La Ley General de Archivos, un golpe del poder político a la transparencia en México, advierte académico

Nacional, Noticias
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Ciudad de México, 13 de diciembre.- Permitir que la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargue del Sistema Nacional de Archivos sólo responde al aumento de su poder político, y representaría una grave amenaza ante la posible regresión de México en materia de transparencia y combate a la corrupción, aseveró el académico Mauricio Merino Huerta, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“No permitamos que al final de este enorme esfuerzo en el país, que se ha hecho para darle un sistema de transparencia y de combate a la corrupción, nos tropecemos con la pieza maestra de todos estos temas que son los archivos, poniéndolos en las manos de quienes los van a controlar con el único propósito de ejercer su poder político”, indicó el también coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

El especialista agregó que la discusión que ha generado la iniciativa para la creación de la Ley General de Archivos, presentada en el Senado de la República el pasado 17 de noviembre, no responde a criterios técnicos, sino a la insistencia del Ejecutivo federal para mantener a la Segob con el control de todos los archivos históricos de México.

La legislación “responde a la voluntad de cancelar los avances que se han tenido en materia del sistema nacional y combate a la corrupción”, alertó el académico, quien hizo un llamado a los senadores para no aprobar el atropello que representaría tener una Ley General de Archivos como está planteada en la iniciativa que se analiza en el Senado.

El investigador del CIDE advirtió que los archivos son la base del sistema de transparencia y a partir de éstos se construye el acceso a la información: “son la base del combate a la corrupción porque es en éstos donde se conserva la memoria de la actuación de cada uno de los servidores públicos del país”.

Asimismo, Mauricio Merino dijo que otro de los problemas que presenta la iniciativa es que establece que la federación, en un plazo máximo de tres años, revisará todos los archivos y acervos históricos en su poder para testar aquella información que pudiera ser considerada como datos personales, para darlos de baja o reclasificarlos como confidenciales.

El investigador también señaló que para purgar los archivos históricos en manos de la Secretaría de Gobernación, se den hasta tres años considerando la entrada en vigencia de la ley general en el gobierno federal y cuatro en los estados de la República.

“Es inaceptable que se considere que en nombre de la protección de los datos personales se testen documentos cuyo valor histórico, cuyo valor probatorio para los tiempos actuales y cuyo valor de dignidad no pueden ser sometidos a ese tipo de criterios políticos”, puntualizó el profesor del CIDE.

(Con información de Red por la Rendición de Cuentas)

.

Deja un comentario

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Revista emeequis

Desplácese hasta la parte superior