de salud, sobre todo en lo que tiene que ver a la atención de la población no asegurada, a la población que no tiene derecho a la seguridad social, que es la población más pobre, estos 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social”. En el lanzamiento del Informe de la Comisión de Alto Nivel “Salud Universal” anunció la creación del Insabi.

En julio de 2019, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados (actualmente es el presidente de Morena) presentó la iniciativa de ley que eliminaba el Seguro Popular y daba paso al Instituto de Salud para el Bienestar. 

El entonces diputado y titular de la Junta de Coordinación Política  (Jucopo) argumentó que el Seguro Popular era obsoleto, que no cubría las necesidades de las personas y que, aquellas que sí eran cubiertas, requerían un pago que venía del bolsillo de la ciudadanía. En suma, no había suficiente infraestructura física ni mantenimiento a la ya existente, el personal era escaso.

A la par, el presidente López Obrador presentaba a Juan Antonio Ferrer como el titular de la dependencia en un evento del Hospital Rural San Cayetano de Tepic, Nayarit, una visita que formaba parte de la gira para visitar los 80 hospitales del programa IMSS Bienestar que ofrecían atención médica a población no derechohabiente. 

AMLO detalló que el Insabi estaría encargado de la compra de todos los medicamentos, material de curación y equipo para el sector salud por medio de compras consolidadas, “para ahorrar”. El Instituto debería crear un sistema eficaz de entrega a unidades médicas, centros de salud y hospitales. Además, debía garantizar el personal médico para atender los distintos males que aquejan a la población. Y, sobre todo, regularizar a los 80 mil trabajadores del sector, al tiempo que construye y da mantenimiento a la infraestructura para la salud de todo el país.

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Pero no hay registro del cumplimiento de esas promesas. ¿Cuánto gastó realmente en 2020 por la compra de medicamentos? ¿Cuánto en contrataciones? ¿Cuánto en regularizar al personal médico? ¿Cuánto en construir y dar mantenimiento a la infraestructura? Hasta el momento, es un misterio.

Los cambios en materia de salud implementados por esta administración, que puso al Insabi como uno de los frentes en la adquisición de medicamentos, han provocado un grave desabasto de medicamentos en el país, en un momento crítico por la pandemia de Covid-19, según han documentado el periodista Alejandro Melgoza y la investigadora Denise Tron. 

Diversas familias tuvieron que ampararse para obtener medicamentos oncológicos, principalmente para niñas y niños. Incluso uno de los casos se convirtió en una denuncia penal contra el presidente y los titulares de los institutos de salud, incluyendo el Insabi, por el presunto homicidio de un pequeño de dos años de edad que murió por la falta de medicamentos, según documentaron en la investigación Operación Desabasto.

FALTA DE TRANSPARENCIA, OBSTÁCULO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

A finales del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló la falta de transparencia del Insabi en aspectos tan básicos como la falta de reglas de operación y el destino de los recursos que recibe. 

La ASF detalló que, pese a que el organismo ya operaba con recursos públicos, no tenía ni siquiera estructura orgánica, ni manuales de organización y procedimientos, reglas de operación ni había rastro de que hubiera otorgado los recursos necesarios para apoyar a los beneficiarios que padecieron enfermedades que implicaron “gastos catastróficos”, un total de 59 mil 570 beneficiarios y que equivale a más de 3 mil millones de pesos. 

Para este año, detectó que no había documentación comprobatoria que acreditara la distribución de bienes terapéuticos valuados en 2 millones 229 mil pesos. 

La opacidad del Instituto es visible en la falta de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia más básicas. Hasta hace dos semanas no era posible consultar, siquiera, el directorio de la institución o conocer los currículums de las personas contratadas. 

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Hasta el día en que se publica este reportaje, en la página de transparencia del Insabi no es posible conocer cuántos viajes se han hecho con cargo al erario, tampoco el dinero que ha ingresado a sus cuentas, los gastos, los contratos y convenios que se han firmado para entregar recursos públicos, 

Toda institución de reciente creación, explica la Dra. Jaqueline Peschard, excomisionada del IFAI (hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI) tiene un plazo para regularizarse como institución. El INSABI ha gozado de un periodo más extenso de lo normal, pues aunque se anunció desde abril 2019, teniendo ocho meses para echarlo a andar en forma en enero de 2020, sus reglas de operación esperaron hasta noviembre para ser publicadas. 

“Más allá de si es adecuado o no el plazo que le otorgaron, considero que toda institución apenas se cree debe empezar a fluir con su información”. 

El estatuto orgánico del INSABI se publicó el 19 de noviembre de 2020 y ahí se establece claramente su naturaleza de organismo descentralizado que debe informar sobre el uso de los recursos públicos por medio de sus obligaciones de transparencia, a partir del 20 de noviembre. Pero, una vez más, nada.  

En este sentido, insta a la ciudadanía a seguir presionando sobre la información que no se ha hecho pública. “Hay que seguir apostando a que tenemos buenos mecanismos, la situación de emergencia (Covid) no puede seguir siendo un justificante”. 

A mediados de febrero, el INAI determinó –producto de una queja ciudadana por falta de información– que el Insabi debe hacer público el acuerdo de voluntades con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para la adquisición de medicamentos.

“La publicidad de la información solicitada permitirá que la sociedad conozca sobre un procedimiento en que ha tenido intervención la UNOPS y, en su momento, valorar la efectividad del servicio que presta al gobierno de México para avanzar en este ideal de cualquier persona de tener salud”, dijo en sesión pública la comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

Ahí especificó que el Insabi no podía negar el acceso a la información porque está relacionada con sus procedimientos de adquisiciones, con uso de recursos públicos, por lo que debían revelarla, como una forma de permitir la rendición de cuentas.

Hasta el momento, el Instituto que dirige Ferrer no ha hecho público el listado de medicamentos que solicitó al organismo internacional para conseguir productos de calidad y a buen precio para resolver el abasto de medicinas.

  

@AleCrail

 


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