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La impune estela de violencia de Astudillo: 17 políticos, 10 activistas y 8 periodistas asesinados

Prometió “orden y paz” durante su campaña por la gubernatura de Guerrero, pero después admitió: “Sigue pendiente la paz”. Aunque justificó: “Si no es cosa de abrir unas Sabritas”. Dejó una herencia de masacres y expansión de grupos delictivos.

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EMEEQUIS.– El gobierno de Héctor Astudillo Flores dejó en Guerrero una impronta de violencia e impunidad más estridente que la que encontró al asumir la gubernatura de la entidad en 2015.

Astudillo Flores había prometido en campaña “orden y paz” a los guerrerenses. La población de la entidad se hallaba aún conmocionada por la desaparición de normalistas en Iguala en septiembre de 2014, y por el nivel de compenetración entre el crimen organizado y las estructuras partidistas y de gobierno que había revelado ese caso.

Así que el 17 de mayo de 2015, durante una acto en Acapulco, Astudillo dijo que “los índices de violencia en Guerrero son los más altos de México, si nuestro estado fuera un país, sería el tercero más violento del mundo, sólo después de Honduras y Nicaragua, todos los indicadores son malos, de homicidios, secuestros, extorsiones…”

Y presentó un plan de “cinco ejes” con los que, aseguró, lograría “un Guerrero con orden y paz, para vencer la delincuencia, restablecer la seguridad pública, y erradicar la corrupción”. 

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Pero conforme avanzó el tiempo, la administración Astudillo fue mostrando su violento rostro: masacres, expansión criminal, periodistas, activistas,  asesinatos de funcionarios, representantes populares y líderes partidistas se multiplicaron. 

De acuerdo con una revisión hemerográfica de EMEEQUIS, bajo la era de Astudillo Flores fueron asesinados 17 políticos, 10 activistas y 8 periodistas. 

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Además, se habían multiplicado las actividades delictivas y los grupos dedicados a ellas: Ardillos, Rojos, Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “Los Jefes” de Zenén Nava Sánchez, alias “El Chaparro”… 

“SI NO ES COSA DE ABRIR UNAS SABRITAS”

En 2017, cuando cumplía dos años de nulos resultados en seguridad, Astudillo se exculpó. En una entrevista con el diario El Sur de Guerrero, el entonces gobernador justificó: “Yo quisiera detener a todos los delincuentes que hay en Guerrero, lamentablemente son varios y no es tan sencillo. ´(…) La violencia no llegó conmigo. Creo que hemos avanzado en el orden, la paz es un asunto que está ligado a la delincuencia, que está pendiente”.

E indicó, a pregunta expresa sobre la siembra de la amapola en la entidad y las opciones para combatir su impacto violento: “Lo que yo planteo no es una cosa sencilla, como abrir una bolsa de papas Sabritas. Es un asunto delicado, no se trata de quitarles los que ingresa por la siembra”.

Ya muy cerca del final del mandato de Astudillo, en julio de 2021, representantes populares e informes de organizaciones no gubernamentales reportaron que 21 de 81 municipios. Es decir, el gobierno estatal había perdido el control del 25% de las demarcaciones, que se hallaban cooptadas por el crimen organizado.

La organización Siempre Vivos señaló en esas condiciónes a los municipios de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Tlapa, Mochitlán, Quechultenango, José Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapan, Zitlala, Mártir Cuilapan, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zapotitlán, Acatepec, Tlacoapa, Copanatoyac, Alpoyeca, Huamuxtitlán, Olinalá, Chichihualco, Zumpango y Tlacotepec. 

MASACRES

Una de las expresiones más crudas de la orgía de violencia durante la gestión de Astudillo fueron las constantes masacres a través de las cuales el crimen organizado impuso el mando por encima de la autoridad. Baste recordar algunas:

10 de abril de 2017: una camioneta con ocho cadáveres embolsados son hallados en una camioneta abandonada en el boulevard Vicente Guerrero, en Chilpancingo

5 de mayo de 2018: un comando armado irrumpe en instalaciones de almacenamiento y distribución de Coca Cola, en Tixtla, y secuestró a 11 trabajadores. Dos días después, los cadáveres de 9 de los empleados plagiados fueron hallados apilados en una camioneta abandonada en los márgenes del municipio señalado. Versiones de prensa reseñaron que el gobernador Astudillo tenía conocimiento de los hechos desde el momento del secuestro, pero su gobierno n o implementó ninguna acción al respecto.

9 de mayo de 2018: tres soldados que acudieron por la noche al Rancho “El Pozo”, de la familia del alcalde con licencia de Coyuca de Catalán,  Abel Montúfar ―asesinado en la víspera― fueron ultimados a tiros. Los militares acudieron al lugar tras una denuncia de que había personas armadas en la propiedad.

29 de julio de 2018: un sitio de combis de transporte público en Chilpancingo fue rafagueado, lo que causó la muerte de dos personas y cuatro lesionados por arma de fuego…

Y muchas más…

Rastros de un enfrentamiento en Iguala en 2019. Foto: Cuartoscuro.com.

ACTIVISTAS ASESINADOS

Uno de los espectros en los que el clima de inseguridad del gobierno de Astudillo propició más bajas fue entre las redes de luchadores sociales. Diez fueron eliminados entre ambientalistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos.

 El 24 de enero de 2018 fue asesinado Quintín Salgado, uno de los líderes de trabajadores huelguistas de la minera canadiense Media Luna Torex Gold, fue asesinado en Cocula por un grupo de pistoleros, con descargas de armas 9 milímetros.

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Otros sindicalistas también fueron ejecutados: Isaías Cantú Carrasco, el 11 de noviembre de 2019, y Oscar Ontiveros Martínez, el 15 de mayo de 2020.

También fueron asesinados Bartolo Morales Hilario, comandante indígena nahua, el 25 de mayo de 2019; Benito Peralta Arias, dirigente de un movimiento contra la inseguridad, el 21 de febrero de 2020.

También en 2020, fue ultimado Pablo Guzmán Solano. Activista en defensa de los triquis y Juan Aquino González, fundador de una reserva ecológica. 

Para 2021 fue asesinado Carlos Márquez Oyorzábal, ambientalista, el 4 de abril en San Miguel Totolapan y el 23 de mayo, Marco Antonio Arcos Fuentes. defensor ambientalista.

Uno de los crímenes contra activistas que causó mayor conmoción fue el de Arnulfo Cerón Soriano, en noviembre de 2019. El cadáver del abogado, defensor de derechos humanos, y dirigente del Frente Popular de la Montaña, fue desenterrado de una fosa clandestina en la colonia El Aguaje, de Tlapa, Guerrero. 

El activista fue secuestrado la noche del 11 de octubre, cuando su camioneta fue hallada abandonada. En diciembre fue imputado por el crimen un funcionario del ayuntamiento presidido por Dionisio Merced Pichardo García, enemigo de la organización que dirigía la víctima.

 La violencia en Acapulco fue la constante. Fotos: Cuartoscuro.com.

PERIODISTAS SILENCIADOS

La furia criminal se desató también contra la prensa bajo la gestión de Astudillo, pues fueron asesinados ocho comunicadores:

Francisco Pacheco Beltrán, baleado; Cecilio Pineda Brito, tiroteado desde una motocicleta en Ciudad Altamirano; Pamela Montenegro, acribillada a tiros; Gabriel Soriano Kuri, rafagueado.

Édgar Alberto Nava López, balaceado; Erick Castillo Sánchez Kuri, secuestrado y hallado después con varias heridas de bala; Pablo Morrugares Parraguirre, rafagueado; y Víctor Fernández Álvarez Chávez, secuestrado y decapitado.

VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia contra políticos tiene un sitio especial en la era de Héctor Astudillo: pues fueron asesinados 17 políticos, principalmente de la oposición, además de otros homicidios relacionados con los mismos.

La fiereza y saña de esos crímenes merecen una revisión caso por caso: 

2016

16 de julio. Miguel Ángel Salmerón Nava, regidor (PRI) del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez,  murió rafagueado en su camioneta después de ser perseguido por su asesinos que dispararon desde otro vehículo, en la carretera federal 93, Chilpancingo – Las Palomas, en las inmediaciones de Tixtla. El regidor provenía de una reunión con el gobernador Astudillo en Casa Guerrero.

23 de julio. Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, asesinado a balazos junto con su chofer cuando regresaba, por la noche, a su municipio. En noviembre de 2015 denunció una extorsión del grupo delictivo conocido como “Los Caballeros Templarios”’, encabezado por Rodlfo Maldonado Bustos, alias “José Pineda”, que exigía 3 millones de pesos al ayuntamiento.

2017

9 de abril. Roger Arellano Sotelo, exalcalde (PRD) de Acapetlahuaya se encontraba en una fiesta en Chilpancingo, a la que ingresaron cuatro pistoleros y abrieron fuego sobre el también exdiputado local. Murió cuando lo trasladaban hacia un centro hospitalario. Su tío, Octavio Arellano Eloísa, que fue tesorero en la administración de Roger, también fue liquidado en el ataque. Los autores materiales fueron procesados.

10 de abril. Modesto Carranza Catalán, asesor jurídico del ayuntamiento de Coyuca de Catalán y diputado suplente (PRI) de Saúl Beltrán Orozco, fue ultimado a tiros en las inmediaciones de la Central de Abastos de Chilpancingo.

28 de mayo. Elí Camacho Goicochea (PRI), exalcalde de Coyuca de Catalán y asesor del gobernador Héctor Asdtudillo, asesinado en una papelería.

26 de septiembre. Ángel Vergara Chamu, excandidato (MC) a la alcaldía de Ajuchitlán, fue asesinado por pistoleros cuando circulaba en su camioneta en calles de Chilpancingo.

13 de octubre. El cadáver de Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde (PRD) de Zitlala, fue hallado tirado en una calle del barrio de San Juan, en el municipio de Chilapa. La víctima fue degollada. Tenía las manos esposadas.

Había sido secuestrado el lunes 9 junto con otras dos personas. El grupo delictivo de “Los Jefes” se atribuyó el crimen, y dejó un mensaje con la advertencia de que sucedería lo mismo que al exalcalde a quien brindara apoyo a la banda de “Los Ardillos”.

15 de octubre. El exdiputado y expresidente  estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, fue torturado, asesinado y calcinado junto con   su esposa, su suegra y su chofer.

2018

18 de enero. Gabriel Hernández Alfaro, dirigente del PES en Petatlán, fue asesinado por un pistolero solitario cuando abordaba su vehículo, en el estacionamiento de una casa de empeño, en el centro Zihuatanejo.

21 de febrero. Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata (PRD), precandidata a diputada local, fue tiroteada por dos pistoleros que entraron a su restaurante, “El Toreo”, en Chilpa.

25 de febrero. Dulce Nayeli Rebaja Pedro, precandidata (PRI) a diputada fue hallada muerta en una carretera de Chilapa, junto a su primo Crescencio Rebaja Bello. Su tío Francisco Rabaja Juánico también fue asesinado el sábado previo; mientras que su tía Refugio Bello Gatica desapareció.     

8 de mayo. Abel Montufar Mendoza (PRI), candidato a diputado local y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, hallado muerto en su camioneta en la entrada de ese municipio. Fue tiroteado.

31 de mayo. Rodrigo Salado, candidato (PRI) a regidor del ayuntamiento de San Marcos, asesinado en su camioneta por tiradores que le dispararon desde otro vehículo en movimiento, cuando circulaba por calles de Acapulco.

28 de diciembre. Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán (PRD), murió cuando cenaba en una pozolería al ser atacado a tiros por un encapuchado.

Protesta en Chilpancingo por la venta de niñas. Foto: Cuartoscuro.com.

2020

11 de mayo. Víctor Hugo Romero Valencia (PRD), síndico procurador del ayuntamiento de Tixtla, asesinado a tiros en su automóvil tras ser interceptado por un comando armado cuando circulaba en una   carretera federal del estado.

@estedavid

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