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“No es una cacería, no es algo personal, pero un solo juez corrupto hace mucho daño”

Gerardo de la Cruz Tovar, primer Fiscal Anticorrupción de Jalisco, tiene carpetas de investigación donde aparecen 50 jueces, 3 exsecretarios y un fugaz superdelegado de apellido Lomelí. Ni Sandoval ni Alfaro le han tirado línea, dice

10 / 23 / 19

“Estoy consciente de que los resultados que hemos tenido no son los que la sociedad espera”, dice Gerardo de la Cruz Tovar, el primer Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción de Jalisco. 

 

Doctor en derecho y maestro en administración de justicia y seguridad pública, De la Cruz Tovar tomó el cargo el 15 de febrero de 2018, entre falta de personal y un escueto presupuesto para combatir uno de los principales problemas que enfrenta el estado: 8 millones de pesos que cedió el gobierno del estado, encabezado por el priista Aristóteles Sandoval.

 

“La Fiscalía nació, además del fiscal, con cinco personas únicamente. Se arrancó, se generó todo el sistema, porque es una obligación legal, pero un compromiso que se reflejara en cuestión de presupuesto, pues no se vio”, dice en entrevista. 

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A casi dos años de haber llegado a la dependencia, hace un balance de su labor: “Los resultados, aún cuando hemos tenido éxito y hemos logrado cosas que no se han logrado en otros estados, no me tienen tan satisfecho”.

 

NO NADA MÁS INVESTIGA CORRUPCIÓN

 

Desde casos relacionados con el superdelegado Carlos Lomelí, proveedor de medicamentos en el estado y candidato de Morena a la gubernatura en 2018; pasando por los presuntos delitos cometidos por 50 jueces, tres ex secretarios  y otros tantos más cometidos por aquellos funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que decidieron contratar los “tráilers de la muerte” para resguardar decenas de cuerpos que vagaron por todo el estado, De la Cruz Tovar dice que la carga de trabajo para la Fiscalía va más allá de investigar al corrupto.

 

En Jalisco, explica el funcionario, la Fiscalía que preside se encarga de ahondar en todos los delitos que cometen los servidores públicos, no exclusivamente aquellos que tienen que ver con corrupción. “En un inicio conocimos de casos, incluso, de tortura: 350 carpetas de investigación por este delito”, detalla. 

 

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“La legislación no es tan exacta”, abona. En Nuevo León, asegura, a más de cuatro años de creada la dependencia, “no deben de tener más de 300 carpetas de investigación” porque su legislación establece que sólo deben investigar hechos de corrupción que causan perjuicio al erario público. “Nosotros no, el abanico es más amplio”. 

 

Esa obligación, afirma, hace que se les acumule el trabajo. 

“Estoy consciente de que los resultados que hemos tenido no son los que la sociedad espera. La sociedad tiene a dos o tres o a cuatro personas muy bien identificadas que quisiera ya tenerlos en la cárcel, pero los delitos que investigamos no son de prisión preventiva oficiosa”.

 

“TODO EL MUNDO SABE DE QUIÉN HABLO”

  

De la administración de Aristóteles Sandoval, hay varios. Tres ex titulares de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del estado fueron vinculados a proceso por el delito de uso indebido de funciones y atribuciones en agravio de la sociedad. Miguel Castro Reynoso, ex titular de la dependencia y candidato del PRI a la gubernatura, junto con los otros funcionarios, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas. 

 

No los nombra él directamente. “Todo está documentado en la prensa, todo el mundo sabe de quién hablo”. Los tres titulares están señalados por beneficiar con recursos de la dependencia a 14 asociaciones civiles, cuyos dirigentes son funcionarios públicos municipales y estatales. 

 

También se niega a nombrar al superdelegado Carlos Lomelí como otro de los personajes investigados, pero responde que lo relacionado con él está incluido en 10 carpetas de investigación que están relacionadas con el sistema estatal de salud. 

 

“Hay varios temas relacionados con él porque se ha dedicado a la venta de medicinas y tenemos carpetas relacionadas con esto, también en el ámbito de las pensiones del estado”. 

 

Mientras que, otro de los casos emblemáticos ha sido el de los tráilers que deambularon por la ciudad con cadáveres dentro, por este hecho, dice, tiene cuatro carpetas de investigación. “Hay carpetas de investigación que tiene que ver con una falta de respeto a los derechos humanos de una persona ya muerta y otras con los indicios, esos cadáveres eran indicios de delitos y, en muchos casos, ya no pueden identificar a qué investigación pertenecían esos cadáveres por el mal manejo”.

 

50 CARPETAS, 50 JUECES

 

“No es una cacería, no es algo personal. Un solo juez que se preste a un acto de corrupción le hace mucho daño a la institución”, dice el litigante, señalando al frente con la mano derecha, como si delante estuviera uno de los acusados. 

 

Tiene 50 investigaciones abiertas contra jueces que él, como abogado, llegó a conocer en años anteriores. “Si en la investigación resulta que no hay delito, no hay delito. Pero hay unas nueve carpetas en las que sí identificamos hechos de corrupción”. 

 

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Describe una red de corrupción entre litigantes y jueces en la que se han operado de forma inadecuada herramientas que se tienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. “Terminan desposeyendo a alguien de sus bienes, a veces le llaman ‘error de interpretación’, pero no se equivocan en asuntos que valen 10 mil pesos, sino en los que valen 15 millones de dólares”. 

 

Y sí, recalca, “todos somos humanos y también nos equivocamos, pero un juez no se debe equivocar, porque ellos conocen bien la ley”. 

  

TRABAS PARA INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN

 

Para él, la existencia de Fiscalías como la que dirige y los cambios de la ley son apenas un punto de partida, pero no el éxito en el combate a la corrupción: el trabajo difícil es en el cambio de mentalidad de la sociedad y de los impartidores de justicia. 

 

“Tenemos que cambiar nuestra cultura jurídica y entender que hay diversas formas de acreditar un hecho delictivo”. Este es su principal obstáculo al momento de lograr imputaciones contra funcionarios. “No es lo mismo un homicidio que un acto de corrupción, no se investigan igual y tampoco pueden juzgarse igual”, recalca

 

“En los hechos de corrupción, el que comete el delito tiene toda la oportunidad de manipular documentos y contabilidad, muchos ocurrieron antes del cambio de administración y los jueces resuelven queriendo aplicar criterios de robo u homicidio en los que siempre tienes que demostrar circunstancias de modo, tiempo y lugar”.  

 

AUTONOMÍA Y PRESUPUESTO

 

Ni Sandoval ni Alfaro le han tirado línea, defiende. “Se ha respetado la autonomía”. Lo que queda pendiente es el tema presupuestal. 

 

De 8 millones de pesos que recibieron con Aristóteles Sandoval a 63 millones con Enrique Alfaro hay diferencia, pero aún no es suficiente. 

 

De la Cruz Tovar dice que el incremento presupuestal les vino bien para cumplir con la misión, pero que no han crecido como querrían. “Abril, mayo y junio tuve problemas administrativos, pero se resolvió”, hubo un retraso en el flujo de recursos que le impidieron en ese periodo pagar la nómina del personal y, por ende contratar más personal.

 

Actualmente están en el proceso de que el Congreso discuta el presupuesto para 2020 y por ello manda un mensaje: “Estamos hablando de que si queremos hacer un trabajo serio de combate a la corrupción tenemos que apostarle a la investigación y persecución con ministerios públicos suficientes, policías de investigación suficientes, bien pagados, tenemos que entender que la austeridad no siempre es decir únicamente bajarle el sueldo a la gente”.

 

@AleCrail

 

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Alejandra Crail

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