La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó revisar de manera directa el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes el 20 de febrero pasado fueron sentenciadas a 21 años de prisión por un juez federal de primera instancia, tras responsabilizarlas de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación, reporta El Universal.

En un hecho poco inusual, a petición del ministro Juan Silva Meza, los ministros de la Primera Sala del alto tribunal decidieron hacerse cargo del recurso de apelación promovido por la defensa de Alberta y Teresa, por la relevancia nacional de este caso y porque el mismo les permitirá establecer criterios en torno a la prohibición constitucional de no discriminación y respecto a los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas.

La decisión generó sorpresa, incluso en la propia Corte, porque el máximo tribunal del país casi nunca interviene en la revisión de sentencias ni asume la función de un tribunal de apelación en el que tenga que pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad de alguien.

Y porque el trámite se llevó cabo también con una rapidez inusual.

El ministro Silva pidió atraer el caso la tarde de ayer y en menos de 24 horas su petición fue revisada, en privado, por sus compañeros de la Primera Sala, que es la que se encarga precisamente de los asuntos penales.

Una vez que se acordó atraer el asunto, la revisión de la sentencia de las dos indígenas, que ha sido ampliamente cuestionada tanto por organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.

Un juez federal otorgó una orden de arraigo por 40 días contra 13 empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) y dos de Mexicana de Aviación, relacionados con una investigación por tráfico de indocumentados de origen chino.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la medida cautelar permitirá al Ministerio Público federal perfeccionar la averiguación previa relacionada con el caso y, en su momento, ejercitar acción penal contra los probables responsables.

Los empleados del INM arraigados son Salvador Flores Pacheco, Oscar Flores García, Elmer Elide Rodríguez Ligonio, Israel Alarcón Cholula, César Gustavo Vázquez Pulido, Roberto Domínguez Hernández, Olinka Elide González Ceballos, Miriam Carbajal Yescas y Angélica Alvarado Ruiz.

También se otorgó la medida cautelar contra Miriam Janet Leyva Palacios, Karla Vanessa Noyola Reyes, Carlos Mondragón Jiménez y Omar Fernández Mata, todos ellos empleados del instituto.

En tanto, de la empresa Mexicana de Aviación fueron arraigados Osvaldo Corona Macías y Mauro Jesús Montañés Vera.

Estas personas fueron detenidas el 2 de marzo pasado en un operativo especial que llevaron a cabo el ejército mexicano y la policía federal en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Dicha acción fue motivada por una denuncia presentada en el INM, en la cual se reportaba el presunto tráfico ilegal de ciudadanos de origen chino que arriban a la referida ciudad del sureste del país.

(Notimex).

El juzgado 30 en materia penal dictó auto de formal prisión en contra de Carlos Cazares Ocaña alias El Charly, gerente del Bar Bar, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del futbolista Salvador Cabañas.    

La Procuraduría General de Justicia del Distrito federal (PGJDF) informó que la jueza Celia Marín Sasaki, resolvió que existen elementos suficientes en el pliego de consignación para acreditar la posible responsabilidad del inculpado en el delito que se le imputa, e iniciar juicio ordinario en su contra.   

Cabe señalar que el delito del que se acusa a Cazares Ocaña es considerado como grave, por lo que no alcanza ningún beneficio de libertad caucional, y tendrá que enfrentar su proceso internado en el Reclusorio Sur.   

El abogado Juan Antonio Araujo, defensor de El Charly, cuenta ahora con un lapso de tres días hábiles para apelar la decisión de la juez y 15 días para presentar elementos en favor de su cliente.   

Por otro lado, el juzgado 41 de paz penal resolvió dictar auto de formal prisión en contra de ocho empleados del Bar Bar, acusados del delito de encubrimiento por favorecimiento, también con relación a la agresión a salvador Cabañas.   

Seis de los inculpados se encontraban ya en libertad tras pagar una fianza de 50 mil pesos cada uno, mientras que otros dos tramitaron amparos ante la justicia federal lo que les permitió no ser detenidos.   

A diferencia del gerente del Bar Bar, todos ellos enfrentarán el juicio abierto en su contra en libertad, pues el ilícito de encubrimiento no es considerado como grave.

(Notimex).

Un día después de que el informe final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le señaló como uno de los “responsables” de la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños, Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), afirmó que no piensa renunciar al cargo, que no tiene remordimientos y que, en todo caso, habría una mala interpretación de los magistrados sobre la ley que rige a estos centros de atención a menores, informan La Jornada en línea.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue más allá y tildó de “asuntos periféricos” la petición expresa de las familias de que renuncie al cargo y defendió con rotundidad el sistema de guarderías y su legislación.

San Luis Potosí.- Una niña de un año y nueve meses murió en una estancia infantil auspiciada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la comunidad de Tierra Blanca, reporta El Universal.

Ante la protesta de los familiares de la criatura, la delegación de la dependencia federal se deslindó del hecho y anunció una investigación.

Los padres de la niña María José Alemán Guerrero, la pequeña que murió en la estancia “Casita Feliz”, protestaron frente al Palacio de Gobierno acompañados de varias madres.

La guardería opera en la fracción de Tierra Blanca, al sur de la mancha urbana de la capital del estado.

Mediante un comunicado, la dependencia deploró el fallecimiento de la menor ocurrido el pasado fin de semana.

La delegación de Sedesol informó que desde la dependencia federal estableció contacto con los padres de la menor fallecida apenas supo del lamentable acontecimiento, para presentar sus condolencias y reafirmar la disposición para colaborar en lo que requiera ante la autoridad correspondiente.

“Permaneceremos atentos  a lo que la autoridad ministerial disponga siempre con la responsabilidad y compromiso de coadyuvar en lo que el caso amerite”, precisó.

La dependencia, en el ámbito de su competencia, ya inició el proceso de desincorporación de la estancia involucrada dado que “de acuerdo a la información disponible, la estancia incurrió en violaciones a la normatividad que rige la Red de Estancias Infantiles”.

El deceso de la niña al parecer se produjo por bronco aspiración por vómito, aunque se realizan las investigaciones con el fin de establecer si hubo negligencia en el cuidado de la menor.

El informe preliminar de la comisión investigadora del caso de la guardería ABC, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue tomado con cautela por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, informa El Universal.

El vocero de esa agrupación de deudos de niños fallecidos en el incendio de la estancia infantil, Julio César Márquez Ortiz, afirmó que todo lo que incluyó el documento ya había sido denunciado por los padres de la víctimas.

Mencionó que esperan que en el veredicto final sobre el caso la SCJN resuelva que sí se cometieron violaciones a las garantías individuales de los niños y sus familias.

“No nos causa sorpresa el informe preliminar, los nombres de esos funcionarios ya los habíamos señalado nosotros, pero no deja de ser un avance en la investigación”, expresó Márquez Ortiz, padre del niño Yeyé, uno de los 49 menores fallecidos en la tragedia del 5 de junio de 2009.

Referente a que el informe preliminar sostiene la teoría del enfriador de aire como el inicio de la conflagración, señaló que eso no implica que no haya responsables.

Haya sido o no el cooler (enfriador de aire) el que ocasionó el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, hay personas responsables de las negligencias de seguridad en la guardería ABC, dijo.

Desde meses antes, apuntó, conocían la presunta responsabilidad de los funcionarios pertenecientes a los tres niveles de gobierno.

Señaló que esperarán a que ésta información, que forma parte de la investigación realizada por la Suprema Corte, sea analizada por los magistrados que posteriormente emitirán un veredicto.

Un desorden generalizado en cuanto al otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia en materia de seguridad y protección civil originaron el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores, en junio de 2009.   

La comisión investigadora del caso, creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó además que el fuego se originó en una bodega contigua a la guardería que era utilizada por la Secretaría de Hacienda para almacenar documentación y placas de automóvil.   

Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, integrantes de la comisión presentaron al pleno de la Suprema Corte su informe preliminar sobre las indagatorias que encabezaron, señalaron que en los hechos hay involucrados funcionarios del IMSS, del gobierno de Sonora, y del municipio de Hermosillo.   

Asimismo, revelaron que el IMSS no tiene la facultad legal para otorgar contratos para la prestación del servicio de guardería, los cuales durante 26 años se han concedido con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y acuerdos del Consejo Técnico.   

Subrayaron que el hecho de que el consejo haya expedido disposiciones que permitan que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, es una interpretación distinta a dichas normas.   

Esta situación, consideraron los comisionados, puede obedecer a la carencia de recursos económicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente.   

En este sentido, indicaron que la circunstancia de que sólo estén en operación 11 guarderías de patrones, “es decir, de las verdaderamente subrogadas”, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable, apuntaron.   

La comisión determinó que sólo 14 contratos de guarderías de un total de mil 480 cuentan con los requisitos que establece la normatividad, y que 11 contratos se regularizaron después de su suscripción, y que en los demás existe ausencia por lo menos de un requisito documental.   

Estas cifras, puntualizaron los integrantes de la comisión prueba “la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado”.   

Añadieron que “la operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento”.   

De igual manera, señalaron que “la supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo”, se cumple sólo en el 88.7 por ciento del universo, lo que equivale a mil 298 guarderías.   

Los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzon Sevilla informaron que en el caso de la guardería ABC donde también resultaron lesionados 75 niños, la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como “cooler”, en la bodega de la Secretaría de Hacienda del estado.   

En la nave, contigua a la guardería, se propagaron las llamas hacia cajas de cartón, y ante la inexistencia de un muro cortafuegos, que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, permitió la concentración de grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor en el inmueble donde se encontraban los niños.   

Agregaron que cuando el cielo raso ya no resistió el calor, cayó, lo que permitió que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.   

Recalcaron que la evidencia demuestra que en la bodega no había detectores de humo o extinguidores, y tampoco sistemas contra incendios, a los que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.   

De igual manera, expusieron ante los ministros de la Suprema Corte que “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil”.

(Notimex).

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, afirmó que para vencer a la delincuencia organizada hay que asfixiar financieramente a las organizaciones criminales y para ello se deben desarrollar sistemas de inteligencia.

Durante la ceremonia en la que se reeligió para el periodo 2010-2012 a Marcos Fastlicht como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la dependencia, indicó que se decidirán las acciones necesarias para combatir el lavado de dinero.

En un comunicado exhortó a no buscar más quién es el responsable del problema de inseguridad que vive el país, sino aportar soluciones y resaltó la importancia de documentar los antecedentes en materia de procuración de justicia para evitar repetir errores.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Enrique Pascual, señaló que la violencia en México ya no se debe sólo a una lucha entre los grandes cárteles de la droga, sino a la disputa entre pequeños distribuidores por controlar su colocación, por lo que es necesario confrontar y cambiar este patrón.

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Monte Alejandro Rubido, aseveró que se inicia una nueva etapa en la lucha contra la inseguridad que se caracteriza por un mejor acompañamiento ciudadano en las tareas contra el crimen.

A su vez, el subsecretario de normatividad de medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villareal Ordóñez, indicó que la participación activa de los ciudadanos garantiza la transparencia con la que debe desarrollarse el esfuerzo institucional.

En su intervención afirmó que también es alentador observar cómo sociedad y gobierno constituyen un grupo común para enfrentar la inseguridad y la acción del crimen organizado.

En tanto, Marcos Fastlicht resaltó la necesidad de desarrollar metodologías y herramientas que permitan la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones para mejorar la función pública.

(Notimex).

Con la instalación de juzgados cívicos móviles en los puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol, el gobierno capitalino agilizará el proceso para sancionar a aquellos conductores que den positivo en la prueba de alcoholemia.

En entrevista tras inaugurar esta nueva fase, el director de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Othón Sánchez Cruz, resaltó que con ello se dará mayor transparencia al alcoholímetro.

Explicó que el proceso consistirá en que si un conductor da positivo en la prueba de alcoholímetro, de inmediato se pondrá a disposición del juzgado cívico en el mismo punto, en donde se le fijará la sanción, que consistirá en un arresto inconmutable.

Indicó que esto representa un ahorro de “horas hombre”, pues el conductor sancionado ya no tendrá que ser trasladado primero del punto de revisión a un juzgado cívico para que se imponga la sanción y de ahí al Centro de Ejecución de Sanciones administrativas “Torito”.

Ahora, agregó, el conductor que dé positivo en la prueba será sancionado en el mismo punto de revisión, y de ahí se irá directamente a las instalaciones del “Torito”.

Sánchez Cruz destacó que además de agilizar el procedimiento, se le da transparencia, pues ya no habrá dudas, como la del “infractor simulado”, donde supuestamente personas recibían un pago para intercambiar su puesto con el infractor al momento de ser llevados al juzgado cívico.

A su vez, el director de justicia cívica del gobierno capitalino, Gerardo Loyo Martínez, resaltó que los juzgados cívicos móviles representan una alternativa que se aplica con éxito en situaciones como eventos masivos, entre ellos partidos de fútbol y conciertos.

Señaló que en esta ocasión, el esquema funcionará a manera de prueba en unos siete puntos d revisión, y de dar buenos resultados se extenderá a todos los del programa Conduce Sin Alcohol.

(Notimex).

Alrededor de 300 efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y policía federal repelieron con gases lacrimógenos a unos 300 damnificados de Valle de Chalco y Chalco por el desbordamiento del río de La Compañía, quienes pretendían bloquear la autopista México-Puebla en sus dos sentidos.

Los afectados intentaron abrirse paso con dos camionetas tipo pick up para acceder a la vía de cuota; sin embargo, efectivos les cerraron el paso sobre la avenida Solidaridad de la colonia San Isidro.

Las dos unidades fueron incendiadas y luego apagadas, en tanto que los manifestantes fueron replegados hacia calles de Valle de Chalco, resultando varias personas lesionadas.

Los pobladores reclaman a las autoridades sentarse al diálogo para dar respuesta los que no fueron censados, los que fueron censados injustamente y dueños de negocios que no han recibido una indemnización equivalente a lo que perdieron.