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El miércoles 27 de noviembre, autoridades de la Escuela Nacional para Ciegos “Lic. Ignacio Trigueros”, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), le negaron los servicios de comedor y dormitorio, por cuatro días, a nueve personas ciegas que recibían este apoyo de la institución.
Esto lo cuenta Juan Carlos Bivian, de 37 años, quien forma parte de un grupo siete hombres y dos mujeres del interior de la República que residen en este espacio educativo para débiles visuales, ubicado en la calle Mixcalco número 6, en el Centro de la Ciudad de México.
Juan Carlos narra lo que tuvieron que soportar esos cuatro días fuera de la escuela, que forma parte de la Autoridad Educativa Federal (AEF): “Dos días estuvimos en la puerta de la escuela a manera de protesta. Los otros dos días hizo más frío y nos dimos la vuelta en la otra calle en la otra entrada (de la escuela). Ahí hay un quicio en la puerta y nos acomodamos.
“Buscamos cartones y unos compañeros nos prestaron cobijas y ahí estábamos hasta que decidimos entrar, porque ya no soportábamos. (…) Nos dejaron en la calle durante cuatro días”, remarca Juan Carlos vía telefónica a EMEEQUIS. El sábado por la noche, las nueve personas tomaron las instalaciones, a manera de protesta, hasta el medio día del domingo.
“El día domingo llegó gente de las autoridades, la directora, el coordinador regional, el jurídico, con varios policías de la empresa de seguridad que resguardan el inmueble, trabajadores administrativos, del comedor y de limpieza que abrieron las puertas para ingresar y querernos sacar.
“Traían herramientas con las que rompieron las puertas. No sé qué tipo de herramientas serían porque no las pudimos ver. Rompieron, metieron tubos y muebles. No nos pegaron, pero los fueron distribuyendo en los pasillos y patios para que si corríamos nos cayéramos y nos pegáramos”, comenta.
“LA ESCUELA NO ES UN DEPÓSITO DE CIEGOS”
La directora de la escuela, Rosa Gabriela Morales Sandoval, les argumentó el día domingo que “su relación con la escuela se ha terminado”, narra Juan Carlos Bivian.
En entrevista telefónica, la directora de la institución aseguró, tajante: “Si no son alumnos, no tienen derechos. No son alumnos, no están inscritos, independientemente de que hayan entrado cuando hayan entrado”.
Además, continúa Juan Carlos, un funcionario de Educación Especial les dijo que la escuela “no era un depósito de ciegos”, en una reunión sostenida el martes pasado con él. Este medio solicitó la versión del área de Comunicación Social de la SEP, a la que pertenece esta dirección, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta.
El argumento por el cual les retiraron los servicios es que en 2014 cambió el reglamento interno de la escuela, cuenta Juan Carlos. El ordenamiento actual indica que sólo los alumnos de la escuela que cursen estudios de educación básica, masoterapia (masaje terapéutico) y de aprendizaje para la vida diaria, podrán tener acceso al comedor y dormitorios.
De estas nueve personas, tres están estudiando la universidad en instituciones públicas, dos acabaron la secundaria y trataron de ingresar a la carrera y técnica de masoterapia, pero no pudieron; dos más quisieron inscribirse a talleres de costura y música y dos sólo se dedican a trabajar. Para inscribirse a los cursos, afirma, la institución les pidió como requisito que no durmieran allí.
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Sin embargo, todos ellos ingresaron a la institución educativa bajo otro reglamento que les permitía continuar con sus estudios hasta la prepa o universidad y seguir recibiendo comida y un espacio para dormir en la escuela.
“Hasta 2014 había un reglamento interno de la escuela donde (decía que) si algún alumno quería estudiar educación media superior la escuela le estaría apoyando con los servicios de comedor y dormitorio. Aquí entramos nosotros en esa reglamentación”, comenta Juan Carlos, quien ingresó a esa escuela en octubre de 2006 y actualmente cursa el octavo semestre de derecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y también tiene estudios de Pedagogía.
“Hay un principio que se llama progresividad de los derechos humanos. De los derechos que ya se tienen, se tienen que considerar en cualquier ley nueva, y que se sume a lo que se está trabajando. Lo que hicieron fue eliminar esos derechos. Es anticonstitucional y va en contra también de la convención de los derechos humanos”, reclama.
NO ES LA PRIMERA VEZ
Juan Carlos detalla que esta no es la primera vez que sucede algo así, por lo que desde que se aprobó el reglamento interno para alumnos en el 2014, han interpuesto un total de seis amparos ante en distintos juzgados federales en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación.
“Este fin de semana pasado ingresamos dos más y en uno de ellos nos dan la suspensión provisional. Eso nos da la posibilidad de estar ahí, por eso desde el domingo no nos han dicho nada”, pormenoriza.
@vancg_
