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Historia de un aborto ilegal en la “ciudad de los derechos”

A Marion no le quedó otra que recurrir a la clandestinidad para interrumpir su embarazo, a pesar de que vive en la CDMX. Una experta advierte que los Legionarios meten mano: “No está bien que los comités lleven una agenda católica”. Mientras tanto, la SCJN discute el caso Coahuila.

Por INVESTIGACIONES ESPECIALES
7 sep 2021

despenalización del aborto
Decenas de mujeres de todas edades se reunieron en la calle Madero (CDMX) para realizar el video nacional a favor de la despenalización del aborto. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.

Por Luciana Wainer y Maurizio Montes de Oca


EMEEQUIS.– Lo que el Código Penal de la Ciudad de México define como “malformaciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales” fue, para Marion, el diagnóstico que recibió cuando cursaba su quinto mes de embarazo: a su bebé le faltaba el mentón completo, la mitad del brazo derecho —del codo a la mano—, tenía los dedos de la mano izquierda pegados y una de las venas que llegaba al corazón con fallas en el funcionamiento. 

“Cuando salimos del consultorio estábamos en shockTodo estaba perfecto y, de un día para el otro, nos enteramos de esto. No se sabía qué complicaciones iba a haber a largo plazo, si nuestro hijo iba a poder comer solo o cómo iba a ser su vida. Pero el médico nos decía que todo estaba bien, que podíamos ponerle una prótesis en el brazo cuando sea mayor e ir haciéndole operaciones en el mentón año con año hasta que sea adulto y su cara termine de formarse”.

Era un embarazo deseado, esperado, anhelado. Un año antes, Marion había sido diagnosticada con ovario poliquístico y endometriosis, su ginecólogo de ese entonces le había asegurado que había pocas posibilidades de quedar embarazada. Por eso, cuando la prueba de embarazo dio positiva en julio de 2020, Marion y su esposo compraron ropa e hicieron planes, lloraron y se emocionaron. Por eso también, cuando en diciembre recibieron la noticia de todas las complicaciones que iba a tener su bebé, sintieron que el mundo se les venía abajo. 

A partir de ese momento, la vida se transformó en una carrera contra el tiempo para recorrer consultorios, expertos y hospitales en busca de segundas opiniones. Los diagnósticos que recibían eran cada vez más preocupantes; preeclampsia en su embarazo —complicación caracterizada por presión arterial alta—, posibilidades de parto prematuro y subdesarrollo en varios órganos vitales del feto. Ese fue el momento en el que empezaron a pensar la posibilidad de interrumpir el embarazo. 

“Creo que los dos en algún punto lo habíamos pensado, pero no lo habíamos dicho. Esa tarde vino mi mamá a la casa y ella lo puso sobre la mesa... ahí nos cayó el veinte”. 

 

 Causales del aborto en México por estado. 


En México, la interrupción del embarazo por malformaciones genéticas es legal en 16 de los 32 estados del país, al igual que la causal de “grave daño a la salud”. Ambas están contempladas en el Código Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, el camino burocrático que tienen que atravesar las mujeres para acceder a un aborto, incluso en los casos amparados en la ley, no siempre es sencillo. El primer obstáculo al que se enfrentan es, normalmente, un problema temporal: las malformaciones genéticas suelen detectarse entre la semanas 18 y 22 de embarazo al momento de realizar el segundo ultrasonido estructural en el que se comprueba la estructura del feto, se le miden las extremidades, se calcula la cantidad de líquido amniótico y se observa la posición de la placenta. El segundo, es una cuestión de interpretación; pasadas las 12 semanas, la interrupción del embarazo tiene que estar aprobada por un Comité Hospitalario de Bioética. 

Alba Adriana Patlán, directora de la Red por los Derechos Reproductivos y Sexuales en México (@ddeser_), explica que la conformación de los Comités Hospitalarios depende de cada estado pero, en general, cada hospital cuenta con su propio reglamento que responde, a su vez, a los acuerdos establecidos por la Comisión Nacional de Bioética. 

“Lo más importante es que no pueden interferir en el diagnóstico del especialista que ya atendió a la mujer. Nosotras, por ejemplo, consideramos a un médico general como especialista, porque eso ocurre en muchas comunidades donde es el médico general el que da seguimiento a un embarazo y si él dice que hay una malformación genética y que puede acceder a un aborto, con eso debería ser suficiente”, asegura. 

Este punto queda asentado en la “Guía Nacional para la Integración y el funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética” en la que se determina, por ejemplo, que el Comité no puede suplir las funciones de los profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas y que se debe respetar y preponderar la perspectiva de los pacientes. No obstante, en la práctica no siempre ocurre. Cuando Marion y su esposo decidieron que la mejor opción era interrumpir su embarazo, el doctor que le había dado seguimiento les advirtió que lo más probable era que su caso no fuera aceptado en un Comité: “los casos que pasan son aquellos que no tienen piel o no se les ha formado el cerebro. Esos bebés que van a morir pocas horas después de nacer. Esa no era nuestra situación, nuestro hijo podía vivir, pero su calidad de vida iba a ser mínima y el tiempo para mí era oro: yo ya estaba de 23 semanas”. 

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La única opción fue, entonces, recurrir a un aborto ilegal. Marion recuerda las pastillas que tenía que tomar cada cuatro horas, recuerda las contracciones y el hospital que le quedaba a más de una hora de su casa. Pero, sobre todo, recuerda la sensación de culpa y el enojo por la idea de la clandestinidad: “tener que hacerlo a escondidas es correr un riesgo… hacerlo de forma legal me hubiera hecho sentir acompañada y mejor. ¿Por qué un comité de médicos que ni siquiera me conoce ni sabe nada de mi vida es el que decide si puedo o no terminar mi embarazo? Además del dolor, no tenía porqué sentir que estaba cometiendo un crimen”.

Las malformaciones pueden cobrar un matiz distinto cuando ocurren en medio de la marginación. María de Jesús Medina, doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica, ha analizado casos de malformaciones producidas por el virus del Zika en las costas de Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

“Se impone una carga grave no solamente para ella en términos de salud, económicos y sociales, sino también para el producto. No solamente se debe de pensar en la salud en un sentido individual. Desafortunadamente el virus del Zika se ha identificado en poblaciones rurales, en zonas con desventajas socioeconómicas, entonces los niños y niñas tendrán que tener un tratamiento también para su salud que generalmente no va a poder ser costeado. Eso también debe ponerse en la balanza para decidir si continuar o no un embarazo”. 


Mujeres realizan el video nacional a favor de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.


LA BIOÉTICA DE LOS LEGIONARIOS

Las guías oficiales de comités de bioética indican que éstos deben ser integrados por “personal médico de distintas especialidades y por otros integrantes del equipo de salud, expertos en bioética, profesionales de áreas no médicas, abogados con conocimientos en materia de salud y representantes del núcleo afectado”  que deben tener capacitación previa en bioética o recibirla durante los siguientes seis meses.

Sin embargo, la doctora María de Jesús Medina advierte que numerosos comités hospitalarios han sido entrenados por personal de la Universidad Anáhuac, fundada en 1964 por la congregación de los Legionarios de Cristo que durante más de seis décadas encabezó Marcial Maciel.

“La Comisión Nacional de Bioética le daba el entrenamiento a los comités hospitalarios de Bioética a la Universidad Anáhuac. No está bien que los comités lleven una agenda católica; es decir, que conciban que la vida celular es una persona y que es más importante que la mujer o la salud de la mujer”.

Para la doctora Medina, la Comisión debería asegurarse de que el entrenamiento de quienes forman los comités sea laico y va más allá al proponer que las decisiones sobre la interrupción del embarazo por motivos de salud deben verse desde la ética feminista.

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“Los principios que fundamentan las reflexiones de la bioética son la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia; sin embargo, autoras como la doctora Florencia Luna hablan de que como grupo las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad y podemos añadir varias capas de vulnerabilidad, entonces desde esta ética feminista cualquier evaluación que hagamos siempre tomará mayor peso el interés de las mujeres. El punto de partida es el de la autonomía reproductiva de las mujeres”.

Una de las publicaciones sobre bioética de la Universidad Anáhuac sostiene que la despenalización del aborto ha adquirido una “banalización” que lo ha convertido en una forma de anticoncepción y que han ocurrido “miles de muertes de embriones (hombres y mujeres) al año”.

La doctora Medina comenta que en Biología de la reproducción no se utilizan términos como la “vida desde la concepción” a la hora de hablar de embriones. “Se habla de unión de gametos; es decir, función de esperma con óvulo, plantación del cigoto en el útero, desarrollo embrionario y términos distintos que se tienen marcar las distintas etapas del desarrollo de la biología celular de un ser en gestación”.

En septiembre de 2013 a Marisa le informaron sus doctores que su embarazo era considerado de alto riesgo a causa de una cirugía previa, su edad y peso; un estudio hecho a las 15 semanas concluyó que el feto presentaba Síndrome de Klinefelter (que le impediría desarrollar sus genitales en la pubertad) y en dos ocasiones tuvo que ser internada. Por estas razones, Marisa solicitó la interrupción de su embarazo y presentó documentos en los que sus doctores afirmaban que además estaba en riesgo de sufrir malnutrición y obstrucción del intestino a causa de una hernia.

Pero las autoridades del ISSSTE negaron su petición con el argumento de que la ley bajo la que se regían era federal y no contemplaba la interrupción legal del embarazo; asimismo, argumentaron que el feto podía llegar a ser autosuficiente a pesar del síndrome de Klinefelter. Lo anterior sucedió a pesar de que Marisa fue atendida en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo está despenalizada desde 2007.


Un grupo de manifestantes Provida protesta afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discute la despenalización del aborto. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.


La mujer inició un amparo contra estas autoridades que fue resuelto ocho años después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que se lo concedió y determinó que las autoridades incumplieron con las obligaciones que les impone la Constitución con respecto al derecho a la salud.

Además de reconocer distintas vulnerabilidades de las mujeres, la sentencia dice: “No basta con tener libertad para adoptar, autónomamente, las decisiones acerca de la propia salud; es fundamental poder ejecutarlas adecuadamente. Esto es, la decisión sobre la propia salud, como terminar un embarazo”.

El 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión sobre un caso que podría marcar la diferencia para las mujeres mexicanas en materia de aborto; se trata de tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Fiscalía General de la República a raíz de las reformas del Código Penal del Estado de Coahuila publicadas en octubre de 2017. El proyecto, elaborado por el ministro Luis María Aguilar, señala que no es constitucional sancionar con pena de prisión a las mujeres que interrumpen su embarazo, reconoce la maternidad como un aspecto voluntario y agrega un punto fundamental: los legisladores locales, según lo propuesto, no cuentan con la “total libertad configurativa”. 

Es decir, si este proyecto se aprueba en el pleno, sería inconstitucional que los congresos locales penalicen la interrupción del embarazo en su marco normativo. De los once ministros y ministros, ocho ya se pronunciaron a favor del proyecto en la sesión del 6 de septiembre. El 7 se cerrará la primera ronda de posicionamientos y se le harán las modificaciones sugeridas al proyecto, pero todo indica que el pleno apostará por hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir.  

A diferencia de lo ocurrido en 2008 —cuando la entonces PGR argumentó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tenía facultades para despenalizar el aborto en la entidad—, lo que hoy se discute puede tener repercursiones en todo el país. En aquel entonces, la Corte resolvió que las entidades podrían legislar libremente. Lo que hoy se discute, agregaría que esa libertad tiene límites. 

Los ojos de millones de mujeres estarán puestos en esta discusión y la exigencia se renueva: la maternidad será deseada o no será. 

 

@Luliwainer


 @maumondeo




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