Indígenas panameños denuncian represión policial por oponerse a un proyecto hidroeléctrico

Medio ambiente, Noticias

Proyecto hidroelectricoCiudad de Panamá, 24 de mayo.- Indígenas de la etnia Ngöbe Bublé, en la occidental provincia panameña de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, denunciaron este martes la represión policial ejercida contra quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Ricardo Miranda, dirigente del movimiento M-10, denunció ante la radioemisora local RPC Radio que decenas de activistas indígenas fueron desalojados y retenidos por agentes policiales tras las protestas contra el anunciado inicio de pruebas de funcionamiento del proyecto energético.

De hecho, los bohíos en los que manifestantes se habían instalado en la presa de Barro Blanco fueron derribados con retroexcavadoras.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) informó que la apertura de las compuertas se inicia ese martes y se extenderá hasta el próximo 3 de agosto de 2016. La hidroeléctrica, construida por la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), producirá 124,8 GWH por año en zonas colindantes con tierras indígenas.

Miranda acusó al Gobierno del presidente Juan Carlos Varela de haber iniciado el reparto de bolsas de comida, colchones y enseres para neutralizar las protestas y atraer a las comunidades a las posiciones del Ejecutivo, que dio el visto bueno a la represa. Sin embargo, el mandatario formuló un llamado al diálogo.

Asimismo, Miranda anunció que serán interpuestos recursos legales contra los acuerdos firmados por las autoridades comarcales que han quedado en la “ilegalidad” tras la derogación del Decreto Ejecutivo 537, que permitió la elección de esa representación indígena. Adujo que esas inversiones responden a intereses económicos foráneos.

Indígenas de la religión autóctona Mama Tadda, difundida ente los Ngöbe Buglé, consideran sagrado al río Tabasará, que alimenta a la represa de Barro Blanco. Por ello, lanzaron la consigna de “Tabasará Libre” y han organizado acciones de protesta contra el inicio de pruebas en el proyecto hidroeléctrico.

El 31 de agosto de 2015, el Ministerio de Ambiente emitió una amonestación escrita contra Genisa, por la falta de cumplimiento de las medidas de “negociación, reubicación e indemnización de los afectados por el proyecto hidroeléctrico”.

Autoridades ambientales reconocieron que Genisa no había respetado el valor histórico y cultural del área, donde hay antiguos petroglifos, y presenta una serie de deficiencias.

No obstante, una posterior decisión del Órgano Ejecutivo permitió a Genisa continuar las obras emprendidas durante el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). La empresa exigió al Estado el cumplimiento de contratos, avalados con préstamos de bancos internacionales.

(DPA)

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