Pobladores wixaritari exigen la restitución de su territorio; amenazan con impedir el proceso electoral en sus comunidades

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Foto: @ITESO

Ciudad de México, 7 de mayo.- Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hicieron público un llamado para que las autoridades federales intervengan y garanticen la conclusión de los procesos de restitución de tierras pertenecientes a las comunidades wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan Kuruxi Manuwe, en la localidad de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, y que fueron suspendidos ante la falta de condiciones sociales y de seguridad, lo cual ha provocado malestar y el anuncio de impedir el proceso electoral en dichas comunidades.

De acuerdo con un comunicado, en septiembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, a vigilar que la restitución de tierras se realizara con base en el Estado de derecho y respeto pleno de los derechos fundamentales.

Sin embargo, luego de dos procesos que concluyeron en octubre, los posteriores han sido impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social.

El uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera que dicha restitución forma parte del derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, tal como lo señala el artículo 2°, apartado A, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, las comunidades wixaritari afectadas, como parte de una asamblea extraordinaria celebrada los días 28 y 29 de abril pasado hicieron pública su inconformidad y manifestaron como postura la de impedir el desarrollo del proceso electoral e incluso recurrir a la toma de escuelas si no recibían la debida atención a sus demandas.

En tal sentido, la CNDH y la CEDHJ hicieron un nuevo llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a que realicen lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social, para lo cual es indispensable el diálogo y el cumplimiento de acuerdos que permitan resolver este conflicto de forma integral.

Ambas comisiones, como actuantes de buena fe en todo conflicto, reiteran la invitación a realizar mesas de diálogo entre los diferentes actores de este importante procedimiento, lo que incluye a la comunidad indígena wixárika, a los grupos de personas que actualmente ocupan las tierras y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de abrir un canal de discusión que analice en toda su profundidad e implicaciones humanas esta controversia.

Una acción fundamental es la asignación de recursos suficientes por parte del Estado mexicano a efecto de lograr los acuerdos que garanticen a las comunidades wixaritari su derecho a la restitución de sus tierras, derecho que ha sido debidamente avalado por los tribunales.

Es importante señalar que las comunidades wixaritari de Jalisco están siendo sometidas a una serie de presiones que evidencian el abandono que por siglos han vivido. Como la reciente intención de anexar tierras ocupadas por población wixárika que habitan en la comunidad de San Andrés Cohamiata, para hacerlas parte de otra entidad federativa, ante lo cual estas defensorías también solicitan el pleno respeto del derecho a la consulta previa e informada, y en general, a los derechos específicos de los pueblos indígenas consignados en las leyes nacionales y en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

Como medida de desacuerdo, dicha comunidad también ha hecho público que si hubiera modificaciones en los límites territoriales en las tierras donde ellos han vivido ancestralmente, impedirán la realización de las elecciones estatales y federales de este año.

Por ello, han solicitado a ambos congresos la revisión del proceso de anexión de tierras para que este sea invalidado por no haberse respetado su derecho a decidir. Han señalado que en caso de no encontrar soluciones en las instancias nacionales acudirán a organismos públicos internacionales.

(Quadratín)

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