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El “fiscal carnal” de Aureoles se investigará a sí mismo por Arantepacua

A pesar de que fue demostrado que funcionarios del gobernador Aureoles mintieron sobre el ataque de Arantepacua en 2017, la recomendación de la CNDH no eleva el caso al ámbito federal: el fiscal Adrián López Solís se investigará a sí mismo.

Por Témoris Grecko
8 ene 2021

ARANTEPACUA
La comunidad de Arantepacua, en la meseta purépecha, presentó su policía comunitaria llamada Kuaris. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEEQUIS.– A raíz del ataque que dejó cinco muertos, 30 heridos y 10 torturados en la comunidad de Arantepacua, realizado por la policía michoacana el 5 de abril de 2017, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, deberá investigar al entonces secretario de Gobierno del Estado, Adrián López Solís. Es decir, a sí mismo. Y a su padrino político, el gobernador Silvano Aureoles, del PRD. 

Este obvio conflicto de interés es el punto de la Recomendación por Violaciones Graves 42 Vg/2020, dada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preocupa a los habitantes de Arantepacua, a pesar de que, por lo demás, sí la encuentran satisfactoria.

La investigación y conclusiones de este documento, preparado por el segundo visitador Carlos Fazio, son lo que la comunidad esperaba y si bien llegan con demora, resultan un éxito después de que, a decir de las víctimas, los trabajos se quedaron atascados bajo la gestión anterior de la CNDH, encabezada por Luis Raúl González Pérez. Fue a raíz de su relevo por Rosario Piedra Ibarra, el 16 de noviembre de 2019, que la comisión relanzó sus trabajos y poco más de un año después, el 11 de diciembre de 2020, presentó sus resultados.

Pero a pesar de que queda demostrado que funcionarios altos y medios del gabinete del gobernador Aureoles mintieron a la opinión pública y a la misma CNDH para crear una versión engañosa, y que los pobladores contaron la verdad sobre los crímenes y abusos de derechos humanos cometidos contra ellos, la recomendación no eleva el caso al ámbito federal para colocarlo en manos de la Fiscalía General de la República, y deja la responsabilidad de ejecutar una investigación judicial completa a los mismos que antes la falsificaron y que son, de hecho, señalados como presuntos responsables.

Adrián López Solís es la definición precisa de un “fiscal carnal”, un hombre de extrema confianza de Aureoles, el gobernador que las víctimas consideran como fuente originaria de la violencia, que el próximo año dejará el cargo y que, con alta probabilidad, deberá entregarlo al candidato de un partido rival: la función que López Solís seguirá cumpliendo por un total de nueve años, hasta febrero de 2028, es cubrirles las espaldas a Aureoles y a sus cercanos… y a sí mismo.

ATAQUE PLANIFICADO

Exagente del Ministerio Público y ex subprocurador regional de Justicia en Zamora, López Solís fue coordinador de las campañas de Silvano Aureoles a gobernador de 2011, en la que fue derrotado, y 2015, que ganó. En su paso como senador y diputado federal, Aureoles lo mantuvo como coordinador de asesores, y en octubre de 2015, ya como mandatario michoacano, lo colocó como su segundo al mando, como secretario de Gobierno, encargado del control político del Estado. Ostentaba esa posición cuando los policías estatales atacaron Arantepacua en abril de 2017.

“Fue un plan bien hecho, esto no fue nomás así de venir y matar”, dice a EMEEQUIS Alejandro Crisóstomo Valdés, tío de José Carlos Jiménez Crisóstomo, una de las cuatro personas que mataron ese día, y coordinador del Consejo Comunal en 2018 y 2019.

A pesar de que el gobierno michoacano sostuvo que la intervención estaba destinada a impedir que “quemaran vivos” a dos choferes de tráiler secuestrados, y que sus efectivos fueron atacados a balazos, la investigación dirigida por Carlos Fazio halló que 38 pobladores de Arantepacua que acudieron a una reunión con el subsecretario Armando Hurtado, el 4 de abril de 2017 en las oficinas de la Secretaría de Gobierno en Morelia (para discutir un añejo conflicto de tierras con la cercana Capácuaro), fueron engañados por los funcionarios y detenidos sin causa por los mismos policías supuestamente asignados para darles protección en su camino de regreso al pueblo. Que no había vidas amenazadas en las protestas y el bloqueo del crucero de Ajuno, realizados al día siguiente por la comunidad en exigencia de la liberación de sus representantes, y que ese argumento fue introducido con posterioridad a los hechos, pues no era conocido por las fuerzas policiales cuando se desplazaban a Arantepacua. Que fueron desplazados 300 agentes (200 del Grupo Antimotines, 80 de la Dirección de Tránsito y Movilidad y 20 de la Coordinación de Regiones) en 32 vehículos. 

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El documento de la CNDH indica que, al llegar al punto del bloqueo, conocido como crucero de Ajuno, los policías se bajaron y sin advertencia previa lanzaron gases lacrimógenos y accionaron armas de fuego (las autoridades dicen que fueron recibidos con disparos provenientes “del interior de un inmueble” y un elemento fue herido); la multitud -unas 250 personas– corrió para protegerse, aunque algunos intentaron resistir arrojando palos y piedras; los agentes persiguieron a los habitantes por varias calles y avenidas, con carros blindados (llamados Rino) destrozaron cercas, ingresaron violentamente en domicilios particulares, rompieron puertas y amenazaron con pistolas a gente dentro de sus casas y destrozaron sus pertenencias, se llevaron a gente detenida y mataron a cuatro personas, como el estudiante de bachillerato de 17 años Gustavo Hernández Cohenete, herido por la espalda cuando corría para alejarse del conflicto, por un francotirador apostado a cientos de metros de distancia. El ataque duró tres horas y media, de las 13.30 a las 17.00.

El número de personas fallecidas, lesionadas y afectadas determinado por la CNDH es de cuatro civiles y un policía fallecidos; 23 civiles y siete policías lesionados; 10 personas detenidas arbitrariamentes y torturadas; 38 personas detenidas con uso excesivo de la fuerza; y 56 cateos ilegales.

EL FISCAL CARNAL

La responsabilidad es de “actores externos que han generado esta confusión y un ambiente de tensión entre las comunidades y la autoridad”, consideró el gobernador Aureoles. “Hay que llamar a los comuneros (de Arantepacua) a la cordura”, declaró Adrián López Solís; su subsecretario Armando Hurtado hizo un “llamado a no escalar el problema”; “nos emboscaron”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, al asegurar que estaba libre de toda responsabilidad, junto a su subsecretario encargado de la operación en Arantepacua, Carlos Gómez Arrieta (quien fue detenido en septiembre de 2020 acusado de haber tortura a detenidos ligados al caso Ayotzinapa cuando era director de la Policía Federal Ministerial, en 2014, y apareció en un video dañando al acusado Carlos Canto).

Desde la perpectiva de las víctimas, estos cinco funcionarios son directamente responsables del ataque, “los autores intelectuales, no se puede entender un operativo con cientos de elementos si no está enterado el gobernador y los principales responsables de las operaciones”, sostiene Enrique Guerrero, integrante del Colectivo Liquidámbar, acompañante psicosocial, jurídico y político de la comunidad de Arantepacua.

La recomendación de la CNDH “abarca los aspectos más importantes, tiene una dimensión comunitaria y atiende la necesidad de preservar la memoria histórica, de que si no se revaloriza el evento, la herida de la comunidad nunca va a sanar”, prosigue Guerrero. Sin embargo, “la principal incongruencia de la recomendación es pedirle a la Fiscalía Estatal” que se encargue de las investigaciones judiciales.

Adrián López Solís dejó la Secretaría de Gobierno en febrero de 2018 para ocupar el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales del Partido de la Revolución Democrática al Congreso del Estado, resultó electo y coordinó la bancada perredista hasta que, en febrero de 2019, sus colegas legisladores lo nombraron fiscal general del Estado, o “fiscal carnal” del gobernador Aureoles, como lo llamó la prensa. Colocar a López Solís en ese puesto “fue una jugada del gobernador para que no procedan las investigaciones”, sostiene Juventino Soria, exmiembro del Consejo Comunal y defensor de las víctimas.

AUTONOMÍA PURÉPECHA

Enrique Guerrero señala que hay otros asuntos pendientes, como que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha desdeñado siete llamados de la CNDH a reconocer a las víctimas, dejando cinco de ellos sin atender y respondiendo a otros dos con “argumentos incoherentes”, y todavía ahora, a un mes de que fue emitida esta recomendación, sigue sin dar muestras de interés.

Pero lo más grave es que Aureoles y López Solís mantienen el control de una investigación que si, como pide Arantepacua, fuera puesta en manos de la Fiscalía General de la República, podría terminar fincándoles responsabilidades y llevándolos a proceso.

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A la pregunta de por qué la recomendación se dirige a la Fiscalía Estatal, a pesar de quien la encabeza, y qué tendría que pasar para que se pida la intervención de la FGR, fuentes de la CNDH respondieron que se trata de un asunto de competencia: las violaciones graves acreditadas fueron cometidas por personas servidoras públicas adscritas al Estado de Michoacán. Además, continuaron, la recomendación fue aceptada plenamente por las autoridades a las que fue dirigida –gobernador y fiscal estatal– y la Comisión le está dando seguimiento para que sea cumplida. También se pidió que se investigue a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal por incurrir en posibles responsabilidades.

De cualquier forma, el ataque dejó aprendizajes y una nueva realidad sobre el terreno: la comunidad purépecha de Arantepacua decidió seguir el mismo camino que inició el cercano pueblo autónomo de Cherán en 2011, el de expulsar a los partidos políticos, elegir autoridades en asambleas y establecer una policía comunitaria.

“Nos hartamos”, explica Alejandro Crisóstomo, “dijimos fuera el gobierno, fuera los políticos, vamos a formar una autonomía indígena”.

El objetivo del gobernador Aureoles era “dar ejemplo, dejar claro que la movilización social no estaba permitida en Michoacán”, sostiene Enrique Guerrero. “Ésta ya era una comunidad políticamente muy activa. Aureoles es un fascistoide que pidió golpearla más duro, darle un castigo que quiso ser ejemplar pero terminó despertando a un pueblo que dijo ‘se van todos los partidos, nos autogobernamos”.

 

@temoris

 

 

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