SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra Ibarra, se alineó con los esfuerzos oficiales para impulsar la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo objetivo central es que los consejeros sean electos, lo que ha acarreado críticas por la posible pérdida de autonomía.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy una síntesis de la recomendación 46/2022 emitida por la CNDH, en la que “recomienda la transformación del INE y reivindica el derecho del pueblo a la democracia”, según se lee en el título del pronunciamiento.
Estos son justamente los planteamientos de la propuesta obradorista y de su representación en el Congreso y con el mismo estilo: plantean discursivamente como objetivo de la reforma justo lo contrario de lo que implica su contenido.
La iniciativa de reforma plantea sujetar a procesos proselitistas la designación de los consejeros electorales del INE, lo que ha generado críticas de diversos sectores porque se convertirían en representantes de los partidos políticos y quedaría en entredicho su autonomía.
Adicionalmente, voces morenistas han planteado agregar a dicho proyecto la idea de suprimir el financiamiento a los partidos en tiempos no electorales, con lo cual se cancelaría el gasto corriente de dichas organizaciones y su prevalencia como entidades de interés público.
No obstante, los diputados y senadores obradoristas, así como otros voceros oficiales, declaran que la reforma busca “profundizar la autonomía” del órgano electoral.
En ese tenor, la recomendación de Rosario Piedra Ibarra pide al Congreso “llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas”.
Con igual tono, pide al INE “asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México”.
Además, le demanda el “compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados”, y “apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana”.
La recomendación electoral de CNDH.
CONTRA EL AUTORITARISMO, PERO EL DE ANTES
Aún cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por erosionar los contrapesos e impulsar la militarización de la seguridad pública, la recomendación de Rosario Piedra busca, según justificación, resarcir agravios políticos y sociales del pasado.
Señala que su objetivo es ““brindar herramientas que permitan a las autoridades a las que se dirige, establecer de manera diligente todas aquellas medidas necesarias para optimizar el acceso a la verdad y para la implementación de políticas públicas de progresividad referente al derecho a la democracia, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a la protesta social, así como los derechos de memoria y de verdad, con relación a las graves violaciones a derechos humanos derivadas de la práctica sistemática de la violencia política ejercida por el Estado en México, durante el período 1951-1965”.
Supuestamente, para elaborar la recomendación, se “llevó a cabo una investigación con relación al periodo comprendido entre 1951 y 1965, con el objetivo de esclarecer los hechos que se plantean, y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional, por lo que ha constatado que la sistematización y perfeccionamiento del aparato policiaco-militar fue para impedir el libre juego democrático y afianzar el predominio político-electoral de un partido político, el Revolucionario Institucional (PRI).”
Sin embargo, más adelante alude a su “fuente” principal: “Una de las iniciativas oficiales más recientes en la búsqueda de la verdad, se traduce en el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, emitido por Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de octubre de 2021”.
TODO TIEMPO PASADO FUE PEOR
Como la justificación de la recomendación señalada es la violencia política del Estado en el pasado, pide al Ejecutivo federal y de las entidades federativas, así como la Secretaría de Gobernación (SG) y a la de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “políticas públicas de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el período 1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de Seguridad, por el Ejército y por diferentes policías políticas”.
También demanda “un reconocimiento público por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas” en ese periodo por parte de las mismas dependencias”.
Exige: “Las autoridades deberán comprometerse a colaborar a la memoria y conservar los archivos que den cuenta de su desempeño, prestando atención a la conservación de los archivos y sobre todo a la recuperación de la memoria histórica con relación a graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos de este periodo; estas deberán ser difundidas en medios de comunicación masiva”.
Por ello plantea la creación de un “Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política” para “el rescate, la conservación y preservación de archivos históricos, y el diseño de instrumentos de consulta con celeridad para garantizar el acceso pleno de dichos archivos por la ciudadanía”.
Piden además la construcción de “sitios de memoria” como jardines, plazas, y monumentos para identificar los lugares y hechos relacionados con el propósito ya descrito; la difusión permanente de esos hechos “haciendo uso de todas las tecnologías de la información y las comunicaciones”, así como los medios tradicionales.
También pugna por “incluir en los planes de estudio del H. Colegio Militar y de todas las escuelas y academias militares y navales, así como de las academias de la Guardia Nacional y de los centros de formación policial, la materia de derechos humanos, con perspectiva histórica que incluya el análisis de contexto”.
Pide otro objetivo de campaña de López Onbrador, que es “la extinción del Estado Mayor Presidencial, con miras a garantizar el derecho de no repetición y como un acto de reparación simbólica dirigido a las víctimas de todas las graves violaciones a derechos humanos perpetradas por dicha corporación por motivos políticos”.
También, la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria, por ser esta figura la más idónea para calificar actos violatorios cometidos por autoridades durante el periodo de la violencia política del Estado en los que la víctima después de estar desaparecido por un tiempo indeterminado, es presentado o recobra su libertad.
Nada dice, sin embargo, sobre las desapariciones de la actualidad.
En cuanto a la normativa de las fuerzas armadas mexicanas, plantea “adaptarla a los más altos estándares de derechos humanos, que incluya un mecanismo sencillo y práctico para resolver la situación en que se encuentra un subalterno que recibe una orden ilegal o contraria a los derechos humanos, y a la Constitución, de modo que éste sea protegido cuando se niegue a cumplirla”.
Y también demanda revisar la normativa de la Guardia Nacional, “a fin de garantizar su naturaleza civil”.
@emeequis
Powered by Froala Editor
