México.- El perfil de los delincuentes juzgados por secuestro en el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal, reveló que 81 por ciento de ellos tenía trabajo el mes anterior a su captura y 34 por ciento era asalariado, mientras que siete por ciento trabajaba en el gobierno.   

El análisis de una encuesta realizada por Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), puesto a disposición del Senado de la República, en el marco de los estudios para definir la nueva ley antisecuestros, señala que se entrevistó a 232 sentenciados por el delito de secuestro en dichas entidades, quienes dijeron que en promedio cuatro personas participaron en cada plagio.   

El análisis de esta serie de encuestas realizadas en los años 2003, 2005 y 2009, señala que el promedio de dinero obtenido como botín de rescate por la vida de los secuestrados es de 139 mil 049 pesos, con 84 centavos, pues los 232 sentenciados participaron en su conjunto en 928 eventos de plagio y obtuvieron en total 32 millones, 259 mil 562 pesos.   

Asimismo, la encuesta señala que de esos 928 secuestros, en cinco por ciento de los casos, es decir 11 víctimas, murieron a manos de los propios secuestradores que en promedio formaban bandas integradas por cuatro personas.   

Para conocer el entorno social y familiar en que viven los plagiarios, se les preguntó cuantos de ellos tienen hijos y 81 por ciento de ellos respondió positivamente, y hoy el promedio e hijos de los secuestradores es de tres descendientes; además de que 15 por ciento de ellos reconocieron que su pareja sentimental también estaba presa, ya sea por secuestro o por otros delitos.   

Por otro lado, la encuesta reveló que 16 por ciento de los secuestradores tuvieron algún familiar en la cárcel cuando eran niños; seis por ciento de ellos ya había sido detenido antes de cumplir 18 años de edad, y tres por ciento estuvo internado en una institución para menores infractores.   

De los plagiarios encuestados 14 por ciento ya había sido sentenciado anteriormente, tres por ciento lo había hecho por secuestro y en cinco por ciento de los casos había cometido un secuestro en el periodo de seis meses antes de haber sido detenido.    

El análisis del CIDE señala que cuatro por ciento de los plagiarios encuestados mezcló el consumo de alcohol y de drogas, tres por ciento sólo consumió drogas y 13 por ciento ingirió alcohol.   

De los encuestados, 22 prestó sus servicios en las fuerzas armadas y/o en alguna corporación policiaca, mientras que los secuestradores entrevistados afirmaron que en siete por ciento de los eventos de plagio participó al menos un policía o ex policía.   

Respecto a la percepción de los secuestradores sobre la corrupción en las instituciones de gobierno, la encuesta revela que si los sentenciados hubiesen tenido dinero o influencias para evitar la cárcel, 43 por ciento lo hubiesen logrado en el momento en que estaban ante el ministerio público, o sea, en las procuradurías generales de justicia, mientras que 10 por cieno piensan que podrían haber sobornado a un juez.   

En ese sentido, 47 por ciento de los encuestados señalaron que si hubieran ofrecido dinero a los policías que los detuvieron, podrían haber evitado la cárcel, mientras que 59 por ciento considera que si en el momento de su captura hubiese tenido dinero, habría evitado la prisión.   

Por lo que hace a la solicitud de dinero de los servidores públicos a los secuestradores, 40 por ciento de estos señalaron que la Policía Judicial les pidió dinero, 16 por ciento señalaron que fueron policías preventivos quienes les pidieron dinero; 14 por ciento acusó a los agentes del ministerio público de tratar de sacarles alguna cantidad, y 13 por ciento dijeron que los custodios les pidieron dinero.   

Pareciera que en el poder judicial es donde se registra menos corrupción que en las policías o en el ministerio público, ya que siete por ciento de los secretarios de acuerdos pidieron dinero y seis por ciento de los jueces fueron acusados de haber solicitado dinero a los secuestradores.   

El documento que señala los resultados de esta encuesta señala que los 232 participantes lo hicieron de manera voluntaria y aleatoria, con base en la cuota de género, lo que ofrece un perfil muy cercano a lo que es la generalidad de los secuestradores en la zona centro del país.

(Notimex)

México.- La policía federal capturó a cinco integrantes de una banda dedicada al secuestro y narcomenudeo que operaba en el Estado de México y en el Distrito Federal.  

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal presentó a cuatro hombres y a una menor de edad como los presuntos responsables además del enfrentamiento ocurrido el 11 de enero pasado en un restaurante en Tultitlán, Estado de México, cuando atacaron con granadas a policías estatales y luego huyeron en una patrulla.  

Los detenidos son Francisco Javier Carmona Rangel o César Ortega García, de 22 años y presunto jefe de la banda conocida como los M60; Uriel Flores Sepúlveda, El Charras, de 27 años; Francisco José Hernández Ramírez, El Pez, de 19; y Edgar Alan Felipe Hernández, El Marino, de 23, además de la menor de edad.   

Esos sujetos fueron detenidos en el Distrito Federal, cerca de la estación Valle Gómez del Metro, cuando viajaban a bordo de un automóvil convertible, en el que también estaba una joven de 17 años llamada Consuelo, que se presume es novia de Uriel Flores y sobrina de Francisco Javier Carmona.  

A esa banda se le relaciona con al menos cinco homicidios en el estado de México, entre ellos el de una pareja que presentaba el tiro de gracia y que fue hallada en días pasados dentro de bolsas de plástico negro.   

La banda también podría estar relacionada con los homicidios de la titular de la Unidad Mixta de Atención a Narcomenudeo de Ecatepec, ocurrido el 3 de noviembre pasado, de un lavacoches y de dos hojalateros, así como de un joven de 25 años de edad cuyo cuerpo fue hallado en el municipio Jaltenco.  

La banda de los M60 acostumbraba firmar con cartulinas o narcomantas sus homicidios y en los últimos meses se caracterizó por mencionar en sus mensajes al jefe de la Policía Ministerial del estado de México.  

Al momento de su captura este grupo delictivo fue encontrado en posesión de 82 grapas de cocaína, una pistola marca Pietro Beretta, cinco teléfonos celulares, dos mantas con mensajes y un radio de comunicación.  

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Federal, estos sujetos tenían su área de acción en los municipios Ecatepec, Coacalco, Naucalpan y Tultitlán, en el estado de México, así como en parte del Distrito Federal.  

José Ramón Salinas, vocero de la SSP, indicó que las cinco personas detenidas, el vehículo y los objetos asegurados serán puestos a disposición del Ministerio Publico de la Federación para las indagatorias correspondientes.

(Notimex).

México.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que se mantendrá la presencia del ejército en la lucha contra la violencia y el crimen organizado en Ciudad Juárez hasta que las fuerzas policiacas puedan cumplir con esa tarea.   

En rueda de prensa, el funcionario federal rechazó, a una pregunta, las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, en el sentido de que la presencia del ejército mexicano no ha funcionado.   

Gómez Mont estableció que en la lucha contra el narco es indispensable una estrecha cooperación, responsabilidad compartida y confianza mutua.   

“No son aceptables las expresiones de la secretaria Napolitano, toda vez que nosotros insistimos en el valor, en el sacrificio, en el heroísmo de las Fuerzas Armadas, en una lucha que no siéndole natural ha tenido que tomar mientras reconstruimos las capacidades de aquellas autoridades que deben acometer el problema”, externó.   

Gómez Mont ratificó no obstante el compromiso del gobierno mexicano de seguir consolidando y fortaleciendo la estrecha cooperación con Estados Unidos para combatir este flagelo y dijo que redoblará sus esfuerzos para promover el desarrollo social y la seguridad del país.   

Resaltó que dada la naturaleza de la amenaza internacional que se enfrenta, la cooperación con otras naciones resulta indispensable, debido a que diversas manifestaciones del fenómeno tienen su origen más allá de sus fronteras.   

Por ello que resaltó el cambio paradigmático en los esquemas de cooperación bilateral que se tienen con la Unión Americana.   

Precisó que el objetivo al que se intenta llegar se lleva a cabo con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción y soberanía de cada país.   

Dijo que frente a la acción actual, el gobierno de México considera necesario llevar a cabo acciones en las siguientes áreas: reducir la demanda por droga, dado que en Estados Unidos hay 20 millones de usuarios habituales de enervantes cuyo consumo es su principal efectivo para el tráfico y consumo de estupefacientes.   

Además, abundó, “son preocupantes también el que se facilite el cultivo y el consumo terapéutico de la marihuana, pues se trata de políticas públicas que contrastan con los esfuerzos para reducir la demanda de drogas ilícita y enfrentar frontalmente al narcotráfico”.     En este marco, el responsable de la política interior indicó que el tráfico ilegal de armas y la legalización del uso de la marihuana en algunos estados del país del norte no ayudan a los esfuerzos que realiza el gobierno federal para combatir el narcotráfico.   

El funcionario mencionó que existen 14 estados en la Unión Americana que han aprobado iniciativas de esa índole.   

Refirió que “la demanda ilegal de droga contribuye también a generar corrupción entre las autoridades de los dos países y otras actividades delictivas como el tráfico de armas y el lavado de dinero que, en conjunto afectan seriamente la salud de la comunidad y provocan preocupantes niveles de violencia”.   

Por ello, señaló, es esencial fortalecer la coordinación y los esquemas de repatriación a México de personas que han sido sujetas de procesos penales en Estados Unidos, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de la zona fronteriza.   

También consideró indispensable detener el tráfico de armas ilícitas a través de la frontera norte, en particular las armas automáticas de asalto cuya venta estaba prohibida en Estados Unidos hasta 2004.   

Fernando Gómez Mont sugirió establecer un registro de armas para desincentivar las ventas fraudulentas de arsenales, que pueden tener como destino las organizaciones delictivas.   

Respecto a la cooperación contra las organizaciones criminales, dijo que las acciones contra los traficantes, redes de distribución y el narcomenudeo que operan en Estados Unidos son fundamentales para el éxito conjunto en esta materia.   

Como también lo son la revisión de políticas de procuración de justicia que facilitan la liberación de delincuentes que son detenidos con pequeñas cantidades de drogas, expuso.   

El titular de la Segob subrayó que los esfuerzos gubernamentales deben dirigirse contra quienes transportan grandes cantidades de drogas como contra quienes lo hacen con pequeñas cantidades, ya que en su mayoría pertenecen a esas organizaciones criminales.   

El funcionario federal reconoció que las sociedades de México y Estados Unidos están pagando un precio muy alto en términos económicos y de vidas humanas por el tráfico y consumo de drogas.    

“Los oficiales y las personas inocentes que han muerto por los ataques de la delincuencia provocan pérdidas irreparables para sus familias y sus comunidades”, expuso.   

Ello en relación no sólo al asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en ciudad Juárez, sino a la situación de violencia que priva en el territorio nacional.   

“Claro que hay un desgaste”, respondió más adelante al abundar sobre la presencia del ejército en la lucha contra el crimen organizado, al señalar que la autoridad está obligada a desgastarse para proteger a los ciudadanos.   

“El tiempo, el sacrificio que le estamos pidiendo a las fuerzas armadas es enorme, pero nos obliga a acelerar el ejercicio de reconstrucción institucional en este país”, a fin de que se fortalezcan las capacidades federales, estatales y municipales en términos de seguridad.    Insistió que sin la presencia de las fuerzas armadas sería difícil poder hacer un ejercicio de reconstrucción institucional y de reconstrucción periférico que permitan que las policías puedan entrar a actuar con sus mecanismos de inteligencia y neutralización.   

Reafirmó una vez más el compromiso de México para combatir de manera enérgica al crimen organizado internacional, de una manera integral utilizando todos los recursos disponibles con que cuenta.    

Resaltó que la presencia militar es para dar tiempo a la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y que a lo largo de los últimos meses ha logrado desarticular redes logísticas, financieras y grupos criminales que operan en Ciudad Juárez.    Además, añadió, personal militar ha capturado a destacados líderes del narcotráfico, no sólo responsables de traficar grandes cantidades de droga, sino de cometer múltiples homicidios en la entidad.   

“La presencia del ejército está orientada a coadyuvar a las autoridades federales y locales en los distritos de mayor incidencia en Ciudad Juárez, por lo que continuará realizando patrullajes terrestres y aéreos, así como estableciendo puestos de control”, asentó.   

Ante los retos que México enfrenta en materia de seguridad, el ejército mexicano es fundamental para salvaguardar el estado de derecho, por lo que mantendrá su actuación en Ciudad Juárez y el resto del país con operativos que reforzará y apoyará a las autoridades de seguridad pública, sentenció.

(Notimex).

México.- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ratificó la participación del ejército mexicano en el combate antidrogas y planteó que la cooperación de Estados Unidos en esta lucha debe ser con responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a las soberanías.   

En conferencia de prensa, el funcionario federal estableció que la Unión Americana debe reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, en aspectos como la reducción de la demanda de droga, el control del tráfico de armas y del “lavado” de dinero, entre otros.

(Notimex).

México.- El escritor peruano Mario Vargas Losa advirtió que la situación de violencia en México debe ser una lección para América Latina si no ataca al narcotráfico de manera multinacional y con estrategias que vayan más allá de la represión militar, reporta Reforma.

“Está claro que una política puramente represiva no va a caminar con el narcotráfico; se están invirtiendo sumas vertiginosas de dinero desde hace mucho tiempo en políticas represivas y el resultado es que el narcotráfico no decrece, aumenta, y que la violencia asociada a él sigue creciendo de una manera vertiginosa”, señaló antes de inaugurar la exposición autobiográfica Vargas Llosa. La Libertad y la vida en el Palacio de Iturbide, en el Centro Histórico.

“Lo que ocurre es un espejo de lo que puede suceder en América Latina si los gobiernos no se enfrentan a ese dragón que tenemos enfrente que es el narcotráfico, que hoy en día cuenta con un poder económico y militar y una organización que, se está viendo en México, pone en peligro la supervivencia de las instituciones de la democracia, de la estabilidad institucional”, agregó.

El peruano calificó de valiente la lucha que el gbierno mexicano inició en contra de los cárteles, pues, aseguró, tarde o temprano la violencia asociada a esos grupos criminales iba a estallar.

“Ahora, lo que es cierto”, admitió, “es que nadie esperaba que el narcotráfico respondiera con esa virulencia, con esa bestialidad, y que la sociedad mexicana tuviera que pagar un precio tan alto”.

Ha llegado la hora, señaló el autor de La guerra del fin del mundo, de que los países productores y consumidores analicen nuevas estrategias de combate al narco, como la legalización de las llamadas “drogas blandas”, reconociendo además que el tema no atañe sólo a países como México o Colombia.

Vargas Llosa se refirió también a la muerte del activista cubano Orlando Zapata, debido a una huelga de hambre iniciada en protesta del régimen de los hermanos Castro.

“Hay que criticar a los gobiernos democráticos latinoamericanos de que, en vez de solidarizarse con quienes quieren tener la democracia que se goza en otros países, les vuelven la espalda. Creo que esa es una de las cosas más tristes de Cuba, que los disidentes que actúan en ambientes más difíciles, sometidos a una represión tan dura, no tiene el apoyo que debieran tener, sobretodo de los gobiernos y de las instituciones democráticas”, afirmó.

En tres años de 2004 a 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) ha destinado al menos 36 millones de pesos en la aplicación del Programa de Protección de Testigos, reporta El Universal.

Y ahora, por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la dependencia tendrá que dar a conocer el número de personas que se han sometido a este programa de 2006 a 2009, así como el gasto ejercido para su seguridad.

El pleno del instituto revocó la clasificación de información de PGR, que argumentó que al revelarse esto representaría un “perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos, impartición de la justicia… estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, hasta en tanto las resoluciones no causen estado”, como señala el artículo 16 del Código Federal Penal.

La ponencia de la comisionada Sigrid Arzt Colunga consideró que la información solicitada por un ciudadano, a través de la Ley Federal de Transparencia, era “estadística” que no impide las acciones para evitar la comisión de delitos, ni forma parte de averiguaciones previas.

En su análisis, la comisionada dijo que era inadmisible que la PGR haya clasificado la información cuando en ocasiones previas ha hecho público en boletines de prensa y en solicitudes de información el número de testigos protegidos y los gastos destinados para su seguridad.

Arzt Colunga aseguró que tras una búsqueda de información se confirmó que la “inexistencia” de datos que dio PGR sobre el número de testigos a quienes se les hubiera cambiado la identidad, así como del sueldo que perciben, pues tanto las remuneraciones económicas como los cambios de identidad no son figuras jurídicas que se contemplen en la ley.

Así, el órgano garante de la transparencia ordenó a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano administrativo de la procuraduría, que debe tener la información estadística concentrada y la entregue al recurrente.

El gobierno capitalino actualizó su lista de los 25 delincuentes más buscados, entre los que destacan figuras como la de José Jorge Balderas Garza, El JJ, la del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, y el líder sindical acusado de pederastia, Salvador Gámez Martínez.

El listado, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), incluye a 24 hombres y sólo una mujer, todos ellos con órdenes de aprehensión giradas en su contra, y considerados individuos de “alta peligrosidad” prófugos de la justicia.

Entre los más buscados hay cinco personas que acumulan delitos de secuestro y homicidio, uno por homicidio y narcotráfico, nueve más por homicidio simple y calificado, cuatro por fraude y administración fraudulenta, dos por privación ilegal de la libertad.

También se incluye a una persona acusada por tentativa de homicidio, uno por violación, otro más por abuso y acoso sexual, y una más por corrupción de menores agravada.

Destaca la reciente inclusión de José Jorge Balderas Garza, El JJ, relacionado también con los nombres de Maximiliano Peralta Saénz, Jorge Antonio Madrid González, Jorge Alberto Bustani Clarión, Raymundo Rangel Madrid, Jorge Díaz Treviño, y Juan Carlos González Chávez.

Este sujeto, al que también se le imputan los alias de El Modelo y El Batman, cuenta desde febrero con una orden de aprehensión vigente por el delito de tentativa de homicidio en agravio del futbolista paraguayo Salvador Cabañas; no hay indicios de su paradero.

Otro nombre que resalta es el del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, cuyo nombre y fotografía persiste en el listado, pese a que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó cancelar las órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la relación de la PGJDF, el líder minero está vinculado al delito de administración fraudulenta por un monto que superaría los 55 millones de dólares.

Se sabe que Napo, como se le conoce, se encuentra residiendo en Canadá bajo la protección de un amparo.

Figuran a su vez los nombres de Cristopher Leyva Cortes y de Juan Ramón Moreno Navarro, ambos socios de la desaparecida empresa Publi XIII, a la que se relaciona con un millonario fraude en agravio de casi mil 500 personas, las cuales pagaron por automóviles que nunca les fueron entregados.

En la lista, está también el nombre del líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, considerado prófugo de la justicia desde marzo de 2006, y sobre el cual pesa una condena de 16 años y nueve meses de prisión por el delitos de corrupción de menores.

La procuraduría capitalina cuenta con indicios de que este sujeto, considerado uno de los principales pederastas de los últimos años, ya no se encuentra en el país.

La única mujer en la relación de los 25 delincuentes más buscados del DF, es Rosalinda Chirino García, quien tiene orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

El listado completo puede ser consultado por la ciudadanía a través de la página de internet de la procuraduría www.pgjdf.gob.mx, en la sección de “Los más buscados”.

Cualquier informe sobre las personas ahí señalados, debe ser proporcionado en el quinto piso del edificio se de de la PGJDF ubicado en el número 56 de la calle Gabriel Hernández, colonia Doctores, o a los teléfonos 53 45 55 00 y 53 45 55 57.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Diversas organizaciones civiles dijeron estar insatisfechas con los resultados que hasta ahora ha dado el ejecutivo federal a esa frontera, sobre todo por los nulos resultados del programa Todos Somos Juárez.

Líderes de opinión y participantes en las mesas de trabajo entrevistados consideraron que el ejecutivo federal se enfrenta a una comunidad cansada de discursos y promesas porque no se concretan las ofertas que les han hecho en el pasado para rescatar el tejido social de esta violenta ciudad.

Una de las principales quejas y reclamos radica en el tema de la inseguridad, porque consideraron que mientras no se contenga la violencia, todo el plan de intervención social prometido también está en riesgo.

“Los últimos acontecimientos reflejan que no se está avanzando en el terreno de la seguridad, y que los desafíos al Estado cada vez son mayores” dijo Teresa Almada, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La también integrante de la mesa de educación de los trabajos Todos Somos Juárez y directora del Centro Casa Promoción Juvenil dijo que “esa estrategia social se tiene que acelerar”.

No obstante, señaló que por otro lado, “se tiene que incidir de manera inmediata en el tema de la seguridad o, de lo contrario, la misma estrategia social será muy difícil que avance”.

Al respecto, la dirigente del gremio de médicos cirujanos e integrante de la mesa de seguridad, Leticia Cavaría, consideró que, como ciudadanos, como gente de la comunidad, es que no se está incidiendo en el origen de la violencia.

Estimó que por esa razón, “los resultados no se están dando con la celeridad que se quisiera”.

De igual manera, las instituciones que se beneficiarían con el apoyo proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), consideraron que hasta el momento no han visto tal ayuda.

“La ciudadanía esta desesperada, sin alternativas, sin perspectiva, sin ver esa viabilidad que requerimos para avanzar” dijo José Luis Flores, de la organización Educación con Valores, y quien participó en las mesas de análisis de la situación social.

Los entrevistados consideraron que a mes y medio de la primera visita del primer mandatario y de las promesas no se tenga en la ciudad nada concreto, palpables, pero sobre todo real que termine con la inseguridad en la frontera.

(Notimex).

Los asesinatos de personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez mostraron que es “absolutamente crítico” lograr la coordinación y complementariedad entre las diferentes fuerzas de seguridad y no dejar toda la carga únicamente en manos del ejército, expuso el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, durante un encuentro con medios, reporta Excélsior.

“No podemos aislar al ejército y no podemos mirar sólo al ejército para resolver este problema, para controlarlo hay que usar todas las fuerzas de seguridad en forma complementaria” explicó.

Habló además de que en el corto plazo, puede haber un aumento en los niveles de violencia en la zona fronteriza, generado por una reacción del crimen organizado ante la guerra del gobierno contra el narcotráfico, pero señaló que “eventualmente tendrá que disminuir”.

Señaló que del lado estadunidense hay una evaluación constante de las estrategias de la Iniciativa Mérida y en ese sentido expuso que se ha descubierto que “es necesario enfocarnos más en las tareas contra el lavado de dinero, e identificar cuentas de banco específicas, así como las propiedades de los narcotraficantes”.

Destacó que las autoridades estadunidenses siguen trabajando para detener el flujo de armas hacia México, pero que es fundamental que los criminales comprendan que “hay un costo por exportar armas a México” y que ese costo los disuada de continuar con ese comercio.

Sobre Juárez, señaló que no es suficiente con ver a esa ciudad “desde una lente de seguridad” sino que también hay que comprender qué factores sociales están contribuyendo a generar esa violencia y poner en marcha estrategias que mejoren la infraestructura, las condiciones de vida de la población y las oportunidades de empleo, para disminuir así la violencia.

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aclaró que ningún oficial de las agencias estadunidenses que participa en la investigación de los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, lleva a cabo operativos en este país.   

En el discurso que pronunció el diplomático durante su visita hoy al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez -difundido por la embajada-, dejó claro que la investigación se encuentra bajo jurisdicción de las autoridades mexicanas.   

Luego del asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, dos de ellas de nacionalidad estadunidense, se dijo que el FBI estaría enviando agentes para realizar las investigaciones.   

Sin embargo, el embajador Pascual aclaró que oficiales de múltiples agencias de Estados Unidos federales y locales “están concentrando el apoyo a las investigaciones a través de una coordinación de agencias en el lado estadunidense de la frontera”.    

En tanto, en México, las agencias norteamericanas están apoyando a las agencias mexicanas, que mantienen y mantendrán la jurisdicción en las investigaciones, estableció.   

El embajador lamentó los hechos tristes “que nos han traído hoy a Ciudad Juárez y calificó los homicidios no sólo de trágicos, sino de insólitos.   

Expuso que el dolor y la indignación que se sienten por esos hechos, es el mismo que sienten las familias de quienes han sido asesinados “de manera absurda” en Tijuana, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Matamoros, Nuevo Laredo o el mismo Ciudad Juárez.   

Pascual recordó “la muerte sin sentido” de 15 estudiantes en esa localidad en enero pasado y convocó tanto a mexicanos como a estadunidenses a no perder la capacidad de asombro e indignación ante hechos violentos de esta naturaleza.   

Ofreció el trabajo conjunto y corresponsable de su país con México, ante los hechos en los que perdieron la vida tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y aclaró que los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, comparten la indignación.   

Pero también comparten la convicción de trabajar juntos para acabar con el flagelo del crimen organizado.   

De acuerdo con la Presidencia de la República, el diplomático también aseguró que “más que nada, continuaremos nuestra cooperación en un espíritu de comunidad compartida, especialmente en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez”.   

Ciudades fronterizas en la que los fuertes lazos de historia, cultura e intereses mutuos unen estrechamente a los pueblos mexicano y estadunidense, destacó el embajador.   

Pascual agradeció a la canciller Patricia Espinosa, y al subsecretario Julián Ventura por acompañarlo en esta visita al consulado general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, lo cual, dijo, es una clara evidencia de la cercanía de nuestra asociación.  

Refrendó que el gobierno de Estados Unidos mantendrá la colaboración con el presidente Felipe Calderón y con su equipo de trabajo para romper el poder de las organizaciones narcotraficantes y poner fin a la violencia que generan.   

“Seguiremos trabajando conjuntamente para reconstruir comunidades desmoralizadas. Lo haremos con un nuevo espíritu de responsabilidad compartida, al enfrentar de manera igualmente compartida las amenazas comunes que nos aquejan”, puntualizó.

(Notimex).