SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.― Al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, comisionado presidencial para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, se le está desbaratando el caso entre las manos.
Ahora, el general José Rodríguez, exjefe del 27° Batallón de Infantería de Iguala ha demandado al funcionario de la Secretaría de Gobernación (SG), en respuesta a las acusaciones por el homicidio de seis de los estudiantes de Ayotzinapa, planteadas por el Informe Encinas.
Además, en la argumentación de su recurso legal, el general ha puesto el dedo en la llaga de las investigaciones del comisionado especial de AMLO: las indagatorias y conclusiones efectuadas por una dependencia del Ejecutivo no son vinculantes, lo que podría sentar un precedente para otros imputados en el informe manufacturado en Bucareli.
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Apenas la semana pasada, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto de toda responsabilidad en la desaparición de los normalistas por un juez de Matamoros, a pesar de que el Informe Ayotzinapa de la actual administración le imputa por dar la orden de eliminar a los estudiantes. Alejandro Encinas salió del paso anunciando que impugnaría dicha resolución.
Lo cierto es que desde su presentación, el informe ha sido objeto de diferentes cuestionamientos, comenzando por los de los padres de los normalistas desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes exigieron acceso directo a todas las pruebas, peritajes y capturas de pantalla incluidos en el informe. Estas últimas cubren con tinta negra reportes del Cisen sobre la noche de los acontecimientos.
Después, la opinión pública señaló semejanzas de “la verdad histórica” de la administración pasada con el actual informe. Y ahora se caen imputaciones y vienen demandas.
Las nuevas erratas se suman a la desalentadora circunstancia de que 97 imputados relacionados con las investigaciones han sido absueltos, contando a José Luis Abarca, según reportó la semana pasada el diario Milenio.
LA DEMANDA DE AMPARO
José Rodríguez, general en retiro, exjefe del 27o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, se entregó el miércoles pasado ante sus superiores en el Campo Militar Número para enfrentar la acusación de Encinas.
Así lo reveló el columnista Raymundo Riva Palacio en su colaboración de hoy en El Financiero. Según refiere el periodista, el general Rodríguez emprendió su defensa y la semana pasada presentó una demanda de amparo directo contra el subsecretario Alejandro Encinas ante un juez en la Ciudad de México, “donde subraya que no intervino en los hechos delictivos de que lo imputan”.
El general retomó la presentación del informe y la conferencia en la mañanera de Palacio Nacional el 26 de agosto frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como una entrevista el 28 de agosto en el programa Voces Públicas (Canal 14) ―reseña el periodista―, donde reiteró las conclusiones del documento y la intervención del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas.
El militar argumenta: “A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención”.
“Todo ello ―dice el general― sin la prosecución de un juicio a cargo de una autoridad verdaderamente competente en la investigación de delitos y en su juzgamiento”.
Y agrega: “Salta a la vista la presión mediática y política generada en el presente caso (…) Los señalamientos ilícitos de una autoridad (subsecretario de Estado) que no recepta facultades constitucionales de investigación delictiva me privan de un debido proceso y me estigmatizan públicamente como un culpable, pues se me brinda un trato irregular en forma contraria a mi derecho humano de presunción de inocencia”.
INVASIÓN DE FUNCIONES DEL MP
La argumentación de la demanda de amparo, según explica Riva Palacio, tiene dos vertientes, “una directamente contra Encinas, por presuntas violaciones a los derechos humanos”, otra que imputa al gobierno federal por usurpar “ funciones que están fuera de sus atribuciones y facultades legales (…) en especial por las disposiciones del el Artículo 21 constitucional que establece que “la investigación de delitos corresponde, única y exclusivamente, al Ministerio Público y a las policías”.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, refiere, las conclusiones a las que arriben comisiones como la creada por AMLO, no son vinculantes.
El general arguye en la demanda, según cita el columnista: “El poder político que detenta el titular de una secretaría o subsecretaría de Estado es amplísimo, más aún la de Gobernación, que históricamente se ha erigido como una extensión de la figura del Presidente de la República (…) Por ello, cuando uno de sus titulares usurpa funciones ministeriales, su actuación fuera de todo cauce legal y constitucional, genera un inmediato espectro de desconfianza en torno de la información de la investigación”.
@emeequis
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