La Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz no sirve; es un órgano del gobierno estatal: Artículo 19

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protesta por asesinato de ruben espinosa

Periodistas reunidos en el Ángel en demanda de justicia para Rubén Espinosa y las cuatro mujeres que fueron asesinadas junto con él. Foto: EneasMx

Austin, Texas, 10 de noviembre.- El estado de Veracruz ha demostrado ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa con 17 homicidios de periodistas en los últimos seis años. En lo que va de este año, tres periodistas han sido asesinados en esa entidad.

Con la renuncia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de su posterior fuga de la justicia, los medios de comunicación han puesto de manifiesto los peligros en este estado no sólo para los ciudadanos, sino también para los reporteros, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación.

Duarte, quien enfrenta cargos de corrupción, tomó el poder en 2010. Desde entonces, 17 periodistas han muerto y cinco han desaparecido bajo su administración, según Artículo 19 México, una organización de derechos humanos con sede en la Ciudad de México.

En agosto, el periodista Noé Zavaleta se vio obligado a abandonar Veracruz después de recibir hostigamientos y amenazas al publicar su libro El infierno de Javier Duarte: crónicas de un gobierno fatídico. Ello, a pesar de que existen organizaciones estatales, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), que fueron creadas para proteger a los periodistas de este tipo de peligros.

A principios de esta semana, el CEAPP exhortó a “todas las autoridades a continuar implementando medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizando el derecho de las víctimas a una reparación integral”.

Sin embargo, Leopoldo Maldonado, director de protección y defensa de la organización sin fines de lucro Artículo 19 México, dijo en entrevista que a menudo los periodistas son amenazados si piden ayuda o temen represalias, y por lo tanto no se acercan a organizaciones como CEAPP.

“Hay suma desconfianza”, aseguró Maldonado. Al ser CEAPP una comisión estatal, “carece de independencia del Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador”.

Por eso, es necesario que “exista una comisión de derechos humanos con autonomía, independiente del gobierno”. En las condiciones actuales, añadió, “no hay consecuencias legales, simplemente las investigaciones no avanzan”.

En algunos casos, Duarte acusó a los periodistas de colaborar con grupos delictivos “citando, en mayor parte, evidencia circunstancial poco comprobable”, dijo por su lado Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Estas acusaciones “persistentes” por lo general han llevado a que los asesinos queden en libertad. En los casos que sí tienen avances, parece haber irregularidades en el proceso judicial, detalló Lauría.

“La impunidad en Veracruz es moneda corriente”, continuó. “A pesar de las afirmaciones del ex gobernador de que existía un sistema de justicia funcional, la realidad es que Veracruz, con la cantidad de asesinatos de periodistas desde que llegó Duarte, es uno de los lugares más letales para la prensa en toda América”.

En un caso notable el año pasado, Rubén Espinosa, fotoperiodista que huyó de Veracruz tras recibir amenazas e intimidadeciones, fue encontrado muerto en la Ciudad de México junto con cuatro mujeres. Según Artículo 19, este caso se distinguió porque no habían sido asesinados periodistas en el Distrito Federal, un lugar anteriormente asociado como refugio para éstos.

Más recientemente, en julio, Pedro Tamayo Rosas, corresponsal de El Piñero de la Cuenca y de otros medios de comunicación, fue baleado varias veces frente a su esposa e hijos en las afueras de su casa. Tamayo había estado bajo protección estatal desde enero.

Por otra parte, la reportera Anabel Flores Salazar fue hallada muerta el 9 de febrero en el estado de Puebla tras ser secuestrada el día anterior en su casa de Veracruz. Al igual que Tamayo Rosas, Flores Salazar informaba acerca del crimen organizado.

Pocos meses después del homicidio de Flores Salazar, el reportero Manuel Torres González fue asesinado el 14 de mayo en el norte de Veracruz. Torres no tenía antecedentes de haber pedido protección.

Maldonado señala que son casos como estos los que mantienen a los periodistas desconfiados de buscar protección.

“[Hay que] limpiar los cuerpos policiacos, limpiar y castigar’’, insistió. “Prácticamente trabajan para las redes criminales, todo esto pasa por un proceso político”.

Muchos periodistas que se enfrentan a amenazas y agresiones, como Tamayo Rosas, cubrían fuentes relacionadas con la delincuencia organizada o el gobierno, de acuerdo con el registro de Artículo 19. Tamayo Rosas escribía sobre desapariciones, secuestros, ejecuciones y noticias relacionadas con cárteles.

Dado que los periodistas no suelen acercarse a organizaciones como la CEAPP para pedir  protección, muchos han creado sus propias redes de protección entre colegas, expuso Maldonado. Sin embargo, hay desconfianza social, incluso entre los periodistas. “Lo que muchos han hecho es dejar de hablar de temas delicados, esto es trágico”.

Artículo 19 tiene registrado que desde el año 2000 al 3 de mayo de 2016 se han producido 93 muertes de periodistas en México, de las cuales 20 han ocurrido durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Además, en agosto informó que de enero a junio de este año hubo 218 ataques contra periodistas, y 28 de ellos ocurrieron en Veracruz.

Lauría agregó que aunque Peña Nieto ha hecho algunas reformas constitucionales en los procesos de investigación de agresiones contra periodistas, realmente no ha cambiado la situación.

“Más allá de la retórica del presidente que dice que el gobierno mexicano es respetuoso de la libertad de expresión y que está comprometido con la libertad de expresión, para apoyar sus palabras con hechos, la distancia aún es grande”; la situación en Veracruz pone en riesgo la democracia, finalizó Lauría.

(Centro Knight para el Periodismo en las Américas)

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