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Las claves para entender el caso Álvarez Puga-Gómez Mont: del lujo a una ficha roja de Interpol

Una desbordada trascendencia mediática rodea a las acusaciones contra la conductora y su esposo, a quienes se les atribuyen onerosas propiedades y gran fortuna. La FGR les acusa de lavado de dinero, crimen organizado y desvío de fondos públicos.

Por José Guaderrama
30 dic 2021

INÉS GÓMEZ MONT, ÁLVAREZ PUGA, SAT
Inés Gómez Mont es buscada en más de 190 países

EMEEQUIS.- Uno de los casos más mediáticos del año detonó la segunda semana de septiembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga, su hermano Alejandro y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez-Mont.

Inés Gómez-Mont Arena nació el 29 de julio de 1983 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Es sobrina de Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, y de Miguel Gómez Mont, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), durante el sexenio de Felipe Calderón.

Inició en 1977 su carrera en la televisión en la telenovela Tric Trac, junto a Bárbara Mori. Durante 10 años fue conductora de programas como Los25+ y Ventaneando. Posteriormente se incorporó a Televisa.

Contrajo sus primeras nupcias con Javier Díaz, en 2008, con quien tuvo cuatro hijos. Sin embargo, se divorció en 2013. Dos años después se casó con su actual pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tiene dos hijos.

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Víctor Manuel Álvarez Puga es abogado y empresario. Él junto con su hermano Alejandro fundaron el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma de abogados y contadores especializados en materia tributaria con presencia en 45 ciudades de la República Mexicana.

Álvarez es cercano al abogado Juan Collado Modelo, esposo de la actriz Yadhira Carrillo y quien está detenido desde julio de 2019 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Gómez-Mont, por su parte, está estrechamente ligada a la actriz Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina, quienes en determinado momento pudieron actuar como socios del matrimonio ahora bajo acusación.

LAS ACUSACIONES DE PECULADO, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LAVADO

A ambos se les acusó de delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La información que trascendió es que los hermanos Álvarez Puga se encuentran ligados a una red de empresas fantasma, de las llamadas factureras, que fueron utilizadas para facilitar la evasión de impuestos de terceros, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

Específicamente se habla de la malversación de recursos públicos por 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la conducción del actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Los contratos fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.

Los documentos fueron considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que se simuló la competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.

INDAGATORIAS POR EVASIÓN FISCAL

Al margen de los delitos por los que fueron solicitadas las órdenes de aprehensión, así como una ficha roja a la Interpol para la localización de los prófugos, el Servicio de Administración Tributaria daba seguimiento a la conductora y su esposo desde 2018, aparentemente por una discrepancia respecto al pago de impuestos.

En noviembre de 2018, Inés Gómez Mont solicitó una solución alterna a su caso y pidió un acuerdo reparatorio con el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ocasión en la cual habría pagado casi 11 millones de pesos por concepto de "contribuciones federales".

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Sin embargo, el 16 de enero de 2019 el Ministerio Público Federal a cargo del caso determinó que "el daño sufrido por la hacienda pública no fue cubierto en su totalidad" y se estableció que todavía estaban pendientes 2 millones 604 mil 537 de pesos. 

En consecuencia, el acuerdo de reparación del daño quedó invalidado y aunque en el contexto de la nueva orden de aprehensión por los delitos fiscales, la presentadora pagó el faltante, pero no consiguió el perdón del SAT.

LOS 10 PRESUNTOS CÓMPLICES Y LAS EMPRESAS FANTASMA

El 28 de septiembre trascendió que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró órdenes de aprehensión adicionales en contra de 10 personas.

Eso incluyó a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social entre septiembre de 2015 y octubre de 2016.

Además, también se encuentran en la mira Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración y Emmanuel Castillo Ruiz, quien fungía como coordinador general de Centros Federales del organismo.

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También aparecen Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia.

Además de Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes presuntamente participaron en las empresas para la triangulación y lavado de dinero.

En tanto que los grupos involucrados en el lavado de dinero fueron identificados como: Modemo SA de CV, Tecnología e Innovación Arromlop SA de CV, Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SA de CV,  Creación y modificaciones Gardel SA de CV, Comcelint SA de CV, Rangel SA de CV y Gupea Construcciones SA de CV.

LA DEFENSA DE GÓMEZ MONT

En principio la conductora dijo a través de sus redes sociales sólo tener conocimiento de las acusaciones gracias a reportes de prensa con “información parcial y dolosamente filtrada”. 

“No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen”, escribió. Y agregó que tanto ella como su marido se preparaban para enfrentar el proceso y que ejercerían todos sus derechos en esta situación que calificó de “triste y penosa”.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, se leía en un comunicado en su cuenta de Instagram.

La exconductora de Ventaneando ahondó estar al tanto de las acusaciones que se hacían en su contra por presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

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“Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia (...) Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida”.

El 14 de octubre, nuevamente en Instagram, la actriz publicó un comunicado en el que estableció que, pese a tener acuerdos conclusivos con el SAT y la Procuraduría Defensa del Contribuyente, la Procuraduría Fiscal actuó en su contra, mientras el juez Zeferín Hernández libró la orden de aprehensión en su contra cerrando la posibilidad de presentarse, dado que se ordenó su encarcelamiento. 

A partir de esa fecha ningún comunicado posterior ha sido publicado y tampoco se conoce declaración alguna de Álvarez-Puga o su hermano, aunque se difundió que sus abogados buscaban que se convirtiera en testigo colaborador o se acogiera al criterio de oportunidad al dar información sobre el caso.

El 19 de octubre, la FGR informó que había solicitado a la Interpol una ficha roja para la localización de la pareja en 190 países.

EL EFECTO MEDIÁTICO Y SHOWBUSINESS

Tan pronto como el caso se difundió en medios de comunicación y redes sociales, las informaciones sobre los lujos, dispendio y excesos de Inés-Gómez Mont y su pareja fueron presuntamente documentados en diversas publicaciones.

La revista de espectáculos TVNotas aseguró que Gómez Mont tiene una mansión ubicada en Miami, Estados Unidos, que pertenecía a la cantante Cher y su valor es de 340 millones de pesos, cifra que habrían pagado Gómez Mont y su esposo en 2020.

La mansión tiene jacuzzi, alberca y un sistema de seguridad automático controlado por la voz, además se compone por seis amplias recámaras iluminadas por los ventanales dobles con forma de arco y siete baños.

La misma revista de espectáculos aseguró que esta propiedad sería el sitio donde actualmente estaría oculta la pareja pues supuestamente los vidrios están tapados con papel para evitar que se vea hacia adentro.

Además, publicó que la pareja también posee en Nueva York una propiedad que aparentemente se ubica cerca del emblemático Central Park y la Quinta Avenida, la cual se adquirió en 2019 y tiene un valor de 28 millones de pesos. Según la revista de espectáculos, cuenta con un ático convertible de dos dormitorios, su propia suite con vestidor, chimenea y su propia terraza.

Los costosos abrigos y ropas de marca, así como bolsos de exclusivos diseñadores, forman parte de la lista de “pruebas” que la opinión pública dio por buenas en el juicio mediático que se libra en periódicos, revistas, televisión y redes sociales.


@PeparioGM

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