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El gobierno de AMLO sigue fabricando culpables en la lucha contra el narco

En el primer año de la 4T se abrieron más de 7 mil expedientes por detenciones arbitrarias. Los 12 de Guanajuato, a quienes se les relacionó falsamente con el CJNG, fueron absueltos. “En la cárcel conocí a varias personas inocentes como yo”, dice una de las liberadas.

Por Alejandra Crail
23 jul 2021

Presuntos culpables de la 4T.
Armas, autos y diversos artículos que autoridades presuntamente "sembraron" a los acusados. Foto: Especial.

EMEEQUIS.– En agosto de 2019, el entonces secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, acusó a 14 personas (dos de ellas menores de edad) detenidas en Silao, Guanajuato, de estar detrás del homicidio de 19 personas en Uruapan, Michoacán

Sus dichos se esparcieron en medios de comunicación nacionales y locales. El entonces funcionario federal aseguró que aquellos homicidios eran parte de una disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Viagra y que los detenidos en Guanajuato estaban vinculados a este hecho. 

“Fueron detenidos todos ellos con armas largas, incluidos dos jóvenes de 16 años”, dijo el actual gobernador electo de Sonora, en el marco de la reunión del gabinete de seguridad que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Durango. 

En la conferencia matutina del 9 de agosto de aquel año, el mismo AMLO se pronunció: “la Secretaría de Marina detuvo a 14 personas integrantes de una banda que no se sabe si estén vinculados a estos hechos, pero se está actuando”.  

Además, mencionó que le parecía “doloroso” que hubiera menores de edad presuntamente vinculados. “Tenemos que atender a los jóvenes, quitarle a la delincuencia los jóvenes, que no los enganchen”. 

Pero no era cierto. Ninguna de esas personas estaba vinculada al crimen organizado o al menos la autoridad competente no lo pudo demostrar. Los 12 adultos que el gobierno federal intentó ligar con la masacre de Uruapan fueron liberados en abril de 2021.

“Jimena”, quien pidió usar un seudónimo, cuenta la historia de aquella tarde en la que visitó a sus abuelos, se encontró con una amiga... y terminó acusada de delincuencia organizada –se le quiso relacionar con el Cártel Jalisco Nueva Generación–, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de droga para su venta. 

Su imagen, junto con la de otras 11 personas mayores de edad, fue difundida por todo el país, acompañada de presuntas armas, vehículos y bolsas de droga, supuestamente incautados durante la detención.Tenía 18 años, una hija pequeña y pasó dos años encarcelada acusada de delitos del fuero federal que, asegura, no cometió.  

Un equipo de defensores públicos logró comprobar que la detención de este grupo de personas había sido ilegal, que no había pruebas en su contra y que las declaraciones de las autoridades que les detuvieron eran contradictorias. 

Según el Censo Nacional de Derechos Humanos, en el primer año de gobierno de AMLO la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los OPDH (Organismos Públicos de Derechos Humanos) registraron 7 mil 393 expedientes por detenciones arbitrarias, 6 mil 523 por tratos crueles, 3 mil 167 hechos de tortura, 314 por desaparición forzada y 89 ejecuciones extrajudiciales.  

Esto implica una ligera reducción en relación al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el mismo Censo registró un total de 8 mil 268 expedientes de queja calificados por detenciones arbitrarias en 2018. 

“En la cárcel conocí a varias personas inocentes como yo. No todas tienen el privilegio de encontrarse con un buen defensor. A mí me tocó vivir esto y me duele, me duelen las injusticias cometidas por la autoridad. Hay muchos casos como el mío”, dice la joven al otro lado del teléfono. 


Datos del INEGI indican más de 7 mil detenciones arbitrarias en 2019. 


FÁBRICA DE CULPABLES

Era jueves y Jimena había ido a casa de sus abuelos a recoger una carta de recomendación que su tía le había dejado para que la presentara en su nuevo empleo en una empresa automotriz.  

Se recuerda ilusionada por esta oportunidad. Su hija tenía apenas dos años, no tenía mucho que se había separado de su pareja y ahora tenía la responsabilidad de sacar adelante a la niña sin ese respaldo. Quería terminar la preparatoria y combinar sus estudios con el nuevo empleo.  

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Pero esta tarde de agosto se encontró con una amiga que le pidió que la acompañara a ver a otra joven. Aceptó con la promesa de volver rápido porque su mamá pasaría pronto por ella. Al llegar, vio a otra joven peinándose y se sentaron un rato en la sala a platicar. 

Afuera escuchó movimiento, rechinido de llantas y la sirena de una patrulla. No se asustó porque eran sonidos frecuentes en una zona donde la inseguridad es la constante. Pero, de pronto, escuchó un azotón de la puerta de la casa y vio una decena de uniformados que las pararon, las cachetearon y las insultaron. 

“Yo no estoy acostumbrada a contestar mal, así que aún con las groserías y los golpes no dije nada. Me quedé callada”, explica.

Vio que en el jardín había más personas tiradas en el piso, hombres jóvenes. Les apuntaban con armas. Junto a ellos, las sacaron con la cabeza cubierta, les ordenaron mirar hacia abajo. Los subieron a una camioneta. Nadie les explicó lo que estaba pasando.

Lo siguiente que supo fue que estaba en la Agencia de Investigación Criminal y ahí declaró que sólo estaba acompañando a su amiga, pero le dieron un documento con otra declaración y le obligaron a leerlo y asegurar que esa, la que construyó la autoridad, era la verdadera historia.  

La historia es que estaba en una camioneta con varios hombres y que en la camioneta traían armas largas y cortas. 

“Yo no conozco de armas, yo no sabía ni qué decir. Nada más leí lo que me dieron ahí”. 

El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, se aferró a esa versión. En conferencia dijo que se había detenido a 14 personas en el municipio de Silao, específicamente en la calle Ignacio Ramírez de la colonia Los Ángeles. Que ahí habían asegurado vehículos, motocicletas, cuatro armas largas y cinco armas cortas, además de 236 dosis de droga etiquetadas con las siglas de un grupo criminal. 

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Estas armas, había dicho el fiscal, estarían relacionadas con diversos homicidios que se habían cometido en el corredor industrial del estado. Además, había detenido a otros tres hombres en Irapuato a bordo de un Chevrolet Aveo y una Jeep Blindada, también con armas, chalecos antibalas de color verde camuflaje y más droga. 

Zamarripa dijo entonces que no podía ni asegurar ni descartar que los detenidos, entre ellos Jimena, estuvieran relacionados con homicidios fuera del estado como lo había señalado Alfonso Durazo. 


Conferencia sobre la masacre de Uruapan. 


DEFENDER DESDE LO PÚBLICO

A Juan Carlos Ramos, un defensor público federal, le pareció extraño que la detención de 12 detenidos mayores de edad fuera lisa y llana, sin ninguna incidencia, sin agresiones, sin nadie que se opusiera a las revisiones o presentara resistencias. 

“No hubo ningún sobresalto y esas características suelen ser de detenciones en lugares cerrados, viviendas, en cateos”, explica. Así fue que él y un grupo de abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública se acercaron al caso, pues sospecharon que algo no cuadraba con la versión oficial.

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Hablaron con los detenidos y se encontraron con que el perfil de cada uno no correspondía con las actividades criminales que se les imputaban. Las tres jóvenes eran amas de casa, madres solteras en algunos casos. Los hombres eran comerciantes o jornaleros. 

“Tristemente son recurrentes casos así. No es excepcional. Estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, puede terminar con uno enfrentando cargos por delitos que no cometió. Guanajuato es un punto muy atractivo para los diversos grupos en la materia y eso involucra gente inocente”, explica el abogado. 

A partir de eso empezaron a documentar inconsistencias. Por ejemplo, uno de los acusados había sido detenido por la policía municipal a las 17:53 horas, entró a los separos y se documentó su detención, pero la Agencia aseguraba que lo había detenido a las 17:30 horas.

Además, pretendieron presentar los dichos de los policías que aseguraban que pertenecían a una organización criminal sin pruebas. Los policías se contradijeron entre sí. 

Uno de los aprehensores tuvo que admitir ante el juez que omitió y manipuló información sobre los detenidos. Otro elemento dijo que no vio ni armas ni drogas en el lugar de la detención, que la primera vez que vio todos esos insumos fue en las oficinas de la policía ministerial; lo curioso es que uno de sus compañeros lo había señalado de haber sido el encargado de embalar las armas y las drogas al momento de la detención.  

Otro de los policías “agregó información novedosa”, pues juró que habían asegurado dinero a los detenidos, cuando ninguno de sus compañeros refirió este detalle.  

Finalmente, el juez acusó a la Fiscalía de no acreditar la acusación en lo más mínimo, ni siquiera en las circunstancias más básicas de tiempo, modo y lugar. En suma, los defensores públicos federales lograron confirmar que la detención masiva no había ocurrido en la fecha que se reportó oficialmente. 

Por eso, el 22 de abril de 2021, los 12 adultos fueron liberados inmediatamente, absueltos totalmente de cada uno de los cargos.

RECONSTRUIR LA VIDA

En el juicio, Jimena tenía los nervios al tope. Las palabras del juez determinarían su futuro y, por eso, cuando la autoridad la liberó de todas las acusaciones no podía parar de llorar. 

“Sentí una alegría inmensa de pensar en volver a casa, volver a ver a mi niña, estar con mi familia, tener planes, sueños”, dice.

Tenía miedo, eso sí. Sabía que la violencia había explotado y que Guanajuato era el estado más inseguro del país, pero eso no le quitó las ganas de recuperar los años perdidos. 

Pero llegó y se encontró con una niña que apenas y la recuerda, con el reto de reconstruir una vida que pausó durante dos años. Prometió no mirar atrás, olvidar la amarga experiencia de haber terminado presa en una fábrica de culpables y sólo recordar el agradecimiento para el abogado público que la sacó de la cárcel. 

“Estoy libre gracias a su trabajo y hoy tengo una nueva oportunidad. Quiero dar todo por mi hija, seguir estudiando, ya voy a empezar a trabajar, pero también que ya no haya más casos como el mío”. 

Jimena y las otras 11 personas que fueron encarceladas podrían, si así lo quisieran, iniciar un proceso en contra de los funcionarios y policías que los acusaron y señalaron públicamente. Pero a decir del Lic. Juan Carlos, es complicado, porque en México existe el temor a represalias. 

“Estas personas eran amas de casa, gente trabajadora que estuvieron en el lugar menos indicado. No saben de estos asuntos y no quieren estar en conflicto con la autoridad, más con la acusación de un delito tan grave detrás”. 

 

@AleCrail 

 

 

 

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