Los narcos no evaden impuestos

Sociedad - Página: 46 - No.347

LOS

NARCOS

NO EVADEN

IMPUESTOS

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Por paradójico que parezca, algunas de las figuras más prominentes del narcotráfico en Sinaloa son cumplidos contribuyentes y patrones inscritos en el Impuesto Sobre Nóminas estatal, de acuerdo con el padrón obtenido por emeequis vía la Ley de Acceso a la Información Pública.

Todavía más: al menos 26 personas y empresas que han sido identificadas en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado y cuyos bienes y propiedades han sido decomisados por el Departamento del Tesoro pagan sus impuestos, no importa si están en prisiones nacionales o han sido extraditados.

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POR SILBER MEZA • @SilberMeza

 

Integrantes de familias con apellidos de raigambre en el narcotráfico como Zambada, Beltrán Leyva, Muñoz, Guzmán Loera o Esparragoza se encuentran en el padrón fiscal, al igual que las empresas de su propiedad que han sido boletinadas en EU, entre las que hay productoras de leche, estancias infantiles, parques acuáticos, gasolineras, constructoras, tiendas de ropa, ranchos ganaderos y otras más.

Las autoridades locales, empezando por el gobernador Mario López Valdez, dicen no saber nada al respecto, ni siquiera si algún empresario tiene nexos con el narco.

Lo que sí saben es que en Sinaloa los narcos no evaden impuestos.

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Gerardo Vargas Landeros es el número dos del gobierno de Sinaloa. Es como un secretario de Gobernación local. Es decir, todo lo sabe del estado. Todo lo conoce. Todo le informan. Él, sin embargo, jura que no.

Eso ha dicho, sobre todo cuando le preguntan cosas delicadas como los lazos que unen a hombres de negocios con el narcotráfico. “La mayoría de los empresarios que yo conozco, y con los que he tratado como secretario general de Gobierno, no he tenido ningún conocimiento que tengan alguna situación de nexos con la delincuencia organizada; hasta ahorita ninguna”, dijo ya hace unos meses en medio del ambiente de himnos y ceremonias militares que cubría la explanada del Palacio de Gobierno.

Era el 13 de septiembre de 2014 y desde Los Ángeles, California, había llegado un par de días antes la información de que el gobierno de Estados Unidos había asegurado 65 millones de dólares que Luis Ignacio Muñoz Orozco, el exitoso empresario local, el ex presidente de la Canaco en Culiacán, el ex jefe de la oficina técnica de un secretario de Estado, el Nacho, había ayudado a lavar al Cártel de Sinaloa.

Pero Vargas Landeros no sabía nada de ese ni de ningún otro caso de lavado de dinero o de relaciones narco empresariales. Y sigue sin saber.

Podría, sin embargo, hacer algo sencillo para remediar ese vacío informativo: solicitar a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado el Registro de Contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina 2014.

El funcionario se va a tardar en leerlo, pero se topará con algunas sorpresas en las mil 60 páginas del padrón, del que emeequis tiene copia obtenida mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.

La primera sorpresa es que encontrará al menos 26 empresas y personas físicas cuyos bienes y cuentas están congeladas en Estados Unidos por sus vínculos con actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Pero en Sinaloa no se han enterado. Allí pagan sus impuestos.

Y el secretario de Gobierno se enterará además de que aun cuando los propietarios de esas empresas sinaloenses no pueden colocar un pie en Estados Unidos so pena de que los arresten, ni depositar un solo dólar en el sistema bancario del norte, no han perdido su empuje y ganas de crecer en su tierra.

Por eso las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro de EU por sus vínculos con el narcotráfico abarcan todo tipo de actividades económicas: pesqueras, inmobiliarias, ranchos, gasolineras, constructoras, productoras de leche, proveedoras de material de arte y diseño, estancias infantiles y muchas más.

No es tan complicado ubicarlas. Sus propietarios son contribuyentes activos y tienen apellidos que le resultarán fáciles de reconocer al funcionario: Zambada, Guzmán Loera, Esparragoza, Beltrán Leyva y algunos más de linaje similar.

Pero eso difícilmente lo sabrán ni Gerardo Vargas Landeros ni el gobernador Mario López Valdez. Y no lo sabrán porque no han querido. Porque en caso de haberlo buscado, un italiano llamado Antonio Mazitelli los habría atendido en su despacho del DF y quizá les hubiera ayudado a cortar el oxígeno que el dinero proporciona al crimen organizado.

Pero el teléfono de Mazitelli, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, no ha sonado. No hay razón para hacerlo.

En Sinaloa los narcos no evaden impuestos.

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EN TODO EL MUNDO SE LAVA

Apenas llevaba ocho meses en el cargo y el gobernador sinaloense Mario López Valdez atajó lo que en su opinión no era un hecho tan relevante como querían hacer creer los medios de comunicación.

“Dinero en todo el mundo lo lavan; en todos lados hay origen ilícito de muchos recursos”, argumentó el gobernador el 26 de julio de 2012. Buscaba minimizar el hecho de que desde Culiacán, la capital de Sinaloa, el banco inglés HSBC hubiese lavado unos 100 millones de dólares, de acuerdo con el reporte elaborado por la Financial Crime Enforcement Network, un brazo ejecutivo del Departamento del Tesoro.

El gobernador trató entonces de colocar las cosas en perspectiva. El FBI había responsabilizado a la empresa filial de HSBC en Estados Unidos de haber ayudado a lavar unos 7 mil 500 millones de dólares. “Sinaloa aparece ahí con 100 millones, es una cantidad pues… de 7 mil 500 millones; 100, sí, suena mucho, 100 millones”, pero no es tanto si se compara con una cifra como esa, dijo López Valdez.

La cifra no era tan pequeña. Cinco meses después se informó que en realidad se habían blanqueado mil 100 millones de dólares desde Culiacán.

Y aunque el gobernador reconoció que el blanqueo de activos era una práctica común, agregó que no conocía la dimensión del problema en el estado y cómo afectaba a la economía local. “No tenemos detectado porque no somos una institución que tengamos esta responsabilidad bajo nuestro actuar”, trató de explicar.

Y compartió con los periodistas una de sus preocupaciones: que a Sinaloa se le siga vinculando de manera constante con las actividades del crimen organizado. Por eso, comentó, había hecho gestiones ante diversas instituciones de EU para que ya no se hablara más del Cártel de Sinaloa y que en su lugar se hiciera mención del Cártel del Pacífico.

“Nosotros ya fuimos con la DEA, ya fuimos al Departamento de Estado y estuvieron de acuerdo; ellos le pueden llamar el Cártel del Pacífico, y nos prometieron que ya no iban hablar mal de Sinaloa”, dijo con orgullo en ese julio de 2012.

Dos años y medio después, sabemos que, al menos en parte, el gobernador tenía razón: mucha gente lava dinero y Sinaloa no es excepción.

En el estado se mantienen activos en el padrón del Impuesto Sobre Nómina 2014 personas físicas y morales que han sido identificadas por el gobierno de Estados Unidos como parte de las redes financieras de los cárteles de la droga.

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ES EL CORAZÓN DEL PACTO DE LA IMPUNIDAD

Edgardo Buscaglia propone una respuesta a la pregunta. Para él no es tan complicado encontrar una explicación al hecho de que empresas pertenecientes a figuras del crimen organizado o a sus familiares, varios de los cuales se encuentran detenidos en Estados Unidos, estén incluidos con la categoría de “contribuyentes activos” en el padrón fiscal y que incluso paguen sus impuestos.

Es parte de los acuerdos de impunidad entre la clase política y los grupos criminales. “Lo tienen que interpretar como el corazón del pacto de la impunidad política que fue reconocido por Carlos Navarrete hace unos meses con la periodista Carmen Aristegui”, dice Buscaglia en conversación con emeequis desde Italia.

Buscaglia no es un improvisado a la hora de estudiar estos temas. Investigador senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, es director del International Law and Economic Development Center en la Universidad de Virginia, vicepresidente de la Interamerican Law and Economics Association, y ha sido asesor legal y económico para varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU.

Doctor por la Universidad de Illinois y la Universidad de California en Berkeley, a la fecha preside el Instituto de Acción Ciudadana para la Seguridad y la Justicia, con sede en México. Buscaglia se ha convertido en una de las voces experimentadas más críticas sobre las políticas públicas en torno al combate del narcotráfico.

El pacto mexicano del que habla Buscaglia se ampara en un deficiente y premeditado andamiaje legal para proteger los intereses de los criminales, de los empresarios y de los políticos. Incluso llega a las entregas acordadas de delincuentes a cambio de protección de sus patrimonios.

Por ejemplo, dice, está la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Su detención debió de estar acompañada del congelamiento de sus activos, pero esto no sucedió. “Que la detención de El Chapo Guzmán no derivó en cientos de investigaciones patrimoniales es un hecho, no una interpretación subjetiva mía. Ese es el monumento a la impunidad. Y el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, es, por omisión, parte del pacto. Mientras sus fiscales federales en Estados Unidos están pidiendo a gritos que se abran investigaciones patrimoniales contra Guzmán Loera, a los fiscales norteamericanos se les está amenazando o haciendo callar”.

Mientras, concluye Buscaglia, acá el patrimonio de los narcos no se toca.

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Dentro de la compleja estructura de las agencias que en Estados Unidos combaten al crimen organizado destaca una con un perfil no tan alto, pero cuyas acciones se dirigen al núcleo que alimenta el crimen organizado. Se trata de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

La OFAC opera con base en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (conocida como Ley Kingpin), que prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con estas personas y ordena congelar los activos que los narcotraficantes puedan tener en jurisdicción estadunidense.

Desde junio del año 2000, el Departamento del Tesoro ha incluido en sus listas a más de mil personas y empresas. Y, en ambas categorías, muchas son mexicanas.

Varios casos son ilustrativos. Uno de ellos es el de Rosario Niebla Cardoza. Ella es esposa de Ismael El Mayo Zambada, a quien se le reconoce en estos momentos como el líder del Cártel de Sinaloa, cuyo control trata de mantener a pesar de las pugnas internas.

También aparecen en la lista del gobierno de Estados Unidos cuatro hijos de El Mayo: Serafín Zambada Ortiz, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial e Ismael Zambada Sicarios.

Al sucesor de El Chapo Guzmán, luego de que éste fue detenido en 2014, se le ha comprobado la propiedad de numerosas ranchos, parques acuáticos, proyectos agrícolas, estancias infantiles, empresas de varios giros y  residencias.

Los agentes estadunidenses han enlistado al menos las siguientes:

• Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA (productora de la Leche Santa Mónica).
• Establo Puerto Rico SA.
• Jamaro Constructores SA.
• Arte y Diseño de Culiacán SA.
• Autotransportes JYM SA.
• Rancho Agrícola y Ganadero Los Mezquites SA.
• Centro Comercial y Habitacional Lomas SA.
• Estancia Infantil Niño Feliz SC.
• Producciones Pesqueras Doña Mariela SA, y
• Parque Acuático Los Cascabeles SA (centro de diversiones con albercas, toboganes y cabañas de descanso).

Todas estas empresas mantienen a la fecha sus operaciones comerciales y se encuentran como contribuyentes activos en el padrón del Impuesto Sobre la Nómina del estado de Sinaloa, a pesar de que las autoridades de EU insinuaron la idea de que su inclusión en la lista las obligaría a cancelar sus actividades, en el menor de los casos, o que el gobierno mexicano actuaría.

El 31 de julio de 2013, fecha en que se anunció la incorporación de algunas de ellas a la lista, Doug Coleman, agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA), dijo: “El Cártel de Sinaloa no se puede ocultar con empresas como un parque acuático y negocios agrícolas. Estamos trabajando con la Oficina de Control de Activos Extranjeros para exponer lo que realmente son estas empresas de traficantes, negocios ilegales que alimentan el tráfico de drogas, su violencia y corrupción”.

Y aunque no han mermado su fuerza económica, una empresa sí ha visto disminuir su participación en el mercado: la productora de Leche Santa Mónica, que en la actualidad se encuentra en aparente crisis, con poca distribución e instalaciones descuidadas, pero que algunos años antes de ser boletinada no tenía competencia alguna y su marca inundaba los abarrotes de Culiacán.

La empresa ha resentido la publicidad negativa, pero sólo eso. Ninguna autoridad ha hecho algo más.

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Las empresas vinculadas de un modo u otro a El Mayo Zambada o a sus familiares fueron engrosando poco a poco la lista de la OFAC. Nada cambió demasiado. A las autoridades llegaban las noticias, sí, pero sin que se alterara en nada el estado de las cosas. Y los habitantes de Culiacán se enteraban pero, casi sin excepción, mantenían el ritmo de su vida.

La única excepción tenía nombre y apellido: José Antonio Núñez Bedoya, conocido abogado y notario público de Culiacán, a quien el Departamento del Tesoro incorporó a la lista.

Lo responsabilizó de haber ayudado a El Mayo Zambada a crear empresas fachada para lavar dinero producto del narcotráfico: “Núñez Bedoya es acusado de crear compañías ficticias para ocultar el lavado de activos a nombre de Zambada, miembros de su familia y otros integrantes del Cártel de Sinaloa”.

Núñez Bedoya se defendió: “No son sociedades ficticias, son sociedades que están operando. Uno no puede adivinar para qué se van a constituir”, dijo el notario al diario El Debate a fines de julio de 2013.

De acuerdo con el periódico sinaloense, la empresa del Parque Acuático Los Cascabeles fue constituida por Núñez Bedoya en la notaría pública el 17 de febrero de 2006.

En el caso de la Estancia Infantil Niño Feliz, propiedad de María Teresa Zambada Niebla, hija de El Mayo, también fue creada por el notario Núñez Bedoya el 2 de agosto de 2001. Lo mismo ocurrió con la empresa Establo Puerto Rico, otra de las compañías señaladas por el Departamento del Tesoro, el 18 de mayo de 2007.

Bedoya no dijo mucho más al periódico. Lo que se tiene que investigar, pidió enfáticamente, es si estas sociedades mercantiles se establecieron de manera ficticia para lavar dinero, pero negó conocer sobre el particular.

Insistió en dos cosas. La primera: “No son empresas fantasma, están operando actualmente, son fuente de trabajo”.
La segunda: “Están entregando impuestos al fisco, no son ficticias”.

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El padrón entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas vía la Ley de Acceso a la Información Pública es tan amplio que en él se encuentran los apellidos de las dinastías de más raigambre en la esfera del crimen organizado.

Es el caso de Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de El Chapo Guzmán. Cuando fue detenido el 15 de junio de 2005 por elementos del ejército, parecía un padre de familia común que festejaba los 15 años de su hija en el restaurante de comida china Tai Pei, en Culiacán.

Pero tras su captura lo acusaron de colaborar con El Chapo en el envío de grandes cantidades de droga vía aérea hacia Estados Unidos y de realizar transacciones financieras de compra de vehículos e inmuebles para ser ocupados como casas de seguridad.

Aun en prisión, Miguel Ángel Guzmán Loera está registrado en el padrón fiscal y se le tiene como un contribuyente activo obligado a pagar sus impuestos.

En esas páginas proporcionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, a las que se les hizo solicitudes de entrevista, para las cuales no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición, aparecen otros nombres de personas ya detenidas. Por ejemplo, el de Carlos Beltrán Leyva, integrante del grupo que lleva sus apellidos. Cuando Carlos fue detenido el 2 de enero de 2010 habían pasado sólo 14 días de que el líder de la organización, su hermano Arturo, cayera muerto el 17 de diciembre de 2009 luego de un enfrentamiento en Morelos con elementos de la Marina.

Había habido algunas señales objetivas de que las cosas no pintaban bien para la familia oriunda de Badiraguato. El 2009 terminaba mal. El 12 de diciembre la OFAC emitió un comunicado en el que informó sobre la incorporación de los hermanos Beltrán Leyva a la lista y los nombres de una veintena de empresas que constituían a sus ojos una red de lavado de dinero.

“Los operadores de la organización de los Beltrán Leyva y sus asociados designados hoy controlan compañías involucradas en envíos aéreos y terrestres, venta de electrónicos, importación y exportación de productos de belleza, consultorías de negocios y servicios de turismo”,  informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Las acciones, destacó Adam Szubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, apuntan a “romper las ganancias mal habidas, apuntan a una amplia red de entidades comerciales usadas para mover, lavar y esconder ingresos de sus crímenes”.

Una de las empresas mencionadas fue Fabridiesel, con sede en Los Mochis, misma que sigue como contribuyente activa para el gobierno de Sinaloa.

Como producto de las detenciones, las muertes y los ajustes en su estructura, del Cártel Beltrán Leyva ha surgido una célula cuyo crecimiento ha sido tan rápido que en Estados Unidos la han escalado al grado de cártel. Es la organización de Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro.

Llamó tanto la atención que en enero de 2013 el Departamento del Tesoro incorporó a Meza Flores a la lista de individuos cuyas propiedades y recursos se decomisan de inmediato.

“Al poner como blanco a los líderes de esta extremadamente violenta organización de tráfico de drogas domiciliada en Sinaloa, estamos protegiendo al sistema financiero de otra fuente de dinero ilícito”, argumentó el director de OFAC.

Y dio un dato que en México ha pasado desapercibido: el nuevo grupo delictivo protagoniza una “guerra territorial extremadamente violenta” con el Cártel de Sinaloa, cuyo resultado es el aumento de 400 por ciento de las muertes relacionadas con las drogas en los últimos cuatro años en Sinaloa.

Y no sólo El Chapo Isidro fue señalado: los agentes estadunidenses incluyeron a toda su estructura familiar: su esposa, su padre, su madre, su hermana y tres de sus tíos, uno de ellos arrestado en México un año antes por distribución de narcóticos.

Tres empresas fueron incorporadas a la lista: una de transporte de granos (Autotransportes Terrestres SA), una estación de gasolina (Auto Servicio Jatziry SA), y una constructora (Constructora Jatziry de Guasave SA), misma que había realizado continuos trabajos de obra pública para el ayuntamiento de Guasave, lugar de donde son originarios los Meza.

Esas entidades comerciales son parte de la estructura empresarial que ha permitido que el nuevo cártel sea responsable, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,  de la distribución de grandes cantidades de metanfetaminas, heroína, marihuana y cocaína al territorio de esa nación.

De ellas, una se mantiene en operaciones. Se trata de Auto Servicio Jatziry, gasolinera que según reportes públicos suministró combustible a la alcaldía de Guasave de 2011 a 2013. Y el padrón ISN-2014 la registra como contribuyente activa.

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María Ferré, una de las miles de empresas registradas en el padrón del Impuesto Sobre Nómina de Sinaloa, no podía gozar de mejor fama pública: en 2008 la Secretaría del Trabajo federal le concedió el distintivo de “Empresa Incluyente”, un reconocimiento reservado a los centros de empleo que aplicaban una política de buenas prácticas laborales, como la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación a personas en situación de vulnerabilidad.

Comercializadora de ropa para mujer de tallas extra, fue considerada hasta hace muy poco una empresa exitosa y un ejemplo a seguir en el modelo de franquicias nacionales. En muy poco tiempo ya había abierto 31 tiendas en 10 estados de la República.

El gobierno federal incorporó a la empresa en el Programa Nacional de Franquicias y María Ferré le abrió a su dueño, Luis Ignacio Muñoz Orozco, las puertas de la élite empresarial de Sinaloa y, aún mejor, le dio la llave para colarse a los escalones más altos del poder político.

Arrancó la buena racha en 1999, cuando lo eligieron dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán. Su fama empresarial se consolidó y luego de algunos años obtuvo pasaporte al poder: el también sinaloense y empresario Heriberto Félix Guerra fue designado por el entonces presidente Felipe Calderón parte de su gabinete: lo hizo titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Y ese fue la cúspide para Ignacio Muñoz. Félix Guerra lo hizo jefe de la oficina del secretario de Sedesol. Se coronaban así una veintena de años de esfuerzos.

Pero todo lo bueno acaba. El 10 de septiembre del año pasado el FBI y la DEA realizaron la Operación Fashion Police, un operativo en el que participaron más de mil elementos de esas agencias con el propósito de desmantelar una compleja red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles, California.

Según la investigación que aún se mantiene en curso, la DEA detectó que en 2012 le fueron decomisados 100 kilos de cocaína a un distribuidor estadunidense del cártel sinaloense en EU. La pérdida desató la ira de sus socios y el distribuidor fue secuestrado y torturado en algún rancho cercano a Culiacán.

La exigencia no era fácil de cumplir: la familia del distribuidor debía de pagar 140 mil dólares por la droga perdida para ser liberado. Los familiares cubrieron esa cantidad y más tarde, efectivamente, el distribuidor quedó en libertad.

Pero el pago realizado dejó una huella que el FBI y la DEA rastrearon. Según las autoridades de Estados Unidos, fabricantes de ropa de Los Ángeles recibieron los 140 mil dólares del rescate y, previamente, captaban dólares provenientes de la venta de drogas.

Mediante un esquema de lavado de dinero conocido como Black Market Peso Exchange, que implica transacciones comerciales entre ambas partes, María Ferré terminó siendo la empresa elegida por el Cártel de Sinaloa para recibir las ganancias provenientes de la venta de droga en Los Ángeles.

Cuando la DEA y el Departamento del Tesoro detectaron las operaciones, Ignacio Muñoz Orozco huyó y sigue prófugo.

María Ferré mantiene sus operaciones a pesar de que las evidencias, la empresa sigue pagando mensualmente su Impuesto Sobre Nóminas y las tiendas van bien.

“Todo está bien. Todo perfecto”, sintetizó hace unos días una de las empleadas de la tienda en Culiacán.

DEBEN ESTADOS SER MÁS ACTIVOS

Antonio Mazzitelli es un funcionario de la ONU con una experiencia envidiable en torno al lavado de dinero. Ha participado en África y en América Latina de los esfuerzos internacionales por desmantelar las redes del crimen organizado.

Y aunque su función es diplomática, no deja de decir lo que piensa. Por eso no tiene empacho en comentar lo mucho que le extraña que los gobiernos de los estados hagan como si el país fuera un territorio impoluto. “A nivel estatal no se hace mucho o no se hace casi nada en materia de investigación financiera”. Y eso no es gratuito.

Pausado, cruzado de piernas y dentro de un ajustado traje, el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México destaca que además del gobierno federal, la única entidad del país que tiene una unidad de inteligencia financiera es el Distrito Federal.

“Y me pregunto: cómo se puede operar o cómo se puede ser eficiente, eficaz en la lucha de lavado de activos cuando las inversiones se dirigen, por ejemplo a fincas, a bienes-inmuebles que no pueden ser monitoreados desde aquí, en la Ciudad de México, porque los bienes son registrados en sus territorios”.

Mazitelli sabe que la verdadera guerra contra el narcotráfico debería librarse en el terreno financiero. “Sin dinero, el operador criminal, el traficante, no puede corromper, y no pudiendo corromper aumenta de manera exponencial el riesgo de su actividad”, advierte en entrevista con emeequis.

Aun así, reconoce que en México se ha avanzado en materia de lavado de dinero: existen más controles financieros en los bancos, un nuevo sistema de alertas, una unidad de inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda, a la que se solicitó entrevista sin que hayan respondido a la petición.

Sin embargo, dice Mazitelli, “todavía hay mucho qué hacer”, en particular con los bienes que se decomisan al crimen organizado. Y es que en países como Italia y Colombia, lugares donde ha trabajado, la extinción de dominio no sólo le resta flujo económico a las organizaciones, sino que ha generado empleo legal en las comunidades.

“(En Italia) el principal empresario económico del territorio hoy en día es el Tribunal Judicial de Calabria por todos los bienes que han sido decomisados. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de empresas, de supermercados, de empresas de construcción que pertenecían al crimen organizado”.

Ahora esas empresas producen vino, aceite de oliva y aceitunas. “Se logró pasar del círculo vicioso al virtuoso, pues los jóvenes obtienen empleo, fluye la economía y se teje una cultura de legalidad”.

Mazzitelli hace énfasis en que el Estado no puede asegurar bienes sin hacer que éstos produzcan porque la población requiere trabajo.

En Colombia, lugar donde trabajó mientras se introducía la primera ley de extinción de dominio, fue similar. Es por eso que en México los estados de la República necesitan ser más participativos. “Los estados deberían tomar mucha más iniciativa en esto, también para financiar sus propias actividades”.

Si lo buscaran, él podría asesorar a los gobiernos locales en cómo combatir al crimen organizado. Lo hace con el de Chiapas, al que asesora en la elaboración de una ley de extinción de dominio.

Lo buscan de Tuxtla Gutiérrez a cada rato. Pero de Culiacán, nada. Ni siquiera una llamadita.

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Este reportaje fue realizado por emeequis en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, proyecto impulsado por el International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con Connectas.

Aquí, el listado completo del padrón del Impuesto Sobre la Nómina 2014, de Sinaloa

 

padrón fiscal Impuesto sobre Nóminas 2014, Secretaría de Finanzas del gobierno de

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