La sorprendente y desconocida historia de la Asociación Nacional del Rifle de EU

Digital, La cáscara de la historia
  • Durante la mayor parte de su historia, la NRA apoyó el control de armas y no consideraba al gobierno de EU como el enemigo a vencer
Por Steven Rosenfeld*

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NRA

A casi un siglo de haber sido fundada en 1871, la NRA (Asociación Nacional del Rifle por sus siglas en inglés) figuraba entre las principales organizaciones de Estados Unidos que militaban a favor del control de armas. Fue hasta 1977 que emergió la asociación que hoy en día conocen los estadunidenses, luego de que “libertarios” (ultra radicales) que consideraban la posesión de un arma como la epítome de la libertad y fomentaban la desconfianza general hacia el gobierno —si no es que algún tipo de insurrección armada— le dieron un hostil golpe administrativo a la dirigencia que la encabezó hasta ese momento.

Desde entonces la NRA, que alguna vez alentó mejoras en la caza deportiva y leyes razonables sobre el control de armas, se transformó en una poderosa organización política que, mientras que se oponía a las nuevas restricciones sobre el uso de armas de fuego, argumentaba que el aumento de éstas debía ser la respuesta a la creciente violencia social, ya fuera armando a los pilotos comerciales tras el 11-9 o a los maestros de primaria después de la masacre de Newton.

Resulta difícil creer que la NRA apoyó el control de armas durante la mayor parte del siglo XX y que contribuyó a crear la mayoría de las leyes federales que restringieron el uso de armas hasta la década de los ochenta.

“Históricamente, la directiva de la NRA tenía una mentalidad más abierta sobre el control de armas de lo que alguien familiarizado con la asociación contemporánea pueda imaginar,” escribió Adam Winkler, un académico especializado en la Segunda Enmienda del Colegio de Derecho de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), en su libro Gunfight: The Battle Over The Right To Bear Arms In America (2011). “La Segunda Enmienda no fue relevante para la identidad de la NRA en la mayor parte de su historia”.

Érase una vez…

La NRA fue fundada en 1871 por dos veteranos del norte durante la Guerra Civil (de secesión) y un ex reportero de The New York Times que alegaba que el conflicto norte-sur se alargó a consecuencia de que un mayor número de norteños urbanos no disparaban tan bien como los sureños rurales. Hasta 1977, el enfoque de la asociación no fue pelear por los derechos constitucionales para poseer y emplear armas, sino, como dicta su lema, la “educación para la seguridad con armas de fuego, entrenamiento para el tiro, disparar como recreación” (en inglés Firearms safety education, marksmanship training, shoothing for recreation), desplegado en su sede nacional.

El primer presidente de la NRA fue el general norteño Ambrose Burnside. Fue elegido para que reflejara el ideal de la ciudadanía-armada-como-milicia plasmado en la Segunda Enmienda, que dicta: “una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre; el derecho de la gente de poseer y portar armas no será infringido”.

La interpretación de la Segunda Enmienda en tal etapa histórica implicaba tener a la ciudadanía lista para que pudiera asistir en asuntos militares domésticos, como rechazar asaltos imprevistos en arsenales federales, cosa que sucedió en 1786 con la rebelión de Shay en Massachusetts o en la Guerra Británica de 1812. Su principal enfoque no era reivindicar los derechos individuales de la posesión de armas como hoy en día, sino tener al pueblo entrenado para disparar.

La NRA aceptó en ese tiempo 25 mil dólares (equivalentes a 500 mil dólares actuales) del estado de Nueva York para comprar un campo de tiro. Durante décadas, el ejército de Estados Unidos brindó su excedente de armas a la asociación y patrocinó concursos de tiro.

En las décadas de los veinte y los treinta, los líderes de la NRA ayudaron a redactar y respaldaron las primeras leyes federales de control de armas… las mismas leyes que la asociación descalifica hoy como “la cúspide de la tiranía”. La Decimoctava Enmienda, que prohibía el consumo de alcohol, se convirtió en ley  (en 1920, para ser exactos). Con ella llegó el crimen organizado, o sea, los gángsters pudieron matarse entre sí sin ninguna dificultad gracias a la disponibilidad de escopetas y metralletas.

Alrededor de esos años, la Asociación Nacional del Revólver —contraparte de la NRA que entrenaba con pistolas— propuso un modelo de legislación estatal que exigía el trámite de un permiso para cargar un arma oculta, el aumento de cinco años a una sentencia carcelaria si un arma era empleada en un crimen y la restricción de comprar una pistola para todo aquel que no fuera ciudadano. También planteó que los productores y comerciantes de armas presentaran registros de ventas a la policía y que se creara un periodo de un día de espera entre la compra y la adquisición de un arma. Ambas son ideas a las que se opone la NRA de hoy.

Nueve estados pusieron en vigor estas leyes: Virginia del Oeste, Nueva Jersey, Michigan, Indiana, Oregón, California, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte y Connecticut. En tanto, la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association) había estado trabajando en crear leyes uniformes para todos los estados de la federación. El tiempo de espera terminó cambiando  a dos días. Nueve estados más las adoptaron y pusieron en práctica: Alabama, Arkansas, Maryland, Montana, Pennsylvania, Dakota del Sur, Virginia, Washington y Wisconsin.

Las leyes estatales sobre control de armas no eran polémicas; al contrario, eran la norma. Incluso varios estados aprobaron leyes que prohibían a sus ciudadanos cargar un arma oculta. En los pueblos vaqueros que Hollywood mitificó e idolatró como el Wild West (el “viejo oeste” o el “salvaje oeste”) era requerimiento legal que todo ciudadano entregara sus armas al sheriff mientras estuviera dentro de los límites de la ciudad. En 1911, tras un intento de asesinato al alcalde de Nueva York, el estado solicitó a quienes poseyeran pistolas la adquisición de un permiso especial. (Sólo entre 1865 y 1901 tres presidentes fueron asesinados con pistolas: Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley). Pero estas leyes fueron consideradas como ineficientes contra los gángsters más violentos de la Depresión.

Durante la masacre orquestada por Al Capone el día de San Valentín de 1929 se pudo ver a hombres disfrazados de policías de Chicago matar a siete rivales con metralletas. La juerga de crimen y disparos de Bonnie y Clyde de 1932 a 1934 resultó ser una sensación nacional. John Dillinger robó 10 bancos en 1933, en los cuales siempre disparó al escapar.

tiro-al-blanco-nraEl presidente electo en 1933, Franklin D. Roosevelt, hizo del combate al crimen y el control de armas parte elemental de su New Deal (Nuevo Trato) y contó con el apoyo de la NRA para redactar las primeras leyes federales de control de armas: la Ley  Nacional sobre Armas de Fuego de 1934 y la Ley de Control de Armas de 1938.

El presidente de la NRA en aquel momento, Karl T. Frederick, un tirador olímpico de 1920 que también era abogado, aprobaba las nuevas disposiciones del Congreso para aumentar el control de las armas. “Nunca he creído en la práctica general de portar armas”, comentó antes de que pasara la ley de 1938. “No creo en la práctica desmedida de llevar armas. Creo que debería ser rápidamente restringida y permitida únicamente mediante la expedición de licencias”.

Estas leyes federales sobre armas de fuego impusieron elevados impuestos al igual que requerimientos de registro para cierto tipo de armas —las empleadas por el crimen organizado, como metralletas, escopetas y silenciadores— haciendo de su posesión algo casi imposible para cualquier ciudadano común y corriente. Tanto los productores como los vendedores de armas de fuego y cierta clase de personas —gente con antecedentes penales, sobre todo— tenían prohibido poseer cualquier tipo de arma. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ratificó estas leyes en forma unánime en 1939.

La dupla entre la doctrina legal de los derechos sobre las armas y los controles sobre las mismas se mantuvo balanceada por casi medio siglo.

En noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald disparó y asesinó al presidente John F. Kennedy con un rifle militar de origen italiano que compró por correo gracias a un anuncio que vio en la revista de la NRA, American Rifleman. En las audiencias del Congreso que siguieron al atentado, el vicepresidente ejecutivo de la NRA, Franklin Orth, apoyó la prohibición de venta de armas de fuego por correo.

Pero no hubo nuevas leyes federales para el control de armas sino hasta 1968. Los asesinatos de Martin Luther King Jr. y del senador Robert F. Kennedy resultaron ser la gota que derramó el vaso, considerando que sucedieron luego de varios veranos acalorados por disturbios relacionados con cuestiones raciales en diversas ciudades norteamericanas.

La élite blanca de la política nacional temió la prevalencia de la violencia y que hubiera demasiada gente —sobre todo nacionalistas afroamericanos urbanos— con fácil acceso a las armas.

En mayo de 1967, dos docenas de miembros de los Black Panthers entraron al Congreso de California con rifles para protestar contra un acta de control de armas. Esto llevó al entonces gobernador Ronald Reagan a declarar: “No hay ninguna razón para que hoy en día un ciudadano lleve armas cargadas en la calle.”

La ley sobre el control de armas de 1968 profundizó y reactualizó el sentimiento sobre las armas que se había tenido décadas atrás. Añadió una edad mínima para los compradores de armas, exigió que toda arma tuviera un número de serie y amplió el grupo de aquellos que no podían poseer armas: de gente con antecedentes penales pasó a abarcar a drogadictos y enfermos mentales. Sólo los comerciantes y coleccionistas con permiso federal podían transportar armas entre estados y se tenía que presentar una identificación oficial en caso de comprar cierto tipo de balas.

Pero las propuestas más estrictas —un registro nacional de todas las armas (medida que había sido aplicada por algunos estados durante la época colonial) y licencias obligatorias para todo poseedor de armas— no fueron incluidas. La NRA impidió la aplicación de estas medidas. Orth le mencionó a American Riflemen que “a pesar de que la ley parezca excesivamente restrictiva, los deportistas de Estados Unidos pueden vivir con ella”.

El empoderamiento hostil de los “libertarios” paranoicos

charlton-heston-promotor de-la-nraSi bien los deportistas norteamericanos fueron capaces de tolerar la nueva ley, entre los miembros de la NRA hubo diversas facciones que resintieron su impacto.

A lo largo de la década de los sesenta American Rifleman publicó unos cuantos artículos en los cuales mencionaba que la NRA estaba esperando a que la Suprema Corte enfatizara que la Segunda Enmienda incluía el derecho a poseer un arma, según cuenta Joan Burbick en su libro Gun Show Nation: Gun Culture and American Democracy (2006).

Para mediados de los sesenta eran los Black Panthers más que la NRA quienes pensaban de tal manera sobre la Segunda Enmienda. Sin embargo, en 1968 los editoriales más asertivos de la American Rifleman comenzaron a decir que el problema a erradicar era el crimen y no las armas —lo mismo que escuchamos hoy en día.

La ley de 1968 le ordenó a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosives, ATF, en inglés) que ejerciera las nuevas disposiciones sobre armas. En 1971 la ATF irrumpió en la casa de un miembro vitalicio de la NRA sospechoso de poseer grandes cantidades de armas ilegales escondidas. El sujeto murió bajo las balas de la autoridad.

Esto provocó al “ardiente reaccionario William Leob” —quien era editor del Manchester Union Leader, un influyente periódico de Nuevo Hampshire— a llamar a los agentes federales “la Gestapo del erario”, indica Burbick, a pesar de que la evidencia posterior al asesinato confirmó la presencia de armas ilegales escondidas.

Tanto Leob como otros “libertarios” blancos con plataformas y foros públicos empezaron a repetir que la Segunda Enmienda protegía el derecho individual a poseer armas —justo como los Black Panthers—. Pero, evidentemente, lo que ellos querían era equipar con armas a la población blanca de Estados Unidos.

Una ruptura comenzó a ensancharse dentro de la NRA. Los proveedores de armas sentían que estaban siendo hostigados. Los estados rurales pensaban que estaban siendo castigados indebidamente por los problemas urbanos. Para 1975, la NRA comenzó a hacer presión con un nuevo brazo administrativo, el Instituto de Acción Legislativa, que estaba bajo el mando de Harlon B. Carter,  un personaje obstinado que recién acababa de salir de la dirección de la Patrulla Fronteriza y que compartía el “ideal libertario” de expandir los derechos de los poseedores de armas.

Burbick menciona que “para 1976, la retórica política había adquirido cierto ímpetu que, respaldada por los festejos bicentenarios, produjo una nueva campaña de la NRA ‘diseñada para reclutar defensores del derecho a poseer y portar armas’ en cifras que igualaran ‘las filas de los patriotas que combatieron en la Revolución Norteamericana’”.

Las semillas de una toma de poder hostil estaban por doquier.

Harlon Carter no era simplemente otro tejano recalcitrante que había crecido en el otrora pueblo del colonizador David Crockett. Era una versión antigua de George Zimmerman, el hombre que declaró haberle disparado a Trayvon Martin en defensa propia en febrero de 2012,a pesar de que los archivos policiales y las grabaciones del 911 parezcan indicar que Zimmerman estaba buscando pelea.

Según el libro de Carol Vinzant Lawyers, Guns and Money: One Man’s Battle With The Gun Industry (2005), un joven Carter de 17 años buscó y confrontó a un adolescente mexicano que, según él, había contribuido al robo del auto familiar. Cuando el joven de 15 años sacó un cuchillo, Carter lo mató de un disparo. Su condena fue revocada cuando un tribunal de apelación resaltó que el jurado no consideró la defensa personal como argumento válido.

En noviembre de 1976, la vieja guardia directiva de la NRA despidió a Carter junto con otros 80 empleados asociados con la interpretación más permisiva de la Segunda Enmienda y la desconfianza a cualquier tipo de regulación sobre armas de fuego.

La cuadrilla de Carter planeó su venganza durante meses y, un año después, logró apoderarse de la reunión anual de la asociación en Cincinatti. Dicha reunión había sido desplazada a Washington para protestar contra la nueva ley de control de armas. Adam Winkler menciona en su libro ya citado que el brazo derecho de Carter, Neal Knox, era aún más extremo que Carter en ciertos puntos: planteaba el desmantelamiento de todo tipo de regulación sobre armas, incluidas las ametralladoras, y alegaba que el gobierno había orquestado los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Bobby Kennedy como “un complot para fomentar el control de armas”…

Amparados en las reglas parlamentarias de la NRA, los rebeldes irrumpieron en la reunión y modificaron el orden del día. Revisaron cómo debía de ser electa la mesa directiva y redirigieron el enfoque de la NRA a combatir el control de armas. Harlon Carter se convirtió en el nuevo director ejecutivo de la NRA. Canceló el desplazamiento previsto de la organización de Washington a Colorado Springs y cambió el lema de la asociación en las oficinas de la capital, editando de manera selectiva la Segunda Enmienda para reflejar una militancia no comprometedora: “El derecho de la gente para poseer y portar armas no será infringido.”

Tras la reelección de Carter como director de la NRA en 1981, el New York Times sacó a la luz el asesinato que éste había cometido años atrás —y cómo logró modificar su primer nombre para intentar ocultarlo—. Al principio, declaró que alguien más había disparado, sólo para terminar retractándose y decidir no comentar nada sobre el tema. Winkler escribió que “los más extremos de la NRA estaban encantados. ¿Quién mejor para liderarlos que un hombre que comprendía verdaderamente el valor de un arma para la autoprotección?”.

Después del golpe, la NRA aumentó las donaciones a campañas del Congreso. “Y en 1977 aparecieron nuevos artículos sobre la Segunda Enmienda que reescribieron —inventaron— la historia estadunidense para legitimar al ciudadano armado, regulado únicamente por su propia habilidad para comprar un arma al precio que estuviera a su alcance”, mencionó Burbick respecto a American Rifleman.

Esa perspectiva revisionista estuvo respaldada por un comité judicial del Senado dirigido por el republicano de Utah Orrin Hatch en 1982, cuyo personal terminó redactando un reporte que concluía que se habían “descubierto” pruebas “olvidadas” de los derechos constitucionales de los individuos para poseer y portar armas.

La interpretación fabricada de la NRA de la Segunda Enmienda fue ridiculizada por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Warren Burger —un conservador designado por Richard Nixon—, quien la consideró como “uno de los mayores fraudes que ha sido aplicado sobre el público estadunidense por un grupo de interés”, en una entrevista de PBS en 1991.

Burger no se habría imaginado que en 2008, 13 años después de su muerte, la Suprema Corte, dirigida por la activista “libertaria” Antonin Scalia, consagró ese “fraude” en el más alto nivel de la ley estadunidense al decretar —lejos de la verdad— que la Segunda Enmienda incluía el derecho de poseer un arma en el hogar para defensa personal.

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* Publicado originalmente por AlterNet

(Traducción: Diego Dannemiller)

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