El medio ambiente, víctima silenciosa de medio siglo de guerra en Colombia

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Durante la guerra en Colombia, la minería ilegal en el río Quito, región del Chocó, provocó un extenso deterioro del medio ambiente. Foto: ONU

Medio ambiente, víctima

silenciosa de medio siglo de

guerra en Colombia

 

 Por Emiliano Rodríguez Mega

Cartagena, Colombia.- 27 de julio.- Más de medio siglo de guerra no puede dejar ileso a nadie. Y Colombia no vive una situación de excepción. Los saldos del conflicto armado corresponden a los de una hecatombe: 220 mil asesinados, casi siete millones de desplazados, un número incalculable de heridos y mutilados por las minas terrestres y una sociedad profundamente herida y polarizada.

Esta guerra, en particular, sufrió un daño colateral adicional: el medio ambiente.

“La naturaleza fue una víctima silenciosa del conflicto”, lamentó el ministro colombiano de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, durante la inauguración del Congreso Internacional de Biología de la Conservación, en Cartagena, realizada el pasado 23 de julio. “El nuevo proceso de paz proporciona enormes oportunidades [para mitigar los daños], particularmente en áreas aisladas [donde] hubo mucha destrucción”, dijo en conferencia de prensa posterior.

Los colombianos comienzan a adaptarse a una nueva realidad después de que en junio del año pasado se acordó un cese definitivo al fuego luego de 52 años de guerra, cinco de negociación y al menos tres intentos infructuosos para firmar la paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Así que hoy comienza a conocerse mejor el impacto ambiental de un conflicto de estas dimensiones: las distintas organizaciones armadas deforestaron grandes extensiones en las zonas bajo su control para extraer minerales y sembrar cultivos ilícitos, como la planta de coca, para financiar sus operaciones.

Además, de acuerdo con el Programa de Desastres Ambientales y Conflictos de la ONU, los grupos guerrilleros contaminaron distintas regiones del país con glifosato, herbicida empleado para eliminar maleza, y con mercurio, frecuentemente usado en la minería para separar y extraer el oro de las rocas.

La pérdida de bosque ha sido tal que Simón Gaviria Muñoz, ex director nacional de Planeación, sugirió que 58% de la deforestación en el país ocurrió en municipios en conflicto entre 1990 y 2013. “La paz le dará a Colombia los mayores dividendos ambientales, frenará el ecocidio y generará oportunidades de empleo”, aseguró el funcionario en marzo de 2016, según un comunicado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, uno de los centros ambientales más respetados en Colombia, estima que 49.5% de las áreas protegidas se encuentran en territorios de posconflicto, y ya ha coorganizado con otras instituciones oficiales al menos nueve excursiones –conocidas como Expediciones BIO– para muestrear, clasificar y analizar la biodiversidad de algunas de las regiones menos exploradas del país, muchas de las cuales coinciden con zonas previamente dominadas por las FARC.

Hemos descubierto muchas nuevas especies”, asegura José Ochoa Quintero, coordinador de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad del Instituto Humboldt. Pero todavía existen “áreas donde no tenemos suficiente información para saber cómo se compone la biodiversidad ni cuáles son los servicios ecosistémicos que reciben las comunidades locales”, es decir, los beneficios que ofrecen los ecosistemas, incluidos la polinización, regulación del clima, purificación del agua, alimentos y otros.

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, precisamente, echará a andar programas en esta etapa de posconflicto para conservar esta biodiversidad. Proteger y gestionar los recursos hídricos, así como promover y fortalecer los negocios verdes a través de mercados de carbono, son parte esencial del plan.

“Adicionalmente, hemos creado un modelo en el que las comunidades serán compensadas [económicamente] por los servicios ambientales que proveen los ecosistemas que protegen”, dijo Murillo durante su conferencia de prensa.

Otra meta importante consiste en reincorporar a los excombatientes de las FARC en la vida civil y capacitarlos como guardabosques de los parques nacionales. “[Ellos] conocen esos territorios y nos pueden ayudar a conservarlos”, argumentó Murillo. Asimismo, el gobierno planea restaurar y ampliar las áreas protegidas, que según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas agrupan un total de casi 24 millones de hectáreas. Esa cifra podría crecer: el año pasado se propuso que otras 2.5 millones de hectáreas de áreas naturales fueran declaradas protegidas a partir de 2018.

Los planes del Ministerio de Ambiente, sin embargo, podrían verse frustrados parcialmente debido a recortes presupuestales. Este mes se filtró a la prensa colombiana el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2018. El monto de recursos dedicados al sector ambiental se reduciría en 60 por ciento el próximo año, según publicó El Espectador, afectando a instituciones como el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) y el Instituto Humboldt.

Para el sistema de parques, el recorte sería de 30 por ciento. “Ya hemos hecho una evaluación, y [nos] afecta muchísimo”, protesta Julia Miranda Londoño, directora general del SPNN. La falta de presupuesto podría impactar “las actividades de control y vigilancia, de monitoreo, de mejoramiento de infraestructura, de cumplimiento de metas con las comunidades locales”.

Por otro lado, el nuevo periodo de paz está sumergiendo a Colombia en una paradoja. A algunos especialistas les preocupa que los recientes esfuerzos de conservación se encuentren en riesgo ahora que algunas zonas han sido desarmadas.

Algunos grupos –como los paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional o facciones disidentes de las FARC– podrían tomar ventaja de la lenta reorganización institucional e invadir las áreas recién desocupadas por la guerrilla. Además, la presencia de grupos armados también había mantenido alejadas a las grandes empresas que dominan las industrias extractivas, como las compañías mineras y petroleras.

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La imagen muestra una zona de reserva forestal que hace parte de la serranía de San Lucas, y en donde se extraía oro en la explotación ilícita del yacimiento. Foto: El Tiempo

Eso ha cambiado rápidamente. Y la Serranía de San Lucas es un claro ejemplo. Ubicada en el extremo norte de la cordillera de los Andes, la Serranía de San Lucas se alza como una montaña rodeada por los ríos Cauca y Magdalena, un lugar estratégico dominado hasta hace poco por grupos guerrilleros y paramilitares. Es también uno de los puntos más biodiversos del país y, al mismo tiempo, menos conocidos para la ciencia.

Los escasos estudios realizados en la formación montañosa han identificado 330 especies vegetales, 29 de anfibios, 47 de reptiles, 43 de mamíferos y 263 especies de aves. Algunas de ellas sólo han sido encontradas en esta zona, por lo cual se considera que atesora altos niveles de endemismo.

Además, la Serranía de San Lucas “es la última mancha de bosque intacto que tiene Colombia al norte”, explica Cristina Gómez García-Reyes, antropóloga y coordinadora de nuevas áreas protegidas del SPNN. “Es un punto nodal para la conectividad [de biodiversidad] entre Centroamérica y Sudamérica, pero también para la minería”. Y es que debajo de su exuberante cobertura forestal, San Lucas resguarda uno de los depósitos más importantes de oro en el mundo.

A pesar de su riqueza, la Serranía de San Lucas –junto con la de Perijá, en la frontera con Venezuela– todavía no se incluye en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De hecho, el gobierno ya ha otorgado al menos 172 títulos mineros en esa área, que amparan una superficie de poco más de 200 mil  hectáreas, y ha recibido al menos 153 solicitudes más. “La serranía es un sitio que hay que conservar; el Estado tiene una deuda y debe protegerlo”, argumenta la investigadora.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha propuesto declarar a la Serranía de San Lucas parque natural, pero si la implementación es lenta se abre una ventana a la extracción.

Si la naturaleza fue una víctima del conflicto armado en Colombia, lo más probable es que continúe siéndolo después del acuerdo de paz. Eso es lo que teme Gómez García-Reyes: “La naturaleza ha sido una víctima y siempre lo será [porque]; esa fuerza territorial que ejercían las FARC está siendo tomada por otros poderes”.

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