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EMEEQUIS.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama a 22 entidades aclarar el uso de 250 millones 122 mil 787.6 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) por obras pagadas, pero no ejecutadas, o sin soporte de gastos; adquisición de uniformes y equipamiento policial de los que no existen oficios que amparen las compras.
Y, principalmente, por recursos transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la adquisición de armamento, cartuchos y cargadores de los cuales no se presentó la documentación que ampare el pago realizado; además, los artefactos para el combate a la delincuencia no fueron recibidos ni entregados a las corporaciones de seguridad para su operación.
Tras revisar las 32 inspecciones que la ASF hizo a las entidades federativas por el uso del FASP en 2021, EMEEQUIS identificó que, de los 250.1 millones pendientes de aclaración, el 85%, que asciende a 214 millones 370 mil 43.87 pesos, corresponde a que no se acreditó la recepción, ni la existencia física en la armería pagada, situación en la que se encuentran 19 estados que requirieron el armamento para reforzar sus corporaciones, principalmente en territorios con dominio o presencia de cárteles del narcotráfico.
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Tal es el caso de Michoacán, donde la ASF detectó, a través de la auditoría 1131, que existen 64 millones 742 mil 765.85 pesos pendientes por aclarar (el monto más alto entre todas las demarcaciones) por concepto de pago a la Sedena para adquirir armamento y municiones, como consta en las cotizaciones CC-031/2021 y CC-044/2021 (854 armas cortas, 897 armas largas, 1,559 cartuchos y 1,956 cargadores); al no llegar, los equipos no fueron distribuidos a los elementos policiales para su uso.
Michoacán, con base en informes de inteligencia a los que se tuvo acceso, tiene disputas territoriales entre el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Correa con grupos locales como Los Viagra, Blancos de Troya y las rémoras de los Caballeros Templarios.
La administración de Silvano Aureoles Conejo (PRD) en Michoacán fue entre el 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021. Mientras que Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) asumió el 1 de octubre de 2021.
Policía de Michoacán en el operativo de blindaje a Zamora. Foto: Secretaría de Seguridad de Michoacán.
JUSTIFICACIÓN DE LA SEDENA
A solicitud de la ASF, Sedena argumentó que la falta de entrega de armas en los estados que las requirieron fue porque no formalizaron el proceso de adquisición de los bienes amparados en la cotización mediante convenios interinstitucionales celebrados entre la Dirección General de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y los Poderes Ejecutivos estatales, u omitieron suscribir dichos convenios, entre otras fallas.
Sólo por las armas no recibidas, tienen pendientes por aclarar estados como Aguascalientes, 15.9 mdp; Baja California, 7.2 mdp; Baja California Sur, 4.7 mdp; Chiapas, 4,6 mdp; Chihuahua, 14.8 mdp; Coahuila, 23,7 mdp; Durango, 1.6 mdp; Hidalgo, 3,03 mdp; Jalisco, 1,4 mdp; Nayarit, 5,8 mdp; Oaxaca, 1,4 mdp, y Quintana Roo 19.9 mdp.
También, Sinaloa, 3.8 mdp; Tabasco, 3.3 mdp; Tlaxcala, 7.4 mdp; Veracruz, 4.1 mdp; Yucatán 2.4 mdp, y Zacatecas, 2.4 mdp.
Además de éstas, hubo otras anomalías, como 11.4 millones por falta de documentación justificativa y comprobatoria de uniformes para policías en la Ciudad de México; 2.9 millones en Zacatecas por un servicio de mantenimiento al sistema de llamadas de emergencia en cinco municipios y el C5 estatal, así como 1.9 millones por pago de botas que no cumplieron con las especificaciones pactadas en el contrato y el acta de entrega recepción, en Oaxaca, entre otras irregularidades.
@axelchl
