Nadie quiere gobernar Tierra Caliente

* Principales, Nacional, Noticias

Nadie quiere gobernar

Tierra Caliente

Por Ruth Barrios Fuentes y Antimio Cruz
Fotos: Juan José Estrada Serafín

Elvia del Socorro Ortega Peláez ya no quiso vivir en México. Ya no quiso vivir en Buenavista Tomatlán, ni en Michoacán ni en la Tierra Caliente.

El secuestro de su padre y su hermano, realizado horas antes de que asumiera la Presidencia Municipal de Buenavista, como alcaldesa sustituta, luego del asesinato del presidente municipal electo, Eliseo Delgado, fue lo suficientemente fuerte para convencerla de inmediato de abandonar la política y dejar el lugar donde nació y creció.

“Soy síndica electa. Soy de Buenavista. Y en estos momentos, hoy sábado primero de septiembre, a las tres de la mañana aproximadamente, hago pública mi renuncia. Hago público que no me interesa la política. Hago público que me voy del país. Jamás vuelvo a participar en la vida política. No me interesa. No me gustó y… ni hablar”.

El video difundido en internet por esta joven, de tez morena, frente amplia y cejas pobladas, tenía como fondo un muro blanco y una puerta blanca.

Fue grabado horas antes de que Elvia, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que obtuvo una victoria arrasadora en las elecciones del 1 de julio, asumiera el principal cargo del ayuntamiento.

“Les muestro, en estos momentos, mi renuncia. Mi nombre –dijo Elvia del Socorro frente a la cámara que grabó su mensaje de despedida. Luego giró a su izquierda para mostrar un papel a la vista de los espectadores–. Era propuesta para la Presidencia Municipal. Renuncio, tampoco lo acepto. Renuncio a mi cargo como síndica municipal. Este es el sello de recibido. En unos momentos, entre ocho y media y nueve de la mañana, lo ratifica el Congreso. No me interesa, ni siquiera, estar en el municipio”, dijo y retiró el papel, firmado y sellado, del objetivo de la lente de la cámara.

Las elecciones federales y estatales del 1 de julio en México están entre las más concurridas de la historia del país, pero el proceso electoral de 2018 también puede considerarse como aquel en el que la violencia impactó de manera más directa a candidatos, funcionarios electos y otros actores políticos.

Un detallado reporte de Etellekt, consultoría en seguridad pública y análisis de riesgos, da cuenta de lo que registró entre el 1 de septiembre de 2017, fecha en que inició el proceso electoral, y el 31 de agosto de 2018, dos meses después de elección: se registraron 850 agresiones contra políticos, de los cuales 175 fueron asesinatos.

Después de la jornada electoral, los ataques no pararon. La maquinaria de la violencia política siguió su marcha: casi dos meses y medio después las alertas habían crecido: hubo 70 nuevas agresiones, de las cuales 26 fueron asesinatos. Nueve de las víctimas mortales eran autoridades electas: alcaldes o diputados locales.

Uno de los 26 asesinatos fue el de Eliseo Delgado Sánchez, quien había ganado la alcaldía de Buenavista Tomatlán, Fue ejecutado a balazos por un grupo que iba a bordo de un vehículo. Eliseo comía en un restaurante frente a la presidencia municipal.

Por eso Elvia del Socorro no quiso gobernar Buenavista, así como Ramiro Gómez ya no quiso ser alcalde de Coyuca de Catalán tras ser amenazado de muerte, y del mismo modo que dos planillas completas renunciaron en Cutzamala de Pinzón tras recibir advertencias similares.

Cada uno de esos casos es un ejemplo de por qué la gente dice que nadie quiere gobernar en Tierra Caliente.   

Oposición vulnerable

La ola de asesinatos, secuestros y amenazas a políticos no es un reflejo directo de la ola de violencia que afecta al país; tiene una dinámica propia.

Rubén Salazar, director de Etellekt, explica que desde abril de 2017 la consultoría había identificado una tendencia: mientras más se acercara la fecha de la elección y del cambio de poderes, el número de ataques y homicidios crecería.

“Los mapas de riesgo ya mostraban, desde antes de la elección, situaciones de vulnerabilidad para los actuales alcaldes electos y previamente candidatos, quienes ya habían recibido amenazas a su integridad o a su familia. Hay ejemplos, como en Coahuila, donde asesinan al único candidato a la alcaldía de Piedras Negras, Fernando Purón, a pesar de que habíamos señalado desde marzo que enfrentaba un riesgo muy grande. Este patrón se ha repetido en Guerrero, Michoacán, Puebla, donde ya había antecedentes preocupantes que no fueron atendidos por las autoridades”, explica Rubén Salazar.

Etellekt clasifica las agresiones en ocho grandes categorías, pero las amenazas y asesinatos suman más de 56 por ciento de todos los ataques.  Con 301 amenazas (35 por ciento de las agresiones) y 175 asesinatos (21 por ciento del total).

Desde el punto de vista geográfico, los homicidios de candidatos y autoridades electas se concentra mucho más en tres estados del Pacífico: Guerrero, Michoacán y Jalisco, así como un estado del Bajío: Guanajuato.

Otros dos datos son importantes: la mayoría de los asesinatos ocurre en municipios de alta marginación económica; y la mayoría de las víctimas eran miembros de un partido político diferente al que gobierna en la región donde murieron.

“El 81 por ciento de las agresiones fueron contra militantes de partidos opositores”, agrega Salazar. “Y hay estados en los que el porcentaje es mayor, por ejemplo en Puebla, donde se registraron 139 agresiones contra políticos; de ellas, 127 fueron contra opositores”.

Si el opositor ganó la elección, entra de inmediato en una situación de riesgo, como ha ocurrido con muchas autoridades electas de Morena, que ha sido uno de los más mermados por ejecuciones. Lo mismo ha pasado con los candidatos independientes.

“No llegó el que elegimos”

El corazón de Hipólito Mora está frágil, pero sigue latiendo. El agricultor, productor de limón, que en 2013 encabezó el movimiento de autodefensas armadas contra los narcotraficantes de Tierra Caliente, ha sido hospitalizado por problemas de presión arterial y, por prescripción médica, ha reducido al mínimo sus actividades. Pero esto no le impide escuchar lo que la gente se acerca a contarle y reflexionar sobre cómo la delincuencia impactó a la democracia en 2018.

“En estas elecciones sí vimos mucha violencia; asesinatos de candidatos y de autoridades electas. La gente ha estado espantada y muchos se retiraron de las campañas porque les dio miedo. El crimen organizado quería poner presidentes municipales que pudieran manejar a su antojo. Por eso, cuando había un candidato que no les parecía o que ya habían sido electos, los asesinaban. Aquí en Tierra Caliente, a raíz de la ambición de los cárteles, fueron asesinados muchos candidatos”, indica el hombre que perdió a su hijo en el movimiento de autodefensas y que ha sido criticado por no deponer las armas.

Él recuerda que a la gente de trabajo no la dejan en paz en Tierra Caliente si no se defiende y agrega que el ejemplo de la violencia contra los aspirantes a la alcaldía en Buenavista Tomatlán demuestra que el miedo fue usado en contra de la democracia real.

“Eso pasó en varios municipios con aspirantes a la alcaldía. Hay municipios donde no está de presidente la persona que los ciudadanos elegimos. A la persona que elegimos la retiró el crimen organizado y fueron quedando personas que a ellos les convenían”, indica el hombre que tiene alrededor de 15 hectáreas de árboles de limón en la comunidad de La Ruana.

Cuando se le pregunta su opinión sobre las afirmaciones de que el crimen organizado busca controlar las secretarías de finanzas, obras públicas y alcaldías en cada municipio, Mora Chávez dice estar totalmente de acuerdo.

“Han llegado a oídos míos palabras de líderes del crimen organizado que dicen ‘vamos a adueñarnos de los tres cargos donde está el dinero, donde se hacen obras’. Los partidos políticos tienen conocimiento de quiénes son esas personas, pero desgraciadamente no hacen nada”, agrega el fundador de las autodefensas, quien se dice decepcionado de los medios de comunicación porque no reflejan con claridad la problemática que vive Tierra Caliente.

“De todos modos, le diría a los ciudadanos que no dejen de luchar por tener buenos gobernantes y que no se dejen intimidar por el crimen organizado, aunque eso es muy difícil. Sigamos luchando para que se logre el cambio”, dice el fundador de las autodefensas.

Un crimen en Aguililla

Omar Gómez Lucatero quiso ser alcalde de Aguililla, Michoacán. Para lograrlo, buscó la vía independiente, pero encontró la muerte.

El 20 de junio, a unas semanas de la elección, tres sujetos lo acribillaron frente a su familia cuando salía de su casa, en la comunidad de Las Palomas.

Horas después, su primo Yasser grabó un video en medio de las lágrimas. “Son 10 minutos para las 8 de la tarde. El día de ayer, en la noche, fue un grupo de personas armadas a la casa de Omar, iban de parte de Osvaldo Maldonado, candidato del PRI. Fueron a amenazarlo, a decir que si no nos salíamos [de la contienda], lo iban a matar. Y hoy lo mataron”, dice Yasser en el video, mientras una mujer, al fondo, grita desconsoladamente.

En la grabación, que dura apenas 40 segundos, el joven acusa al priista. “Todas las consecuencias y todo lo que se desencadene es por culpa del candidato del PRI, Osvaldo Maldonado”.

El candidato del PRI se deslindó. Respondió que los señalamientos eran falsos y se dijo dispuesto a someterse a una investigación.

El día de la elección, 5 mil 110 ciudadanos salieron a votar, es decir, 57 por ciento del padrón. El resultado, conocido ya entrada la noche, no sorprendió: ganó el PRI.

Osvaldo Maldonado obtuvo mil 557 votos. La candidata de la coalición PRD-PAN, María de Jesús Montes, perdió por apenas 122 sufragios.

Aguililla es un pequeño municipio ubicado al suroeste de Michoacán. Su población, según el conteo de 2015 del INEGI, es de 15 mil habitantes. Actualmente es gobernado por Israel Mendoza, afiliado al PRD.

Cuatro años atrás, en 2014, Omar Gómez fue alcalde sustituto. Y lo fue porque el edil en funciones, Jesús Cruz Valencia, fue detenido por tener nexos con Los Caballeros Templarios, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.

El priista fue hallado culpable de delincuencia organizada y recibió una sentencia de 15 años de prisión. Actualmente está recluido en un penal de Nayarit.

Omar Gómez Lucatero también era militante del Revolucionario Institucional, pero se salió del partido en 2017, luego de no obtener la candidatura a la alcaldía.

Una vez que se hizo aspirante independiente, criticó a los partidos. Aseguraba que habían dado la espalda a los ciudadanos y que era momento de darle un cambio. “Llegó la hora de darle grandeza a Aguililla”, era el slogan de su campaña.

Aún muerto, el político apareció en la boleta. El 1 de julio recibió 446 votos.

Altas temperaturas

La palabra “calentana” se usa para referirse a las personas de la región llamada Tierra Caliente, una franja geográfica y climática compartida por 35 municipios de Guerrero, Michoacán y Estado de México.

Como su nombre lo sugiere, es caliente; la temperatura llega a alcanzar 50 grados centígrados en verano y en invierno el promedio de temperatura, después del mediodía, es de 35 grados. Esta zona es la más caliente de la República Mexicana y es también el centro de mayor producción y tráfico de goma de opio, actividad estimulada por la grave marginación y aislamiento de sus comunidades, muchas de ellas indígenas.

Aquí, la política no es un ejercicio de decisiones compartidas; es un modo de administración similar a los feudos europeos de la Edad Media, donde un líder fuerte domina, protege y exige a las personas más débiles, al mismo tiempo que lucha por control de territorio y riqueza contra los otros barones vecinos.

Las autoridades legales son sometidas por medio de la ley de “plata o plomo”: o se dejan comprar por el poder corruptor del dinero del narcotráfico o mueren en circunstancias que exhiben la impunidad de los narco-señores.

Aunque formalmente México es un país con un régimen de gobierno democrático, a lo largo de la geografía mexicana coexisten diferentes formas de acceso y ejercicio del poder que incluyen el corporativismo, el cacicazgo y el narcogobierno.

En la vasta región eco-climática conocida como Tierra Caliente, los grupos delictivos han influido determinantemente en la manera como se conforman los gobiernos. En la lista figuran cuatro organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, Los Viagras y Los Caballeros Templarios.

Mediante asesinatos, secuestros y amenazas estas bandas se disputan el control de la producción y tráfico de mariguana y goma de opio. Junto con ello deciden quién llega, quién permanece y quién debe retirarse de las administraciones municipales de gobierno.

Sólo en el caso de Michoacán, fueron ejecutados en 2018 los candidatos a las alcaldías de Ocampo, Taretán y Aguililla. Una aspirante a una diputación local por la región de Tierra Caliente también murió al ser agredida con arma punzocortante.

María de Lourdes Torres Díaz, candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Álvaro Obregón, fue secuestrada el 17 de mayo y liberada un día después. En tanto, Miguel Amezcua Manzo, aspirante del PRI a la alcaldía de Tangamandapio, fue atacado a tiros el 18 de junio, pero salió ileso.

La manera en que se vivió el proceso electoral de 2018 en los municipios de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, Buenavista Tomatlán, Aguililla, Apatzingán y Ciudad Altamirano, muestra que en esos casos el gran elector fue el crimen organizado.

Triunfó después de muerto

El 15 de junio de este año, dos semanas antes de la elección, 6 mil personas caminaron desde la Plaza Bicentenario hasta el panteón municipal de Taretán, Michoacán, acompañando el cortejo fúnebre de Alejandro Chávez Zavala, quien 24 horas antes todavía hacía campaña política para reelegirse como alcalde.

Hasta ahora, nadie se atreve a señalar como responsable del homicidio a la delincuencia organizada. Sin embargo, Taretán fue identificado en 2016 como uno de los 11 municipios de Tierra Caliente bajo el control de Los Caballeros Templarios y en los que llegó a operar el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy es uno de los 40 municipios prioritarios para la seguridad estatal.

Seis mil personas acompañaron el cortejo fúnebre de este político, hermano menor de una familia de militantes del PAN. Evidencia de su arraigo popular es el hecho de que, tras su muerte, la fórmula política que encabezaba Alejandro arrasó en la elección y obtuvo 70 por ciento de los votos. El candidato sustituto fue su hermano Julio Chávez Zavala. El hermano mayor de ambos, Miguel Ángel, fue dirigente estatal del PAN.

Alejandro, ejecutado un jueves 14, fue el primero de tres candidatos a alcaldías que fueron victimados en Tierra Caliente en las dos semanas previas a la elección. El miércoles 20 de junio murió asesinado Omar Gómez Lucatero, en Aguililla, y el jueves 21 fue baleado Fernando Ángeles, candidato que llevaba la delantera en las preferencias electorales para presidente municipal de Ocampo.

Fernando Ángeles fue acribillado dentro de su propia casa, a las 8 de la mañana, cuando entraron tres individuos armados para disparar en su contra.

Este candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ocampo había ofrecido reformar a las policías locales para evitar corrupción y extorsiones.

Tres días después del homicidio del candidato Ángeles, 30 policías de Ocampo fueron arrestados y trasladados a la capital estatal, Morelia, por sospecharse que participaron en los hechos. Tres días después de ser arrestados, fueron liberados por falta de pruebas.

Conteos inexactos

Laura Ambrosio, coordinadora de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano, tiene la teoría de que la cifra de las agresiones a candidatos en el país no es certera.

Según los análisis de la organización, los datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no coinciden y, asegura, desconoce la razón.

Apenas en agosto pasado, el Observatorio catalogó al proceso electoral 2018 como el más violento que ha vivido el país. El número de asesinatos fue ubicado en más de 150, mientras que la cantidad de agresiones superó las 770.

Sin embargo, el número podría significar solamente un aproximado de la realidad. Lo que sí es cierto, asegura, es que si algo fue una constante durante estos hechos de violencia es que las autoridades se involucraron poco y, en realidad, mostraron un bajo interés para resolver los casos de violencia política. “Las instituciones del Estado tienen que ser más activas en estos casos”, advierte.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización compuesta por 30 personas, todas especialistas en temas de seguridad justicia y legalidad.

Sus reportes se basan generalmente en cifras oficiales, como las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de las Procuradurías y Fiscalías.

Ambrosio explica que la violencia siempre ha acompañado a las elecciones. Pero este año, por primera vez, se contabilizó.

El Observatorio Nacional Ciudadano coincide especialmente con Etellekt en sus conteos: Guerrero fue uno de los estados donde se registraron más ejecuciones a candidatos.

Guerrero, presa del miedo

La Tierra Caliente no acaba en los límites de Michoacán. Esta eco-región también incluye el poniente de Guerrero, la entidad más violenta del país en 2017, con 2 mil 529 homicidios dolosos reconocidos. Esto es, casi siete por día.

Parte de esta violencia estuvo asociada a la competencia electoral y se extendió hasta 2018. De acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México, de Etellekt, entre septiembre de 2017 y junio de 2018 Guerrero registró 23 asesinatos de políticos, incluidos candidatos y miembros de sus equipos. El 35 por ciento de las víctimas eran militantes o simpatizantes del PRI, partido que en Guerrero es oposición.

“Es importante apreciar dos fenómenos. Por un lado, la cantidad de gente que salió a votar fue mucho mayor de lo que se esperaba. Muchos ciudadanos rompieron un cerco que se les quería imponer. Pero también hubo regiones donde las agresiones a candidatos provocaron que la población haya sido presa del miedo”, dice el antropólogo Abel Barrera Hernández, uno de los fundadores de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, uno de los grupos que se opone públicamente a la violencia en todas sus formas, en Guerrero.

Además de las 23 víctimas mortales entre candidatos y equipos de campaña, al menos 22 políticos fueron víctimas de agresiones que no llegaron a ser mortales y otros 60 denunciaron amenazas. La cifra que no existe oficialmente es el número de personas que renunciaron a las candidaturas ante amenazas.

Desde la ciudad de Tlapa, Tlachinollan documenta y estudia casos de violencia muy diferentes entre sí, como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, el desplazamiento de comunidades enteras acosadas por el crimen organizado, como San Miguel Totolapan, y la violencia en el proceso electoral 2018.

“La disputa política ha sido afectada por expresiones de la delincuencia organizada. En la Tierra Caliente sabemos que hay situaciones graves por asesinatos que se registraron, como el del alcalde de Ciudad Altamirano, así como del candidato a diputado de Coyuca de Catalán. Esto creó un ambiente de mucha inseguridad, incertidumbre y temor. Algunos candidatos sí fueron víctimas de la violencia, otros sólo fueron amenazados, pero fueron muchos los que tuvieron que renunciar”, indica el activista que ha sido galardonado por la organización Amnistía Internacional y por el Centro Robert F. Kennedy por la Defensa de la Justicia y los Derechos Humanos.

No sólo eso. “Hubo regiones donde la gente se mantuvo refugiada y no salió a votar. Esto es grave. Se vulnera el derecho ciudadano a elegir libremente o a aspirar a un cargo de responsabilidad. Se vive casi como un estado de sitio en el que las personas restringen el ejercicio de sus derechos y libertades por temor a que se vulnere su integridad”, dice el antropólogo Barrera.

Plata o plomo en Coyuca

En Coyuca de Catalán, Guerrero, el PRI se quedó sin candidatos a diputados locales. Las amenazas, ejecuciones y el miedo ahuyentaron a competidores y simpatizantes. El hombre más visible de la política local cayó ante el fuego y esto tuvo un efecto dominó al interior de su partido.

Abel Montúfar no sabía que 2018 sería también el último año de su vida. Dejó la alcaldía de Coyuca de Catalán para competir por una posición en el Congreso del Estado. El 8 de mayo, Abel encabezó un acto de campaña en Ajuchitlán. Horas después, fue ejecutado por un comando armado, luego de salir de su casa.

El priista, de 46 años, fue interceptado por sicarios en la carretera hacia Zihuatanejo. Aunque había recibido amenazas de muerte desde el inicio de la campaña, ese día prefirió no ser acompañado por sus escoltas.

Aquella tarde viajó con tres de sus trabajadores, pero fue el único asesinado.

Los homicidas compartieron en las redes sociales una fotografía de su cadáver. En la imagen se le ve tendido sobre el pavimento, con sangre en la cara y un disparo en el pecho. En la sombra se ve la figura de un hombre que se posiciona encima del cadáver y le toma una fotografía con su celular.

Al siguiente día, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, atribuyó la ejecución al crimen organizado. La declaración tomó fuerza unas semanas después porque en las redes sociales fue exhibida una imagen de Montúfar sentado frente José Pineda González, conocido como el “JP”, quien era líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la mesa hay un fajo de billetes y al fondo un hombre con el rostro cubierto y armado.

“Te lo dije y no quisiste entender. A ver, ¿en dónde están muchas de las personas que te dijeron que tanto te querían?”, dijo desconsolada su esposa frente al ataúd de Montúfar,

Los familiares de la víctima declararon, tras el homicidio, que el grupo criminal había pedido a Abel Montúfar declinar. Al negarse, fue ejecutado.

La noticia corrió como pólvora. Un día después de la tragedia, Ramiro Gómez, entonces secretario particular de Montúfar y aspirante del PRI a la alcaldía de Coyuca de Catalán, renunció a la candidatura. Lo hizo porque también recibió amenazas de muerte.

El tricolor no quitó el dedo del renglón y 10 días después nombró a un nuevo candidato; su nombre: Francisco Chávez Araujo.

Pero el cambio no benefició al PRI. En las elecciones del 1 de julio, el partido que triunfó en las casillas fue el PRD, con Eusebio Echeverría.

En Cutzamala de Pinzón prefirieron la vida

Ya habían sido advertidos: si no abandonaban la contienda, serían asesinados.

Así fue como dos planillas de la coalición Guerrero al Frente -integrada por el PRD y el PAN-, que buscaban la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, decidieron retirarse del proceso electoral.

Primero, el candidato a presidente municipal y la aspirante a síndica renunciaron. Pero una vez que designaron a sus suplentes, 11 integrantes de la planilla se negaron a participar.

Cutzamala de Pinzón es uno de los municipios más violentos de la entidad. Las familias viven con temor ante las constantes ejecuciones en las calles y bares. Las escuelas tampoco han quedado exentas. Los profesores han denunciado extorsiones y secuestros.

Ahí, todos han tenido que aprender a convivir con el miedo.

Álvaro Gutiérrez Novelón, que originalmente buscaba la alcaldía, y sus compañeros perredistas que se integrarían a las regidurías consideraron prudente hacer caso a las advertencias de que serían ejecutados si no declinaban. El anuncio se hizo oficial el 13 de junio, 18 días antes de la elección.

El representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Arturo Pacheco Bedolla, reconoció que los aspirantes vivían intranquilos y que, al final, prefirieron la vida que un cargo público.

La renuncia se hizo tarde. Las boletas ya estaban impresas y Álvaro Gutiérrez era el candidato oficial, aunque hizo apenas unos días de campaña.

Nadie quería ser candidato. Serlo implicaría retar al crimen organizado o darle garantía de que no significaría un estorbo para alguien.

Seis días antes de la elección, Elvia Gurrustieta, quien estaba en la lista de las regidurías que renunció, tomó el reto. Pero sólo tuvo dos días para hacer campaña.

El 1 de julio el triunfo del PRI fue avasallador. Timoteo Arce Solís ganó con 6 mil 180 votos; la coalición apenas logró 2 mil 270.

Hay crimen, pero no presión

Para Nazarín Vargas, presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), las elecciones de Guerrero no tuvieron algún vínculo con el crimen organizado.

Pero, además de eso, asegura que aquellos que renunciaron a las candidaturas lo hicieron por un tema personal, más que por amenazas u hostigamiento de algún cártel.

“Antes del proceso había violencia, durante el proceso había violencia, después del proceso hay violencia. Si la violencia estuviera relacionada solo con el proceso electoral, entonces, al término del proceso electoral dejaría de haber violencia”, plantea.

Vargas, responsable de organizar las elecciones en Guerrero, parece no tener dudas. Opina que ha sido uno de los mejores procesos porque la participación ciudadana se incrementó 10 por ciento en tres años.

Y deja claro que los cárteles de la droga no se infiltraron en la elección. Incluso, ni el asesinato de candidatos, ni la renuncia de dos planillas que buscaban una alcaldía ponen en duda su tesis.

“Pienso que el tema de un homicidio se tiene que investigar. No necesariamente tiene que ver con la candidatura que ostentaba el ciudadano”, señala.

El consejero presidente cuenta que ha sido cuestionado en varias ocasiones si la renuncia de los candidatos se debió a una presión externa. La respuesta que siempre ofrece, asegura, es que en ningún momento se hizo evidente.

En todo caso, si fuera lo contrario, explica, el IEPC no puede hacer mucho, debido a que el tema corresponde meramente a las autoridades judiciales. “Nosotros no tratamos con el crimen organizado. Tratamos con los partidos y con los candidatos”, sostiene.

En Guerrero, asegura, la democracia se cumplió. La ciudadanía tiene la certeza de que su voto contó, que optó por la vía democrática para mejorar el estado y que tiene confianza en los órganos electorales.

Es todo…

Del cielo al suelo se modificó el panorama y perspectivas de los representantes de Morena en Buenavista Tomatlán. La alegría con la que celebraron el triunfo de Eliseo Moreno en las casillas el 1 de julio, fecha en que se registró una jornada de votación masiva en todo México, se convirtió en rituales funerales, rumor de rezos de rosarios y llanto de plañideras.

Ese 1 de julio se eligieron en Michoacán 112 alcaldes, 40 diputados locales, 12 legisladores federales y tres senadores de la República. Pero ninguno de los hombres y mujeres que fueron respaldados por los ciudadanos, con votos, para gobernar Buenavista Tomatlán, llegó a asumir el cargo.

El ambiente ya estaba tenso desde cuatro días antes de la elección, pues el 27 de junio un comando atacó y mató al presidente municipal interino Javier Ureña González, del PRD, quien había visitado la comunidad 18 de Marzo.

Así la cadena se fue reventando eslabón por eslabón: primero murió el presidente municipal interino, Javier Ureña, asesinado; luego el presidente municipal electo, Eliseo Moreno, también asesinado, y luego faltó la presidenta municipal sustituta Elvia Ortega, auto exiliada tras el secuestro de sus familiares. La democracia no fue la vía para acceder al poder en Tomatlán.

Elvia del Socorro Ortega Peláez ya no quiso vivir en México. El sábado 1 de septiembre, por la madrugada, difundió un video en las redes sociales donde dio a conocer que no asumiría esa mañana el cargo de presidenta municipal de Buenavista Tomatlán y que volaría a Tijuana para desaparecer de la vida pública.

Al final del video. La persona que abandonó la política por falta de seguridad mostró a la cámara un boleto de avión de ida y sin regreso.

“Aquí está mi nombre; salgo a Tijuana. Aquí está mi clave de reservación. Otra vez mi nombre y la hora en la que salgo de Morelia a Tijuana… A las 6:12 de la mañana, salgo…. Es todo”.

Deja un comentario

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Revista emeequis

Desplácese hasta la parte superior